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Declaración Pre FOSPA exige el respeto a los derechos de los indígenas, el agua y los bosques de la Amazonía

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Por Articulación FOSPA Bolivia

Al cierre de cuatro días de reflexión sobre las problemáticas que amenazan a la Amazonía y sus pueblos, los participantes del Pre Foro Social Panamazónico emitieron una declaración de 29 puntos en los que articulan sus luchas y resistencias en favor de los derechos de los indígenas, los bosques, los ríos y todos los seres que habitan la región.

El Pre FOSPA se realizó en las poblaciones de Rurrenabaque y San Buenaventura, entre el 20 y 23 de julio, con la participación de 250 representantes de organizaciones indígenas originarias y campesinas de las tierras bajas y las tierras altas, instituciones de apoyo, académicos(as) y activistas quienes rechazan las actividades extractivas, como la minería, porque vulneran los derechos de los indígenas y sus territorios, contaminan los ríos y provocan la deforestación.

Saneamiento, titulación y autonomía de los territorios indígenas

La declaración del Pre FOSPA reconoce que los indígenas nacieron con territorio, por tanto, exigen que se concluya el proceso de saneamiento y titulación de todos los territorios indígenas y comunidades campesinas originarias del lugar y que desaloje los asentamientos ilegales.

“En particular, destacamos la situación de los pueblos indígenas altamente vulnerables a quienes la negación del derecho al territorio los ha puesto bajo un serio riesgo de etnocidio como los Esse Ejjas de Eyiyoquibo, los Tsimane del sector Yacamá, los Tacanas de los ríos Beni y Madre de Dios y otros territorios que no han recibido una respuesta oportuna”, señala el documento.

Los participantes del Pre FOSPA dieron su apoyo por escrito y con sus firmas a las demandas de los pueblos Esse Ejjas y Tsimane.

Por otra parte, denunciaron al INRA, ABT, AJAM y TAA por desconocer los derechos de los indígenas y por vulnerar su derecho ancestral a la propiedad colectiva territorial, al uso y aprovechamiento tradicional de los bosques y bienes naturales existentes en su hábitat.

Tomando en cuenta que la autonomía permite el ejercicio pleno de los derechos colectivos de los pueblos indígenas originarios campesinos para su autogobierno y libre determinación, demandan procesos más cortos y ágiles para la consolidación de las mismas y que los procedimientos y requisitos que el Estado exige no desconozcan la cultura y tradición de los pueblos.

Respeto a los derechos

“Denunciamos que a pesar del avance normativo en materia de derechos colectivos y el reconocimiento constitucional de igual jerarquía entre la Jurisdicción Indígena Originario Campesina (JIOC) …, persisten prácticas que subordinan y no otorgan la institucionalidad y garantías necesarias para el ejercicio efectivo de la JIOC. Los jueces deben conocer la realidad de los pueblos y respetar la decisión de las autoridades indígenas”, señala la declaración del Pre FOSPA. En ese marco, exigen sanciones para los administradores de justicia que no respeten la JIOC.

También, demandan que el Estado cumpla con las obligaciones asumidas en el marco de instrumentos de derechos humanos, el Convenio 169 y el Acuerdo de Escazú.

Piden que se garantice y sea vinculante la “consulta para el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas y comunidades campesinas”. “Los procesos de consulta deben realizarse con un enfoque de cuenca, consultando a todos los pueblos y territorios indígenas y campesinos unidos por el agua, y afectadas aguas arriba y abajo”, destaca puntualmente el documento.

Exigen sanción para las empresas privadas, cooperativas y personas responsables de los ecocidios y biocidios por vulnerar los derechos fundamentales de las personas y de la Naturaleza; así como indemnización para los afectados y reparación de los daños causados al medio ambiente y a las poblaciones.

Emergencia climática y agua

“Denunciamos que la Amazonía vive una emergencia climática porque pone en riesgo nuestra existencia y la de la Naturaleza. Bolivia es el tercer país del mundo en pérdida de bosques primarios debido a actividades extractivas de los grandes emprendimientos del agronegocio, la ganadería, la minería y de las políticas públicas que los incentivan”, señala el documento.

En ese contexto, rechazan las iniciativas de biocombustibles con base en la palma aceitera (africana), soya y otros cultivos promovidas por el Gobierno porque agudizarán la deforestación.

Y demandan que la transición energética no reproduzca el extractivismo y que el Estado garantice la soberanía energética basada en energías limpias y renovables que respeten los derechos humanos, a los pueblos indígenas y la Madre Tierra.

Tomando en cuenta que el agua es un derecho, exigen su acceso concreto y demandan normativa -creada con la participación de indígenas y campesinos- para preservar y conservar las nacientes y ojos de agua y la implementación de programas de monitoreo y gestión del agua, así como de reforestación y forestación.

Piden que se reconozca a los ríos Beni, Tuichi y de Tucabaca y a todas las cuencas, ríos, lagunas y vertientes de tierras altas y bajas como sujetos de derechos y a que se preserven los derechos del río, de su flora y fauna acuática y su biodiversidad, a vivir libre de contaminación y a no ser afectados y secados por actividades extractivas, carreteras, megaproyectos hidroeléctricos, actividades mineras y de remoción de materiales.

Amazonía libre de minería y mercurio

“Sostenemos enfáticamente que la lucha contra el uso del mercurio es la lucha por la vida. Buscamos avanzar hacia un plan de transición para una Amazonía libre de minería y mercurio”, destaca el documento.

Exigen la modificación de la Ley Minera -porque atenta contra la naturaleza y los pueblos- y la eliminación de cualquier autorización de la actividad minera en áreas protegidas. Se pone énfasis en la defensa del Madidi, rechazando el reconocimiento de derechos preconstituidos que “ilegalmente se dieron hasta 2015”.

Sobre la afectación con mercurio a los indígenas, demandan al Estado reconocer los estudios y la generación de evidencias de los territorios afectados por actividades extractivas llevados a cabo por monitores comunitarios, ONG y universidades. Y creación de un programa de salud gratuito, obligatorio y especializado para los afectados.

“Reclamamos el respeto de la tradicional actividad minera artesanal de los pueblos indígenas originarias campesinas”, señala la declaración.

Alternativas al extractivismo

De forma categórica rechazan los proyectos del Estado y los privados que promueven el modelo de desarrollo agro extractivista porque destruyen la Amazonía y vulneran los derechos fundamentales de las TIOC’s.

Demandan que se promuevan modelos de desarrollo productivos sostenibles, coherentes con la vocación de la tierra y acordes a la cosmovisión de los pueblos indígenas, basados en la agroecología y gestión integral de los territorios, como el turismo sostenible y comunitario

“Exigimos políticas públicas que incentiven la producción de los pueblos indígenas a través de la recuperación de los saberes ancestrales, e impulsen planes de restauración para rescatar especies nativas, maderables y no maderables, con el objetivo de promover el cuidado sostenible de los bosques garantizando a los pueblos indígenas originarios campesinos una economía familiar sustentable”, señala la declaración sobre este punto.

