FOSPA: Indígenas y campesinos de la Amazonía boliviana demandan acciones frente a los impactos de la minería del oro

En el Marco del Foro Social Panamazónico Bolivia 2024, representantes indígenas y campesinos, hombres, mujeres y jóvenes provenientes de la Amazonía de Pando, La Paz, Beni, Cochabamba, y pueblos originarios de Oruro, e instituciones gubernamentales del nivel nacional, departamental y municipal, se reunieron para analizar la forma de resistir colectivamente el avance del extractivismo, denunciar los impactos de la minería del oro y plantear acciones urgentes frente a la problemática.

El encuentro denominado “Diálogo multiactor sobre minería” se desarrolló durante dos días, el 31 mayo y 1 junio 2023, en el municipio de San Buenaventura, con la asistencia de más de 60 personas, quienes hicieron conocer los problemas ambientales y sociales que atraviesan sus regiones debido a la expansión de la minería del oro a la Amazonía.

Una de las mayores críticas fue al Estado porque no cumple con su rol de controlar y hacer cumplir la normativa legal en materia ambiental y permite la actividad minera ilegal que está contaminando sus aguas y sus tierras y, peor aún, afectando la salud principalmente de indígenas y campesinos.

Tras los dos días del encuentro, los asistentes emitieron un pronunciamiento que en cinco puntos describe el impacto de la minería en las comunidades indígenas y campesinas, la vulneración de derechos y presiones, la demanda de regulaciones contundentes y presencia del Estado para hacer cumplir las normas legales.

Puntos del pronunciamiento:

  1. La expansión desmedida de la industria minera ha generado una crisis ambiental y social sin precedentes, amenazando la calidad de vida y la sostenibilidad de los pueblos y territorios. Denunciamos enérgicamente la grave problemática de la contaminación minera y sus impactos devastadores en los territorios, suelos productivos, fuentes de agua, ríos, lagos y la salud de los Pueblos Indígenas.
  2. Las comunidades indígenas, originarias y campesinas son víctimas directas de los efectos de la contaminación minera, que se extiende de forma silenciosa. La acumulación y contaminación por el uso de sustancias químicas tóxicas, el mercurio y otros metales, es una situación que despierta la preocupación de las comunidades indígenas, originarias y campesinas, que no están siendo atendidas por el Estado.
  3. La consolidación y delimitación de los territorios ya no es una garantía para los pueblos, que sufren constantemente de presiones y avasallamientos por parte de diferentes actores que explotan y extraen los recursos naturales, impulsados por la sed del oro. La explotación minera se realiza con violencia y promueve el despojo a través del extractivismo del oro.
  4. Es imperativo establecer regulaciones más estrictas que promuevan un alejamiento progresivo de la salvaje minería del oro. Es necesario consolidar y fortalecer la minería responsable y sostenible que busque disminuir los impactos. Se debe garantizar la realización de Estudios de evaluación de impacto ambiental que sean rigurosos, transparentes e independientes, para implementar mecanismos de fiscalización y sanción efectivos para las actividades obras o proyectos de operadores mineros. Llamamos a garantizar el respeto de las normas ambientales, considerando los procesos de participación de las comunidades indígenas, originarias y campesinas, respetando sus usos, costumbres y procedimientos propios.
  5. La consulta libre, previa e informada para el consentimiento de los pueblos indígenas debe tener un carácter vinculante. Se debe evitar toda forma de presión que pueda afectar la autodeterminación de los pueblos; formas que puedan promover y afectar el consentimiento a través de condiciones o prebendas. Los supuestos beneficios que se dan a cambio del consentimiento de los pueblos no son proporcionales a los impactos culturales, sociales y medioambientales que ejerce la minería.

Debate y testimonios de la depredación

Durante la primera jornada, 31 de mayo, también se desarrollaron dos presentaciones sobre la problemática que estuvo a cargo de dos investigadores, Héctor Córdova de la Fundación Jubileo y Alfredo Zaconeta del CEDLA, quienes corroboraron con datos las denuncias realizadas por indígenas y campesinos sobre los impactos de la minería del oro en la Amazonía.

