Por: PBFCC
Más de 4.200 personas del territorio de Challa dijeron “SÍ” a su Estatuto, de manera contundente. La aprobación del Estatuto de la Autonomía Originaria de Challa se realizó por unanimidad y mediante normas y procedimientos propios que tiene este pueblo originario, en el marco de sus derechos a la libre determinación y autogobierno, establecidos en la Constitución Política del Estado Plurinacional.
Por PBFCC
“Venimos luchando por mantener nuestra existencia digna en medio de numerosas formas de injusticias sistemáticas, como el avasallamiento de nuestros territorios, la contaminación de nuestros ríos y medios de vida y la persecución de nuestros líderes y lideresas defensoras de nuestros derechos”, señala la introducción del pronunciamiento de 26 puntos emitido por los representantes de pueblos indígenas, tras dos días de un encuentro realizado en de Santa Cruz y que finalizó el 27 de octubre.
Los dos primeros puntos del pronunciamiento contienen las propuestas de desarrollar la resiliencia climática recuperando las practicas ancestrales para el cuidado del medio ambiente y de la vida; y el desarrollo de una “Economía de Bosque con base en las experiencias de los pueblos indígenas”.
“Por defender la vida somos víctimas de ataques violentos e intimidación de parte de terceros y del Estado en nuestros propios territorios. Nos preguntamos, ¿hasta cuándo vamos a tolerar estos atropellos a nuestros derechos?”, cuestionan los más de cien participantes que se dieron cita en el Encuentro de Pueblos de Territorios Indígenas Originarios, realizado el 26 y 27 de octubre.
Los indígenas advierten que la crisis climática, de la que no son responsables sino víctimas de los que causantes que son los grandes capitales y el modelo de desarrollo extractivista, que se promueve en las políticas públicas en nuestro país, impactará con mayor severidad a los pueblos indígenas y en especial a las mujeres indígenas.
El pronunciamiento de 26 puntos, recoge los resultados del trabajo realizado en cuatro mesas que abordaron los siguientes temas: Eje 1. Gestión territorial para la vida; Eje 2. Extractivismo hidrocarburos, minería y agua; Eje 3. Tierra territorio y expansión de la frontera agrícola y Eje 4. Derechos colectivos al autogobierno, justicia, consulta previa.
En el marco del Encuentro Nacional de pueblos indígena originario de Bolivia, expresamos lo siguiente:
Por CENDA*
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), instaló dos audiencias públicas con diferentes pueblos indígenas originarios campesinos y organizaciones, quienes denunciaron la violación de sus derechos. Las dos audiencias se realizaron en la ciudad de Cochabamba, el 29 de marzo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) es la instancia encargada de la promoción y protección de los Derechos Humanos en el Continente Americano. Este año la comisión agendó una visita «in loco» al Estado Plurinacional de Bolivia (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Sucre), audiencias en las que se recoge información de la situación de vulneraciones de derechos humanos.
En la primera audiencia se trató el caso de la Construcción de la carretera por medio del TIPNIS donde Pueblos Indígenas del Territorio Indígena Multiétnico (TIM), Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS) y Consejo Indígena del Sur (CONISUR), denunciaron la construcción ilegal de la carretera, que afecta y vulnera los derechos de los habitantes de dicho territorio.
En una segunda audiencia, la sociedad civil presentó más de 30 casos de violación de derechos humanos, colectivos y territoriales ante la comisión de la CIDH. Entre los casos atendidos están las denuncias sobre:
Los Pueblos Indígenas Originarios Campesinos presentes enfatizaron que son la “población menos atendida por el Estado”, siendo estos los más afectados por la implementación de políticas de desarrollo extractivistas en desmedro de su integridad territorial, degradando y contaminando sus territorios, violando sus derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, por ejemplo, el derecho a la libre determinación y autogobierno, con los que los pueblos indígenas deciden libremente la estructura política, jurídica, económica, cultural y social más idónea para su territorio (Art. 2 C.P.E.), además, denunciaron el permanente incumplimiento de su derecho a la consulta previa libre e informada (Art. 30 y 403 C.P.E.).
El Ayllu San Agustín de Puñaca, del departamento de Oruro, denunció ante la CIDH que el “Estado boliviano prioriza la atención de demandas del sector minero por sobre las demandas de los pueblos originarios”. Las empresas mineras están vulnerando sus derechos; de acceso al agua en calidad y cantidad, a una alimentación sana y saludable, a un medio ambiente sano.
Durante años han pedido la restitución de derechos en instancias municipales, departamentales y nacionales, al no tener respuesta a sus demandas en noviembre del 2022 demandaron al Estado boliviano la restitución de sus derechos a través de una Acción Popular ante el Tribunal Departamental de Justicia de Oruro que negó la tutela.
Actualmente su situación de vulneración de derechos al agua, medio ambiente sano, entre otros, no ha cambiado y están decididos a acudir a instancias Internacionales, una vez el Tribunal Constitucional emita su sentencia respecto al caso.
“La contaminación nos está haciendo sufrir mucho, la tierra está contaminada, ya no produce nada, ya no hay agua, no hay alimentación, queremos que el Estado nos escuche, que restituya nuestros derechos, no escucha a los Pueblos Indígenas”.
Pueblos Indígenas del Territorio Indígena Multiétnico (TIM), Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS) y Consejo Indígena del Sur (CONISUR), a través de sus autoridades indígenas, denunciaron ante la CIDH tres puntos principales:
1) Rechazo unánime a la construcción de la carretera por medio del TIPNIS,
2) Avasallamientos al Territorio Indígena por los interculturales,
3) Incumplimiento absoluto de compromisos, obras y proyectos.
“Pedimos a la CIDH, que exija al presidente de Bolivia que cumpla los procedimientos constitucionales, convenios internacionales, tratados de los derechos internacionales de los derechos de los pueblos indígenas”.
“Con tanto avasallamiento que tenemos dentro el TIPNIS, ¿por qué hemos rechazado la carretera?, porque habrá más avasallamientos, aunque sin camino sigue habiendo avasallamientos, queremos que nos respeten los interculturales, si bien somos vecinos, pedirles respeto”.
El TIPNIS, TIM y CONISUR enfatizaron el avasallamiento permanente que sufren en su territorio por parte de los denominados ‘interculturales’, acción que vulnera su derecho a Tierra y Territorio, sus derechos colectivos. Los interculturales “responden a intereses sectoriales, desconociendo el voto resolutivo de rechazo a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos”.
En una asamblea del CONISUR, en diciembre del 2022, y en el Encuentro de Corregidores llevada a cabo del 7 al 9 de marzo de 2023, en San José de Acosta, los corregidores en representación de las tres naciones (Yuracaré, Chimán y Moxeños Trinitarios) dicen: “¡No a la carretera por el corazón del TIPNIS!”. Los gobiernos departamentales de Cochabamba y Beni, ignoran esta decisión unánime y siguen insistiendo con la construcción de la carretera.
“…nosotros decidimos ‘¡No a la carretera!’, y queremos que respeten nuestros derechos, queremos que respeten nuestros votos resolutivos de las tres organizaciones que conformamos el TIPNIS”.
La carretera “no beneficiará a los pueblos Indígenas”, indicaron las autoridades, representantes del TIPNIS, también expresaron su sentir sobre la vulneración de sus derechos al territorio, pero también la persecución política que sufren por defender la naturaleza, “la casa grande” intentando silenciar la voz de las familias que viven en el territorio con amenazas, amedrentado a los defensores de derechos y del territorio.
