energía
La PBFCC inicia un laboratorio para plantear una ruta de acción frente al cambio climático en Bolivia
Por PBFCC
En el marco del proyecto “Acción climática inclusiva, con justicia intergeneracional y equidad de género”, la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC), en alianza con la Plataforma Boliviana de Acción Frente al Cambio Climático (PBACC), inicia hoy el “1er laboratorio participativo de políticas públicas sobre cambio climático: Análisis sobre las acciones de la sociedad civil frente a la crisis climática” en el que participarán cerca de 90 representantes de la sociedad civil, jóvenes e indígenas, principalmente.
El objetivo del laboratorio, que se desarrollará durante dos días en Cochabamba, es analizar la coyuntura y elaborar conjuntamente una ruta de trabajo en torno al área de la emergencia climática (agua, bosques y agricultura) a nivel nacional y subnacionales, vinculadas a la incidencia a nivel internacional en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Tomando en cuenta los problemas climáticos que actualmente se vive en el país, como la aguda sequía de los últimos meses que ha ocasionado pérdidas en la producción agrícola y frente a lo que se pronostica para este 2023: un año más caliente debido al fenómeno de El Niño, se hace urgente tomar acciones.
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Por ejemplo, hasta fines de enero, en La Paz las reservas de agua apenas alcanzan un 40 % cuando deberían estar prácticamente llenas porque es época de lluvias, pero eso no ha ocurrido. “Lo descrito no significa otra cosa que la emergencia climática es una realidad que tiene que ser enfrentada con urgencia”, señaló Marcos Nordgren, técnico de Incidencia de la PBFCC.
En ese marco, desde la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático se (PBFCC) se ha insistido en la necesidad de adelantarnos a esta situación y trabajar en una re-priorización de la agenda política nacional, remarcó Nordgren.
“Este espacio será un gran paso para que organizaciones de todo Bolivia, jóvenes, dirigentes pueblos indígenas de tierras altas y bajas analicemos como nos afecta la crisis climática en los diferentes contextos, para contribuir con acciones y propuestas con las que se puedan incidir en la política nacional y hacer frente a esta problemática desde la sociedad civil”, destacó María Fernanda Zeballos, técnico Socio Ambiental de la PBACC.
El programa del laboratorio contempla una presentación sobre la “Crisis climática en el contexto internacional, nacional y local”, el Foro debate: “La sociedad civil frente a la crisis climática” y la presentación de propuestas de acción nacional y local.
Durante los dos días del evento, se obtendrán insumos de los participantes para robustecer el posicionamiento y estrategia conjunta para la toma de acciones frente a la crisis climática.
¡Respondamos a la Emergencia Climática hoy, mañana será tarde!
¡Respondamos a la Emergencia Climática hoy, mañana será tarde!
El 2023 promete traer nuevo desabastecimiento de agua en el país, la emergencia justifica urgentes respuestas a la crisis climática.
Por Marcos Nordgren*
Los titulares de periódicos nacionales e internacionales se han llenado, desde finales del 2022, con reportes sobre la reducción de las cosechas de papa, haba, soya, trigo, plátano y muchos otros cultivos que han sufrido los golpes causados por una de las peores sequías que se ha visto hasta ahora en todo el continente sudamericano, pero que ocurre al mismo tiempo que inundaciones en tierras bajas, y también heladas y granizadas en valles y altiplano del país. En definitiva, la situación no es de normalidad y suman los pedidos de declaración de desastre desde el Chaco hasta el Altiplano.
Sin embargo, los artículos periodísticos que describen esta situación frecuentemente no relacionan estos efectos con la crisis climática y solo algunos hacen mención del cambio climático sin reflejar que lo que ocurre no son hechos aislados.
La escalada de temperaturas forma parte de un patrón de alteración climática que tiene como destino una crisis alimentaria y de desabastecimiento de agua generalizado en el transcurso de los siguientes años, probablemente con inicio este mismo 2023, como resultado del aumento de temperaturas, alcanzando un calentamiento adicional de 1.5 °C globalmente durante los siguientes siete años, según la Organización Mundial de Meteorología.
