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FOSPA: Indígenas y campesinos de la Amazonía boliviana demandan acciones frente a los impactos de la minería del oro

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En el Marco del Foro Social Panamazónico Bolivia 2024, representantes indígenas y campesinos, hombres, mujeres y jóvenes provenientes de la Amazonía de Pando, La Paz, Beni, Cochabamba, y pueblos originarios de Oruro, e instituciones gubernamentales del nivel nacional, departamental y municipal, se reunieron para analizar la forma de resistir colectivamente el avance del extractivismo, denunciar los impactos de la minería del oro y plantear acciones urgentes frente a la problemática.

El encuentro denominado “Diálogo multiactor sobre minería” se desarrolló durante dos días, el 31 mayo y 1 junio 2023, en el municipio de San Buenaventura, con la asistencia de más de 60 personas, quienes hicieron conocer los problemas ambientales y sociales que atraviesan sus regiones debido a la expansión de la minería del oro a la Amazonía.

Una de las mayores críticas fue al Estado porque no cumple con su rol de controlar y hacer cumplir la normativa legal en materia ambiental y permite la actividad minera ilegal que está contaminando sus aguas y sus tierras y, peor aún, afectando la salud principalmente de indígenas y campesinos.

Tras los dos días del encuentro, los asistentes emitieron un pronunciamiento que en cinco puntos describe el impacto de la minería en las comunidades indígenas y campesinas, la vulneración de derechos y presiones, la demanda de regulaciones contundentes y presencia del Estado para hacer cumplir las normas legales.

Puntos del pronunciamiento:

  1. La expansión desmedida de la industria minera ha generado una crisis ambiental y social sin precedentes, amenazando la calidad de vida y la sostenibilidad de los pueblos y territorios. Denunciamos enérgicamente la grave problemática de la contaminación minera y sus impactos devastadores en los territorios, suelos productivos, fuentes de agua, ríos, lagos y la salud de los Pueblos Indígenas.
  2. Las comunidades indígenas, originarias y campesinas son víctimas directas de los efectos de la contaminación minera, que se extiende de forma silenciosa. La acumulación y contaminación por el uso de sustancias químicas tóxicas, el mercurio y otros metales, es una situación que despierta la preocupación de las comunidades indígenas, originarias y campesinas, que no están siendo atendidas por el Estado.
  3. La consolidación y delimitación de los territorios ya no es una garantía para los pueblos, que sufren constantemente de presiones y avasallamientos por parte de diferentes actores que explotan y extraen los recursos naturales, impulsados por la sed del oro. La explotación minera se realiza con violencia y promueve el despojo a través del extractivismo del oro.
  4. Es imperativo establecer regulaciones más estrictas que promuevan un alejamiento progresivo de la salvaje minería del oro. Es necesario consolidar y fortalecer la minería responsable y sostenible que busque disminuir los impactos. Se debe garantizar la realización de Estudios de evaluación de impacto ambiental que sean rigurosos, transparentes e independientes, para implementar mecanismos de fiscalización y sanción efectivos para las actividades obras o proyectos de operadores mineros. Llamamos a garantizar el respeto de las normas ambientales, considerando los procesos de participación de las comunidades indígenas, originarias y campesinas, respetando sus usos, costumbres y procedimientos propios.
  5. La consulta libre, previa e informada para el consentimiento de los pueblos indígenas debe tener un carácter vinculante. Se debe evitar toda forma de presión que pueda afectar la autodeterminación de los pueblos; formas que puedan promover y afectar el consentimiento a través de condiciones o prebendas. Los supuestos beneficios que se dan a cambio del consentimiento de los pueblos no son proporcionales a los impactos culturales, sociales y medioambientales que ejerce la minería.

Debate y testimonios de la depredación

Durante la primera jornada, 31 de mayo, también se desarrollaron dos presentaciones sobre la problemática que estuvo a cargo de dos investigadores, Héctor Córdova de la Fundación Jubileo y Alfredo Zaconeta del CEDLA, quienes corroboraron con datos las denuncias realizadas por indígenas y campesinos sobre los impactos de la minería del oro en la Amazonía.

«El 85% de las cooperativas no tienen licencia ambiental y el gobierno autoriza que operen de esa manera, por tanto, es responsable y cómplice de un delito», manifestó Héctor Córdova, investigador de la Fundación Jubileo.

Para Córdova, parte de la solución al problema es que el Estado cree fuentes de empleo sostenibles para quienes ahora están en las cooperativas mineras y que se implementen plantas procesadoras de minerales.

Por su parte, Alfredo Zaconeta, investigador del CEDLA, mostró las cifras del aporte del sector cooperativista aurífero, que actualmente ejerce un monopolio al extraer el 99% del oro. “En 2022, Bolivia alcanzó su mayor producción histórica: 53,3 toneladas de oro, con un valor de 3.026 millones de dólares, pero apenas generó una regalía de 63,2 millones de dólares”, resaltó el investigador.