En las audiencias realizadas se vio un pedido común ante la CIDH: los pueblos Indígenas Originarios de tierras altas y tierras bajas piden que a través de la Comisión se exija al Estado boliviano el cumplimiento los procedimientos constitucionales, convenios internacionales, tratados internacionales de los derechos de los pueblos indígenas y los considere en la toma de decisiones respecto a su territorio.
La CIDH, identifica como “grupo en situación de vulnerabilidad a los pueblos indígenas” y considera importante el reconocimiento “plurinacional; multiplicidad de lenguas, culturas y la estructura de gobierno”.
“Uno espera una posición de prioridad e importancia de desarrollo de los pueblos indígenas, … Bolivia tiene una estructura jurídica, política que puede ser una respuesta a estas necesidades”.
Miembros de la Comisión también reconocen la participación de los pueblos indígenas realizando las denuncias y confirmando que las leyes no resuelven problemáticas y que todas las denuncias recogidas por esta comisión serán tomadas en cuenta en el informe de país
“Las leyes no son mágicas, sabemos que no resuelven las cosas, pero nos alegra que hagan la denuncia, una profunda preocupación de la contaminación de agua, que es fuente de vida que cuando está contaminada es fuente de muerte”.
*CENDA es miembro de la PBFCC
Fotos: Cenda
¿Dónde está la educación intercultural del que tanto se habla en Bolivia?
Por: Abg. Mario Laura Huallpa*
La ruptura epistemológica prevista en la Norma Suprema, que establece el paradigma del “vivir bien” como elemento axiológico, se desgaja de la diferenciación clásica de otras constituciones liberales vigentes hasta el año 2009.
Sin embargo, las políticas públicas del Estado se desvinculan de la aplicación, respeto y ejercicio de derechos fundamentales de las personas con características particulares y culturales que habitan las comunidades indígenas originarias campesinas.
Uno de los pilares fundamentales de la constitución boliviana es el reconocimiento de la preexistencia de los pueblos indígenas originarios al Estado colonial y republicano.
Así, el nuevo Estado unitario social de derecho, plurinacional y comunitario, reconoce la libre determinación de los pueblos indígenas originarios traducidos en: derecho a la autonomía y autogobierno; derecho a desarrollar su cultura y su idioma; derecho al reconocimiento de sus propias instituciones (estructuras orgánicas); derecho a la consolidación de sus entidades territoriales.
En los 13 años de la vigencia del nuevo diseño constitucional, la interculturalidad parece ser una agenda pendiente del gobierno, porque el proceso histórico de las diversas culturas que existen en un mismo territorio (ya que estas culturas no son estáticas en el tiempo porque se producen constantemente), está siendo “folclorizado” de manera caricaturesca y, por lo tanto, se extiende la vulnerabilidad de derechos de los pueblos indígenas originarios, a su identidad cultural, su idioma, su tradición histórica y su propia cosmovisión.
Bolivia tiene una enorme cantidad de pueblos indígenas originarios amazónicos y andinos, al igual que otras minorías étnico culturales.
Los idiomas nativos como proceso histórico inalcanzable de interculturalidad no están siendo incorporados en los procesos de enseñanza aprendizaje de la educación regular, y mucho menos incluida en la currícula diversificada del sistema educativo.
El gobierno nacional anunció que se modificará la malla curricular educativa 2023, pese a que los entes colegiados de los maestros urbanos y rurales rechazaron su implementación, argumentando que existen unidades educativas que no reúnen las condiciones infraestructurales para adherirse al nuevo modelo educativo.
En 2019, el gobierno de Bolivia impulsó la proclamación del año internacional de las lenguas indígenas en la Asamblea General de la ONU; sin embargo, en la actualidad se advierte que poco o casi nada se hace por preservar, revitalizar y fortalecer la práctica de los 36 idiomas originarios reconocidos en la Constitución, de los cuales 30 están en peligro de extinción, según la clasificación realizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Actualmente, quedan 33 lenguas originarias vigentes, en virtud a que tres de los 36 idiomas enumerados en la norma fundamental: puquina (región el lago); guarasugwe (pauserna) y toromona (de los pueblos no contactados), se extinguieron.
En consonancia con la proclama de la ONU, en abril de 2022, Bolivia declaró mediante Ley N° 1426 el “Decenio de las Lenguas Indígenas” del Estado Plurinacional de Bolivia, al periodo comprendido entre el año 2022 – 2032.
Las autoridades nacionales señalan que la normativa obedece a crear espacios de acción y reflexión, para preservar las lenguas indígenas, la diversidad cultural y lingüística de los pueblos indígenas originarios.
Lo que no dicen es que los tejidos colectivos de los saberes ancestrales y culturales de los pueblos indígenas originarios están siendo avasallados y restringidos con propuestas y estructuras curriculares que desestiman los fundamentos ideológicos, filosóficos, sociológicos, epistemológicos y psicopedagógicos, diseñados tanto en la Norma Suprema, como en la Ley “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”.
Los idiomas nativos están íntimamente ligados a las dinámicas de las culturas; no obstante, dichas culturas, que se transforman constantemente, sufren presiones de estructuras discriminatorias que las rodean y a las que tradicionalmente estuvieron sometidas los pueblos indígenas originarios.
Por ejemplo, el término indígena fue entendido de manera peyorativa y ofensiva, pese a que varias organizaciones reivindicaron el término a través del Convenio 169 de la OIT de la Agencia de las Naciones Unidas que reconoce derechos a pueblos indígenas y tribales. En esta última se incluye el pueblo afro boliviano.
Durante las visitas a las comunidades indígenas originarias de tierras bajas y de tierras altas, se advirtió que las tradiciones, idiomas originarios y aspectos culturales están íntimamente ligados a los usos y costumbres de esos pueblos, que incluso se relaciona con la semiótica cultural como una expresión simbólica de diferentes grupos sociales.
El idioma es parte de la identidad cultural que enuncia rasgos propios, comunes y específicos, que caracterizan a un determinado pueblo. “Un pueblo tiene identidad cuando sus individuos comparten representaciones en torno a tradiciones, historia, raíces comunes, formas de vida, creencias, valores, costumbres y rasgos”. (Pérez, Perryman, Gonzales, Gonzales & Abreu, 1999).
El desarrollo territorial con identidad cultural de los pueblos indígenas originarios se refleja también en las expresiones semiológicas de los signos no lingüísticos, ya que no solo abarca aspectos cognitivos, sino también actitudes, principios, valores, emociones, acciones y todo tipo de connotaciones socio-afectivas y culturales. A propósito de los signos, tenemos:
Los signos lingüísticos son indispensables para la comunicación de los seres humanos, ya que sin ellos no podríamos expresar fácilmente ideas abstractas, descripciones y estados de ánimo con sólo imágenes y gestos.
De acuerdo a Ocampo (2007) los signos lingüísticos se caracterizan por ser convencionales, es decir, son arbitrarios, tienen intencionalidad; la intención comunicativa tiene valores, tanto denotativos como connotativos. Cualquier palabra tiene un significado claro = denotativo, como también puede tener otro significado en otro contexto = connotativo. Asimismo, los signos lingüísticos conforman sistemas y están organizados en códigos.
