¡Respondamos a la Emergencia Climática hoy, mañana será tarde!

El 2023 promete traer nuevo desabastecimiento de agua en el país, la emergencia justifica urgentes respuestas a la crisis climática.

Por Marcos Nordgren*

Los titulares de periódicos nacionales e internacionales se han llenado, desde finales del 2022, con reportes sobre la reducción de las cosechas de papa, haba, soya, trigo, plátano y muchos otros cultivos que han sufrido los golpes causados por una de las peores sequías que se ha visto hasta ahora en todo el continente sudamericano, pero que ocurre al mismo tiempo que inundaciones en tierras bajas, y también heladas y granizadas en valles y altiplano del país. En definitiva, la situación no es de normalidad y suman los pedidos de declaración de desastre desde el Chaco hasta el Altiplano.

Sin embargo, los artículos periodísticos que describen esta situación frecuentemente no relacionan estos efectos con la crisis climática y solo algunos hacen mención del cambio climático sin reflejar que lo que ocurre no son hechos aislados.

La escalada de temperaturas forma parte de un patrón de alteración climática que tiene como destino una crisis alimentaria y de desabastecimiento de agua generalizado en el transcurso de los siguientes años, probablemente con inicio este mismo 2023, como resultado del aumento de temperaturas, alcanzando un calentamiento adicional de 1.5 °C globalmente durante los siguientes siete años, según la Organización Mundial de Meteorología.

La situación es crítica y el escenario se pone considerablemente peor cuando tomamos en cuenta que en nuestra región ya se ha perdido alrededor del 50% de los glaciares andinos que antes cubrían las cumbres y actuaban como redistribuidores del agua acumulada como nieve y hielo durante las épocas de lluvia, liberándola lentamente durante la época seca, alimentando ríos, lagos represas y la propia capa freática de donde se bombean cientos de miles de litros de agua en pozos perforados por todo el Altiplano.

Esto es especialmente preocupante cuando consideramos la información presentada en 2019 por el Atlas de Glaciares y Aguas Andinas de la UNESCO que asigna una dependencia de 60% de los glaciares para el aprovisionamiento de agua en el altiplano en años normales y hasta 84% en años secos.

Pero si lo descrito hasta aquí no parece demasiado nuevo ni preocupante, para el 2023 se tiene previsto adicionalmente un escenario más difícil debido al cambio de fase en el clima global.

Después de tres años consecutivos de La Niña (2020-2022), que es la fase fría global donde los vientos alisios del este soplan desplazando el agua caliente de la superficie oceánica y promoviendo la afloración de aguas frías de las profundidades del océano Pacífico, para el 2023 se pronostica que el mundo enfrentará una fase caliente de El Niño semejante a la ocurrida en 2016.

Recordemos que el 2016 se convirtió en el año más caliente registrado en la historia humana y desató grandes olas de calor y un conjunto de desastres climático del que los propios incendios de 2019 formaron parte debido a la muerte y disecación de vegetación en amplias superficies de la Amazonía y Chiquitania, que luego actuaron como combustible para los incendios de sexta generación ocurridos por primera vez en el continente.

Más allá del récord global de temperatura, para la región y Bolivia en particular, el 2016 significó el inicio de la peor sequía registrada en décadas y el desabastecimiento de agua en al menos cinco departamentos incluidas ciudades como La Paz, Cochabamba, Potosí, Sucre, Oruro y Tarija.

En ese momento, cientos de miles de familias, incluyendo la mía, sufrieron casi dos meses de corte de suministro de agua potable y dependían en el mejor de los casos, del aprovisionamiento de agua de deficiente calidad por cisternas, algunas de las cuales pertenecían a YPFB y tenían el objetivo de transporte de combustibles, señal de la pésima gestión de agua realizada por las autoridades nacionales a cargo.

Además de los pronósticos de los organismos de monitoreo meteorológico regionales y globales, como señal de la situación que enfrentaremos en los próximos meses de época seca en Bolivia, las reservas de agua en las represas de La Paz, Potosí o Sucre nos muestran un panorama que debe ser de gran preocupación.

Al finalizar enero, el segundo mes más lluvioso tradicionalmente, las reservas apenas alcanzan un 40% de su capacidad, siendo que a estas alturas de la época de lluvia deberían estar prácticamente llenas con las lluvias recibidas desde octubre, algo que -como sabemos- no ha ocurrido.

Lo descrito no significa otra cosa que la Emergencia Climática es una realidad que tiene que ser enfrentada con urgencia.

Desde la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC) hemos insistido en la necesidad de adelantarnos a esta situación y trabajar en una re-priorización de la política nacional con una Ley de Emergencia Climática, precisamente reconociendo las enormes amenazas que se ciernen en un país que -de inicio- tiene una muy baja cobertura de agua potable, pero que además tampoco ha avanzado de manera sustantiva en la ampliación de la superficie de riego, ni el aumento de reservas de agua o el tratamiento y reutilización de aguas servidas.

Si bien el proyecto de ley de Emergencia Climática ya elaborado contiene propuestas de respuesta en áreas como Bosques, Agricultura, Política Energética y Agua, queda claro que el desafío inmediato desde el 2023 para adelante será el aprovisionamiento de agua y sus efectos sobre la agricultura y alimentación.

Pero para ello, es necesario comprender que los bosques del país son responsables de producir mayor parte de la lluvia que llega al altiplano, como ejemplo de las interconexiones existentes y la necesidad de un abordaje estructural.

Con base en estos argumentos queremos convocar a las bolivianas y los bolivianos a colocar esta gran preocupación en un lugar central del debate nacional y conseguir el tratamiento de una ley de Emergencia Climática en los siguientes meses para empezar, de una vez por todas, la construcción de una estrategia nacional de respuesta a esta crisis existencial que amenaza no otra cosa que nuestras vidas, pero además a mediano plazo, la propia viabilidad del país.

Si el 2023 trae una sequía parecida a la ocurrida en 2016 o peor, y todo indica que así será, es necesario que todas y todos entendamos las consecuencias personales, familiares y nacionales que esto significará y comencemos a repensar una sociedad en campos y ciudades, capaz de enfrentar y frenar esta nueva realidad.

La intención de este artículo no es asustar a la población siguiendo alguna agenda ideológica, si no alertar decididamente que la dirección en que nos empeñamos a seguir nos conducirá más temprano que tarde a una crisis de la que será finalmente imposible salir sino actuamos hoy.

Si empujamos los principales ecosistemas por el precipicio, más allá de sus puntos de inflexión y capacidad de recuperación, todo estará perdido. Aun no estamos ahí, pero quedan pocos años para que el aumento de las temperaturas y las acciones extractivistas que degradan los bosques, bofedales y aguas superficiales terminen por dar el golpe mortal a estos sistemas naturales que regulan la humedad y producen mayor parte de nuestros alimentos. Es decir, que sostienen la vida humana.

¡Respondamos a la Emergencia Climática hoy, mañana será tarde!

*Marcos Nordgren es técnico de la PBFCC