Zaconeta sugiere que se defina una legislación específica que norme la explotación del oro y el rol de su operación y se deje sacar normas paliativas como sucede ahora.

Por su parte, indígenas y campesinos reiteraron su preocupación por la inoperancia de los niveles del Estado y las instituciones que deben controlar la actividad minera y hacer cumplir las normas legales.

“Estamos preocupados porque hay poca presencia de la AJAM en el río Madre de Dios y por eso la actividad ilegal de la extracción del oro sigue y se está profundizando”, manifestó Néstor Omar Max, miembro del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi, Pando.

La directora de Gestión Integral de la Madre Tierra de la Gobernación de Pando, Homali Flores, afirmó que tienen limitaciones para realizar el control por la falta de información y de coordinación con otros niveles del Estado, además de la falta de recursos para realizar los análisis y evidenciar la contaminación.

“La contaminación no solo afecta al medio ambiente sino también a la salud de los indígenas. Debemos tener coordinación los tres niveles del Estado para dar solución a la problemática de la minería y sus afectaciones a nuestras regiones”, expresó la autoridad de Pando.

En una de sus intervenciones, Alex Villca, indígena Uchupiamona, lamentó la inacción del Estado en el control de la actividad minera, pero también dijo: «Los indígenas parece que estamos adormecidos, no hemos activado mecanismos legales para defender nuestros derechos. La sociedad civil ha interpuesto acciones legales mientras los indígenas estamos peleando, estamos divididos porque así nos quiere el gobierno».

Por su parte, pobladores de comunidades de Oruro afectadas por la minería asistieron al encuentro para dar testimonio del impacto que generó la minería en su región. Eloy Flores, miembro de la CORIDUP de Oruro, dijo que las organizaciones, las comunidades, no son enemigos de las empresas mineras ni de las cooperativas, pero quieren que ese sector “contaminan sus aguas, las devuelvan de manera que puedan consumirlas».

MESAS DE DIÁLOGO

El diálogo multiactor, en su segundo día, el 1 de junio, analizó el tema de la minería sus implicaciones y también propuso algunas alternativas para enfrentar sus impactos en el marco de cuatro mesas de trabajo:

– Mesa de diálogo 1: ROL DE LOS ACTORES EN LA ACTIVIDAD MINERA EN LA AMAZONÍA

Los roles que tienen los actores sociales como el Estado, Cooperativistas, las comunidades, pueblos indígenas y población en general para consensuar sobre los impactos de la actividad minera en la población, el territorio y el medio ambiente con el fin de buscar soluciones e identificar los principales problemas y obtener propuestas que beneficien a todos.

– Mesa de diálogo 2: REGULACIÓN NORMATIVA A LA ACTIVIDAD MINERA

Los roles que tienen los actores sociales como el Estado, cooperativistas, las comunidades, pueblos indígenas y población en general para buscar acuerdos con respecto al cumplimiento y obligaciones que regulen la normativa de la actividad minera con la finalidad de que sea amigable con el medioambiente, los derechos humanos colectivos y territoriales, para que se convierta en una actividad que contribuya al desarrollo efectivo de la región amazónica.

– Mesa de diálogo 3: RIQUEZA GENERADA Y CONTRIBUCIONES MONETARIAS AL ESTADO BOLIVIANO

Los roles que tienen los actores sociales como el Estado, cooperativistas, las comunidades, pueblos indígenas y población en general para conocer a dónde va la riqueza generada por la actividad minera, asimismo llegar a un acuerdo del destino de las regalías, la transparencia y los beneficios que dejan a las regiones.

– Mesa de diálogo 4: IMPACTOS DE LA MINERÍA EN LOS DERECHOS HUMANOS, TERRITORIALES Y AMBIENTALES

Los roles que tienen los actores sociales como el Estado, cooperativistas, las comunidades, pueblos indígenas y población en general para tomar medidas que garanticen el cuidado de la Amazonía y eviten alteraciones por la actividad minera en los ciclos de vida de los recursos hídricos, el despoblamiento, la migración forzosa, la contaminación, el daño a la salud y el avasallamiento a los territorios que están sufriendo las comunidades indígenas, entre otros.

CONCLUSIONES

Tras la elaboración de conclusiones en cada una de las cuatro mesas de diálogo, en una plenaria se aprobaron las se hizo conocer en una plenaria las conclusiones, tras una serie de intervenciones de los participantes se realizaron algunas puntualizaciones y se aprobó el texto del Pronunciamiento.

En las conclusiones se destacan los varios problemas asociados con la minería, como la contaminación ambiental, la destrucción del bosque, el divisionismo en las comunidades y la afectación a la salud. Lo cual es exacerbado por la falta de regulación efectiva y la corrupción; además del impacto que se agrava por la prostitución, la desintegración familiar y la división comunitaria.

– La minería puede ofrecer beneficios como empleo, ingresos económicos y desarrollo de infraestructura. Sin embargo, el costo social y ambiental no tiene relación con los beneficios económicos que derivan de esa actividad. Además, el aporte económico al Estado de la minería del oro es ínfimo.