Por su parte, Andia (2005) sostiene que el signo lingüístico “es la clase de signo que pertenece exclusivamente a la lengua y que puede tener dos expresiones: una expresión oral cuya estructura es fonémica y otra expresión escrita cuya representación es grafémica. La palabra articulada y organizada en un enunciado es la expresión del signo lingüístico oral”.
Los signos no lingüísticos son indicios naturales no convencionales que no tienen intención comunicativa; por ejemplo, cuando se advierte el cielo nublado, es indicio de lluvia. Las señales son de carácter convencional, porque nacen de un acuerdo social y existe una intención comunicativa, por tanto, son visuales, acústicas/auditivas, olfativas, gustativas y táctiles.
Los símbolos no son completamente convencionales. La relación entre significante y significado no es arbitraria, es natural y sintetizan múltiples mensajes por lo tanto es connotativo.
Al respecto, Ocampo (2007), también nos indica que los signos no lingüísticos “se refieren a todas las clases de signos, excepto a los verbales que se originan en las sociedades humanas”. Un signo no lingüístico es aquel que está constituido en un sistema o en un código que no es de categoría lingüística. Son aquellos que no tienen nada que ver con las palabras, o sea, un idioma para transmitir un mensaje en una comunicación. Según Andia (2005) los signos no lingüísticos se pueden clasificar en: indicios, señales y símbolos.
La interculturalidad y el idioma originario
Todos somos iguales y se acabó la diferencia cultural; pareciera ser el horizonte civilizatorio de los seres humanos que poseen la capacidad o la representación mediadora de la realidad, ya que el ser humano desarrolla rápidamente una capacidad para ejecutar actos libres de control externo, tendientes a la elaboración y expresión del pensamiento y de la creatividad.
En ese sentido, Bolivia se caracteriza por contar con identidades originarias que se mantienen a lo largo de la historia como identidades autónomas, con contornos definidos y, al mismo tiempo, con una diversidad cultural que implica reconocerlo de manera positiva.
Hablar de lenguas originarias no es dividir el país, en virtud a que somos distintos en cultura y el mensaje de invisibilizar a los pueblos indígenas corresponde a una ideología discriminadora y racista que puede llevar a la desaparición de muchas culturas, tal como sucedió con la política asimilacionista hasta los años cincuenta, que intentó absorber las culturas de los pueblos indígenas originarios para convertirlas en seguidores de la cultura hegemónica occidental que se imponía en dicha época.
El hecho de que el Estado reconozca positivamente la diversidad cultural significa decir que las diferencias culturales no son un obstáculo al desarrollo nacional, al contrario, son una potencialidad para el desarrollo de los pueblos porque las diferencias culturales implican una mayor riqueza cognoscitiva ética cultural en varios aspectos y dimensiones de la vida social que enriquece el desarrollo de un país.
Reconocer la identidad cultural propia es promover el respeto de sus derechos individuales y colectivos, es decir, no vulnerando los derechos de los grupos culturales, respetando sus mecanismos para proteger sus derechos cuando estos sean vulnerados.
La obligación del Estado es proteger los derechos sociales de los pueblos indígenas originarios para que todas las personas tengan derechos económicos sociales y culturales. Es imperativo fortalecer la interculturalidad mediante políticas públicas y normas jurídicas que eliminen los obstáculos sociales que realmente existen, para que todas las personas sin discriminación y en igualdad de condiciones de sus derechos económicos sociales y culturales, gocen de manera objetiva y no abstracta como actualmente sucede.
Entonces, la interculturalidad también supone adoptar medidas para superar esos obstáculos que sitúan en desventaja a un grupo respecto del otro. Pero hay que estar atentos contra una distorsión del principio de interculturalidad muy vigente en el país y muy en boga.
Lamentablemente los funcionarios públicos de los distintos niveles de gobierno, en una concepción errónea, creen que la interculturalidad tiene que ver con danzas típicas, comida típica y artesanías indígenas.
El principio interculturalidad no tiene que ver con el folclore, porque el folclorizar es una forma de reducir la identidad cultural de nuestros pueblos indígenas originarios.
El folclore es parte de la cultura, pero folclorizar las culturas significa caricaturizarlos a un nivel básico y reduccionista. Las culturas de los pueblos indígenas originarios son muchas, son mucho más complejas, son emociones, son formas de sentir, formas de creer, formas de pensar, formas de relacionarse socialmente, políticamente, económicamente y productivamente.
La cultura lo es todo. Por tanto, la interculturalidad no tiene que ver solamente con asunto de pueblos indígenas originarios y asuntos de folclore, tiene que ver con todo el país porque todos tenemos la obligación de reconocer la diversidad cultural en igualdad de respeto y en convivencia armónica.
En la actualidad, sucede que la mentalidad nacional está desfasada de los documentos jurídicos que existen y, como país, por ejemplo, somos signatario y obligado a cumplir el Convenio 169 de la OIT, que ya no tiene la vieja óptica asimilacionista de genocidio cultural, de absorción cultural de una cultura por otra.
El Convenio 169 tiene una filosofía diferente; destaca la filosofía intercultural de respeto y desarrollo de las culturas originarias de relacionamiento con la cultura nacional, pero de respeto de su propia identidad cultural y desarrollo.
El referido Convenio 169 de la OIT reconoce los derechos colectivos con una lógica expansiva y reparativa de injusticias históricas pasadas. Esos derechos tienen un máximo posible, porque también se aplica al pueblo afro-boliviano.
Mucha gente ignora el Convenio 169 y sigue con la mentalidad del Convenio 107 de la OIT de 1957, que tenía una filosofía integracionista o asimilacionista.
Sin embargo, esta ideología pasada todavía la tenemos en el país porque existen algunos iluminados que creen que los pueblos indígenas tienen que dejar poco a poco su cultura para “modernizarse” y asumir la cultura occidental moderna; y que el Estado tiene que aplicar políticas y programas de desarrollo social paternalistas y asistencialistas a favor de esos “pobres salvajes” que todavía no evolucionan y hay que ayudarlos evolucionar.
Este proceso asimilacionista es formalizado por el propio Estado, porque con la implementación y ejecución de políticas públicas (extractivismo, por ejemplo), a los pueblos indígenas originarios ni les preguntan, ni se les consulta y menos viabilizan su participación.
El gobierno, a través de sus instancias respectivas son los que saben, son los expertos, ellos son los que tienen los cargos gubernamentales y, por lo tanto, los pueblos indígenas originarios están destinados a ser gobernados y recibir pasivamente los proyectos “para que los pobrecitos dejen de ser como son y sean más como nosotros”.
Como Estado se suscriben varios tratados internacionales y se aprueban un cúmulo de leyes, pero, lamentablemente no priorizan la interculturalidad en la gestión pública.
Entonces, esa gestión no puede llamarse pública porque lo público es de todos los bolivianos, más aún cuando somos una sociedad pluricultural. Pero si el Estado no responde a esa pluriculturalidad social con el principio de interculturalidad, es decir, promoviendo el diálogo intercultural y el respeto igualitario de las culturas del Estado, de las políticas públicas, desde las leyes, desde los programas de desarrollo, ese Estado no es un Estado intercultural plural.
Desde la época colonial los usos de lenguas indígenas originarias han sido mermados por diversos procesos evolutivos y dinámicos; en principio por la imposición de la lengua española como idioma oficial, y luego el cambio social y la globalización; ahora por el auge de las nuevas tecnologías de información y comunicación.