Respaldo a indígenas afectados por la minería

El Pre Foro se pronunció en respaldando la Acción Popular impulsada por la Central de Pueblos Indígenas de La Paz que busca garantizar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas afectados por la contaminación del mercurio.

Piden, además, la aplicación de las tres sentencias constitucionales del Ayllu San Agustín de Puñaca, Choro y Lago Uru, las cuales obligan a las autoridades nacionales, departamentales y municipales la inmediata atención a las comunidades afectadas por las actividades mineras.

El apoyo del Pre FOSPA también alcanzó a los procesos de Consulta Popular en el Yasuní para mantener el petróleo bajo tierra y prohibir las actividades mineras en el Choco Andino en Ecuador.

Mujeres indígenas acuden al Tribunal de Ética

El último día, el 23 de julio, las mujeres indígenas presentaron al Tribunal Ético en defensa de los cuerpos y el territorio, el cual sesionó con cuatro miembros una de Brasil y tres de Bolivia, de seis naciones hicieron el preámbulo del evento con emotivas presentaciones de los casos al tribunal.

Se trata de siete casos que tienen que ver con vulneración de sus territorios por la actividad hidrocarburífera, minera, la crisis climática y los avasallamientos.

“Las mujeres cotidianamente sufrimos violaciones dentro y fuera de casa por el machismo que está presente en las corporaciones, en los proyectos que no nos representan. Cada una tiene una experiencia de resistencia y de lucha por eso apoyamos la campaña en defensa de nuestros cuerpos y nuestros territorios. La primera violación que sufrimos es sobre nuestros cuerpos”, manifestó Nilde Sousa, secretaria ejecutiva del FOSPA y miembro del Tribuna de Ética.

Las siguientes organizaciones respaldan la declaración:

Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB), Bloque de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (BOCINAB), Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), Central de Mujeres Indígenas de La Paz (CMILAP), Organización Regional de Mujeres Indígenas Chiquitanas (ORMICH), Organización de Mujeres Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (OMINAB), Central Indígena de Pueblos Originarios de Pando (CIPOAP), Central de Mujeres Indígenas Guarayas – Regional (CEMIG-R), Pueblos Indígenas Lecos y Comunidades Originarias de Larecaja (PILCOL), Organización de Mujeres Indígenas Lecos (OMIL), Gran Consejo Chiman, Sub Consejo Tsimane’ Regional Y’acama, Comunidad Esse Ejja de Eiyoquibo (CEEE), Autonomía Indígena Originaria Campesina de C’halla, Federación de Campesinos de la Provincia Vaca Díez (FSUTCRVD), Comité de Género de la FEDECOR, Comunidad Suyku Pujio, Sacaba Cochabamba, Organización de Comunidades Indígenas de Rurrenabaque (OCIR), Central de Comunidades Indígenas de San Miguel (CCCISM), Asociación de Cabildos Indígenas de San Rafael de Velasco (ACISARV), Asociación de Cabildos Indígenas de San Ignacio de Velasco (ACISIV), Federación Regional Madre de Dios, Autonomía Indígena del Territorio Indígena Multiétnico (AIO TIM), Gran Cabildo Indígenas de San Ignacio de Mojos, Organización de Jóvenes Indígenas Mojeños (OJIM), Organización de Mujeres Indígenas Bella Selva, Asociación de Productores Agropecuarios de San Andrés (APASAD II), Organización de Mujeres Indígenas Originarias Chiquitanas de Concepción (OMIOCHC), Federación Regional de Campesinos de la provincia Ballivián Beni, Central Indígena Reivindicativa de la Provincia Ángel Sandóval (CIRPAS), Comunidad Motacusito del Pantanal, Central Indígena Chiquitana Amanecer Roboré (CICHAR), Subcentral del Territorio Indígena Mojeño Ignaciano (TIMI), Organización del Pueblo Indígena Moseten (OPIM), Organización de Mujeres Indígenas Mosetenes (OMIM), Organización de Mujeres Indígenas de Comunidades Chiquitanas de Roboré (OMCICH-R), Red de Defensores de Agua y Territorio (REDAT), Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL), Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA), Consejo Indígena de Mujeres Tacanas (CIMTA), Asamblea del Pueblo Guaraní Zona Cruz, Asamblea del Pueblo Guaraní Zona Bermejo, Asamblea del Pueblo Guaraní Tarija, GAIOC Kereimba Iyaambae, Coordinadora de Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba (CPITCO), Consejo Indígena del Sur (CONISUR-TIPNIS), Mancomunidad de Comunidades de los Ríos Beni, Tuichi y Quiquibey, Consejo del Pueblo de San José de Uchupiamonas (PISJU), Organización de Mujeres Indígenas de San José de Uchupiamonas (OMISJU), Consejo Regional Tsimane Mosetene (CRTM-PL), Puerto Yumai, Red Chimpu Warmi, Ayllu San Agustín de Puñaca, Suyu Jacha Karangas, Asociación de Usuarios de la Laguna Larati (AULL), Asociación Comunitaria de Productores Agropecuarios Lago Tumichucua (ACOPALT), Subcentral Larata, Red de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (RENAMAT), Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando (FSUTCP), Coordinadora en Defensa del Río Desaguadero y los lagos Uru Uru y Poopó (CORIDUP), Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de la Provincia Marbán (CSUTCPM), Organización de Mujeres Indígenas Kavineñas (ODEMIK), Comunidad de Zongo.

Con el apoyo

Centro de Comunicación y Desarrollo Andino-CENDA, Centro de Investigación y Promoción del Campesinado-CIPCA, Fundación Jubileo, Fundación TIERRA, Fundación Solón, Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia-GTCCJ, Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología Tierra-ISEAT, College des Bernardins, Programa NINA, Instituto Boliviano de Investigación Forestal (IBIF), Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social-UNITAS, Red Eclesial Panamazónica-REPAM, Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático-PBFCC, Proyecto Voces para la Acción Climática justa (VAC), Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica-IPDRS, Semilla Ecosocial, Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario CEDLA, Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón CESUUMSS, Parroquia de San Ignacio de Mojos, Centro de Estudios y Cooperación Internacional – CECI, Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), Centro de Ecología y Pueblos Andinos – CEPA, Red de Transición Energética Popular-REDTEP, Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Ambiente – CEDENMA y Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza – GARN.

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Con una feria de emprendedores que usan cocinas solares, Inti Illimani cierra proyecto en Collana

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Por PBFCC

Con el fin de promover el uso de energía solar limpia, gratuita e inagotable, la Asociación Inti Illimani implementó el proyecto piloto: «200 Cocinas Solares para Bolivia» en el municipio de Collana, el cual culminó con una feria de emprendimientos con base en el uso de cocinas solares, que se realizó el 20 de noviembre.

