Chiquitania

agosto 20 2020

Tribunal de la Naturaleza: Incendios de 2019 causaron un ecocidio debido a la política de Estado y el agronegocio

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Por: PBFCC

20 de agosto de 2020.- El Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza (TIDN) en la lectura de la sentencia por el caso: Chiquitanía, Chaco y Amazonia vs. Estado Plurinacional de Bolivia, declaró que los incendios del 2019 fueron un “ecocidio provocado por la política de Estado y el agronegocio”, y estableció la abrogación de las normas señaladas como “incendiarias” a fin de que estos hechos no se repitan.

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agosto 4 2020

Tribunal de la Naturaleza pide al gobierno un informe sobre la abrogación de las normas que causaron incendios en 2019

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Por: PBFCC

El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (TIDN) envió una carta a la presidenta de Bolivia, Jeanine Añez, en la que solicita información sobre la abrogación o modificación del paquete de normas señaladas por las organizaciones indígenas y de la sociedad civil como las causantes de los incendios en Bolivia durante el segundo semestre del 2019.

El 4 de agosto, la Secretaría del Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza (TIDN), entregó un oficio a la Embajada de Bolivia en Ecuador, en el que además comunican que realizarán audiencias virtuales para el caso: “Ecocidio en la Amazonia y en la Chiquitanía” el 17, 18 y 20 de agosto.

En diciembre de 2019, durante la 5to Tribunal Internacional, las mujeres indígenas de la CNMIB (foto de portada) junto a otras organizaciones presentaron la denuncia por los incendios en la Amazonía y la Chiquitania ante este Tribunal, el cual emitió un veredicto con nueve resoluciones, entre ellas, solicitar la abrogación de las disposiciones legales de los órganos legislativos y ejecutivos que favorecen y alientan las quemas y la deforestación.

El TIDN debía realizar una visita in situ para recabar información de los actores involucrados en marzo pasado, sin embargo la misma fue postergada por la pandemia del coronavirus (Covid-19).En enero, el TIDN informó que había admitido el caso “Ecocidio en la Amazonía y en la Chiquitanía” y solicitó al gobierno de Bolivia la abrogación de normas legales que alentaron y facilitaron las quemas del año 2019.

En ese marco, el Tribunal solicita información para conocer si esas normas han sido abrogadas o modificadas. Se refieren a: Ley N° 1171, Ley N° 1098, Decreto Supremo 3874 y Decreto Supremo 3973.

Un informe oficial de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) estableció que los incendios forestales consumieron alrededor de 5,3 millones de hectáreas en Bolivia durante 2019. Cerca del 70% de las hectáreas afectadas por los incendios fue en la Chiquitania, en agosto y octubre del pasado año, cuando se declaró emergencia nacional por la magnitud de las llamas.

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febrero 28 2020

Indígenas impulsan proyectos de ley para anular normas que atentan contra sus territorios

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La Paz/PBFCC

En tierras bajas, 47 comunidades indígenas que habitan (Santa Cruz) y 19 tierras comunitarias de origen (TCO) de Beni están en peligro por las acciones derivadas de leyes y decretos que desencadenaron los incendios en la Chiquitania y que permitirán el avance de la frontera agropecuaria. Ante esta amenaza, una comisión de las organizaciones indígenas presentó ayer a la Asamblea Legislativa Plurinacional un Proyecto de Ley y a la Presidencia del Estado un Proyecto de Decreto Supremo, que buscan abrogar tres leyes y dos decretos supremos.

“No nos han tomado en cuenta en la elaboración de esas leyes que han sido causantes de los incendios el año pasado. Lo que planteamos es que se abroguen estas leyes, que se den nuevas propuestas de normas con nuestra participación”, manifestó Agustín García, gran cacique de la Organización Indígena Chiquitana (OICH), en La Paz.

La Comisión llegó a sede de gobierno en representación de los indígenas chiquitanos, ayoreos, guarayos, cayubabas, baures, sirionós y araonas que viven en comunidades de la región Chiquita de Santa Cruz y de las 19 tierras comunitarias de origen pertenecientes a los pueblos indígenas cabineño, chacobo, pacahuara, tacana, araona, yaminahua, machinery, chimán, itonama, baures, moré, joaquiniano, movima, cayubaba, canichana, mojeño y mojeño ignaciano.

“Estamos pidiendo que se anulen las normas. Que la nueva sea hecha en consenso de todos los pueblos chiquitanos, para que realmente nos favorezca a todos no solo a unos cuantos. Nosotras las mujeres son las sufrimos más porque somos las que nos quedamos en las comunidades con los ancianos y los niños. Los jóvenes y los hombres han salido de las comunidades porque todavía no tenemos donde cultivar”, manifestó Germinda Casupá Parabá, de la Organización de Mujeres de la Chiquitanía (OMCH).

Los proyectos

El Proyecto de Ley plantea la abrogación de la Ley N° 1171 de Uso y Manejo Racional de Quemas que definió los lineamientos de una política de manejo integral del fuego en el territorio nacional; así como un régimen de sanciones administrativas por quemas sin autorización, además de un período excepcional de regularización en el pago de deudas y multas por quemas sin autorización; dejando como responsable al Ministerio de Medio Ambiente y Agua para elaborar las políticas correspondientes.