Para el caso específico de nuestro país, la UNESCO catalogó a 30 lenguas nativas de Bolivia como vulnerables o en peligro de extinción, debido a la ausencia de una protección real y de fortalecimiento de la práctica de los idiomas originarios. “Los niños hablan la lengua originaria, pero su uso está restringido a determinados ámbitos como el hogar, o en ciertos casos los niños, niñas adolescentes ya no hablan la lengua originaria”.
Por la característica del trabajo que desarrolla la PBFCC, se advierte que la práctica de los idiomas nativos, principalmente en tierras bajas, es habitualmente nula, debido a tres factores; primero, porque los padres de familia no transmiten o enseñan el idioma originario a sus hijos, debido a que en la sociedad tendrían menos oportunidades de desarrollo socioeconómico; segundo, porque las propias familias dejan de hablar su idioma originario, no porque carezcan de identidad o autoestima, sino porque la sociedad tiene una marcada discriminación social y racial, en algunos casos; y tercer factor por la imposición cultural expresa o tácita incluida en el sistema educativo regular.
Las autoridades del Ministerio de Educación desconocen el dinamismo de las culturas de los pueblos indígenas originarios que son distintas y responden a contextos históricos y sociales diferentes.
Por ejemplo, los caciques (autoridades indígenas) del pueblo Mosetén, sostienen que hace años solicitaron al Ministerio de Educación la asignación de un ítem para un “educador” con conocimientos en lecto-escritura del idioma originario Mosetén.
Las respuestas fueron negativas y, en lugar de responder de acuerdo a los contextos sociales diferentes del pueblo indígena, exigieron cumplir con ritualismos formales exquisitos para dotar el ítem requerido.
“Aquí tenemos personas que hablan, leen y escriben el idioma Mosetén, pero no tienen título expedido por una normal de educación superior que es requisito indispensable para el Ministerio de Educación”, refiere el excacique de la OPIM, Tomas Chacón, quien lamenta que esa diferencia cultural impida tener una respuesta positiva acorde a los desafíos de vida y social diferentes.
La diferencia cultural de un pueblo indígena, que no es superior ni inferior, exige un principio de relacionamiento y un principio de convivencia; esa es la interculturalidad.
Las normas jurídicas sobre idiomas originarios
La Constitución Política del Estado en su artículo 5 reconoce como idiomas oficiales a 36 lenguas originarias que identifican a un número similar de naciones y pueblos indígenas originarios campesinos.
En este conglomerado se incluye a los idiomas aymara y quecha, mas no menciona la existencia de las naciones originarias (suyus) de tierras altas. Asimismo, el numeral 9 del parágrafo II del artículo 30 del texto Constitucional, establece que los idiomas de los pueblos indígenas deben ser valorados, respetados y promocionados.
En esa misma línea, el numeral 7, del artículo 234 de la misma norma, señala que para acceder al desempeño de funciones públicas se requiere hablar al menos dos idiomas oficiales del país; es decir, hablar un idioma originario de manera obligatoria.
Por otra parte, el artículo 7, de la Ley Nº 269, de 2 de agosto de 2012, Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas, declara Patrimonio Oral, Intangible, Histórico y Cultural del Estado Plurinacional de Bolivia, a todos los idiomas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.
Declaración ONU sobre el idioma nativo
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ratificada por Ley 3760 el año 2007, en su artículo 13:
En concordancia con la Declaración ONU, el Convenio 169 de la OIT ratificada por Bolivia mediante Ley 1257 del año 1991, en su artículo 5 señala que deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos.
Sentencias de la CIDH sobre el uso propio del idioma nativo
La Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso “Pueblo Maya Vs. Guatemala”, establece que el Estado (Guatemala) debe garantizar el acceso a la justicia facilitándoles intérpretes u otros medios eficaces para tal fin.
En el caso “Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala”, la Corte IDH estimó que el Estado (Guatemala) debía traducir al idioma Maya Achí la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como la Sentencias de fondo y reparaciones dictadas por el Tribunal. El presente caso hace referencia a la difusión en idioma indígena; el idioma Maya Achi.
También podemos referirnos al caso “López Álvarez Vs. Honduras”, en el que la Corte IDH, sobre Reparaciones y Costas, considera que uno de los pilares de la libertad de expresión es precisamente el derecho a hablar, y que éste implica necesariamente el derecho de las personas a utilizar el idioma de su elección en la expresión de su pensamiento. La expresión y la difusión de pensamientos e ideas son indivisibles, de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente.
De todo lo anotado, podemos concluir que las implementaciones de las políticas públicas deben ser interpretadas de manera intercultural para evitar que, por ejemplo, en un centro médico de salud del área rural, los pacientes hablen quechua, mientras que los médicos y las enfermeras no hablen y menos entiendan ese idioma.
Este hecho motiva que una porción de la población que no entiende el castellano, deje de asistir al centro de salud público porque se siente discriminada por el tema lingüístico.
Estos hechos no son especulaciones, son testimonios de la vivencia propia de la población indígena originaria que sienten la discriminación lingüística. Sí hay un impacto real en los derechos sociales cuando falta la interculturalidad. Y entonces, hay un gran problema cuando un funcionario público dice: “bueno no importa, porque al final me entienden el castellano”. Lo que están diciendo en el fondo es que el Estado está siendo excluyente, porque un buen porcentaje de la población monolingüista sigue quedando fuera del “beneficio” de los servicios públicos.
La falta de atención en muchos casos se debe al problema comunicacional, cuya limitación la tiene el Estado. Entonces sale la pregunta: ¿qué se hace en la gestión pública?, ¿qué se construyen o qué lineamientos se forjan para que estos ejes pueden ser eficaces?
Lo cierto y evidente es que estamos atrapados en un condicionamiento ideológico histórico de un Estado céntrico, que se asemeja a una religión invisible, donde el Estado es el gran dios todopoderoso, omnisapiente, omnisciente y la panacea para curar todos los males, olvidándose de la libre determinación de los pueblos indígenas originarios.
Nuestro modelo ideológico de interculturalidad, es una interculturalidad Estado céntrica, debido a que se le confía al Estado todo lo que hay que hacer para llevar servicios públicos a los pueblos indígenas originarios, a las comunidades que son culturalmente diversas, y que se constituyen en la brecha social.
El desafío es superar ésta ideología, ésta idolatría al Estado y confiar más en las capacidades y potencialidades de las propias comunidades. Es cierto que el Estado no debe desentenderse de su labor, de expandir la oferta y la cobertura de servicios públicos de salud, de educación, de justicia, de infraestructura, entre otros.
Mientras llega el Estado para el fortalecimiento de las comunidades, al mismo tiempo el Estado debe apoyar técnica, jurídica, financiera y logísticamente para que los propios pueblos y sus comunidades gestionen sus propios sistemas de salud, de educación, de Justicia e infraestructura, aunque se considere una idea demasiada arriesgada en un país en el que hay una tremenda desconfianza hacia lo que los propios pueblos indígenas originarios puedan hacer; pero hay que confiar en la propia sociedad.
La fuerza social de los mismos pueblos indígenas originarios debe permitir desarrollar acciones simultaneas para instalar y fortalecer sus propios sistemas con el apoyo gubernamental y, de esa manera, las comunidades apliquen una gestión pública intercultural que fortalezca la autonomía y el empoderamiento de las colectividades culturales en el país.
