derechos humanos

Por CENDA*

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), instaló dos audiencias públicas con diferentes pueblos indígenas originarios campesinos y organizaciones, quienes denunciaron la violación de sus derechos. Las dos audiencias se realizaron en la ciudad de Cochabamba, el 29 de marzo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) es la instancia encargada de la promoción y protección de los Derechos Humanos en el Continente Americano. Este año la comisión agendó una visita «in loco» al Estado Plurinacional de Bolivia (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Sucre), audiencias en las que se recoge información de la situación de vulneraciones de derechos humanos.

En la primera audiencia se trató el caso de la Construcción de la carretera por medio del TIPNIS donde Pueblos Indígenas del Territorio Indígena Multiétnico (TIM), Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS) y Consejo Indígena del Sur (CONISUR), denunciaron la construcción ilegal de la carretera, que afecta y vulnera los derechos de los habitantes de dicho territorio.

En una segunda audiencia, la sociedad civil presentó más de 30 casos de violación de derechos humanos, colectivos y territoriales ante la comisión de la CIDH. Entre los casos atendidos están las denuncias sobre:

• Avasallamiento de Territorios de pueblos Indígena Originario Campesinos
• Contaminación del medio ambiente principalmente en territorios indígenas
• Persecución política a Defensores de Derechos
• Desmedro a la Jurisdicción indígena Originaria Campesina
• Justicia imparcial y corrupta
• Tráfico de tierras en complicidad del INRA nacional y los niveles del Estado.
• Violencia a la mujer y feminicidio
• Discriminación a la población afroboliviana
• Salud
• Comunidad LGTB

Los Pueblos Indígenas Originarios Campesinos presentes enfatizaron que son la “población menos atendida por el Estado”, siendo estos los más afectados por la implementación de políticas de desarrollo extractivistas en desmedro de su integridad territorial, degradando y contaminando sus territorios, violando sus derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, por ejemplo, el derecho a la libre determinación y autogobierno, con los que los pueblos indígenas deciden libremente la estructura política, jurídica, económica, cultural y social más idónea para su territorio (Art. 2 C.P.E.), además, denunciaron el permanente incumplimiento de su derecho a la consulta previa libre e informada (Art. 30 y 403 C.P.E.).

Casos emblemáticos de vulneración de derechos en Bolivia presentados ante la CIDH

Poopó: “Queremos que se nos restituyan nuestros derechos”

El Ayllu San Agustín de Puñaca, del departamento de Oruro, denunció ante la CIDH que el “Estado boliviano prioriza la atención de demandas del sector minero por sobre las demandas de los pueblos originarios”. Las empresas mineras están vulnerando sus derechos; de acceso al agua en calidad y cantidad, a una alimentación sana y saludable, a un medio ambiente sano.

Durante años han pedido la restitución de derechos en instancias municipales, departamentales y nacionales, al no tener respuesta a sus demandas en noviembre del 2022 demandaron al Estado boliviano la restitución de sus derechos a través de una Acción Popular ante el Tribunal Departamental de Justicia de Oruro que negó la tutela.

Actualmente su situación de vulneración de derechos al agua, medio ambiente sano, entre otros, no ha cambiado y están decididos a acudir a instancias Internacionales, una vez el Tribunal Constitucional emita su sentencia respecto al caso.

“La contaminación nos está haciendo sufrir mucho, la tierra está contaminada, ya no produce nada, ya no hay agua, no hay alimentación, queremos que el Estado nos escuche, que restituya nuestros derechos, no escucha a los Pueblos Indígenas”.

 “¡No a la carretera por medio del tipnis!”

Pueblos Indígenas del Territorio Indígena Multiétnico (TIM), Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS) y Consejo Indígena del Sur (CONISUR), a través de sus autoridades indígenas, denunciaron ante la CIDH tres puntos principales:

1) Rechazo unánime a la construcción de la carretera por medio del TIPNIS,

2) Avasallamientos al Territorio Indígena por los interculturales,

3) Incumplimiento absoluto de compromisos, obras y proyectos.

“Pedimos a la CIDH, que exija al presidente de Bolivia que cumpla los procedimientos constitucionales, convenios internacionales, tratados de los derechos internacionales de los derechos de los pueblos indígenas”.

“Con tanto avasallamiento que tenemos dentro el TIPNIS, ¿por qué hemos rechazado la carretera?, porque habrá más avasallamientos, aunque sin camino sigue habiendo avasallamientos, queremos que nos respeten los interculturales, si bien somos vecinos, pedirles respeto”.

El TIPNIS, TIM y CONISUR enfatizaron el avasallamiento permanente que sufren en su territorio por parte de los denominados ‘interculturales’, acción que vulnera su derecho a Tierra y Territorio, sus derechos colectivos. Los interculturales “responden a intereses sectoriales, desconociendo el voto resolutivo de rechazo a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos”.

En una asamblea del CONISUR, en diciembre del 2022, y en el Encuentro de Corregidores llevada a cabo del 7 al 9 de marzo de 2023, en San José de Acosta, los corregidores en representación de las tres naciones (Yuracaré, Chimán y Moxeños Trinitarios) dicen: “¡No a la carretera por el corazón del TIPNIS!”.  Los gobiernos departamentales de Cochabamba y Beni, ignoran esta decisión unánime y siguen insistiendo con la construcción de la carretera.

“…nosotros decidimos ‘¡No a la carretera!’, y queremos que respeten nuestros derechos, queremos que respeten nuestros votos resolutivos de las tres organizaciones que conformamos el TIPNIS”.

La carretera “no beneficiará a los pueblos Indígenas”, indicaron las autoridades, representantes del TIPNIS, también expresaron su sentir sobre la vulneración de sus derechos al territorio, pero también la persecución política que sufren por defender la naturaleza, “la casa grande” intentando silenciar la voz de las familias que viven en el territorio con amenazas, amedrentado a los defensores de derechos y del territorio.

En las audiencias realizadas se vio un pedido común ante la CIDH: los pueblos Indígenas Originarios de tierras altas y tierras bajas piden que a través de la Comisión se exija al Estado boliviano el cumplimiento los procedimientos constitucionales, convenios internacionales, tratados internacionales de los derechos de los pueblos indígenas y los considere en la toma de decisiones respecto a su territorio.

CIDH: “PIOC’s grupo en situación de alta vulnerabilidad”

La CIDH, identifica como “grupo en situación de vulnerabilidad a los pueblos indígenas” y considera importante el reconocimiento “plurinacional; multiplicidad de lenguas, culturas y la estructura de gobierno”.

“Uno espera una posición de prioridad e importancia de desarrollo de los pueblos indígenas, … Bolivia tiene una estructura jurídica, política que puede ser una respuesta a estas necesidades”.

Miembros de la Comisión también reconocen la participación de los pueblos indígenas realizando las denuncias y confirmando que las leyes no resuelven problemáticas y que todas las denuncias recogidas por esta comisión serán tomadas en cuenta en el informe de país

“Las leyes no son mágicas, sabemos que no resuelven las cosas, pero nos alegra que hagan la denuncia, una profunda preocupación de la contaminación de agua, que es fuente de vida que cuando está contaminada es fuente de muerte”.

*CENDA es miembro de la PBFCC

Fotos: Cenda