– Entre otros problemas, identificaron a la falta de una consulta y participación de las comunidades en la planificación y decisión de proyectos mineros, la ineficiencia en la regulación y fiscalización de la actividad por parte del Estado, la corrupción y falta de transparencia en la gestión de los contratos y permisos mineros; y el predominio del interés económico sobre la protección ambiental y el bienestar de las comunidades locales.

– Una de las demandas es que las comunidades deben ser plenamente informadas y tener la oportunidad de dar su consentimiento o rechazar las propuestas mineras, es necesario contar con mecanismos efectivos de consulta previa libre e informada, que debe ser multisectorial; implementar regulaciones y fiscalizaciones más estrictas, para ello se tiene que fortalecer las leyes y regulaciones que rigen la actividad minera, y asegurarse de que estas se apliquen y se hagan cumplir de manera eficaz. Esto también incluye combatir la corrupción y garantizar la transparencia en la actividad minera.

– Es necesario promover y desarrollar alternativas económicas sostenibles que podría incluir la minería responsable u otras alternativas a la utilización del mercurio, el turismo sostenible, la agricultura orgánica y otros emprendimientos basados en la conservación del medio ambiente.

– Las comunidades indígenas y campesinas reclaman porque han sido marginados, en contradicción en la misma Constitución Política del Estado, como un actor fundamental del modelo económico boliviano. Les preocupa la cantidad de leyes, decretos supremos y resoluciones ministeriales, que durante los últimos años han promovido al modelo cooperativista, olvidando la autodeterminación de los pueblos. Exigen que los derechos humanos y de la naturaleza, deben prevalecer sobre los derechos preconstituidos.

– Otras de sus conclusiones señala que es necesario garantizar un mayor control y apoyo del Estado para fiscalizar las actividades mineras en Áreas Protegidas, modificar la Ley 535 de Minería y Metalurgia y establecer una normativa integral y específica para las actividades auríferas. También demandan una moratoria a las autorizaciones mineras hasta la revisión de la normativa.

– Esperan que en todos los niveles del Estado se fortalezca e impulse la diversificación de la economía para salir de la dependencia extractivista; que el Estado exija un monto a los operadores mineros para un seguro de salud especializado para las personas que son afectadas en su salud por el mercurio, metal que debe ser eliminado de la minería a través de normativas específicas y su control efectivo.

– Demandan que los municipios y/o gobernaciones cuenten con equipos necesarios y recursos económicos para el monitoreo de los niveles de contaminación minera, tanto al ambiente como a la salud; así como la promoción de alternativas de biorremediación de esos impactos como son los sistemas agroforestales.

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El oro pesa más que el pulmón de la Pachamama

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Por: Mario Laura Huallpa 

La demanda histórica de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos fue que sus derechos colectivos sean reconocidos y constitucionalizados; demanda que por fin tiene su mayor expresión el 7 de febrero del año 2009 con la promulgación de la “Nueva Constitución Política del Estado”, cuyo contenido axiológico y su carácter plural permite que dichos pueblos, antes invisibilizados por el Estado neoliberal, ocupen sus tierras y territorios desarrollando su existencia de manera libre, dentro de una sociedad plural y bajo el paraguas de su identidad cultural, principios y valores que guían su propia cosmovisión de vida en comunidad.

Bajo un nuevo paradigma y la ruptura epistemológica que prevé la Constitución boliviana, corresponde que el Estado en sus diferentes vertientes garantice a los pueblos indígenas originarios campesinos su “derecho al desarrollo cosmogónico natural” enmarcado en el principio del “vivir bien”, donde tengan el derecho a una vida digna, noble, respetando sus costumbres, su cultura, idioma, sus formas de organización territorial y sin atentar contra su hábitat natural.

Recordemos que este nuevo diseño constitucional reconoce la existencia pre colonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, la consulta libre, previa y obligatoria en los mecanismos internos apropiados según usos y costumbres. El “vivir bien” para los pueblos indígenas originarios conlleva a una dimensión espiritual, afectiva y social contraria al paradigma occidental. Los pueblos indígenas originarios campesinos tienen una forma de vida natural basada en los principios supremos de complementariedad, reciprocidad, equidad, equilibrio y armonía, con un enfoque holístico, donde el “vivir bien”, no es el mundo capitalista devastador y extractivista, sino es la interrelación con todos los seres vivos de la naturaleza.

Sin embargo, todo el enunciado poético de la Constitución boliviana queda en una mera declaración de buenos propósitos, de respeto a los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos, en virtud de la política extractiva que alienta el gobierno nacional, atentando no sólo la naturaleza de áreas protegidas, sino la vida, cultura, tradición histórica e inclusive su propia existencia de los pueblos indígenas, tal como se pudo advertir en la visita al parque natural Madidi.