Teniendo a comunidades que estén bien organizadas socialmente, y con apoyo gubernamental, les permitirá satisfacer sus propias necesidades, y no sólo esperar a que el Estado cubra todos los flancos.
En síntesis, si desaparecen las lenguas nativas, desaparecerán las memorias y cultura de los pueblos. Consideramos que el derecho de los pueblos indígenas originario a hablar sus lenguas es fundamental para su libertad de pensamiento, opinión y expresión; además se deben incorporar sus saberes, su cultura y lengua en los currículos regionalizados y diversificados del sistema educativo intercultural.
*Mario Laura es técnico de la PBFCC
Por: PBFCC
Lideresas indígenas de tierras bajas de Bolivia y miembros de la cooperación del Ayuntamiento de Córdova (España), que trabaja con Enraíza Derechos, sostuvieron un encuentro en el cual las mujeres indígenas hicieron conocer el trabajo que realizan en sus territorios para alcanzar la igualdad, buscar un futuro mejor para sus hijos y defender sus territorios frente a amenazas como la crisis climática y el extractivismo.
Durante el encuentro, realizado el 13 de septiembre en la ciudad de Santa Cruz, las lideresas de comunidades indígenas de la Chiquitanía y del Beni hablaron de los problemas que enfrentan para ejercer sus derechos y liderazgo, de su lucha para que se respeten sus territorios y para dotar de mejores oportunidades para que sus hijos puedan estudiar y trabajar; así también de cómo enfrentan la crisis climática que les afecta, por ejemplo, en la Chiquitania donde predomina la sequía y ahora los incendios amenazan sus territorios.
Tras escucharlas, Isabel Albás Vives, primera teniente Alcalde del ayuntamiento de Córdova, España, dijo que es destacable conocer el trabajo que realizan las mujeres indígenas, de lo cual tiene mucho que aprender sobre todo de cómo poner en valor a la familia y a los hijos.
“Es importante que trabajen esos proyectos que son necesarios para tener una vida mejor. Pero también es importante no perder la ilusión y las ganas. Porque si a nuestros hijos les contagiamos esa ilusión, siempre podrán llegar a encontrar un puesto de trabajo. Pero si no tienen ilusión y ganas será difícil mejorar la situación”, manifestó Albás.
La representante del ayuntamiento de Córdova también resaltó la importancia de ser “capaces de mirar otros lugares y ver cómo han evolucionado y poder copiarlo para llegar” antes a las metas.
Albás recomendó a las lideresas trabajar en equipo y de la mano de los hombres para conseguir la igualdad. “La igualdad es un trabajo de hombres y mujeres”, puntualizó.
La delegación de los cooperantes estaba conformada, además de Albás, por Mar García de Soria, funcionaria Jefatura del Departamento de Cooperación y Solidaridad; Emilio Rabasco, director del Fondo Andaluz del Municipio para la Solidaridad Internacional (FAMSI) y Lola Gonzales, miembro del equipo técnico de FAMSI.
A su turno, Mar García de Soria dijo que: “Escuchar su problemática y cómo luchan porque haya un mundo mejor, por defender su tierra no se queme y, sobre todo, para que sus hijos, las siguientes generaciones, tengan un sitio amable donde vivir, eso no tiene precio”.
Tras dar la bienvenida a los visitantes, la presidenta de la Confederación de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB), Wilma Mendoza, explicó que tienen la misión de fortalecer el ejercicio de los derechos colectivos e individuales de las mujeres indígenas de las 32 nacionalidades que habitan las tierras bajas de Bolivia.
“Ya lo dijeron las compañeras, en las comunidades las mujeres somos discriminadas por los varones. Pero venimos ejerciendo un derecho de participación, por eso estamos acá, como lideresas”, expresó Mendoza.
La lideresa de las mujeres indígenas hizo conocer a los visitantes que ellas conocen la importancia que tiene conservar su territorio y están preocupadas porque han sufrido muchas divisiones por intereses que tienen ver con el modelo desarrollo extractivo, como lo es – por ejemplo- la minería que está dañando dentro sus territorios.
Hizo conocer que otro de los problemas que enfrentan es el desmonte que, sobre todo, realizan los interculturales y los empresarios que tienen licencia para deforestar y que todo el impacto de esa deforestación afecta solamente a sus comunidades.
Otro de los problemas que mencionaron las indígenas fue el tema de la sequía que afecta principalmente a las comunidades de la Chiquitania y el Chaco, donde han iniciado la producción de hortalizas y han plantado cítricos pero que por falta de agua se han secado.
“Hay bastante cantidad de producción de cítricos, pero está seco porque no hay agua, sin embargo, los empresarios y los interculturales que tienen toda la maquinaria pueden llevarse toda el agua y pueden estar regando tranquilos; mientras nosotros (los indígenas) estamos sufriendo ese impacto (la falta de agua)”, lamentó Wilma Mendoza.
Frente a esos problemas y a las limitaciones económicas, las lideresas manifestaron que están saliendo adelante con el empoderamiento; primero, al conocer sus derechos individuales y colectivos y, segundo, ejerciendo sus derechos dentro y fuera de sus territorios.
El Ayuntamiento de Córdova (España), a través de Enraíza Derechos, apoya a la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC) en la ejecución de un proyecto orientado a fortalecer el ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas de Bolivia, quienes han sentido que la desigualdad de género se ha agravado por la pandemia del COVID19.
Frente a los obstáculos de participación política y las dificultades que enfrentan las mujeres para expresar sus propuestas para las políticas locales, departamentales y nacionales, el proyecto fortalecerá sus organizaciones en distintos niveles territoriales para no quedar relegadas de los procesos de reconstrucción post-pandemia, señala Enraíza Derechos, socia de la PBFCC en este proyecto.
Por PBFCC
Tras varios meses de trabajo, el pueblo indígena Mosetén aprobó actualización y construcción del Estatuto y Reglamento Interno, el 20 de agosto, durante la realización del congreso de la OPIM-OMIM en el que participaron delegados de las comunidades, entre varones, mujeres, jóvenes y adultos mayores, quienes reflexionaron y enriquecieron de manera participativa el documento previamente.
Desde el mes de marzo del presente año la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC) acompaña el proceso conjunto de fortalecimiento orgánico a la OPIM-OMIM, desarrollando encuentros participativos para actualizar el contenido del Estatuto Orgánico y Reglamento Interno, aprobado el año 2016, pero que carecía de aspectos inherentes al respeto y garantía prevista en la Constitución.
Con el apoyo del abogado Mario Laura, técnico de la PBFCC, se llevaron a cabo talleres de información y socialización sobre los derechos individuales y colectivos favorables a los pueblos indígenas y sobre los alcances de la jurisdicción indígena originaria campesina.
Así, las comunarias y comunarios fueron conociendo el espíritu del documento base estatutario de la OPIM, empoderándose que se trata de una norma jurídica interna que regulará la vida institucional y el comportamiento de los habitantes al interior de la TCO Mosetén, incluido los terceros o externos.
Luego de varias visitas a las comunidades, en el mes de julio se presentó un documento borrador de propuesta de actualización del Estatuto y Reglamento Interno de la OPIM, mismo que fue socializado en cada una de las comunidades que compone la organización del pueblo Mosetén.
