Indígenas impulsan proyectos de ley para anular normas que atentan contra sus territorios

La Paz/PBFCC

En tierras bajas, 47 comunidades indígenas que habitan (Santa Cruz) y 19 tierras comunitarias de origen (TCO) de Beni están en peligro por las acciones derivadas de leyes y decretos que desencadenaron los incendios en la Chiquitania y que permitirán el avance de la frontera agropecuaria. Ante esta amenaza, una comisión de las organizaciones indígenas presentó ayer a la Asamblea Legislativa Plurinacional un Proyecto de Ley y a la Presidencia del Estado un Proyecto de Decreto Supremo, que buscan abrogar tres leyes y dos decretos supremos.

“No nos han tomado en cuenta en la elaboración de esas leyes que han sido causantes de los incendios el año pasado. Lo que planteamos es que se abroguen estas leyes, que se den nuevas propuestas de normas con nuestra participación”, manifestó Agustín García, gran cacique de la Organización Indígena Chiquitana (OICH), en La Paz.

La Comisión llegó a sede de gobierno en representación de los indígenas chiquitanos, ayoreos, guarayos, cayubabas, baures, sirionós y araonas que viven en comunidades de la región Chiquita de Santa Cruz y de las 19 tierras comunitarias de origen pertenecientes a los pueblos indígenas cabineño, chacobo, pacahuara, tacana, araona, yaminahua, machinery, chimán, itonama, baures, moré, joaquiniano, movima, cayubaba, canichana, mojeño y mojeño ignaciano.

“Estamos pidiendo que se anulen las normas. Que la nueva sea hecha en consenso de todos los pueblos chiquitanos, para que realmente nos favorezca a todos no solo a unos cuantos.  Nosotras las mujeres son las sufrimos más porque somos las que nos quedamos en las comunidades con los ancianos y los niños. Los jóvenes y los hombres han salido de las comunidades porque todavía no tenemos donde cultivar”, manifestó Germinda Casupá Parabá, de la Organización de Mujeres de la Chiquitanía (OMCH).

Los proyectos

El Proyecto de Ley plantea la abrogación de la Ley N° 1171 de Uso y Manejo Racional de Quemas que definió los lineamientos de una política de manejo integral del fuego en el territorio nacional; así como un régimen de sanciones administrativas por quemas sin autorización, además de un período excepcional de regularización en el pago de deudas y multas por quemas sin autorización; dejando como responsable al Ministerio de Medio Ambiente y Agua para elaborar las políticas correspondientes.

De acuerdo con la fundamentación del Proyecto, la aplicación de esta norma significó el desastre ambiental del 2019 en la que se quemaron más de 5,3 millones de hectáreas de la superficie nacional y afectó a más de 47 comunidades indígenas que habitan en la región, como los chiquitanos, ayoreos, guarayos, cayubabas, baures, sirionós y araonas.

El Proyecto Ley plantea, además, la abrogación de la Ley Nº 741 de Autorización de Desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias, que permitió la realización de chaqueos y quemas de hasta 20 hectáreas por familia en tierras de producción forestal permanente, sin realizar planes previos de ordenamiento predial, ni pagar por la madera aprovechada proveniente de los desmontes; y de la Ley N° 1098 que establece el marco normativo que permite la producción, almacenaje, transporte, comercialización y mezcla de Aditivos de Origen Vegetal, con la finalidad de sustituir gradualmente la importación de Insumos y Aditivos y Diésel Oíl, y que con su DS Nº 3874 autorizó al Comité de Nacional de Bioseguridad el establecimiento de procedimientos abreviados para la evaluación de la Soya destinados a la producción de aditivos de origen vegetal – biodiesel y da el marco legal para desbosques indiscriminados.

El Proyecto de Decreto Supremo plantea la abrogación de la Ley N° 1098 y de los decretos Nº 3874, del Nº 3973; este último modificó el artículo del DS N° 26075 y amplió la frontera agrícola en el departamento del Beni en tierras de producción forestal permanente, en una extensión aproximada de 1,2 millones de hectáreas y permitió que la Asamblea Legislativa Departamental del Beni modifique el Plan de Uso de Suelos (PLUS), dando paso a las quemas que se realizan en el sur y norte amazónico de ese departamento, poniendo en riesgo a más de 19 tierras comunitarias de origen pertenecientes a los pueblos indígenas cabineño, chacobo, pacahuara, tacana, araona, yaminahua, machinery, chimán, itonama, baures, moré, joaquiniano, movima, cayubaba, canichana, mojeño y mojeño ignaciano.

Foro

Agustín García Choré, en compañía de Germinda Casupá Parabá, de la Organización de Mujeres de la Chiquitanía (OMCH); y Martín García García, de la Central de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL) participaron en el foro de la Cátedra Libre Marcelo Quiroga Santa Cruz LXXI “No Más Ecocidio en La Chiquitania”.

Agustín García, durante su participación, enfatizó que el territorio más afectado por los incendios ha sido en las comunidades indígenas. “En la actualidad poco o nada se está haciendo en esa región. Todos estamos llamados a contribuir en la restauración de nuestros bosques”, dijo a los asistentes del foro realizado en la Universidad Mayor de San Andrés.

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