En un recorrido de aproximadamente 12 horas sobre el lecho de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey, donde existen pueblos indígenas de los departamentos de Beni y La Paz, se pudo evidenciar in situ asentamientos humanos de los denominados “interculturales” y de mineros que, de a poco e incluso con violencia, van tomando control de los territorios indígenas para explotar oro con maquinaria pesada. Pero también se advirtió en ciertos lugares actividades mineras artesanales realizadas por algunos comunarios, que en familias íntegras (varones, mujeres y niños) y utilizando bateas domesticas se dan modos para lavar arena apilada fuera del rio y obtener oro. Las técnicas empleadas por comunarios evitan la contaminación de las aguas del rio y, además, se diferencian notablemente con la cooperativa minera aurífera que trabaja a gran escala.

Los territorios indígenas del norte amazónico de La Paz y Beni son: Carmen Florida, Real Beni, San Antonio del Sani, La Emboscada, Asunción de Quiquibey y San Luis Chico pertenecientes a la Provincia Ballivián del Departamento de Beni; Villa Alcira y San Miguel de la Provincia Abel Iturralde del Departamento de La Paz; Torewa, Rio Hondo, Gredal, Bisal, Corte, Agua Clara de la Provincia Franz Tamayo del Departamento de La Paz; San Luis Grande del Municipio de Palos Blancos del Departamento de La Paz y Comunidad Esse Ejja Puerto de Salinas de la Provincia Ballivián, Municipio de Reyes del Departamento de Beni.

Atravesando el estrecho de El Bala y el Chepete, lugar donde se pretende construir una Represa Hidroeléctrica, se constató a simple vista que dicha obra causará gran impacto socio ambiental y un etnocidio, debido a que el rio Beni se alimenta de otros ríos como el Tuichi y Quiquibey, que son vitales para 6 naciones indígenas: Mosetén, Tsiman, Esse Ejja, Leco, Tacana y Uchupiamona; además, se supo que en el sector de Pilón Lajas habitan pueblos no contactados.

En el lugar denominado Quendeque, próximo al ingreso al Madidi, las personas que se encuentran asentadas pusieron banderas de color azul, blanco y rojo, como señal de soberanía sobre las tierras ocupadas ilegalmente. El mismo panorama se repite en Chushuara, donde los nuevos asentamientos humanos (interculturales y campesinos que se disputan ese espacio territorial) también colocaron banderas del mismo color en los aires del rio para demarcar la supuesta propiedad. Las personas de Chushuara que no se identificaron, pero visiblemente perplejas ante la presencia de nuestra barcaza, dijeron que dichos símbolos representan a los colores del municipio de Apolo de la provincia Franz Tamayo del departamento de La Paz. Lo que significa que la toma de tierras al interior de las comunidades indígenas va avanzando de manera arbitraria.

 

Pueblos indígenas abandonados e indefensos

¿Por qué avasallan nuestros territorios? ¿Por qué se distribuyen nuestras tierras de manera arbitraria? Se preguntó el corregidor de la comunidad San José de Uchupiamonas del municipio de San Buenaventura, Nelo Cuqui, al manifestar que las actividades impulsadas por gente denominada campesinos e interculturales, ahora convertidos en actores mineros, están atentando contra los sistemas de vida propia que desarrollan y desarrollaron milenariamente los habitantes indígenas. Uno de los dinamismos principales de la economía es el turismo comunitario que actualmente está paralizado por efecto de la pandemia y, en consecuencia, piden atención del gobierno para la reactivación del ecoturismo en la zona.

El reclamo surge por la indefensión en la que se encuentran las comunidades indígenas, ya que las resoluciones orgánicas y cartas oficiales enviadas a los ministerios de Minería, Agua y Medio Ambiente, nunca tuvieron respuesta sobre las denuncias de extracción ilegal de oro y la contaminación de las aguas con químicos en los ríos que son fuente de vida para los habitantes de las comunidades indígenas del Beni y La Paz. A esto se suma la carencia de agua potable y los servicios básicos que son derechos humanos fundamentales previstos en la Constitución boliviana; además, reclaman la falta de atención en educación y salud.

Si bien existe el reconocimiento del derecho a la tenencia acceso y herencia de la tierra a favor de los pueblos indígenas, principalmente mujeres, el modelo económico basado en la extracción de recursos naturales y deforestación de áreas protegidas, está acabando con los ecosistemas y atentando contra la vida de los habitantes de las comunidades indígenas de la amazonia que viven de la caza y la pesca. Los dominios coloniales ahora se dan por parte de los campesinos e interculturales que asedian los territorios a título de actores mineros, bajo el amparo de la AJAM y del SERNAP e ingresan a los territorios indígenas con proyectos extractivos y sin cumplir con los procedimientos de la consulta libre e informada.

Derecho de consulta a los pueblos indígenas

Según la cosmovisión de los pueblos indígenas originarios, éstos se conducen por la defensa de la vida, la cual está en peligro; para estos pueblos, la tierra no es un espacio sin vida, sino un territorio integral, con su propia estructura, pensamiento, espiritualidad, economía, cultura; ahí se vive y se convive con la naturaleza, se tiene organización con estructura propia, idioma, cultura y desarrollan conocimientos ancestrales propios.