Luego de un amplio debate participativo y orgánico que se llevó a cabo en las comunidades, los Caciques fueron los encargados de llevar al Congreso Ordinario de la OPIM-OMIM las sugerencias y/o modificaciones al documento base del Estatuto y Reglamento Interno.
En plenaria Mario Laura explicó los alcances y los contenidos mínimos que debían ser actualizados en el Estatuto Orgánico y Reglamento Interno, en el marco del nuevo diseño del Estado Plurinacional de Bolivia y de acuerdo al mandato constitucional acorde a los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos favorables a los pueblos indígenas.
Los ajustes y correcciones sugeridos por los representantes de las comunidades de la OPIM-OMIM fueron incluidos en el Estatuto y Reglamento Interno, que tras la lectura en grande y detalle, fue aprobado como un documento jurídico, orgánico, administrativo, económico, cultural y social.
El Estatuto destaca que, por su naturaleza, la OPIM es una persona colectiva de derecho privado, con estructura indígena y sin fines de lucro, cuya función principal es defender los derechos individuales y colectivos, fortaleciendo su efectiva incorporación y participación en las decisiones políticas, sociales, económicas y culturales del Estado Plurinacional de Bolivia, como en los procesos de desarrollo local, regional y nacional.
El Estatuto Orgánico y Reglamente Interno establece que la organización del Pueblo Indígena Mosetén, en el marco de sus normas y procedimientos propios, se constituye en la máxima instancia de representación del Pueblo Indígena Mosetén, con vocación productiva y cultural enmarcada en la Constitución Política del Estado y las normas legales en vigencia.
La actualización del Estatuto Orgánico y Reglamento Interno de la OPIM se sustenta en la Constitución Política del Estado; la Declaración Universal de los Derechos Humanos; Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas, ratificada por Ley 3760 de 7 de diciembre del 2007; el Convenio 169 de la OIT de 7 de junio de 1989, ratificado por Ley 1257 de 11 de julio de 1991; el Convenio 169 ratificado por la ley 1257; la sentencias constitucionales; sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); Convención Americana de los Derechos Humanos y los tratados internacionales ratificados por Bolivia favorables a los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Cabe recordar que la TCO Mosetén, hoy TIOC en la nueva estructura territorial definida en la Constitución Política del Estado, cuenta con un territorio ancestralmente consolidado que va desde Alto Beni, provincia sud Yungas del departamento de La Paz, hasta la provincia de Ayopaya del departamento de Cochabamba, aglutinando a 15 comunidades cuya tradición productiva agroecológica les permite convivir en armonía con la naturaleza y cuidando la Madre Tierra.
La historia cuenta que el Pueblo Indígena Mosetén en el año 1804 ya tenía sus primeros habitantes llegando a consolidar su población en tres comunidades el año 1815. Posterior al nacimiento de la república el año 1962 llegan los denominados colonizadores, hoy conocidos como interculturales, pretendiendo colonizar las comunidades mosetenes.
Sin embargo, por el extenso territorio se decidió dotar tierras (lotes) a terceros para que coadyuven y fortalezcan la producción orgánica y agroecológica, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Actualmente, los interculturales desarrollan sus actividades dentro de la TCO Mosetén, porque fueron parte del proceso de saneamiento comunitario en calidad de terceros.
Durante la plenaria cada uno de los caciques (autoridad máxima de la comunidad) hicieron uso de la palabra y, en cada una de sus intervenciones, rechazaron de manera enfática las actividades mineras al interior de la TCO Mosetén, debido a la vocación productiva agroecológica que caracteriza a todo el territorio. Asimismo, recordaron que existe una Ley Municipal que prohíbe todo tipo de actividad extractiva, principalmente minería, en el municipio de Palos Blancos y en las comunidades productoras de cítricos y hortalizas.
Actualmente, se desarrollan actividades productivas características de la región, como el agrícola con una variedad de especies como: cacao, banano, cítricos, plátano, café, arroz, yuca entre otros. En la actividad forestal existe el manejo y aprovechamiento del bosque de manera sustentable, debido a que los habitantes desarrollan prácticas agroforestales y armónicos en la región. En lo pecuario existe ganado bovino que tiende a crecer en el futuro como una alternativa ante los efectos de la crisis climática y ante amenazas de avasallamientos por actividades extractivas.
Por: PBFCC
4 de agosto, 2022.- El X Foro Social Panamazónico (FOSPA), realizado en Belém do Pará (Brasil) entre el 28 y 31 de julio, presentó la DECLARACIÓN PANAMAZÓNICA DE BELÉM, documento en el cual los participantes exponen en siete puntos los problemas que enfrentan la Amazonía y sus habitantes, principalmente frente al extractivismo y la crisis climática.
“Declarar Estado de Emergencia Climática en la Panamazonía y su cumplimiento permanente para permitir su restauración activa y la protección de su biodiversidad en coordinación con los pueblos amazónicos y avanzar hacia un nuevo paradigma de relacionamiento con la naturaleza”, señala la primera de las 13 acciones planteadas en la Declaración Panamazónica de Belém.
Walter Limache, coordinador Nacional del Programa NINA, explicó que con la declaración de emergencia se busca llamar la atención de los gobiernos de los países amazónicos sobre el peligro en que se encuentra la Amazonía. “Es un llamado a que los gobiernos reflexionen sobre el proceso de desarrollo que están impulsando para generar recursos económicos. Tienen que pensar en otras opciones porque está en juego la Amazonía no sólo para los pueblos de los países amazónicos sino para todo el mundo”, dijo Limache.
Los asistentes al X FOSPA -entre ellos indígenas, campesinos, activistas y organizaciones de la sociedad civil organizada de Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y Guayana Francesa- analizaron en diferentes eventos la problemática que enfrenta la Amazonía y sus habitantes ante las políticas extractivistas de los gobiernos.
Tras cuatro días de análisis y debates elaboraron un documento de conclusiones que contiene 35 puntos: los primeros siete puntos describen la situación actual de la Amazonía, en la segunda parte plantean una propuesta política de 15 puntos y en la tercera parte presentan 13 acciones para evitar el saqueo de los recursos de la Amazonía y los territorios indígenas por parte de los Estados, así como la vulneración de los derechos humanos de los pueblos amazónicos.
“Hoy, la Amazonía está en su peor momento, devastada por gobiernos para quienes la naturaleza es una mercancía, y los derechos de los pueblos no tienen validez. Hasta hoy ningún gobierno ha garantizado el pleno ejercicio de los derechos de los pueblos amazónicos por la defensa de la madre naturaleza”, señala el punto 2 del documento “Declaración Panamazónica de Belém”. Por tal razón, hacen un llamado a los movimientos sociales a aprender de los errores y seguir luchando.
Una de las demandas de los participantes del X FOSPA plantea que los gobiernos implementen medidas contra la crisis climática y los derechos de la Madre Tierra frenando la deforestación, principalmente. Además, exigen que los gobiernos de los países de la Amazonía cumplan los compromisos asumidos en el plano internacional en el marco del problema del cambio climático.
Por su parte, Juan Carlos Alarcón, Secretario Técnico de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC), señaló que es necesario que los gobiernos reconozcan la situación de emergencia y crisis que se vive en la Amazonía. “Se tiene restaurar la Amazonía, para eso necesitamos políticas públicas específicas y recursos económicos para las acciones de recuperación”, expresó Alarcón.