En la feria, que se realizó en la plaza de Collana, municipio ubicado en la provincia Aroma del departamento de La Paz, participaron 78 mujeres y varones exponiendo los productos que aprendieron a elaborar en cocinas solares.

Se mostraron más de 10 emprendimientos nacidos tras la capacitación que realizó Inti Illimani durante todo este año. Tortas, masitas diversas, helados, comida ancestral, pollo al horno, frescos hervidos, quispiña, fruta deshidratada y maní confitado fueron algunos de los productos que pusieron a la venta.

En octubre de 2021, en el municipio de Collana, “hemos encontrado a mujeres que aún utilizaban leña para cocinar”, aseguran en Inti Illimani. A partir de ello se inició un trabajo conjunto con la alcaldía de Collana para la implementación de cocinas solares para familias usuarias de leña en el marco del proyecto piloto: «200 cocinas solares para Bolivia».

A la fecha han reducido la utilización de combustible contaminante, han mejorado su alimentación y están generando emprendimientos con energía solar para beneficio del municipio.

Todo un esfuerzo del equipo de Inti Illimani para difundir el uso de la energía solar, limpia y gratuita, en estos tiempos de mayor contaminación, deforestación y calentamiento global.

Los participantes en el proyecto están comprometidos en la defensa del medio ambiente, pero principalmente les interesa el mejorar la salud de sus familias ya que con las cocinas solares evitan el humo y las quemaduras.

Además, ahorran tiempo en la preparación de los alimentos y mejoran su economía familiar con el ahorro de combustibles y el desarrollo de pequeños emprendimientos a base de estas maravillosas cocinas que pueden funcionar 24 horas al día, todo el año, afirman en Inti Illimani.

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La PBFCC lanza campaña para visibilizar e impulsar la “Economía del Bosque”

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Por PBFCC
La Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático (PBFCC) lanzó, el 12 de octubre, la campaña comunicacional denominada “Frutos del Bosque, Economía del Bosque” con el objetivo de visibilizar e impulsar la economía que se genera con los frutos de los bosques.
La campaña tiene dos objetivos específicos, el primero busca visibilizar el aporte de las comunidades indígenas y campesinas, que trabajan con los frutos de la Amazonía, a la Economía del Bosque, lo cual se refleja en los ámbitos económicos, sociales, culturales, ambientales y de salud.
El segundo objetivo busca relevar la importancia estratégica de los bosques como fuente económica y para la seguridad alimentaria de los bolivianos y bolivianas.
En el lanzamiento de la campaña participó el biólogo Vincent Vos, investigador y especialista en desarrollo sostenible para la Amazonía boliviana, manifestó que “es necesario que se conserven los bosques dándoles un valor agregado, es decir, una economía basado en el manejo integral sustentable de los bosques”.
Por su parte, Mirtha Velásquez, representante de la Federación Departamental de Asociaciones de Productores, recolectores, transformadores y comercializadores de productos de la Amazonía del Beni (FEDAPABENI) informó que cuentan con ocho Asociación de Productores de frutos Amazónicos que, a lo largo de los años, han mejorado sus capacidades técnicas y organizativas para la gestión integral de los bosques amazónicos y territorios comunales.


Cuatro de sus asociaciones procesan el Asai, otras el majo, copuazú, chila (harina de plátano de freír –conocido en La Paz como postre) y manteca de cacao y manteca de copuazú, y chocolate de cacao nativo o silvestre.
Estas asociaciones tienen su base en la ciudad de Riberalta e integra alrededor de 500 familias indígenas y campesinas, considerados como socios directos e indirectos
Vos resaltó que FEDAPABENI es el mejor ejemplo de cómo se construye una verdadera economía de bosques. “Todas estas acciones que realizan son parte de esta construcción, tan necesaria para el desarrollo del país frente a la actual crisis climática”, dijo.»Estamos en un momento crucial. Los bosques están en la primera línea de amenaza de la crisis climática, pero también representa una respuesta», manifestó Marcos Nordgren, técnico de la PBFCC.
En ese contexto, la PBFCC busca ahora incidir, a través de la campaña de comunicación que tendrá una sostenibilidad de dos meses, en la población en general y en los tomadores de decisiones estatales sobre la importancia de encarar la crisis climática con un modelo económico diferente al actual centrado en el extractivismo.
Hay estimaciones que señalan que una economía del bosque puede generar más de 2000 millones de dólares anuales, que es superior a los 1000 millones de dólares anuales de soya y ganadería. Considerando que en Bolivia se deforesta a un ritmo alarmante, dentro de esta Economía del Bosque no implica más deforestación como pasa con la amplificación de la frontera agroindustrial. Se gana más, sin deforestar.

Trabajo de la PBFCC
La Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático (PBFCC) es una red de 44 organizaciones de la sociedad civil, que tiene el objetivo de analizar e incidir en las causas del cambio climático fundamentada en los derechos humanos, los derechos de la Madre Tierra y los pueblos indígenas.
En ese marco, la PBFCC busca incidir en la construcción de una propuesta de Política Nacional de Desarrollo en Bolivia que responda de manera urgente a la crisis provocada por el calentamiento global, el nuevo coronavirus (COVID-19) y la depresión económica entre otros efectos del contexto global actual.
En la región amazónica de Bolivia, la economía de la población indígena originaria campesina se caracteriza por la diversidad y en conocimientos y saberes que permiten el uso y manejo de la biodiversidad, conservando y recreando estrategias económicas para la producción agropecuaria, recolección e intercambio entre otros con base en el manejo de varios ciclos.

La capacidad para elegir y usar alguna estrategia, requiere de un conocimiento integral de las condiciones ecológicas, ambientales, sociales y culturales de su territorio. Ese conocimiento ha sido acumulado y trasmitido de generación en generación, mismos que perduran hasta el presente.

Sin embargo, a pesar de la estrategia de producción de cultivos anuales (maíz, arroz, hortalizas, frejol, yuca, plátano, etc.) con rubros de mediano plazo (frutales diversos y cacao) y largo plazo (castaña, copoazú, asaí y maderables), cría de animales de corral (aves y porcinos) y excepcionalmente ganado mayor (vacuno) en pequeña escala con la finalidad de asegurar la alimentación familiar, y también para la generación de ingresos y la protección de los recursos naturales y la biodiversidad; esta estrategia se hace vulnerable frente a las amenazas por los efectos de la crisis climática.

La dicotomía frente a este sistema de producción es la agroindustrial que habilita grandes superficies de bosque para cultivos agrícolas industriales y forrajes para ganado, consecuentemente con consecuencias irremediables para los bosques amazónicos.