La situación es crítica y el escenario se pone considerablemente peor cuando tomamos en cuenta que en nuestra región ya se ha perdido alrededor del 50% de los glaciares andinos que antes cubrían las cumbres y actuaban como redistribuidores del agua acumulada como nieve y hielo durante las épocas de lluvia, liberándola lentamente durante la época seca, alimentando ríos, lagos represas y la propia capa freática de donde se bombean cientos de miles de litros de agua en pozos perforados por todo el Altiplano.
Esto es especialmente preocupante cuando consideramos la información presentada en 2019 por el Atlas de Glaciares y Aguas Andinas de la UNESCO que asigna una dependencia de 60% de los glaciares para el aprovisionamiento de agua en el altiplano en años normales y hasta 84% en años secos.
Pero si lo descrito hasta aquí no parece demasiado nuevo ni preocupante, para el 2023 se tiene previsto adicionalmente un escenario más difícil debido al cambio de fase en el clima global.
Después de tres años consecutivos de La Niña (2020-2022), que es la fase fría global donde los vientos alisios del este soplan desplazando el agua caliente de la superficie oceánica y promoviendo la afloración de aguas frías de las profundidades del océano Pacífico, para el 2023 se pronostica que el mundo enfrentará una fase caliente de El Niño semejante a la ocurrida en 2016.
Recordemos que el 2016 se convirtió en el año más caliente registrado en la historia humana y desató grandes olas de calor y un conjunto de desastres climático del que los propios incendios de 2019 formaron parte debido a la muerte y disecación de vegetación en amplias superficies de la Amazonía y Chiquitania, que luego actuaron como combustible para los incendios de sexta generación ocurridos por primera vez en el continente.
Más allá del récord global de temperatura, para la región y Bolivia en particular, el 2016 significó el inicio de la peor sequía registrada en décadas y el desabastecimiento de agua en al menos cinco departamentos incluidas ciudades como La Paz, Cochabamba, Potosí, Sucre, Oruro y Tarija.
En ese momento, cientos de miles de familias, incluyendo la mía, sufrieron casi dos meses de corte de suministro de agua potable y dependían en el mejor de los casos, del aprovisionamiento de agua de deficiente calidad por cisternas, algunas de las cuales pertenecían a YPFB y tenían el objetivo de transporte de combustibles, señal de la pésima gestión de agua realizada por las autoridades nacionales a cargo.
Además de los pronósticos de los organismos de monitoreo meteorológico regionales y globales, como señal de la situación que enfrentaremos en los próximos meses de época seca en Bolivia, las reservas de agua en las represas de La Paz, Potosí o Sucre nos muestran un panorama que debe ser de gran preocupación.
Al finalizar enero, el segundo mes más lluvioso tradicionalmente, las reservas apenas alcanzan un 40% de su capacidad, siendo que a estas alturas de la época de lluvia deberían estar prácticamente llenas con las lluvias recibidas desde octubre, algo que -como sabemos- no ha ocurrido.
Lo descrito no significa otra cosa que la Emergencia Climática es una realidad que tiene que ser enfrentada con urgencia.
Desde la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC) hemos insistido en la necesidad de adelantarnos a esta situación y trabajar en una re-priorización de la política nacional con una Ley de Emergencia Climática, precisamente reconociendo las enormes amenazas que se ciernen en un país que -de inicio- tiene una muy baja cobertura de agua potable, pero que además tampoco ha avanzado de manera sustantiva en la ampliación de la superficie de riego, ni el aumento de reservas de agua o el tratamiento y reutilización de aguas servidas.
Si bien el proyecto de ley de Emergencia Climática ya elaborado contiene propuestas de respuesta en áreas como Bosques, Agricultura, Política Energética y Agua, queda claro que el desafío inmediato desde el 2023 para adelante será el aprovisionamiento de agua y sus efectos sobre la agricultura y alimentación.
Pero para ello, es necesario comprender que los bosques del país son responsables de producir mayor parte de la lluvia que llega al altiplano, como ejemplo de las interconexiones existentes y la necesidad de un abordaje estructural.
Con base en estos argumentos queremos convocar a las bolivianas y los bolivianos a colocar esta gran preocupación en un lugar central del debate nacional y conseguir el tratamiento de una ley de Emergencia Climática en los siguientes meses para empezar, de una vez por todas, la construcción de una estrategia nacional de respuesta a esta crisis existencial que amenaza no otra cosa que nuestras vidas, pero además a mediano plazo, la propia viabilidad del país.