Las naciones y pueblos indígenas originarios tienen derechos adicionales y, desde la perspectiva constitucional concordante con la normativa internacional está el derecho a la consulta libre previa e informada, cuyo proceso de consulta a los pueblos indígenas originarios campesinos debe cumplirse en el marco de los arts. 30. II. num. 15, 352 de la CPE, respetando sus normas y procedimientos propios; las decisiones a las que se lleguen como resultado del proceso de consulta deben ser obligatorias para ambas partes y en su mérito del principio de buena fe que consagra la norma suprema.

En la misma línea la Convención Americana razonó que la protección de los territorios de los pueblos indígenas deriva de la necesidad imperativa del Estado, en garantizar la seguridad, la permanencia, el modo de vida tradicional, respetando su identidad cultural, estructura social, sistema económico, costumbres, creencias y tradiciones distintivas.

La Convención ha establecido que, para garantizar la participación efectiva de los integrantes de un pueblo o comunidad indígena en los planes de desarrollo o inversión dentro de su territorio, el Estado tiene el deber de consultar, activamente y de manera informada, según sus costumbres y tradiciones, en el marco de una comunicación constante entre las partes. Además, las consultas deben realizarse de buena fe, a través de procedimientos culturalmente adecuados y deben tener como fin llegar a un acuerdo. Además, la Corte Interamericana desarrolla una línea general al recomendar a los Estados cumplir con los estudios no solo de impacto ambiental, sino estudiar los impactos sociales y culturales en dichos pueblos. Así, por lo tanto, y en el marco de la libre determinación sustantiva, la consulta es un derecho exclusivo de los pueblos indígenas.

En el caso Saramaka vs Surinam, la Corte, en referencia a la libre determinación indígena sobre sus prioridades y el derecho a la consulta previa, libre e informada, sostiene: “se viola el proyecto de vida indígena, si se viola su libre determinación. Se viola esta libre determinación, si se viola el derecho a ser consultados previamente sobre concesiones en sus territorios”. Por lo tanto, se infiere que el mero otorgamiento de concesiones mineras sobre tierras y territorios indígenas ya es una medida susceptible de afectar directamente al proyecto de vida en común de los pueblos indígenas que las habitan y utilizan de acuerdo a su identidad cultural, cosmovisión y propios conceptos de desarrollo.

Entonces, gracias a la evolución de la libre determinación, los pueblos indígenas tienen derecho a disponer libremente de los recursos naturales, a explotarlos, a retomar su control efectivo y a recibir una compensación por los daños sufridos. Al respecto, la tesis de Erica Irena-Daes, sostiene que “la soberanía permanente de los pueblos indígenas sobre los recursos naturales se puede describir correctamente como el derecho colectivo, en virtud del cual el Estado está obligado a respetar, proteger y promover los intereses de los pueblos (y colectividades) indígenas, en términos de gobierno y propiedad sobre sus recursos naturales”.

La consulta como derecho colectivo de los pueblos indígenas sobre actividades, obras y/o proyectos extractivos, tiene la finalidad de lograr el consentimiento según el Convenio 169 de la OIT, elevada a rango de Ley en Bolivia. Al respecto, el informe de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en su 56° periodo de sesiones, sobre la soberanía de los pueblos indígenas, entiende que “dichos pueblos no pueden ser privados de sus recursos naturales a consecuencia de acuerdos, contratos o concesiones injustas u opresivas, en especial los que derivan de fraudes, coacciones, condiciones de negociaciones injustas (…)”.

Como derecho colectivo de los pueblos y naciones indígena originario campesinos, la consulta es un instrumento a través del cual los pueblos indígenas participan en la toma de decisiones sobre cuestiones que les pudiesen afectar, como la formulación y ejecución de planes, proyectos y programas de desarrollo, o sobre exploración y explotación de recursos naturales en sus territorios. En consecuencia, se constituye en un deber para el Estado llevar a cabo procesos de consulta, libre, previa, informada y de buena fe en los términos de relacionamiento definidos por el nuevo orden constitucional entre el Estado y los pueblos indígenas originarios, respetando los mecanismos y espacios orgánicos de ejercicio de la democracia directa, participativa y comunitaria.

*Mario Laura es técnico de la PBFCC

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Más de 60 instituciones demandan anular las concesiones mineras que amenazan con destruir áreas naturales y pueblos indígenas en el #Madidi

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Por: PBFCC

La Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático junto a la Fundación Jubileo, UNITAS, CEDIB, CEJIS, FUNDACIÓN SOLÓN, entre otras 60 instituciones demandamos la anulación de las concesiones mineras peligrosas, principalmente aquellas otorgadas en territorios indígenas y áreas protegidas, para anteponer los derechos a la vida, a la salud y al medio ambiente, y en procura de promover otras opciones viables de actividad productiva que no dañen los bienes comunes.