Ya es aparente con las advertencias emitidas en los informes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de las Naciones Unidas (2022) así como de la declaración de emergencia climática en la Amazonía surgida desde el Foro Social Panamazónica, realizado en Brasil en julio de este año, que solo quede una ventana corta para poner en acción modelos que centrándose tanto en la protección de los bosques como en sus posibilidades sustentar modelos económicos alternativos, sostenibles, y justos.
Dentro de este marco sobre la crisis climática que estamos enfrentando, la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático realizó un diagnóstico de las políticas climáticas que Bolivia viene desarrollando en el marco de sus compromisos climáticos -Contribuciones Nacionalmente Determinadas (CND),- enmarcados en el Acuerdo de París y presentó una propuesta para una renovada política climática nacional que pueda ser empleada por gobiernos futuros y organizaciones de la sociedad civil, de tal manera que sea posible participar de un debate más informado y constructivo entre diferentes niveles del Estado y la sociedad civil.
Un elemento central de esta propuesta de política climática, que merece la pena destacar, es la apuesta por un genuino Desarrollo Rural de Bolivia, a través de: a) la inversión vigorosa de recursos públicos en la viabilización de la Economía del Bosque de escala basada en la gestión integral, b) la priorización de la inversión pública en la agricultura campesina indígena de base familiar con énfasis en la ampliación de sistemas de riego y c) una tercera apuesta por la transformación descentralizadora de la matriz energética nacional, incluyendo la participación de pequeños actores comunitarios del área rural como proveedores y usuarios de energías alternativas para áreas urbanas y la propia dinamización de las economías rurales.
Tras realizar ese trabajo, la PBFCC busca ahora incidir, a través de una campaña de comunicación, en la población en general y en los tomadores de decisiones estatales sobre la importancia de encarar la crisis climática con un modelo económico diferente al actual centrado en el extractivismo.
Hay estimaciones que señalan que una economía del bosque puede generar más de 2000 millones de dólares anuales, que es superior a los 1000 millones de dólares anuales de soya y ganadería. Considerando que en Bolivia se deforesta a un ritmo alarmante, dentro de esta Economía del Bosque no implica más deforestación como pasa con la amplificación de la frontera agroindustrial. Se gana más, sin deforestar.

 

 

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Pre Foro Social Panamazónico de Bolivia emite 10 desafíos en defensa de los derechos colectivos y de la Amazonía

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Por: PBFCC

Trinidad, Beni.- El Pre Foro Social Panamazónico (FOSPA), realizado en Beni, concluyó con la Carta de Trinidad que expone 10 desafíos, entre los que destaca la demanda por la modificación de la Ley Minera 535, la Ley Forestal 1700, así como la abrogación de la Ley 969 que permite la construcción de la carretera por el TIPNIS, por atentar contra la vida.

“Demandamos la revisión y modificación de todas las normas que atentan contra la vida en la Amazonia y todos los seres humanos y no humanos que allí habitamos. En particular exigimos la modificación de la Ley Minera, la Ley Forestal Nº 1700 y la abrogación de la Ley 969 que permite la construcción de la carretera por el TIPNIS, la Ley del Plan de Uso de Suelo del Beni porque legalizan un sistema de despojo y destrucción de la Amazonia y de nuestros territorios”, señala el punto ocho de la Carta de Trinidad.

La Carta de Trinidad reúne las conclusiones a las que arribaron cada una de las cuatro casas en las que trabajaron los más 160 representantes de organizaciones indígenas y campesinas en la ciudad de Trinidad, entre el  1 y 3 de junio, donde presentaron sus casos referidos al uso y aprovechamiento de los bienes comunes, la autonomía y la jurisdicción indígena, el estado del ejercicio de los derechos de las mujeres y su participación en la defensa de la Amazonía y los derechos de la naturaleza y las alternativas de desarrollo.

En el evento participaron más de 160 representantes de las organizaciones indígenas, campesinas y de la sociedad civil de la Amazonía Norte y Sur, la Chiquitanía y el Chaco de Bolivia.

El documento hace referencia, entre otros, al extractivismo y el avasallamiento del que son presa los territorios y las áreas protegidas, acciones que van en desmedro de sus derechos como pueblos indígenas y anteponen el “saqueo de los recursos naturales” y la consiguiente destrucción de las áreas protegidas.

“Queremos un desarrollo que tome en cuenta a nuestra casa común, que respete los territorios y los derechos de los pueblos indígenas y campesinos, los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, quienes avasallan nuestros territorios, queman miles de hectáreas, contaminan los ríos, expanden el narcotráfico deben ser sancionados con severidad, así como las autoridades e instituciones que autorizan y permiten que estas violaciones a la vida se consumen”, expresan sobre el extractivismo y el avasallamiento.

La Carta también menciona el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, como un tema ligado al futuro de la Amazonía. En los puntos referidos al tema, las organizaciones indígenas rechazan la “excesiva burocratización de los procesos autonómicos y el intento de autoridades y funcionarios públicos de frenar la materialización de nuestros sistemas de gobierno”.

En lo referido a la minería, las organizaciones demandaron la modificación de la Ley Minera y la Ley Forestal, además de la abrogación de la Ley de protección y desarrollo en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure y el Plan de Uso del Suelo (PLUS) del Beni, debido a que permiten el despojo y destrucción de la Amazonía y los territorios indígenas.

Participación de mujeres

“Reconocemos el camino andado en la lucha por los derechos de las mujeres y lo que aún falta por recorrer para erradicar la violencia hacia nuestros cuerpos y nuestros territorios. La causa de las mujeres en resistencia de la Amazonía debe ser asumida corresponsablemente por nuestros hermanos varones: la lucha por la no violencia, la demanda por una educación sexual y la participación política en igualdad de condiciones. Las mujeres no somos objetos de reproducción, sino sujetos con derechos que tienen una relación particular con la tierra y el territorio. Desde la lucha que empieza en nuestras casas nos posicionamos y proyectamos a nuestras organizaciones y a nivel nacional e internacional en la defensa de la tierra, el territorio y la vida”, indican en lo referido a la participación de las mujeres indígenas.

La Carta de Trinidad exige al Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia cumplir con los compromisos asumidos a nivel internacional y a actuar con transparencia, garantizando la participación de los pueblos indígenas, campesinos, mujeres y jóvenes en todas las políticas, planes y proyectos para la Amazonía y el país.

“Estamos llegando a un punto de no retorno en la Amazonía por la pérdida de (los) ecosistemas y los bosques. Si no paramos ahora, mañana será la muerte para esta región que es vital para frenar el calentamiento global del planeta”, mencionan.

La Carta de Trinidad será llevada al X Foro Social Panamazónico que se desarrollará en Belem do Para, en julio próximo, donde se prevé la participación de los nueve países que comparten la cuenca amazónica.