Si el 2023 trae una sequía parecida a la ocurrida en 2016 o peor, y todo indica que así será, es necesario que todas y todos entendamos las consecuencias personales, familiares y nacionales que esto significará y comencemos a repensar una sociedad en campos y ciudades, capaz de enfrentar y frenar esta nueva realidad.
La intención de este artículo no es asustar a la población siguiendo alguna agenda ideológica, si no alertar decididamente que la dirección en que nos empeñamos a seguir nos conducirá más temprano que tarde a una crisis de la que será finalmente imposible salir sino actuamos hoy.
Si empujamos los principales ecosistemas por el precipicio, más allá de sus puntos de inflexión y capacidad de recuperación, todo estará perdido. Aun no estamos ahí, pero quedan pocos años para que el aumento de las temperaturas y las acciones extractivistas que degradan los bosques, bofedales y aguas superficiales terminen por dar el golpe mortal a estos sistemas naturales que regulan la humedad y producen mayor parte de nuestros alimentos. Es decir, que sostienen la vida humana.
¡Respondamos a la Emergencia Climática hoy, mañana será tarde!
*Marcos Nordgren es técnico de la PBFCC
70 organizaciones de la sociedad civil presentan propuesta para enfrentar la crisis climática
Por PBFCC
18 de diciembre, 2020.- Preocupados por la alta vulnerabilidad de Bolivia frente al cambio climático, un grupo de más de 50 organizaciones de la sociedad civil elaboraron una propuesta para tomar acciones y plasmarlas en políticas públicas con el fin de hacer frente a la emergencia climática, la crisis sanitaria y la inseguridad alimentaria, principalmente.
La propuesta plantea un cambio en el modelo de desarrollo, toda vez que el actual, basado en el extractivismo, es insostenible y no ha logrado resolver los problemas estructurales del país relacionados a los altos niveles de pobreza, injusticias y desigualdades, ejerce demasiada presión sobre los recursos naturales y acelera la crisis climática, y, principalmente, deriva en la vulneración de los derechos humanos.
La propuesta contempla una serie de planteamientos para guiar la actualización de las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional que debe realizar el gobierno en el marco del Acuerdo de París. Explican que los actuales compromisos climáticos presentados por Bolivia contemplan metas e indicadores basados en la aplicación de políticas públicas, presentan debilidades y contradicciones para reducir las emisiones y podrían provocar impactos irreversibles en la Madre Tierra y en las comunidades locales.
Principalmente, observan que las Contribuciones no contemplan metas cuantificables de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, lo que dificulta realizar un seguimiento adecuado de su implementación y cumplimiento.
Consideran que las Contribuciones y los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en el marco de la Agenda 2030, deberían guiar el proceso de reactivación económica del país acorde a los principios del Vivir Bien, los sistemas de vida y el respeto y garantía de los Derechos Humanos y Derechos de la Madre Tierra.
Entre las organizaciones firmantes están: CENDA, CIPCA, CEADL, JUBILEO, Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC), Colectivo CASA, Herencia, UNITAS, Soluciones Prácticas, Cejis, Colectivo Salvaginas, Inti Illimani, Fundación Gaia Pacha, JCI, CEEDI, FIDES, Lidema, AOPEB, CESU, Plataforma Agrobolsas Surtidas, GTCCJ, CERDET.
Lea la propuesta completa y conozca a las organizaciones firmantes.
Propuesta
Ante lo mencionado, las organizaciones de la sociedad civil boliviana proponen diversas acciones para la actualización de la CDN y la elaboración de políticas de desarrollo en las áreas de energía, bosques, agua, agricultura y derechos humanos.
– Energía
Algunas de sus propuestas están dirigidas a energía eléctrica, hidrocarburos, transporte e industria. En energía eléctrica proponen, por ejemplo, establecer una nueva política energética para 2030 para transformar la matriz eléctrica, ampliando la generación de energías limpias en pequeña escala y con un modelo participativo de gestión.
En hidrocarburos buscan que se abandone de manera progresiva y en el largo plazo su extracción; en transporte, promover la descarbonización del transporte público y privado a partir de acuerdos con gobiernos locales; y en industria buscan la aplicación de normativa de incentivos y multas para mejorar la eficiencia energética de ese sector.