De acuerdo con la fundamentación del Proyecto, la aplicación de esta norma significó el desastre ambiental del 2019 en la que se quemaron más de 5,3 millones de hectáreas de la superficie nacional y afectó a más de 47 comunidades indígenas que habitan en la región, como los chiquitanos, ayoreos, guarayos, cayubabas, baures, sirionós y araonas.

El Proyecto Ley plantea, además, la abrogación de la Ley Nº 741 de Autorización de Desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias, que permitió la realización de chaqueos y quemas de hasta 20 hectáreas por familia en tierras de producción forestal permanente, sin realizar planes previos de ordenamiento predial, ni pagar por la madera aprovechada proveniente de los desmontes; y de la Ley N° 1098 que establece el marco normativo que permite la producción, almacenaje, transporte, comercialización y mezcla de Aditivos de Origen Vegetal, con la finalidad de sustituir gradualmente la importación de Insumos y Aditivos y Diésel Oíl, y que con su DS Nº 3874 autorizó al Comité de Nacional de Bioseguridad el establecimiento de procedimientos abreviados para la evaluación de la Soya destinados a la producción de aditivos de origen vegetal – biodiesel y da el marco legal para desbosques indiscriminados.

El Proyecto de Decreto Supremo plantea la abrogación de la Ley N° 1098 y de los decretos Nº 3874, del Nº 3973; este último modificó el artículo del DS N° 26075 y amplió la frontera agrícola en el departamento del Beni en tierras de producción forestal permanente, en una extensión aproximada de 1,2 millones de hectáreas y permitió que la Asamblea Legislativa Departamental del Beni modifique el Plan de Uso de Suelos (PLUS), dando paso a las quemas que se realizan en el sur y norte amazónico de ese departamento, poniendo en riesgo a más de 19 tierras comunitarias de origen pertenecientes a los pueblos indígenas cabineño, chacobo, pacahuara, tacana, araona, yaminahua, machinery, chimán, itonama, baures, moré, joaquiniano, movima, cayubaba, canichana, mojeño y mojeño ignaciano.

Foro

Agustín García Choré, en compañía de Germinda Casupá Parabá, de la Organización de Mujeres de la Chiquitanía (OMCH); y Martín García García, de la Central de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL) participaron en el foro de la Cátedra Libre Marcelo Quiroga Santa Cruz LXXI “No Más Ecocidio en La Chiquitania”.

Agustín García, durante su participación, enfatizó que el territorio más afectado por los incendios ha sido en las comunidades indígenas. “En la actualidad poco o nada se está haciendo en esa región. Todos estamos llamados a contribuir en la restauración de nuestros bosques”, dijo a los asistentes del foro realizado en la Universidad Mayor de San Andrés.

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febrero 14 2020

El Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza evaluará el “ecocidio” en la Chiquitania

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La Paz/PBFCC

Una delegación de jueces del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza visitarán entre el 15 y 20 de marzo la zona afectada por los incendios en la Chiquitania, la Amazonía y otros bosques colindantes con el objetivo de recabar mayor información y evidencias, constatar la magnitud de la violación a los derechos de la naturaleza y entrevistarse con los diferentes actores estatales y no estatales.

Principalmente verificarán el cumplimiento de las medidas cautelares que ha dispuesto en su veredicto, tras aceptar el diciembre el caso boliviano. El 8 de enero, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (TIDN) emitió nuevo resoluciones que debe cumplir el gobierno transitorio, entre ellas, detener las actividades del agronegocio que implican la ampliación de la frontera agrícola.

Las medidas cautelares dispuestas por el TIDN:

Derogación inmediata de las disposiciones legales (leyes nacionales y departamentales así como decretos supremos) que favorecen y alientan las quemas y la deforestación en la Amazonía y la Chiquitania;
Aplicación del principio precautorio suspendiendo las actividades del agro-negocio iniciadas sin estudios de impacto ambiental como es el caso de la exportación de carne a la China y la producción de etanol y biodiesel;
Implementación de una pausa ecológica en las áreas quemadas y deforestadas para permitir que el bosque Chiquitano se pueda recuperar y no implementar medidas de reforestación de monocultivos y adjudicaciones de tierras que agravarían el desastre ecológico.

El caso boliviano en el Tribunal

La visita del TIDN responde a la denuncia presentada por la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAIMB), junto al Cejis, Fundación Solón y la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático, en la quinta sesión del Tribunal realizada en Chile en diciembre de 2019.

El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza es un espacio “subsidiario” de los Estados que no han reconocido ni reconocen los derechos de la naturaleza, “es un espacio de la organización civil que pretende visibilizar estos derechos a través de personas con legitimidad, ética y moral que hemos elegido como jueces de esos tribunales para que puedan emitir veredictos en casos de violaciones de los derechos de la naturaleza y en casos de conflictos ambientales que afecten directamente a la naturaleza como un sujeto de derechos”.

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