El Pre FOSPA de Bolivia fue organizado por organizaciones indígenas de la Amazonía Norte y Amazonía Sur de Bolivia, Chaco, junto a organizaciones de la sociedad civil – PBFCC (Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático), CIPCA, CENDA, CEJIS, Programa NINA, Fundación Solón, Fundación Tierra, WWF Bolivia, Fundación Jubileo, Repam Bolivia, IPDRS, CNAMIB (Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia),  Red UNITAS y PROCESO.

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Productores orureños proponen promover mayor consumo interno de quinua a un precio accesible

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Por: MAB

La Pre cumbre de Sistemas Alimentarios se desarrolló este sábado 10 de julio en la ciudad de Oruro. La organización estuvo a cargo de la Plataforma Nacional de Suelos, la Asociación de promotores de salud del área rural – Aprosar, Renac, el Centro de Investigación de la Universidad Técnica de Oruro, quienes, junto a representantes de productores agroecológicos, turismo, gastronomía, educación, investigación, transformación y comercialización de alimentos de la zona, analizaron la situación actual del departamento orureño.
En el evento, desarrollado dentro de los preparativos para la realización de la Cumbre Nacional de Sistemas Alimentarios convocada por el Movimiento agroecológico Boliviano (MAB), se propuso promover un mayor consumo interno de la quinua con precios más accesibles para que la población se beneficie de sus beneficios nutricionales.
Una de las principales preocupaciones de los asistentes fue el garantizar el acceso de los bolivianos al consumo de la quinua ya que consideran que el precio es algo costoso para los connacionales ya que mayoritariamente la quinua es producida con fines de exportación y no para consumo interno.
Por otra parte, los participantes de la actividad virtual consideran que la exportación también es importante “por lo que se debe lograr su certificación, industrialización y posterior reforestación y regeneración de suelos afectados por monocultivos de quinua”, se aclaró.
En el encuentro, se evidencio la falta de estrategias comunicacionales para socializar los beneficios del consumo de alimentos agroecológicos de la zona como hortalizas, papa, quinua y también carne de ganado ovino y camélido (llama), entre otros. Por lo que se propuso generar alianzas con los medios de comunicación para promover el consumo de productos agroecológicos y disminuir la ingesta de comida chatarra que provoca muchos daños en la salud de la población.
También, se determinó que el Estado debe ser el principal protagonista en el fortalecimiento del desarrollo agroecológico del departamento, generando políticas públicas destinadas a optimizar la transformación y comercialización de los productos agroecológicos y promover convenios con productores para que su producción sea destinado a los programas alimentarios como el desayuno escolar y el subsidio materno infantil.
Asimismo, se sugirió la creación de mercados diferenciados para los productos agroecológicos en el departamento, mediante la implementación de redes de tiendas y minimercados de productos exclusivamente producidos en Oruro.
Promover incentivos para productores locales con la inclusión de la tecnología e investigación para el cuidado de la tierra, el proceso de cosecha y producción de productos de manera responsable con el medio ambiente; además de facilitar el acceso a insumos, semillas, maquinarias sin el uso de agroquímicos nocivos para la salud, fue otro de los aportes de los involucrados con la temática.
Finalmente se remarcó en la necesidad de atención preferente a los productores agroecológicos frente a los efectos negativos en la tierra debido a los efectos del cambio climático.
Las pre cumbres independientes se realizan desde la pasada semana hasta el 14 de julio en los nueve departamentos del país. Con base en las propuestas departamentales y sectoriales se llevará a cabo la Cumbre Nacional la tercera semana de julio.

Los resultados de la actividad nacional serán presentados de manera oficial a la Cancillería boliviana y posteriormente a la “Cumbre Mundial de Sistemas Alimentarios” desarrollada por La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en septiembre de 2021.

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La importancia del Decenio de la Agricultura Familiar

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Por PBFCC

31 de mayo de 2021.- En diciembre de 2019 comenzó el Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar (DNUAF) como una oportunidad para estimular el desarrollo de políticas e inversiones públicas en favor de la agricultura familiar desde una perspectiva holística, liberando el potencial transformador de los agricultores y agricultoras familiares constituyendo una enorme contribución para el logro de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El DNUAF sitúa a los y las agricultores familiares en el centro de los sistemas alimentarios, garantizando la seguridad alimentaria, mejorando los medios de vida, gestionando de una forma más adecuada los recursos naturales, protegiendo el medio ambiente, manteniendo la cultura y logrando un desarrollo inclusivo y sostenible.

El Decenio promueve compromisos políticos a niveles nacional, regional y mundial, generando un entorno normativo y jurídico propicio para empoderar y apoyar a los agricultores y agricultoras familiares y está basado en la colaboración entre los diversos actores de la agricultura familiar.

La Asamblea General de las Naciones Unidas Señala a FAO y FIDA como líderes de la implementación del Decenio, junto a otro conjunto de actores, incluidos los Comités Nacionales de la Agricultura Familiar, otras plataformas para el diálogo político y las organizaciones de la agricultura familiar.

En diciembre de 2017, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar (UNDAF, 2019-2028) para servir como marco para que los países desarrollen políticas públicas, programas e inversiones para el sector.

El decenio tiene como objetivo reconocer la importancia de los agricultores familiares y potenciarlos como agentes clave de cambio en la transformación de los sistemas alimentarios, haciéndolos más eficientes y sostenibles.

Los múltiples objetivos del Decenio se pueden lograr a través de acciones integradas respaldadas por políticas coherentes e intersectoriales, que aborden las dimensiones ambientales, económicas y sociales del desarrollo rural y en contextos de emergencia, recuperación de paz y desarrollo, poniendo a las personas en el centro del desarrollo territorial.

Plan de acción Global

El 29 de mayo de 2019, durante el Lanzamiento oficial del Decenio de la Agricultura Familiar se presentó el Plan de Acción Global del Decenio que incluye las propuestas concretas.

Es un marco de gran relevancia que ofrece directrices y medidas orientadoras estructuradas en siete pilares, que son las áreas de acción para desarrollar políticas, programas y regulaciones en apoyo a la agricultura familiar.

PILAR 1: Crear un entorno político propicio para fortalecer la agricultura familiar

PILAR 2: Apoyar a los jóvenes y asegurar la sostenibilidad generacional de la agricultura familiar

PILAR 3: Promover la equidad de género en la agricultura familiar y el papel de liderazgo de las mujeres rurales

PILAR 4: Fortalecer las organizaciones de los agricultores familiares y su capacidad para generar conocimiento, representar a sus miembros y prestar servicios inclusivos en el continuo urbano-rural

PILAR 5: Mejorar la inclusión socioeconómica, la resiliencia y el bienestar de los agricultores familiares y los hogares y comunidades rurales

PILAR 6: Promover la sostenibilidad de la agricultura familiar para conseguir sistemas alimentarios resilientes al cambio climático

PILAR 7: Fortalecer la multidimensionalidad de la agricultura familiar para lograr innovaciones sociales que contribuyan al desarrollo territorial y a sistemas alimentarios que salvaguarden la biodiversidad, el medio ambiente y la cultura

La implementación del DNUAF está a cargo de todas y todos los actores implicados junto a organizaciones de la agricultura familiar, para asegurar el éxito del Decenio.