Salvar al Madidi es una responsabilidad urgente del Gobierno, tarea en la que puedan ser coadyuvantes los niveles departamentales, municipales y la sociedad civil. La determinación y acciones que se asuman ahora quedarán en la memoria y en la historia.

PRONUNCIAMIENTO

MADIDI: LA BIODIVERSIDAD Y LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN PELIGRO
POR LA AMBICIÓN DEL ORO CON CONSENTIMIENTO DEL ESTADO

 El Madidi es uno de los dos parques con la mayor biodiversidad del planeta y está en grave peligro. La amenaza se extiende a pueblos indígenas expuestos al exterminio por la ambición de grupos que explotan oro, con consentimiento de autoridades del Estado.

El Parque Natural y Área de Manejo Integrado Madidi[1] tiene oficialmente registradas más de 8.244 especies de plantas; cobija a 1.465 especies de animales vertebrados, con casi un millar de especies de aves y centenares de especies de peces, reptiles y anfibios. Algunas de sus variedades de flora y fauna son únicas en el mundo.

Ubicado al noroeste del departamento de La Paz, nace en la cordillera de Apolobamba, por encima de los 5.000 msnm, y desciende hasta las pampas amazónicas, a menos de 300 msnm. Es hogar de pueblos indígenas como lecos, tacanas y uchupiamonas. Tiene cinco ecorregiones que explican la diversidad de la riqueza natural y cultural. Sus cuencas hidrográficas contribuyen al río Amazonas; sus bosques purifican el oxígeno y producen lluvias que proveen de agua a campos y ciudades; su naturaleza es materia prima para medicinas; sus pueblos son productores de café, miel y otros alimentos exquisitos; sus habitantes desarrollan actividades de economía creativa, entre ellas el ecoturismo. Y todo esto está en peligro.

Desde hace algunos años, y hoy de manera más intensa, cooperativas auríferas, aliadas a ambiciosos intereses privados y extranjeros explotan oro en la región, actividad que incluye desmontes, presencia amenazante de personas foráneas, con algunos colaboradores locales, para explotar el metal con dragas y uso de mercurio, este último generador de contaminación de ríos, aire y tierra, con riesgos irreversibles para la salud humana y de otras especies.

Con base en 350 muestras científicas, el Coordinador del doctorado en Toxicología Ambiental de la Universidad de Cartagena, Colombia, Jesús Olivero, acaba de advertir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que las concentraciones de mercurio en los organismos de los indígenas de la cuenca amazónica del río Beni, en Bolivia, tienen entre siete y hasta 27 veces más de lo tolerable por el organismo humano.

El consumo de pescado en la alimentación indígena afecta a varios sistemas del organismo; pero en el análisis también detectaron pérdida de memoria, temblor en las manos y problemas sensoriales, “sobre todo en aquellas personas con elevada contaminación por mercurio”.

La ambición por el oro se ha puesto por encima de la propia Constitución Política del Estado. Esa actividad, del modo como está siendo desarrollada, vulnera los derechos a la vida, a la salud y a la alimentación. De manera particular, se viola el artículo 30, inc. II, parágrafo 9 que reconoce como derecho de los pueblos indígenas “a que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, sus rituales y sus símbolos y vestimentas sean valorados, respetados y promocionados”. Y parágrafo 10: “A vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas”.

La minería despoja de lo esencial para la vida como su territorio, sus ríos, sus bosques, sus suelos, su alimento; y envenena con mercurio a las presentes generaciones de hombres, mujeres y niños. Se está condenando a una desaparición silenciosa. La minería –legal o ilegal- empobrece a las comunidades indígenas, social, cultural, moral, espiritual y materialmente, al dividirlas desde sus familias, al convertirlas en mendigos de migajas de la minería en su propio territorio, al colonizarlas con ofertas de riqueza rápida, incluso a costa de su propia vida, y últimamente forzarles a convertirse en mineros para proteger su territorio e inducirles a su autodestrucción, así el Estado se deslinda de sus responsabilidades.

Más allá de esas consecuencias, la actividad aurífera, principalmente cooperativista, evade y elude el pago de regalías, de modo que su aporte al Estado es casi nada. Los pocos operadores que pagan por la extracción de ese recurso no renovable aportan con cerca de 2,5% del valor del metal.

En Bolivia, la institución pública que representa al Estado para otorgar derechos de uso y aprovechamiento de los minerales es la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), encargada de firmar contratos con los operadores mineros fijando obligaciones, derechos y responsabilidades.

No obstante, el Estado tiene la atribución de resguardar ciertas áreas de su territorio donde no se deberían permitir actividades que afecten a su preservación; sin embargo, la Ley de Minería, en su artículo 220, parágrafo I, establece que los actores productivos mineros podrán realizar actividades mineras en áreas protegidas y forestales, previo cumplimiento de la normativa ambiental y conexa específica, y cuando dichas actividades no afecten el cumplimiento de los objetivos de protección del área.