– Bosques
Tomando en cuenta la importancia de los bosques tropicales por su diversidad biológica y su rol en el ciclo hídrico, entre otros, y porque están perdiendo su vitalidad y corren el riesgo de perder su capacidad regenerativa debido a las fuertes presiones del modelo de desarrollo vigente plantean una gestión forestal.
Entre otras medidas, implementar un programa de protección, restauración y reforestación con especies nativas, recuperando variedades locales e implementando los conocimientos ancestrales para su manejo. En el caso de las áreas protegidas, por ejemplo, explorar las posibilidades y potencialidades de una diversificación de actividades económicas y productivas alternativas como el turismo para la protección de la biodiversidad.
– Agricultura
Observan que la normativa actual y la política fiscal en Bolivia ofrecen incentivos a la expansión del agronegocio, como sector exportador, y no así, un apoyo real a los pequeños productores de la agricultura familiar del área rural, que representan más del 90% de las unidades productivas y que son quienes aportan a garantizar la seguridad alimentaria de la población.
Parte de su propuesta plantea incentivar la conservación de semillas nativas, la producción con semillas nativas y el consumo de alimentos a base de este tipo de semillas promocionando su diversidad; así como realizar planes de gestión agroforestales, silviculturales, incentivando la diversificación de producción con un análisis de riesgo, apoyando al pequeño agricultor.
– Agua y adaptación
El ciclo hídrico y los sistemas de abastecimiento de agua y riego en el país son especialmente vulnerables ante los impactos del cambio climático, además que existe una desigual disponibilidad del líquido elemento.
Proponen impulsar la incorporación de una visión integral de gestión climática, energética, hídrica y alimentaria en la currícula educativa escolar y especializaciones en el nivel universitario.
– Derechos humanos y justicia climática
Los impactos y efectos del calentamiento global, debido al incremento de los gases de efecto invernadero, están estrechamente ligados con un modelo extractivista que ha generado mayores vulnerabilidades y violaciones a los derechos humanos.
Proponen el cumplimiento de la normativa y prevalencia de los derechos humanos, de los pueblos indígenas y comunidades campesinas, como ser el derecho a la consulta previa libre e informada, derogación de la normativa contraria a estos derechos. Cumplimiento e implementación del Acuerdo de Escazú para el establecimiento de un marco de protección de derechos y la aplicación de mecanismos de transparencia.
Pacto Natural: Democratización y descentralización energética, una la salida viable a la crisis climática
Por PBFCC
7 de septiembre de 2020. – En la tercera entrega del programa Pacto Natural, coproducido entre la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático y el Sistema RTP, se abordó el tema de la energía.
La producción y aprovisionamiento de energía ha sido siempre un factor clave para el funcionamiento y florecimiento de las sociedades del mundo tanto antiguas como modernas actualmente ya sea una sociedad rural con escasa dependencia tecnológica o una realidad urbana altamente tecnológica el uso de recursos energéticos interviene en todas las actividades imaginables procesos de producción transformación transporte elaboración de alimentos potabilización de agua calefacción de hogares o refrigeración de alimentos y domicilios.
Sobre el tema hablan José Luis Monrroy del IHH de la UMSA y Tomasa Gutiérrez.
La última década, Bolivia ha sido un exportador neto de energía al mundo del 2018 exportó más del 60 por ciento de su energía disponible principalmente en forma de gas natural pese a esta amplia disponibilidad energética interna en nuestro país aún existe una significativa parte de la población especialmente en el área rural que tiene insuficiente o no tiene acceso a energías eficientes y limpias diferentes a la leña o residuos de la agricultura y pecuaria estos últimos asociados a enfermedades respiratorias agudas.
Sobre el tema habla Magda Catorceno, directora de Inti Illimani, entidad que trabaja con las cocinas solares.
José Luis Monrroy habla como sobre el proyecto hidroeléctrico Chepete- El Bala y su inviabilidad.
“Ese proyecto no era pues factible ni económica ni ambientalmente aparte de eso y va a ser una inversión tan grande estamos estamos hablando de cerca de 10 mil millones de dólares para generar 3 mil 300 lo que implica lo que implica prácticamente no ser parecemos ser un tercio del PIB de Bolivia ya nos íbamos a jugar en ese proyecto prácticamente un tercio del PIB en nuestro país”, dice.