En el caso de Bolivia, el Secretario Técnico de la PBFCC puntualizó que se tiene que parar la deforestación, generar la recuperación de los bosques y fortalecer la agricultura familiar. “Pero sin la gestión de bosques que hacen los indígenas no será posible recuperar la Amazonía”, enfatizó.
Por otra parte, exigen que se respete los derechos de los pueblos indígenas y que se aplique la consulta libre e informada. “Rechazamos las políticas públicas extractivistas de los gobiernos que atentan contra la vida y la naturaleza. Exigimos que se firme, ratifique, respete e implemente el derecho a la consulta libre, previa e informada, que incluye el derecho de veto por objeción de conciencia cultural en el marco de la libre determinación de los pueblos y demandamos mantener los hidrocarburos en el subsuelo y una Amazonía libre de minería”, describe el documento.
Wilma Mendoza, presidente de la CNAMIB, lee la Declaración del X FOSPA.
La delegación boliviana que participó en el X FOSPA en Belém estuvo conformada por más de 40 personas en representación de organizaciones indígenas y campesinas de la Amazonía Norte y Amazonía Sur, y organizaciones de la sociedad civil: la PBFCC (Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático), CIPCA, CENDA, Programa NINA, Fundación Solón, WWF Bolivia, Fundación Jubileo, REPAM Bolivia, IPDRS, CNAMIB (Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia), We Effec, Red UNITAS, AJORA y PROCESO, entre otras.
Descargue el documento en español aquí
Por: Marcos Nordgren
23 de junio de 2021.- El llamado de nuestro vicepresidente a las poblaciones del mundo para unirse en la demanda de una solución real a la crisis climática, dirigida a las principales naciones desarrolladas, es correcto y tiene, sin dudas, argumentos muy válidos, especialmente en el actual estado de las negociaciones de cambio climático internacionales.
La crisis climática representa una gravísima amenaza para las sociedades humanas, y en lo inmediato es especialmente urgente para las naciones y pueblos menos preparados para lidiar con situaciones de extremos climáticos como incendios forestales, olas de calor, huracanes, sequías, heladas, inundaciones, plagas agrícolas u otras consecuencias de las alteraciones climáticas que ya están ocurriendo hoy.
Los países menos desarrollados, y las amplias poblaciones marginales alrededor del mundo, entre ellas la población boliviana, están hoy ya sufriendo incontables golpes y, como un ejemplo de estos impactos, se calcula que desde 2010, cada año, unas 22 millones de personas en todo el planeta se ven forzadas a escapar de sus hogares debido a desastres climáticos.
Esto significa que una población comparable a la del doble de toda Bolivia lo pierde todo o casi todo, cada año, y debe intentar volver a comenzar, frecuentemente en otra tierra.
De hecho, los costos actuales de los desastres climáticos sobre poblaciones, infraestructuras o cultivos son tan grandes para tantos que, en las negociaciones internacionales sobre cambio climático, se ha incluido en últimos años un punto más en las discusiones: Los daños y pérdidas causados hoy por los más frecuentes e intensos desastres climáticos. Y las proyecciones para las siguientes décadas son aún peores.
Si las millonarias pérdidas económicas y humanas producidas por este escenario -de mega incendios en tierras bajas, desaparición de glaciares y desabastecimiento de agua en tierras altas- ya lo vivimos con apenas 1 °C (grado centígrado) de calentamiento en la última década, el escenario de 3 °C o más, al que nos dirigimos ahora mismo, es literalmente una antesala al infierno que tenemos que evitar a todo costo.
Sin embargo, los principales causantes históricos del momento de incertidumbre climática, las naciones desarrolladas, han demostrado una asombrosa incapacidad, o falta de voluntad de reconocer la real magnitud del problema y menos aún de remediarlo de manera decidida, en concordancia con sus responsabilidades establecidas ya en acuerdos internacionales vigentes .
En vez de esto, muchos de los gobiernos del norte global han dedicado sus esfuerzos más importantes a mantener activo un juego de dilación y burocracia tecnocrática en las negociaciones, que no tiene la intención de asumir su responsabilidad, sino posponerla todo lo que sea posible, probablemente hasta que no quede mucho por ser remediado, en un mundo sumido en una seguidilla interminable de desastres climáticos y todos los conflictos humanos que de ese suelo infértil nacerán.
En la realidad, las negociaciones climáticas, donde se han puesto las esperanzas conjuntas, se han convertido en una difícil enmaraña de comités, grupos de expertos, equipos de trabajo, plataformas, fondos y toda la fauna y flora existente en la institucionalidad formal de los organismos internacionales, donde se discuten interminables reglamentos, metodologías, o compromisos voluntarios, sin miras concretas de una solución estructural al gran conflicto central: ¿Cómo se resolverá la crisis climática y que parte específica le toca hacer a cada país?
Naturalmente la negociación de un tema tan complejo y existencial no puede ser fácil, pero si reconocemos la estrecha ventana de tiempo que tenemos para resolver el dilema climático, este espíritu en las negociaciones internacionales no parece el camino correcto.
El vicepresidente David Choquehuanca tiene razón en eso. El proceso adolece de falta de liderazgo de quienes naturalmente deberían asumirlo y eso es una realidad ya indiscutible a estas alturas, después de 30 años de debate multilateral, en gran medida infructuoso.
Sin embargo, esa misma urgencia -en la que coincidimos con el vicepresidente Choquehuanca y que como también señalábamos es especialmente inmediata para nuestro país- debe servir como un argumento para exigir una política climática nacional proactiva y autogestionada, sin esperar la buena voluntad y liderazgo de los países del norte.
Ante un escenario de peligro existencial los siguientes años para la propia sociedad boliviana, necesitamos tomar la iniciativa en nuestras manos para resolver las principales vulnerabilidades nacionales y emprender el gran desafío de diseñar participativamente una renovada formula de desarrollo nacional compatible con un mundo y clima más inestable y peligroso para la población rural y urbana boliviana.
En esta dirección sostenemos que es imprescindible que nuestro vicepresidente, además de denunciar la profundidad de la crisis climática en sus discursos, gestione ante la Asamblea Plurinacional y autoridades competentes una declaración de emergencia climática nacional capaz de movilizar al Estado y a la sociedad civil en defensa del bien común y la seguridad nacional.
El oportuno reconocimiento de esta crisis climática y ambiental por parte del vicepresidente Choquehuanca, durante su conferencia de prensa, es precisamente el argumento más sólido para afirmar que el Estado boliviano ya no puede seguir abordando la crisis múltiple actual con políticas demasiado pequeñas y des conexas para enfrentar una crisis civilizatoria de esta escala.
La crisis climática está acelerando su paso cada día, amenazando la vida de la población, y no podemos solamente esperar milagrosamente que agentes externos resuelvan lo que los y las bolivianas debemos solucionar en nuestro territorio: el diseño de una genuina estrategia nacional frente a la gran Crisis Climática.
La indiscutible responsabilidad principal de los países desarrollados ante el problema, no cambia el hecho de que tenemos que acelerar la transformación de nuestras sociedades para responder a los nuevos peligros traídos por el cambio climático y diseñar, en el proceso, nuevos caminos para un desarrollo justo, sostenible y en armonía con la Madre Tierra. Ese reencuentro con la naturaleza no nos lo entregará el primer mundo, ese deberemos construirlo las bolivianas y bolivianos, con todos los recursos con los que podamos contar y gestionar.