Este artículo no libera de la responsabilidad que las autoridades de Gobierno tienen para evitar la destrucción de áreas protegidas, de la biodiversidad y de la subsistencia de pueblos indígenas. Más aún con un Estado que en ninguno de sus niveles ofrece garantías para el debido control.

El derecho al medio ambiente del conjunto de la población boliviana también está siendo vulnerado. El artículo 33 de la CPE señala que “las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente”. Asimismo, el art. 373, párrafos I y II, señalan que “el agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía del pueblo…” y “los recursos hídricos, en todos sus estados, superficiales y subterráneos, constituyen recursos finitos, vulnerables, estratégicos y cumplen una función social, cultural y ambiental. Estos recursos no podrán ser objeto de apropiación privada y tanto ellos como sus servicios no serán concesionados…”.

Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Políticos y Sociales de Naciones Unidas, en su informe del 5 de noviembre de 2021, recomendó al Estado boliviano “fortalecer la normativa mediante una consulta con los pueblos indígenas sobre la elaboración de un marco legal, administrativo y de política pública para el disfrute del derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, y adecuar las normas, principalmente en materia de minería e hidrocarburos”.

Por estas consideraciones, las instituciones que suscribimos este pronunciamiento demandamos la anulación de las concesiones mineras peligrosas, principalmente aquellas otorgadas en territorios indígenas y áreas protegidas, para anteponer los derechos a la vida, a la salud y al medio ambiente, y en procura de promover otras opciones viables de actividad productiva que no dañen los bienes comunes.

Salvar al Madidi es una responsabilidad urgente del Gobierno, tarea en la que puedan ser coadyuvantes los niveles departamentales, municipales y la sociedad civil. La determinación y acciones que se asuman ahora quedarán en la memoria y en la historia.

Marzo 2022

FIRMANTES

  1. Agencia de Noticias Fides (ANF)
  2. AGRECOL
  3. Área de Evangelización de la CEB
  4. Apoyo para el Campesinado Indígena del Oriente (APCOB)
  5. Asociación de Controles Sociales del Dpto. de Santa Cruz (ACOVICRUZ)
  6. AYNISUYO
  7. Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB)
  8. CENDA
  9. Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS)
  10. Centro de Estudios Regionales para el Desarrollo de Tarija (CERDET)
  11. Centro de Estudios y Proyectos (CEP)
  12. Centro Juana Azurduy
  13. CEPA
  14. CIAC
  15. CISEP
  16. Ciudadanía
  17. Colectivo Angirü-Bolivia
  18. Colectivo Casa
  19. Colegio de Ingenieros Ambientales de Cochabamba
  20. Comisión de Hermandad
  21. Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (CONTIOCAP)
  22. Defensa de Niñas y Niños Internacional – Bolivia
  23. Facultad de Cs. Económicas, Financieras y Administrativas UTO
  24. Formasol
  25. Foro Político de Mujeres Cochabamba
  26. Fundación Igualdad LGBT
  27. Fundación Jubileo
  28. Fundación Social Uramanta
  29. Fundación Solón
  30. Fundación Tierra
  31. Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia (GTCCJ-Bolivia)
  32. Grupo PRISMA
  33. INCADE
  34. Instituto de Investigación Cultural para Educación Popular (Indicep)
  35. Instituto de Investigación y Capacitación Campesina (IICCA)
  36. Instituto para el Desarrollo Humano (IDH)
  37. IPDRS-Bolivia
  38. Infinitum – Educación Ambiental, Cultura y Conciencia
  39. Justicia y Paz Integridad de la Creación – Conferencia Boliviana de Religiosos (JPIC CBR)
  40. Justicia y Paz SVD Bolivia
  41. KURMI
  42. Movimiento Franciscano Justicia y Paz
  43. Movimiento Laudato Si
  44. Observatorio Ciudadano de la Democracia
  45. ONG APROSAR
  46. Pastoral Social Cáritas Sucre (PASCAR)
  47. Pastoral Social Cáritas Guayaramerín
  48. Pastoral Social Cáritas Potosí (PASOCAP)
  49. Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC)
  50. Proceso – Servicios Educativos
  51. Red Pío XII
  52. Radio San Miguel (Riberalta)
  53. Red Eclesial Panamazónica (REPAM-Bolivia)
  54. Red de Líderes para la Democracia y el Desarrollo (Relidd)
  55. Red Umavida
  56. Religiosos Acreditados ante Naciones Unidas – RUN Bolivia
  57. Ruta de la Democracia
  58. SEMTA
  59. UNITAS
  60. Vicariato Apostólico de Pando
  61. Vivat International

[1] Fuente: Servicio Nacional de Áreas Protegidas. http://sernap.gob.bo/madidi/

 

 

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La comunidad Ollerias en emergencia por el derecho a la salud y la vida

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Por PBFCC

Las autoridades del gobierno nacional emitieron nuevas disposiciones mediante Decreto Supremo flexibilizando las medidas sanitarias por el coronavirus (COVID-19) en varios rubros; entre ellos la minería. Así el art. 5. II. Inc. a) del D.S. 4229 señala que las actividades económicas del sector minero deberán ajustar sus horarios laborales y turnos, en función a cada una de las actividades que desarrollan.