La PBFCC abordará el problema de la crisis climática en programa televisivo
Por: PBFCC
15 de agostos de 2020.- Bosques, agua, agricultura y energía serán los temas abordados en el marco de la crisis climática en cuatro episodios que serán coproducidos con el Sistema RTP y difundidos todos los sábados en las noches, desde el 15 de agosto.
El programa denominado Pacto Natural de RTP se desarrollará en el marco del proyecto de difusión de información sobre la crisis climática que busca sensibilizar a la población y a los tomadores de decisiones sobre la importancia de actuar frente al cambio climático.
Tema 1. Bosques, ¿qué papel juegan para la humanidad y la vida?
Los Bosques y selvas, desde el imaginario occidental, han estado asociados a la idea de lo salvaje o incivilizado en el mundo, como se puede leer en crónicas de viaje de siglos pasados, actitud que ha caracterizado las propias políticas republicanas de Bolivia y más actualmente del propio Estado Plurinacional.
Si bien esta actitud colonial ha sido lentamente reemplazada en últimas décadas por una visión de conservación y valoración del bosque a la luz de las importantes funciones que cumple, esto no ha implicado efectivamente cambios significativos en el modelo económico imperante, ni ha traído consigo el reconocimiento en la práctica de la existencia de seres humanos viviendo en equilibrio con estos ecosistemas desde tiempos inmemoriales.
Si bien en la CPE y normativa nacional, los pueblos Indígenas de tierras bajas han empezado lentamente a ser reconocidos también como depositarios y garantes del bosque, las políticas y las normativas nacionales no han avanzado en el mismo ritmo en facilitar la permanencia de esta población, promoviendo al contrario formas de economía agroindustrial y extractiva, incompatibles con la gestión sostenible del bosque y en contradicción con los intereses de pueblos indígenas que viven en él.
El programa abordará de manera más específica la importancia de los bosques en país y el mundo, a la luz de su importancia socioeconómica y ambiental a causa de la crisis climática, para transmitir la urgencia de renovar la visión nacional y políticas económicas que rigen las actividades en estos ecosistemas.
Tema 2. Agricultura, ¿alimentos para quién y a qué precio?
Mientras la crisis de la agricultura familiar de los valles y altiplano boliviano persiste desde los años ochenta, la agricultura empresarial cruceña presenta en la actualidad un agotamiento más bien reciente debido a su inviabilidad económica, una productividad en declive y la pérdida de su competitividad en el mercado internacional.
Por esta causa, decretos y normas recientes buscaron la autorización de nuevos desmontes, el pago de deudas del sector con recursos públicos, introducción de nuevas variedades transgénicas y la compra subvencionada de producción por parte del Estado, en claro beneficio a la agroindustria empresarial.
En este modelo productivo la agro-exportación boliviana depende prácticamente de un único cultivo, la soya transgénica, asociada a la importación de cientos de millones de dólares de agroquímicos, maquinaria, semillas y combustibles doblemente subvencionados; y a la par con ese modelo, crece la importación de alimentos y el contrabando, al punto que se calcula que dentro de unos cinco años, el saldo comercial agrícola podría llegar a marcar cero.
De esta manera, Bolivia pasa de ser un país centro de agro-biodiversidad a una agricultura colapsada y a ser importadores netos de alimentos.
Este escenario de crisis del sistema de producción primaria de alimentos, lejos de resolverse durante las últimas décadas, se ha visto profundizado además por efecto de las alteraciones climáticas en curso y la desatención del Estado, el cual sin contar con una estrategia lúcida para resolver estos desafíos de parte de los diferentes gobiernos que pasaron por la administración pública, ha insistido en un modelo agroindustrial agotado e inadecuado para aprovechar sosteniblemente los potenciales y características forestales- agrícolas bolivianos.
La reducción de los ingresos nacionales por el agotamiento de los hidrocarburos iniciado en 2014, por otra parte, ha significado que el gobierno boliviano, el del Movimiento Al Socialismo y el transitorio actual, se embarque nuevamente en una apuesta extractivista nacional motivado por el déficit fiscal y una pobre visión política.