Los cambios en estos 10 años deben darse en el nivel global y regional, pero sobre todo en el nivel nacional, que es donde más se incidirá para mejorar la calidad de vida de agricultores y agricultoras familiares.

METAS

El Plan de Acción Global incluye ambiciosas metas generar impacto positivo.

Metas para 2024

100 PLANES DE ACCIÓN NACIONALES sobre agricultura familiar elaborados por los Gobiernos en diálogo con las organizaciones de agricultura familiar y/o con los Comités Nacionales de agricultura Familiar.

5 PLANES DE ACCIÓN REGIONALES

7 PLANES DE ACCIÓN SUBREGIONALES sobre agricultura familiar elaborados en diálogo con las organizaciones de agricultura familiar.

 

#Campaña «Agricultura familiar, futuro sostenible»

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agua

La importancia del agua en medio de la crisis sanitaria

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Por: Mario Laura Huallpa*

6 de abril de 2020

“El agua es vida y salud; sin agua no se puede vivir”. Fueron las palabras expresadas por algunos dirigentes durante la construcción de sus normas y procedimientos propios en el departamento de Potosí, en alusión a la importancia del recurso hídrico para el consumo humano y la producción agrícola. Consientes que el agua cada vez va escaseando en comunidades de tierras altas, producto del calentamiento global y de las actividades humanas por el cambio de uso de suelo, extracción minera, entre otros, reflexionaron sobre el uso racional de este líquido elemento.

En medio de la crisis sanitaria que vive el país y el mundo, es oportuno matizar esas reflexiones por la recomendación de la OMS de utilizar agua constante para evitar el contagio del coronavirus (COVID-19). Como se sabe, nuestra Constitución refiere en su art. 373 que el agua “es un derecho fundamentalísimo para la vida (…)”; sin embargo, existen normas específicas como la Ley 535 del 2014 que otorga el derecho “preferente” al sector minero, en cualquiera de sus modalidades de utilizar grandes volúmenes e incluso variar los cursos de agua, deteriorando lagos, lagunas, vertientes, ojos de agua, ríos y aguas subterráneas.

A pesar de ese derecho “preferente”, independientemente de ser empresas mineras pequeñas, medianas, grandes, legales o ilegales, estas no tienen regulación ambiental dejando expuestos a los habitantes de comunidades indígenas y campesinas a consumir agua contaminada por los químicos y reactivos que utilizan para irrigar sus concentrados. Además no pagan por el uso indiscriminado del agua.

El derecho al agua está indisolublemente ligado al derecho a la salud, a la vida, a una alimentación adecuada y a la dignidad humana, tal cual detalla la Carta Internacional de Derechos Humanos. En esa misma línea la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible del año 2002 recomendó que los Estados deben garantizar que los recursos hídricos naturales estén a resguardo de la contaminación por sustancias nocivas y microbios patógenos. Sin embargo, en los últimos años se desnaturalizó el abastecimiento y la gestión del agua, debido a una interpretación restrictiva con relación a su disponibilidad en igualdad de oportunidades, principalmente en el área rural.

El agua y su contenido normativo

El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales sostiene que el derecho al agua debe entenderse desde la perspectiva de un bien social y cultural, y no como un bien económico. Debe reunir los principios rectores de disponibilidad, calidad, accesibilidad (física y económica) y sin discriminación, para que cada ser humano tenga agua suficiente y continua para usos personales y domésticos.

El marco legal sobre los recursos hídricos en Bolivia se remonta a la Ley de Aguas del año 1906; aunque a la fecha se aprobaron leyes y reglamentos sectoriales sobre el tema, esta norma se caracteriza por ser dispersa, llena de contradicciones, vacíos legales y, si bien está vigente, no es aplicable en el contexto actual por conservar una visión del siglo pasado. En merito a los avances sustanciales y conforme al nuevo orden constitucional plural, entre el año 2010 y 2011 más de 120 organizaciones de la sociedad civil urbanas y rurales trabajaron una propuesta legislativa denominada Ley Marco “Agua Para la Vida”, con el objetivo de establecer un régimen ambiental del agua y otorgar derechos de uso para el consumo humano y para garantizar la soberanía alimentaria.

Este proyecto de Ley, que actualmente duerme el sueño de los justos en la Asamblea Legislativa Plurinacional, dimana del derecho al agua y las garantías que aseguren un nivel de vida adecuado, principalmente de las naciones originarias campesinas que les permita proteger sus sistemas productivos y reproducción de la vida de la Madre Tierra. Al referirnos a esas naciones hacemos hincapié a pueblos, comunidades, villorrios, ayllus y markas ubicados en el altiplano, cuya forma de vida se caracteriza por su convivencia armónica, propia de su cultura ancestral.

La Constitución Política del Estado describe en su artículo 16.I. que toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación. Asimismo, la merituada norma suprema puntualiza que su acceso debe ser universal y equitativo para todos los bolivianos.  Los derechos que proclama la Constitución no deben ser entendidos como negación de otros derechos no enunciados, debido a que no existe jerarquía alguna ni superioridad de unos derechos sobre otros.

Agua y cosmovisión andina

El pedagogo mexicano Joseph Chakrabarty sostiene que el “sujeto social va adquiriendo subjetividad en la medida en que comparte espacios rituales”. Nada más cierto para esta realidad sociocultural y plural, donde las naciones originarias y campesinas basan su relación armónica y holística en todos los elementos de la naturaleza, teniendo al agua como un ser vivo que representa la reciprocidad y complementariedad.

Estos pueblos prehispánicos generaron sistemas alternativos como la cosecha de aguas, terrazas agrícolas, sukakollus, tarasukas, q’otañas entre otras. Por ejemplo los habitantes de la comunidad Cuiri, ubicada en el municipio de Ravelo del departamento de Potosí, construyeron sus propios sistemas de captación de agua de lluvia, limitando su uso sólo para preparar alimentos porque deben racionar durante la temporada seca que incluso llega a los ocho meses.  Como ellos existen poblaciones que no gozan de agua potable pero permanecen en sus lugares de origen soportando los rigores del cambio climático.

Estos poblados se constituyen en los más vulnerables por factores como la pobreza, edad o por el carácter indígena originario heredado, ya sea de la cultura aimara o quechua.

En este nuevo milenio estos actores sociales aún están invisibilizados porque no han tenido ni tienen la oportunidad de gozar o acceder una mejor calidad de vida, por la errada y deficiente política pública que impide mejorar la gestión del agua tanto para el consumo humano como para la agricultura.