Afortunadamente ni este ni futuros gobiernos bolivianos están solos en la conducción del país, y en la realidad existe una amplia base de propuestas políticas, económicas y socioambientales que han sido desarrolladas durante décadas por organizaciones, instituciones y líderes hombres y mujeres de la sociedad civil más amplia, muchas de las cuales serán una muy buena base para el diseño de una respuesta a la crisis climática.
Esta actitud más inclusiva por parte del gobierno debería ser una excelente forma de iniciar un verdadero diálogo nacional sobre este nuevo desafío a la sociedad boliviana y, simultáneamente, una oportunidad de involucrar a una buena parte de la población, para quienes la crisis climática representa ya la problemática individual que definirá el devenir y rumbo de sus sueños y oportunidades.
Con este sentido y expresando la necesidad de dar cauce a un genuino diálogo nacional sobre problemática de la crisis climática, este 2021 la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático ha presentado Propuestas para una Nueva y Urgente Política Climática Boliviana y al mismo tiempo ha lanzado la campaña en apoyo a la “Agricultura Familiar por un Futuro Sostenible”.
Esta campaña, sin redescubrir la pólvora, busca reiterar y ampliar los argumentos para un giro sustantivo en la política agrícola nacional hacia un enfoque que genuinamente ponga de prioridad los intereses comunes bolivianos en el mediano y largo plazo y se dedique al fortalecimiento de un sector de la economía que alimenta y da empleo a una mayora de la población nacional, pero que además ha demostrado ser estratégico para frenar efectivamente el deterioro de los ecosistemas que todavía garantizan cierta estabilidad climática regional en el país y, más importante aún, que contiene las semillas de un futuro económico más próspero y justo para todas y todos.
El desarrollo de políticas de fortalecimiento estructural dirigidas a la diversa agricultura familiar en Bolivia, sostenemos junto a muchos otros, es la oportunidad de reactivar la economía nacional con dirección hacia un modelo de desarrollo capaz de responder a los múltiples desafíos impuestos por las crisis climática, sanitaria y económica.
Con el objetivo puesto en el aprovechamiento equilibrado de los recursos naturales y la rica herencia de cultura agrícola ancestral que tiene el país, bajo las condiciones de fortalecimiento necesarias, la agricultura familiar boliviana será capaz de producir sosteniblemente los diversos campos y laderas del territorio nacional, e incluso de gestionar los ricos y vastos bosques tropicales del país.
La recolección de frutos y alimentos silvestres, fibras o materiales naturales y plantas medicinales además de otras actividades económicas -basadas en la biodiversidad ya desarrolladas por pueblos indígenas y otros- actualmente pueden convertirse en fines y medios para la conservación y ampliación de los bosques nacionales y constituir otro buen argumento para la gestión de financiamiento climático bilateral o multilateral, que además cumpla con la oportuna advertencia boliviana de no mercantilizar la naturaleza, ni caer en el espejismo de las falsas soluciones a la crisis climática.
Como parte central de estas acciones de fortalecimiento a la agricultura familiar, frecuentemente de base indígena en el contexto nacional, se deben incluir políticas sectoriales para asegurar el acceso sostenible a agua, energía y facilidades tecnológicas suficientes para esta parte de la población, las cuales configurarán por sí mismas un país diferente y en mejores condiciones de afrontar la crisis climática.
En el presente momento de conjunción de múltiples crisis, la política climática boliviana requiere urgentemente una reformulación y diseño participativo que la despierte de su aletargamiento nacional.
La crisis civilizatoria del cambio climático ha llegado y nuestro papel como sociedad civil movilizada es proponer posibles caminos hacia adelante y simultáneamente, hacerles recuerdo a nuestras autoridades que su papel no se limita a exigir justicia a los responsables de la crisis climática, si no que principalmente incluye identificar e implementar las soluciones materiales y organizativas disponibles nacionalmente e involucrar a una sociedad civil que tiene mucho que perder y que obligadamente tendrá que formar parte de las soluciones en este momento que de otra manera, será severamente juzgado por las generaciones venideras.
*Técnico de la PBFCC
Foto de portada: Pedro Laguna
Por Cejis
5 de abril de 2021.- Más de 40 hombres y mujeres entre jóvenes y dirigentes indígenas de la Amazonia Sur del Beni y de la Chiquitania de Santa Cruz coincidieron en señalar que la formación de nuevos líderes en el movimiento indígena es uno de los principales retos que enfrentan los pueblos de tierras bajas, trabajo que deben retomar como miembros y líderes de las organizaciones en estas regiones.
Las y los participantes de los territorios indígenas Multiétnico – 1 (TIM I), Mojeño Ignaciano (TIMI), Movima (Beni), Monte Verde y Lomerío (Santa Cruz), se reunieron el 30 y 31 de marzo en San Ignacio de Moxos para analizar las presiones que existen sobre los territorios indígenas, las visiones de desarrollo, el estado de situación de sus organizaciones y del movimiento indígena de las tierras bajas y los retos que tienen para contar con una mayor participación en sus instancias orgánicas.
“El reto de los jóvenes es formar parte de las organizaciones en cada comunidad y poder enriquecer todo lo que son sus derechos. Hay jóvenes que se están pronunciando (…) eso antes no era así y ese es nuestro reto: poder formarnos en los cargos en cada comunidad y poder luchar por nuestros derechos como pueblos indígenas de cada territorio”, indicó Milton Matareco Surete, joven indígena habitante del TIMI quien además ejerce el cargo de primer cacique en la comunidad San José del Algodonal y es secretario de salud de la organización de jóvenes de su territorio.
En la misma línea, Yolanda Maza, también del TIMI, indicó que el trabajo que se debe desarrollar en las comunidades es el incentivo a la formación político orgánica de las y los jóvenes, que complemente la formación académica que adquieren en la escuela o la universidad.
“Se debe incentivar a los demás jóvenes a que aprendan y lleven adelante a nuestras comunidades; y los jóvenes que están saliendo bachilleres y de la universidad deben volver a sus comunidades a ayudarlas y enseñar lo que han aprendido y así ayuden a la formación”, expresó la líder indígena.
Durante el encuentro, las y los jóvenes intercambiaron su experiencia en el liderazgo que ejercen en sus territorios y los retos que se presentan para ellas y ellos. Para Yolanda Maza muchos de los retos de las y los nuevos líderes son similares, tanto en regiones de Beni y Santa Cruz.
Muchos apuntaron a la necesidad de retomar los principios de las luchas indígenas que fueron abandonados o reemplazados en los últimos años; también coincidieron en generar mayores espacios de participación de las y los jóvenes y mujeres en las organizaciones indígenas a nivel comunal, y que estos respondan y se comprometan con sus organizaciones y sus luchas.
Además de ello, otras conclusiones fueron que: las dirigencias indígenas, así como las y los jóvenes líderes actuales, deben animar en las comunidades a que la juventud descubra su vocación de liderazgo y se animen a participar de la vida orgánica; se debe velar para que los intereses propios de una persona no se impongan a la voluntad colectiva o a los estatutos y reglamentos orgánicos; y plantearon el reto de la reconstrucción de la unidad del movimiento indígena desde las bases.
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El grupo de lideresas indígenas de la CNAMIB reunidas con los visitantes del Ayuntamiento de Córdova y el director de la PBFCC en Santa Cruz.