agricultura familiar

Por Marcos Nordgren*

Las señales del endurecimiento de las condiciones para la agricultura en las diferentes regiones del país el último año, mucho más que solamente una caída temporal de las capacidades productivas, confirman tendencias que no podrán ser revertidas con ajustes y maquillajes del presente modelo y política agropecuaria nacional, como hasta ahora se ha intentado.

Los recientes reportes de pérdidas de entre 50 y 80%, de la producción ya baja, de frutas y hortalizas de los valles interandinos bolivianos, señales de reducción de la producción de papa en el Altiplano y las renovadas demandas de ayuda financiera de productores de soya, sorgo o maíz de ANAPO (al menos por cuarto año consecutivo) debido a pérdidas de hasta el 50% de su producción causada por falta de lluvias y heladas, muestran un escenario en proceso de deterioro continuo y en camino a un inevitable colapso. Cambios estructurales en la política agrícola nacional son por lo tanto imprescindibles y necesitan ser debatidos ampliamente y de manera urgente.

Los nuevos pedidos de salvatajes financieros y la legalización de nuevas variedades transgénicas en las que insiste el agronegocio, lejos de ser soluciones, solamente apuntan a jalar un poco más las estiradas y desgastadas ligas que sostienen el aparato productivo y más críticamente, la seguridad alimentaria nacional, pero de ninguna manera podrán detener la más pronta que tarde caída de un sistema productivo insostenible, y mucho menos el empeoramiento radical de la crisis climática, más bien acelerada por los actuales modelos agropecuarios.

Es necesario reconocer, sin embargo, que Bolivia tiene grandes obstáculos para lograr mayores cambios a su política agropecuaria bajo las circunstancias actuales.

La implementación del conocido Plan Bohan, desde los años 40 en Bolivia[1], sentó las bases de la actual agroindustria boliviana y ha significado una de las políticas de Estado nacionales de mayor continuidad histórica, contribuyendo en la generación de una pequeña parte de las divisas para el país, pero también forzándolo en una dirección de desarrollo con grandes costos globales que a estas alturas es imprescindible rediscutir urgentemente, incluso en contra la resistencia ejercida por el sector.

Las frecuentes intervenciones Estatales con endeudamiento y fondos públicos para refinanciar y ayudar a las grandes empresas privadas del agro a salir de sus numerosas crisis, sin contar las permanentes subvenciones otorgadas al sector directa e indirectamente (exención de impuestos, subvención de carburantes, etc.), muestran solamente una de las razones por las que se vuelve imprescindible reabrir la discusión acerca de la viabilidad del presente modelo agrícola y la inconveniencia de seguir soportando el cada vez mayor peso económico que este representa para el país.

Apoyo a la agroindustria

Como breve recuento, solamente desde 2017, la elite agroempresarial boliviana ha demandado acceder a recursos de los Fondos de Pensiones para rescatar a los soyeros endeudados, fue  beneficiada con la legalización de nuevas variedades transgénicas (pese a prohibiciones legales existentes) y consiguió compromisos gubernamentales para la inversión de 1400 millones de dólares para arrancar con la producción de agrocombustibles en 2018, que además para reafirmar lo dicho, depende de la compra de producción agrícola a precios subvencionados por el Estado boliviano para su uso como aditivos de toda la gasolina que se comercializa en el país.

El año pasado con motivo de la pandemia de COVID-19 y en complicidad del gobierno transitorio, la elite agroempresarial boliviana recibió otros 600 millones de dólares en cómodos préstamos a finales del 2020, y ya para julio del 2021 vuelve a requerir el apoyo del Estado boliviano, acostumbrada ya a la excepcional generosidad pública con su sector.

Si bien desde una perspectiva sectorial algo ingenua podría reconocerse la hábil articulación de capacidades de incidencia del agro-empresariado sobre las políticas agrícolas nacionales que ha permitido que tanto, gobiernos autodenominados populares a la cabeza de Morales, o conservadores bajo la presidencia transitoria de Añez continúen dedicando las arcas públicas a su salvataje, lo que realmente parece estar de fondo es la testaruda creencia  nacional en un modelo agropecuario que da todas las señales de inviabilidad, pero que después de más de medio siglo de política de Estado dedicada a su construcción, resulta difícil dejar. Como un mal hábito que ha creado una adicción difícil de abandonar.

Pero talvez aún más preocupantemente, la inviabilidad no solo es económica y en el frente socioambiental y climático, el modelo agroindustrial enfrenta a mediano y corto plazo crisis mucho mayores e imposibles de rescatar, sin importar la influencia política del sector. 