Sin embargo, la empresa minera Sinchi Wayra del departamento de Potosí realiza sus actividades sin respetar los protocolos y medidas de bioseguridad, atentando la salud de las comunidades aledañas a dicho yacimiento minero, principalmente de la comunidad Ollerias perteneciente al Ayllu Jesús de Machaca de la Nación Originaria Pacajes, contó Octavio Torrez, habitante de esa comunidad.

Describió que las movilidades de carga y de transporte de personal de dicha empresa minera transitan sin medidas de seguridad sanitaria por medio de la comunidad, poniendo en riesgo la salud de los habitantes y afectando las áreas de cultivo agrícola, como también las áreas de forraje que sirven para el alimento de los ganados, principalmente camélidos existentes en la zona.

“La empresa minera no toma en serio la emergencia sanitaria en la que nos encontramos todos los habitantes de Ollerias. Incluso los mineros votan su pijcheo (coca acullicada) y basura al pasar por la comunidad en los vehículos”, denunció con preocupación.

Las autoridades originarias enviaron una carta abierta a la empresa minera Sinchi Wayra haciendo referencia sobre las medidas y protocolos de bioseguridad que deben implementar para el reinicio de sus actividades extractivas. También se hizo llegar a la Gobernación de Potosí, a la Sub Alcaldía, a las autoridades del Ayllu Jesús de Machaca y a la Nación Pacajes. La misma destaca que por respeto a la salud, la vida y por las relaciones mutuas dentro de la comunidad de Ollerias, corresponde a dicha empresa asumir las medidas necesarias para enfrentar la pandemia del coronavirus y evitar se propague esa enfermedad en contra de los comunarios.

Resolución

Asimismo, en el marco de las competencias previstas por la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia en su arts. 2 y 30, las normas y procedimientos propios, la Ley de Deslinde Jurisdiccional N° 073 y de acuerdo a la normativa internacional vigente, exigen el respeto a los derechos humanos colectivos. También los habitantes de la comunidad Ollerias en su texto puntualizan:

  1. La comunidad de Ollerias se encuentra libre de esta enfermedad (COVID-19).
  2. La comunidad de Ollerias pone a su conocimiento que los protocolos de bioseguridad para el reinicio de sus actividades no garantizan la salud integra a los habitantes de la Comunidad de Ollerias.
  3. Por tanto, la Comunidad de Ollerias se declara en una CUARENTENA TOTAL como estable el Decreto Supremo del gobierno central N°4229.
  4. Y por último se hará el estricto cumplimiento de la Cuarentena total y no se permitirá contingencia de las personas.

Cuarentena

Mientras los indígenas, originarios y campesinos están confinados al interior de sus comunidades, ayllus y markas, otros sectores no coadyuvan en el respeto por la salud y la vida de las poblaciones más vulnerables, como son las áreas rurales.

Recordemos que las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos están guardando la cuarentena obligatoria en sus comunidades, acatando disciplinadamente las disposiciones de las normativas que restringen ciertas actividades. A eso se debe sumar la falta de transporte en esos lugares que les permita salir hacia las ciudades intermedias o capitales de provincia.

Respaldo jurídico

Frente al panorama que viven los habitantes de la comunidad Ollerias, cabe mencionar que la Constitución Política del Estado refiere que el derecho a la vida y a la salud son derechos humanos esenciales que amerita su resguardo prioritario por parte del Estado, principalmente en poblaciones vulnerables como son las áreas rurales.

Además, ese derecho está amparado por las normas internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ratificados por Bolivia.

También esos derechos se encuentran en diversos instrumentos internacionales, como en el art. 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el art. 4 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el art. 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el art. 6 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, a cuyos instrumentos Bolivia se adhirió mediante Leyes y Decretos Supremos que actualmente forman parte del bloque de constitucionalidad prevista en el art. 410 de la norma suprema, para una protección efectiva del derecho a la vida y salud de todos los habitantes del país, principalmente de los pueblos indígenas originarios apegados al principio de favorabilidad.

Tomando en cuenta ese conjunto de normativas nacionales e internacionales que protegen y garantizan los derechos fundamentales de las personas, el Estado boliviano en todos sus estamentos está en la obligación de respetar y proteger el derecho de toda persona y no vulnerarlo con acciones que privilegian actividades económicas privadas sin reparar en los daños que ocasionan las operaciones mineras, no solo por los reactivos que utilizan para los concentrados de minerales, sino por los desechos que echan en los territorios ancestrales.

Es necesario que las autoridades nacionales, departamentales y municipales creen las condiciones indispensables para que los habitantes de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos tengan protección a la vida de cada uno de ellos teniendo, como característica esencial la base para el ejercicio de los demás derechos.

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