«El 85% de las cooperativas no tienen licencia ambiental y el gobierno autoriza que operen de esa manera, por tanto, es responsable y cómplice de un delito», manifestó Héctor Córdova, investigador de la Fundación Jubileo.

Para Córdova, parte de la solución al problema es que el Estado cree fuentes de empleo sostenibles para quienes ahora están en las cooperativas mineras y que se implementen plantas procesadoras de minerales.

Por su parte, Alfredo Zaconeta, investigador del CEDLA, mostró las cifras del aporte del sector cooperativista aurífero, que actualmente ejerce un monopolio al extraer el 99% del oro. “En 2022, Bolivia alcanzó su mayor producción histórica: 53,3 toneladas de oro, con un valor de 3.026 millones de dólares, pero apenas generó una regalía de 63,2 millones de dólares”, resaltó el investigador.

Zaconeta sugiere que se defina una legislación específica que norme la explotación del oro y el rol de su operación y se deje sacar normas paliativas como sucede ahora.

Por su parte, indígenas y campesinos reiteraron su preocupación por la inoperancia de los niveles del Estado y las instituciones que deben controlar la actividad minera y hacer cumplir las normas legales.

“Estamos preocupados porque hay poca presencia de la AJAM en el río Madre de Dios y por eso la actividad ilegal de la extracción del oro sigue y se está profundizando”, manifestó Néstor Omar Max, miembro del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi, Pando.

La directora de Gestión Integral de la Madre Tierra de la Gobernación de Pando, Homali Flores, afirmó que tienen limitaciones para realizar el control por la falta de información y de coordinación con otros niveles del Estado, además de la falta de recursos para realizar los análisis y evidenciar la contaminación.

“La contaminación no solo afecta al medio ambiente sino también a la salud de los indígenas. Debemos tener coordinación los tres niveles del Estado para dar solución a la problemática de la minería y sus afectaciones a nuestras regiones”, expresó la autoridad de Pando.

En una de sus intervenciones, Alex Villca, indígena Uchupiamona, lamentó la inacción del Estado en el control de la actividad minera, pero también dijo: «Los indígenas parece que estamos adormecidos, no hemos activado mecanismos legales para defender nuestros derechos. La sociedad civil ha interpuesto acciones legales mientras los indígenas estamos peleando, estamos divididos porque así nos quiere el gobierno».

Por su parte, pobladores de comunidades de Oruro afectadas por la minería asistieron al encuentro para dar testimonio del impacto que generó la minería en su región. Eloy Flores, miembro de la CORIDUP de Oruro, dijo que las organizaciones, las comunidades, no son enemigos de las empresas mineras ni de las cooperativas, pero quieren que ese sector “contaminan sus aguas, las devuelvan de manera que puedan consumirlas».

MESAS DE DIÁLOGO

El diálogo multiactor, en su segundo día, el 1 de junio, analizó el tema de la minería sus implicaciones y también propuso algunas alternativas para enfrentar sus impactos en el marco de cuatro mesas de trabajo:

– Mesa de diálogo 1: ROL DE LOS ACTORES EN LA ACTIVIDAD MINERA EN LA AMAZONÍA

Los roles que tienen los actores sociales como el Estado, Cooperativistas, las comunidades, pueblos indígenas y población en general para consensuar sobre los impactos de la actividad minera en la población, el territorio y el medio ambiente con el fin de buscar soluciones e identificar los principales problemas y obtener propuestas que beneficien a todos.

– Mesa de diálogo 2: REGULACIÓN NORMATIVA A LA ACTIVIDAD MINERA

Los roles que tienen los actores sociales como el Estado, cooperativistas, las comunidades, pueblos indígenas y población en general para buscar acuerdos con respecto al cumplimiento y obligaciones que regulen la normativa de la actividad minera con la finalidad de que sea amigable con el medioambiente, los derechos humanos colectivos y territoriales, para que se convierta en una actividad que contribuya al desarrollo efectivo de la región amazónica.

– Mesa de diálogo 3: RIQUEZA GENERADA Y CONTRIBUCIONES MONETARIAS AL ESTADO BOLIVIANO

Los roles que tienen los actores sociales como el Estado, cooperativistas, las comunidades, pueblos indígenas y población en general para conocer a dónde va la riqueza generada por la actividad minera, asimismo llegar a un acuerdo del destino de las regalías, la transparencia y los beneficios que dejan a las regiones.