Estos “marginados” por razones sociales, culturales, económicas, políticas e institucionales, cómo pueden enfrentar la crisis sanitaria del COVID-19 cuando no gozan de agua potable (agua tratada) y solo acceden al agua proveniente de ríos, vertientes, lagunas, acequias y mediante pozos o norias sin bomba.

Además, los municipios ni las gobernaciones realizan el monitoreo y análisis de la calidad de agua que consumen los habitantes de las naciones y pueblos originarios campesinos, que están expuestos a contraer distintas enfermedades que incluso ponen en riesgo su propia vida.

En los territorios no se ejecutan planes de vigilancia a las fuentes de agua contaminada por desechos sólidos, por el inadecuado tratamiento de aguas residuales, por disposición de excretas de personas y animales, y por el desprendimiento de sustancias toxicas provenientes de las actividades mineras e industriales.

La Constitución Política dogmatiza que el acceso a los servicios básicos (agua y alcantarillado) constituye derechos humanos, y su provisión debe responder a criterios de universalidad, continuidad equitativa, eficiencia y sobre todo con calidad.

Paradójicamente en los últimos 14 años los habitantes de las naciones y pueblos originarios campesinos no fueron percibidos como seres humanos por la implementación de políticas públicas a favor de los que explotan la riqueza natural y no de los que cuidan y conviven con la naturaleza.

No existió una visión clara de ejecutar proyectos comunes desde una mirada comunitaria ancestral que permita usufructuar y conservar el agua para las futuras generaciones.

* Es miembro de la PBFCC

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Posicionamiento de la PBFCC sobre el estado situación de la pandemia de COVID-19

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La crisis de la pandemia del coronavirus (COVID-19) tiene una estrecha relación con la crisis climática, está directamente relacionada con el comportamiento incorrecto de las personas, incluido el comercio ilegal de especies silvestres controladas y, en general, el impacto del hombre que ha generado la destrucción de ecosistemas naturales.

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indigenas madidi Jemio

La vulnerabilidad de indígenas y campesinos en tiempos de coronavirus

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Por: Mario Laura Huallpa *

PBFCC/31 de marzo de 2020

Luego de un largo proceso de reivindicación, lucha e incidencia política de parte de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos (NyPIOCs), el año 2009 se constitucionalizan los derechos específicos, tanto individuales y colectivos, como formas de convivencia comunitaria en base a la producción, promoción, contribución, participación política y toma de decisiones sobre su desarrollo integral con identidad, principios, valores y visión propia dentro del paradigma del vivir bien.

Sin embargo, a pesar de los avances sustanciales que les permitió tener una incidencia política exitosa y experimentar una mesurada reducción en los niveles de pobreza, aún resta por mejorar en varios aspectos, principalmente en salud y educación. Los pueblos indígenas y originarios de Bolivia continúan enfrentándose a las barreras estructurales en lo político, educativo, social, económico y cultural, lo cual se traduce en los grandes desafíos para satisfacer sus necesidades básicas en medio de una economía extractiva cada vez más globalizada.

Sin soluciones integrales

Estas mejoras de inclusión social no estuvieron acompañadas por soluciones integrales en materia de salud que mejoren la calidad de vida de los habitantes de los pueblos indígenas y originarios del país. Se necesita mayores esfuerzos para garantizar y proteger los derechos colectivos de las NyPIOCs desde una perspectiva diferente que tome en cuenta su identidad cultural y sus formas de convivencia armónica con la naturaleza.

Los datos del censo del año 2012 muestran que el 41 % de los bolivianos se identificaron como indígenas, apelando a lo que refiere el Artículo 5 de la Constitución Política del Estado que reconoce sólo idiomas de 36 NyPIOCs. No obstante, contrario al sentido de pertenencia o auto identificación cultural, un gran número de familias indígenas y originarias viven en ciudades capitales o zonas urbanas intermedias, incluso, sin contar con los servicios básicos. Pero tienen doble residencia.

Lamentablemente, en los últimos 14 años los hogares de los pueblos indígenas y originarios no se beneficiaron significativamente con el auge del crecimiento económico, que priorizó construir canchas sintéticas de hasta un millón de bolivianos y sedes sociales de entre 8 y 12 millones de bolivianos, dejando de lado el apoyo e incentivo a la pequeña agricultura familiar campesina. Razón suficiente para migrar hacia el interior y exterior del país, todo por mejorar la calidad de vida de sus familias.

El adulto mayor del área rural  

Bajo el lema “para que nunca más seamos excluidos”, el gobierno anterior se construyó a partir de la exclusión y de las reivindicaciones de los pueblos indígenas y originarios campesinos, pregonando cambiar su situación injusta, con aplicación de la actual Constitución Política del Estado, “para que todos los originarios bolivianos sean iguales, sin racismo ni discriminación”.

Si bien el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) no registra datos desagregados sobre la población adulta mayor que habita en el área rural. La Fundación Jubileo en su publicación de análisis del año 2019 establece que la pobreza moderada rural afecta al 53,9 % de la población y la extrema pobreza al 34,6%. Lo que significa que dentro de ese porcentaje se encuentran los adultos mayores, constituyéndose actualmente en la población más vulnerable expuesta a contraer el coronavirus (COVID 19).

¿Por qué nos referimos a la población adulta mayor del campo?

En primer lugar, porque son las únicas personas que sobreviven en el área rural revalorizando y fortaleciendo la conservación de la flora y fauna y, difundiendo los saberes ancestrales para las prácticas de medicina tradicional entre espiritualistas, parteras y otros. En segundo, porque ellos incentivan la reconstrucción de los sistemas alimenticios, el consumo de alimentos locales y orgánicos como medidas de prevención contra la desnutrición de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos en sus territorios.

Los habitantes de los pueblos indígenas originarios, principalmente la población adulto mayor, se encuentra desamparada frente al crecimiento exponencial del coronavirus (covid-19), porque carecen de servicios básicos, agua potable principalmente, y en sus territorios no existen hospitales de primer y segundo nivel; algunas comunidades cuentan con postas o centros de salud con un reducido personal médico para la atención primaria de salud.

A ello se suma la poca información sobre el riesgo del coronavirus, que en ocasiones pueden confundirse como un simple resfriado y ser tratado con medicinas naturales a base de hierbas (eucalipto y el pino normal), sin imaginar sus futuras complicaciones. Otro factor de riesgo para el adulto mayor del campo el recorrido de varios kilómetros que realzan para ofrecer sus productos en las ferias comunitarias semanales o mensuales, donde indudablemente tienen contacto con personas de distintos lugares.