Extremos climáticos

Precisamente los extremos climáticos que, entre inundaciones, sequías, incendios, heladas o plagas agrícolas golpean cada vez más frecuentemente al sector agrícola y pecuario, están siendo empeorados por la expansión de una frontera agrícola que avanza imparable en la progresiva interrupción de los ciclos hídricos regionales y debilitando la función de regulación de temperaturas hecha por los bosques de la región.

Si bien los efectos del fenómeno global del cambio climático son mundiales y afectan a todas las naciones, para países amazónicos como Bolivia es especialmente importante debido a que el ecosistema amazónico tiene sus propios límites críticos y varios datos recientes apuntan que están mucho más cerca de cruzarse que en el caso de los efectos globales del cambio climático.

En otras palabras, la ciencia nos advierte que, si no reconducimos la política agraria pronto, habremos perdido el bosque amazónico para siempre, el cual terminará convirtiéndose en extensas pampas improductivas golpeadas por ciclos recurrentes de sequias, incendios e inundaciones temporales, haciendo a la vez inviable una producción agropecuaria confiable, para ya no hablar de una agroindustria sobre la que depositar expectativas de desarrollo nacionales.

Los mega incendios forestales consecutivos del 2019, 2020, y la posible repetición de eventos dramáticos este 2021 impulsada por una Autoridad de Bosques y Tierra que aún parece no sacar lecciones de los desastres al ampliar los periodos de quemas, tampoco contribuyen a dar buenas señales sobre el futuro próximo.

Un (r)evolucionario giro en la política agropecuaria es la única salida, pero los recursos propios para hacerlo son insuficientes después de insistentes y fallidos intentos por “industrializar” o y “modernizar” la economía nacional conducidos en las últimas décadas que han terminado con las reservas que pese a todo habían sido logradas con la exportación de hidrocarburos nacionales.

Oportunidades

Sin embargo, realmente ya no es momento de levantar el dedo acusador porque el tiempo apremia y necesitamos identificar estrategias que nos permitan llegar al ojo de la literal y simbólica tormenta del cambio Climático, relativamente mejor preparados.

En esta dirección, el escenario de negociaciones climáticas y las herramientas siendo negociadas en el marco del Acuerdo de París de Naciones Unidas, representa una de las últimas oportunidades que el país tendrá que permita empezar a mejorar significativamente las capacidades para enfrentar los extremos climáticos y mega incendios que, ya nadie debería dudar, esperan a la vuelta de la esquina.

En el marco de este escenario global es necesario comprender que Bolivia tiene todavía algo muy importante que aportar y ofrecer al mundo en su desafío frente a la crisis civilizatoria del cambio climático, y aunque corremos el peligro de perderlo, aún estamos a tiempo de revertir este proceso y construir sobre esa base un nuevo modelo productivo nacional: Los ricos bosques y humedales de montaña bolivianos, dónde se conserva buena parte del carbono y la mayor biodiversidad de los ecosistemas del planeta.

El Acuerdo de París de Naciones Unidas para la lucha contra el cambio climático ofrece una última oportunidad de visibilizar y traducir los valores intangibles de las funciones ambientales de los bosques y otros ecosistemas, en posibilidades de financiar amplias y sostenibles políticas productivas nacionales; y para esto no es necesario participar de los cuestionados mercados de carbono, que efectivamente generan mayores problemas que los que solucionan al poner al centro de la emergencia climática los fines de lucro.

Como bien sabemos, los fines de enriquecimiento frecuentemente funcionan de incentivo para la especulación y la doble contabilidad, pero en el caso de los mercados de carbono, además ha mostrado afectar negativamente a los principales residentes y gestores del bosque, los pueblos indígenas.

Afortunadamente el propio texto del Acuerdo de París abre opciones de mecanismos alternativos al criticado Mercado de Carbono y deja en manos de una estrategia nacional suficientemente inteligente, la posibilidad de gestionar suficientes recursos para garantizar las funciones de estabilización climática del bosque, al mismo tiempo que financiar el desarrollo de un diverso y robusto sistema productivo compatible con estos fines.

No partimos de cero. Las bases técnicas para estos nuevos sistemas productivos han venido siendo desarrolladas por productores e instituciones de desarrollo nacionales desde hace al menos medio siglo, y podemos encontrar hoy ejemplos de innovadores sistemas productivos agroforestales, silvopastoriles o agroecológicos a lo largo y ancho del país, mostrando de maneras prácticas la viabilidad de este modelo productivo alternativo.

