El Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza evaluará el “ecocidio” en la Chiquitania

La Paz/PBFCC

Una delegación de jueces del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza visitarán entre el 15 y 20 de marzo la zona afectada por los incendios en la Chiquitania, la Amazonía y otros bosques colindantes con el objetivo de recabar mayor información y evidencias, constatar la magnitud de la violación a los derechos de la naturaleza y entrevistarse con los diferentes actores estatales y no estatales.

Principalmente verificarán el cumplimiento de las medidas cautelares que ha dispuesto en su veredicto, tras aceptar el diciembre el caso boliviano. El 8 de enero, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (TIDN) emitió nuevo resoluciones que debe cumplir el gobierno transitorio, entre ellas, detener las actividades del agronegocio que implican la ampliación de la frontera agrícola.

Las medidas cautelares dispuestas por el TIDN:

  1. Derogación inmediata de las disposiciones legales (leyes nacionales y departamentales así como decretos supremos) que favorecen y alientan las quemas y la deforestación en la Amazonía y la Chiquitania;
  2. Aplicación del principio precautorio suspendiendo las actividades del agro-negocio iniciadas sin estudios de impacto ambiental como es el caso de la exportación de carne a la China y la producción de etanol y biodiesel;
  3. Implementación de una pausa ecológica en las áreas quemadas y deforestadas para permitir que el bosque Chiquitano se pueda recuperar y no implementar medidas de reforestación de monocultivos y adjudicaciones de tierras que agravarían el desastre ecológico.

El caso boliviano en el Tribunal

La visita del TIDN responde a la denuncia presentada por la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAIMB), junto al Cejis, Fundación Solón y la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático, en la quinta sesión del Tribunal realizada en Chile en diciembre de 2019.

El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza es un espacio “subsidiario” de los Estados que no han reconocido ni reconocen los derechos de la naturaleza, “es un espacio de la organización civil que pretende visibilizar estos derechos a través de personas con legitimidad, ética y moral que hemos elegido como jueces de esos tribunales para que puedan emitir veredictos en casos de violaciones de los derechos de la naturaleza y en casos de conflictos ambientales que afecten directamente a la naturaleza como un sujeto de derechos”.

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