Esto se traduce en la intervención de los últimos ecosistemas conservados en nuestro territorio para la exploración de nuevos yacimientos de Gas Natural, minerales o tierra agrícola para la agroindustria transgénica y ganadería, con dañinos efectos sobre la población y patrimonio natural del país. Y en un claro desconocimiento de las advertencias que hace la ciencia sobre la desestabilización de las condiciones climáticas y ambientales viables para una sociedad floreciente.
El presente momento de crisis múltiple, nos enfrenta por un lado a las consecuencias de una crisis sanitaria y consecuente recesión económica, pero por otro lado nos exige planificar y re-direccionar las políticas nacionales para preparar la economía nacional a los impactos del cambio climático y elevar la resiliencia nacional y capacidades internas para hacer frente a los escenarios de crisis climática, que cada vez más reportes nos indican que se presentarán antes de lo previsto por los modelos y predicciones hechos por la ciencia.
Tema 3. Agua: Protección de las fuentes de agua y la ampliación del riego, apuestas contra la crisis climática
La gestión integrada del agua debe tener una efectiva prioridad en las políticas de desarrollo de Bolivia, por las múltiples funciones que el componente hídrico cumple en los sistemas de vida, la seguridad alimenticia, los servicios básicos, el desarrollo industrial y minero, el abastecimiento energético, el sustento de la biodiversidad y la resiliencia climática – por un lado – y por la vulnerabilidad del ciclo hidrológico y cuerpos de agua a cambios y perturbaciones producto de los procesos de desarrollo económico, explotación de recursos naturales, urbanización, expansión de la frontera agrícola y la crisis climática.
La Gestión Integrada del Agua comprende un conjunto de políticas, programas y normas puestos en marcha por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua en el marco de la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, involucrando a los distintos sectores, niveles de gobierno, actores sociales y privados bajo el concepto de corresponsabilidad.
Las unidades territoriales indicadas para el desarrollo e implementación de planes de gestión integral del agua tienen un enfoque de cuencas hidrográficas para el caso de gestión de recursos hídricos y riego debido a que permite el control sobre los factores de incidencia humana y no humana. En tanto, que tiene un enfoque de la división política-administrativa para la gestión de programas y proyectos de sistemas de agua y alcantarillado
Tema 4. Energía. ¡Democratización y descentralización energética, una la salida viable a la Crisis Climática!
La producción y aprovisionamiento de energía a nivel global en la actualidad, es un sector en abierto cuestionamiento, ya no solo por su desigual acceso humano (cerca de 3 mil millones de personas no cuentan con acceso adecuado a energía, según el Banco Mundial) sino también debido a la aguda crisis climática en la que nos encontramos, fundamentalmente causada por la extracción y consumo de enormes cantidades de petróleo y otros combustibles fósiles, con los ya conocidos efectos sobre la crucial estabilidad climática para el metabolismo socioecológico del que dependen los sistemas alimentarios y las funciones ecosistémicas del planeta.
La disponibilidad energética está estrechamente relacionada con la satisfacción de necesidades básicas humanas y bienestar de las sociedades, como se refleja cuando graficamos el desarrollo humano de los países contra su demanda energética per cápita.
Sin embargo, las últimas décadas han demostrado que el modelo de sociedad de consumo con sus enormemente intensivos procesos industriales, producción de alimentos, transporte y uso elevadísimo de energía y materiales en general, representa un punto de quiebra en la sostenibilidad de las sociedades humanas.
Este hecho, por sí solo, disputa la validez de las políticas de desarrollo optadas por el gobierno boliviano y la aplastante mayoría de economías del mundo, enfocadas en la expansión de la economía extractiva y el espejismo de la industrialización, como un camino para llegar al bienestar de sus poblaciones.
En este contexto es imprescindible discutir, ya no solamente las formas de satisfacer la cada vez mayor demanda de energía de las sociedades de mundo, sino también la necesidad de repensar la estructura y sostenibilidad de la matriz energética global, el modelo de desarrollo y sus supuestos menos cuestionados. De esta manera este programa parte haciéndose la pregunta: ¿Es posible resolver el desafío civilizatorio representado por la Crisis Climática sin transformar estructuralmente nuestras sociedades y sus nociones de progreso?