Frente a este panorama y en medio de la declaratoria de emergencia sanitaria por el coronavirus y la cuarentena parcial vigente, cómo cuidamos y controlamos a los adultos mayores del área rural, que por esa concepción dual andina siempre transitan chacha warmi (hombre –mujer).  Además este sector no puede quedarse en casa porque simplemente está habituado a trabajar la tierra, más todavía en este tiempo de cosecha. Pero, ¿cómo reducimos estas vulnerabilidades?

Medicina convencional versus Medicina tradicional

Una de las aspiraciones de los pueblos indígenas y originarios campesinos, fue fortalecer la salud integral ancestral en sus territorios, revalorizando las teorías, habilidades, conocimientos, prácticas, creencias, ritos y ceremonias espirituales, “para sanar de verdad”. Es así que el Artículo 35. II. reconoce el sistema único de salud en todos sus niveles e incluye a la medicina tradicional de las NyPIOCs, concordante con el Artículo 42.I. que responsabiliza al Estado de promover y garantizar “el respeto, uso, investigación y práctica de la medicina tradicional, rescatando los conocimientos ancestrales (…)“.

Sin embargo, en el área rural se implementó el modelo de atención en salud familiar comunitaria intercultural (SAFCI), que establece que los médicos tradicionales trabajen de manera coordinada con los biomédicos pero, para eso deberían crearse ítems en las provincias respetando sus conocimientos científicos y saberes ancestrales en igualdad de condiciones.

El ejercicio y práctica de las y los médicos tradicionales (guías espirituales, parteras, parteros y naturistas) está reconocido por la Ley 459. Estos recurren a procedimientos terapéuticos ancestrales, acudiendo a las plantas, animales, minerales, terapias espirituales y técnicas manuales “para mantener y preservar el equilibrio de las personas, familia y comunidad para vivir bien”.

Como dijimos líneas arriba, la población rural, para atenuar o sanar enfermedades leves en sus propios domicilios, acude en primera instancia a las propiedades de la medicina tradicional para restaurar el equilibrio y la relación armónica entre el hombre y naturaleza.  Para la cosmovisión andina las transgresiones a las leyes naturales, la mala alimentación y el desequilibrio del hombre con el medio ambiente, son los causantes de las diferentes enfermedades.

*Miembro de la PBFCC

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Incluir a la “canasta familiar» productos de la pequeña Agricultura Familiar

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Por: Juan Carlos Alarcón Reyes*

24 de marzo de 2020

En medio de una pandemia por el denominado coronavirus (covid-19), conscientes de la precariedad del sistema de salud nacional y posiblemente sin conocer la realidad amplia y diferente del país se ha venido tomando diferentes medidas, sobre todo relacionadas a evitar el contagio, para ello se ha dictado la cuarentena y posteriormente emergencia sanitaria, que pretende que las personas en la medida de lo posible puedan quedarse en sus casas, para precautelar la salud de sus familias. Sin embargo, dicha medida está siendo dificultoso en su aplicación y adopción, debido a que la mayor parte de nuestra economía es informal y muchas familias viven el día a día, pues al parecer ha puesto a muchas familias en la dicotomía de “quedarse en casa y pasar hambre o salir para buscar al menos algo de comer con la posibilidad de contraer el virus”.

Frente a esta situación el artículo 11 del Decreto Supremo 4200 parece que de alguna forma puede paliar dicha situación; en ello se establece que «se otorga una canasta familiar a los hogares bolivianos con menores ingresos a ser distribuida en todo el territorio boliviano, de acuerdo a reglamentación que será emitida por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas». Se ha mencionado también que se beneficiará a 1.600.000 hogares, y el Ministerio de Economía ha señalado que dicha canasta tendría un valor de 400 a 500 bolivianos, si fuera así estamos hablando de más de 650 millones que se van ha distribuir en productos.

Los productos

Sin embargo, no está aún definido qué productos serán parte de dicha canasta; pero es más seguro que serán productos provenientes de la agroindustria (aceite, azúcar, fideos y otros) que es el sector que genera tremendos impactos socioambientales y daños irreparables para la salud de los humanos y no humanos, a partir de la ampliación de la frontera agrícola, deforestación, uso de agroquímicos y más… De acuerdo al Censo Nacional Agropecuario de 2013, en Bolivia existen 871.921 Unidades Productivas Agropecuarias (UPA), de las cuales el 95 % correspondería a la agricultura familiar campesina, mientras que el 5 % tiene un carácter empresarial – agroindustria. Pese a esta importancia poblacional los agricultores familiares campesinos e indígenas cultivan solo el 40 % de la tierra; en contraste la agricultura empresarial ocupa el 60 % de la tierra cultivada. También hay una desproporción en los volúmenes y valor de la producción.

La relevancia económica de la agroindustria ha hecho que las políticas públicas estén orientadas cada vez más a este sector, el cual, a su vez, se  atribuye la responsabilidad por la seguridad alimentaria en Bolivia, aunque aquello es relativo, si incorporamos las variables de calidad, inocuidad y valor nutricional, que están en productos provenientes de la agricultura familiar, como son las verduras, frutas y cereales: que en estos días según expertos en salud deberían ser los consumidos para fortalecer el sistema inmunológico de las personas y así también enfrentar al virus.

Agricultura familiar

Por otra parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) declaró a 2014 como el Año Internacional de la Agricultura Familiar, ello ha sido importante para  destacar la importancia de la agricultura a pequeña escala en el mundo. Pero un año no ha sido suficiente, por esta razón las Naciones Unidas ha declarado el decenio Agricultura Familiar (AIAF+10) para fortalecer: acceso a mercados locales y regionales, acceso al crédito, a tecnologías apropiadas, a recursos naturales en el contexto del cambio climático, fortalecimiento organizacional y potenciar el rol de mujeres y jóvenes.

En este contexto, al menos el 50% de los productos de la canasta familiar solidaria debería ser productos provenientes de la agricultura familiar campesina indígena, con productos locales o regionales, que no requieran otros gastos en transporte y logística. Con ello también se evitaría el posible contagio del virus por los traslados y movilización de personas que va requerir para las entregas. Como, se ha mencionado que las coordinaciones se van realizar con los Municipios allí tranquilamente los interlocutores para el acopio y entregas pueden ser las Asociaciones de Productores y las mismas organizaciones de las comunidades campesinas y de los pueblos indígenas originarias. Inyectando más de 300 millones de bolivianos en este sector -que son los más vulnerables- también se estaría generando un apoyo económico, además de los productos.

En síntesis, en estos tiempos de crisis por la pandemia, en vez de seguir apostando por un modelo agroindustrial, el cual genera tremendos impactos socioambientales y daños irreparables para la salud de los humanos y no humanos, a través de distintas pandemias. Apostar por la pequeña agricultura familiar campesina indígena y originaria, que es una alternativa, y una necesidad para afrontar la crisis civilizadora actual, la cual una vez más se deja ver con la aparición del coronavirus.

*Miembro de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático
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