– Mesa de diálogo 4: IMPACTOS DE LA MINERÍA EN LOS DERECHOS HUMANOS, TERRITORIALES Y AMBIENTALES

Los roles que tienen los actores sociales como el Estado, cooperativistas, las comunidades, pueblos indígenas y población en general para tomar medidas que garanticen el cuidado de la Amazonía y eviten alteraciones por la actividad minera en los ciclos de vida de los recursos hídricos, el despoblamiento, la migración forzosa, la contaminación, el daño a la salud y el avasallamiento a los territorios que están sufriendo las comunidades indígenas, entre otros.

CONCLUSIONES

Tras la elaboración de conclusiones en cada una de las cuatro mesas de diálogo, en una plenaria se aprobaron las se hizo conocer en una plenaria las conclusiones, tras una serie de intervenciones de los participantes se realizaron algunas puntualizaciones y se aprobó el texto del Pronunciamiento.

En las conclusiones se destacan los varios problemas asociados con la minería, como la contaminación ambiental, la destrucción del bosque, el divisionismo en las comunidades y la afectación a la salud. Lo cual es exacerbado por la falta de regulación efectiva y la corrupción; además del impacto que se agrava por la prostitución, la desintegración familiar y la división comunitaria.

– La minería puede ofrecer beneficios como empleo, ingresos económicos y desarrollo de infraestructura. Sin embargo, el costo social y ambiental no tiene relación con los beneficios económicos que derivan de esa actividad. Además, el aporte económico al Estado de la minería del oro es ínfimo.

– Entre otros problemas, identificaron a la falta de una consulta y participación de las comunidades en la planificación y decisión de proyectos mineros, la ineficiencia en la regulación y fiscalización de la actividad por parte del Estado, la corrupción y falta de transparencia en la gestión de los contratos y permisos mineros; y el predominio del interés económico sobre la protección ambiental y el bienestar de las comunidades locales.

– Una de las demandas es que las comunidades deben ser plenamente informadas y tener la oportunidad de dar su consentimiento o rechazar las propuestas mineras, es necesario contar con mecanismos efectivos de consulta previa libre e informada, que debe ser multisectorial; implementar regulaciones y fiscalizaciones más estrictas, para ello se tiene que fortalecer las leyes y regulaciones que rigen la actividad minera, y asegurarse de que estas se apliquen y se hagan cumplir de manera eficaz. Esto también incluye combatir la corrupción y garantizar la transparencia en la actividad minera.

– Es necesario promover y desarrollar alternativas económicas sostenibles que podría incluir la minería responsable u otras alternativas a la utilización del mercurio, el turismo sostenible, la agricultura orgánica y otros emprendimientos basados en la conservación del medio ambiente.

– Las comunidades indígenas y campesinas reclaman porque han sido marginados, en contradicción en la misma Constitución Política del Estado, como un actor fundamental del modelo económico boliviano. Les preocupa la cantidad de leyes, decretos supremos y resoluciones ministeriales, que durante los últimos años han promovido al modelo cooperativista, olvidando la autodeterminación de los pueblos. Exigen que los derechos humanos y de la naturaleza, deben prevalecer sobre los derechos preconstituidos.

– Otras de sus conclusiones señala que es necesario garantizar un mayor control y apoyo del Estado para fiscalizar las actividades mineras en Áreas Protegidas, modificar la Ley 535 de Minería y Metalurgia y establecer una normativa integral y específica para las actividades auríferas. También demandan una moratoria a las autorizaciones mineras hasta la revisión de la normativa.

– Esperan que en todos los niveles del Estado se fortalezca e impulse la diversificación de la economía para salir de la dependencia extractivista; que el Estado exija un monto a los operadores mineros para un seguro de salud especializado para las personas que son afectadas en su salud por el mercurio, metal que debe ser eliminado de la minería a través de normativas específicas y su control efectivo.

– Demandan que los municipios y/o gobernaciones cuenten con equipos necesarios y recursos económicos para el monitoreo de los niveles de contaminación minera, tanto al ambiente como a la salud; así como la promoción de alternativas de biorremediación de esos impactos como son los sistemas agroforestales.