Nuestro punto de partida ante las alarmantes evidencias de profundización de la crisis socio-ambiental en general, es que esto no será posible y tampoco es deseable ya que la crisis, en sí misma, desnuda un conjunto de fallas del modelo económico-cultural dominante que deben ser cuestionadas y corregidas para mejorar la condición colectiva de la humanidad y asegurar su sostenibilidad en el largo plazo.
El fracking no es transición energética
Por: Camille Legrand*
La actual crisis sanitaria nos obliga a reflexionar sobre la necesidad cada vez más urgente de un cambio. Nos pone de frente a la fragilidad y a la inviabilidad del sistema energético basado en combustibles fósiles.
Así lo evidencia el derrumbe histórico de los precios del petróleo asociado a la menor demanda de hidrocarburos a nivel internacional —debido a las medidas adoptadas ante la pandemia—, la sobreproducción y a la especulación en los contratos petroleros, entre otros factores. Se espera además que la demanda de gas caiga un 5% después de una década de crecimiento ininterrumpido.
América Latina depende altamente de los combustibles fósiles, como bienes exportables y para el consumo interno. Y el 88% de la energía consumida en la región proviene de fuentes no renovables. Desde 2010, gobiernos y empresas han impulsado el uso del fracking o fracturamiento hidráulico de yacimientos no convencionales debido a la sobreexplotación de los hidrocarburos convencionales.
Algunos países apuestan al fracking como “puente” para reducir su dependencia del carbón y el petróleo como fuentes de energía y con el argumento de ganar tiempo para desarrollar alternativas a los combustibles fósiles. Así, esta técnica es promovida como un paso hacia la transición energética.
Sin embargo, ¿cómo puede llamarse “transición” a un proceso cuya inviabilidad económica, ambiental y social está demostrada?
LAS RAZONES PARA DECIRLE “NO” AL FRACKING
Recurrir al fracking es seguir promoviendo un sistema energético caracterizado por su alta concentración y apropiación privada, por el uso de fuentes no renovables de energía y por sus impactos negativos sobre poblaciones y territorios afectados por actividades de exploración, extracción, transformación y uso de energía. Además, este sistema está definido por una gran inequidad en cuanto al acceso y uso de la energía.
La fracturación hidráulica implica la inyección de sustancias tóxicas en el subsuelo, lo cual puede generar contaminación de acuíferos y del aire por la volatilidad de algunos compuestos. De hecho, las fugas de metano, que ocurren principalmente en la producción y transporte de gas y petróleo extraídos vía fracking, han sido relacionadas con el aumento de las emisiones mundiales de ese contaminante, responsables de alrededor de 25% del calentamiento del planeta.
Además, el fracking requiere grandes cantidades de agua, algo que es especialmente relevante en una región que todavía enfrenta problemas graves de acceso a ese recurso básico.
El uso de la técnica afecta los medios de vida de las comunidades, tanto en términos de salud por sustancias tóxicas en el agua, el aire y el suelo como en términos de vulneración de derechos humanos y de la democracia.
Muchas comunidades, sobre todo indígenas, no tienen acceso a información ni son debidamente consultadas para obtener su consentimiento previo, libre e informado sobre proyectos de fracking en sus territorios. Los daños pueden ser más graves para las mujeres, agravando inequidades estructurales ya presentes.
Y en el ámbito económico, la fracturación hidráulica requiere grandes inversiones y, para ser viable, necesita un mercado con precios altos. En ese sentido, la imprevisibilidad de los precios del petróleo hace imposible cualquier política soberana basada en hidrocarburos y es inviable que los países de la región apoyen su matriz energética y sus ingresos en una base tan endeble.
Asimismo, en la fracturación hidráulica, la tasa de retorno energético es menor. Esto quiere decir que la extracción demanda mucha mayor energía en comparación con la que se captura. Todo ello resulta en un beneficio energético a veces inexistente y en que las ganancias provengan de la especulación financiera.
Promover el fracking hoy es dar un paso atrás porque no entra en la definición de lo que requiere una transición energética justa, que nos invita a un cambio más profundo. La lógica del fracking tiene poco que ver con un desarrollo que contemple la satisfacción de las necesidades sociales y económicas de la población, entre ellas la sostenibilidad ambiental de los territorios.
*pasante del Programa de Agua Dulce de AIDA desde la Ciudad de México.
El artículo fue publicado en AIDA.
Foto: AraInfo