La pregunta que legítimamente se puede hacer es ¿por qué no han logrado ampliarse estos ejemplos productivos si son viables?

La respuesta es relativamente sencilla, a diferencia del modelo agroindustrial que ha recibido grandes inversiones públicas, subsidios, condonaciones, asesorías comerciales y cómodos servicios financieros, este otro modelo de producción sostenible y apto para luchar contra la crisis climática, hasta ahora no ha obtenido prácticamente ninguna atención significativa por parte del Estado, y los reducidos ejemplos demostrativos exitosos se han logrado pese a todas las dificultades con un admirable esfuerzo de los y las productoras locales y reducidos fondos de agencias internacionales de cooperación, aunque en recientes años y producto de presiones e incentivos externos se haya involucrado tangencialmente el Estado boliviano.

La naturaleza de mediano y largo plazo de algunos de los componentes de la gestión integral de bosques y las tecnologías agroforestales, silvopastoriles o agroecológicas por otro lado, también han dificultado convencer a las autoridades públicas, normalmente en búsqueda de réditos políticos de corto plazo, muy compatibles con la lógica agroempresarial, pese a sus enormes costos.

No obstante estos obstáculos, la gestión de recursos económicos internacionales suficientes provenientes de financiamiento para la conservación y ampliación de las capacidades de secuestro y conservación de carbono, en varios casos ya disponibles, son una gran oportunidad que el país debe utilizar para financiar políticas y programas nacionales de aprovechamiento de poblaciones silvestres de asaí, castaña, majo, caucho, almendra chiquitana, cupesí o fibras y pigmentos naturales además rubros más convencionales como el aprovechamiento sostenible de maderas y ecoturismo sostenible y la propia transformación de actividades agropecuarias actuales con una fuerte base de agricultura familiar.

En este escenario no se necesita dejar a nadie atrás e incluso los grandes empresarios, que hoy se dedican a sembrar y fumigar extensos campos de soya transgénica o a la crianza y faenado de amplio ganado vacuno, podrían aportar en la recuperación de sus empobrecidas tierras bajo otros esquemas de producción agroforestal y silvopastoril.

Bolivia tiene la oportunidad de materializar las hasta ahora globalmente ignoradas funciones esenciales de estabilización climática de sus ecosistemas.

Si una empresa tecnológica puede hacer ventas anticipadas para financiar inciertas y caras tecnologías futuras de captura de carbono[2], un país rico en ecosistemas como Bolivia puede gestionar financiamiento internacional para costear programas agropecuarios-forestales mucho más certeros, y garantizar a través de sistemas de monitoreo robustos, la reducción de emisiones y la ampliación de stocks del valioso carbono en tiempos de amenaza de colapso climático.

Esta opción se hace mucho más atractiva cuando asociamos los beneficios centrales que sin duda deberían resultar de dichos programas productivos de desarrollo forestal y agropecuario sostenible.

La producción de volúmenes importantes de pulpas de asaí, majo, cacao, quinua, papas andinas y hasta volúmenes reducidos, pero a mejores precios, de cultivos agroecológicos de soya, y carne silvopastoril bajas en emisiones de carbono, podrían formar parte de acuerdos  bi y multilaterales que comprometan financiamiento climático a cambio de metas nacionales cuantitativas serias dirigidas a la ampliación de stocks de carbono, y condiciones favorables para la comercialización de alimentos climáticamente inteligentes bajos en carbono.

Para esto sin embargo necesitaremos trabajar en nuestro desapego de los malos hábitos del agronegocio, cosa más fácil dicha que hecha. Sin embargo, tratándose de un peligro existencial que requiere de cambios de fondo, tenemos los argumentos de nuestro lado.

Realmente no queda más que emprender el camino con los primeros pasos, y el reconocimiento de la inviabilidad del modelo agroindustrial parece definitivamente un buen comienzo para iniciar la conversación nacional sobre la manera en que recanalizaremos los esfuerzos privados y públicos hacia un nuevo modelo agrícola-forestal compatible con una estrategia boliviana de Mitigación Productiva de la Crisis Climática.

*Técnico de la PBFCC

[1] https://www.la-razon.com/voces/2021/05/26/plan-bohan-base-del-modelo-cruceno/

[2] https://www.axios.com/carbon-engineering-removal-d0bc4829-8f14-4c40-bc8a-91ebfe624ea2.html