Representantes de la CNAMIB presentaron en la sede de la ONU un “informe sombra” al presentado por el Gobierno nacional, donde expresaron realmente su situación.
El Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres es una entidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cuya finalidad es que los estados del mundo trabajen activamente para lograr la igualdad entre mujeres y hombres. En julio pasado, el gobierno de Bolivia presentó su informe sobre la situación de las mujeres en Bolivia ante este organismo, que no menciona a la mujer indígena y su problemática. Por este motivo, la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB) elaboró un “informe sombra”, donde menciona lo que el Órgano Ejecutivo quisiera invisibilizar ante el resto del mundo. Judyth Rivero, presidenta de la CNAMIB, presentó este documento en el Palacio de las Naciones, en la ciudad de Ginebra, Suiza.
Las mujeres de pueblos indígenas somos víctimas de una política de colonización permanente desde el siglo XVI. La agresión tuvo como fin la apropiación de nuestros territorios y la explotación de sus recursos naturales, a través de megaproyectos de minería, petróleo, gas, represas, carreteras; y el control gubernamental, expresado en la intervención y división de los sistemas de Gobierno indígena”, dijo Rivero ante el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, más conocido como CEDAW, por sus siglas en inglés.
El Gobierno, a través del Decreto Supremo Nº 2366 (del 20 de mayo de 2015), autorizó la exploración de gas y petróleo en las 22 áreas protegidas, muchas de las cuales son también territorios indígenas (como TIPNIS, Pilón Lajas, Madidi, Aguaragüe y otros). La Agenda Patriótica de 2025 prevé la ampliación de la frontera agrícola en 13 millones de hectáreas. A la fecha el avance es de casi 3 millones, por lo que el desbosque por año deberá ser de un millón de hectáreas, lo cual pone en grave riesgo la existencia misma de los pueblos indígenas”, dijo la dirigenta del pueblo Chimán. La presidenta de esta sesión de la CEDAW fue la señora Yoko Hayashi, de Japón.
Nos preocupa la poca capacidad del Estado para administrar justicia en cumplimiento de los derechos de las mujeres indígenas, lo cual tiene relación con la falta de independencia del sistema judicial boliviano –dijo la presidenta de la CNAMIB-. Hay casos no resueltos: la intervención violenta a la Octava Marcha Indígena del TIPNIS en Chaparina (25 de septiembre de 2001) y la violación colectiva de 7 mujeres y 2 niñas indígenas del pueblo Tacana de la Comunidad El Retorno, en Pando”, por mencionar solo dos casos.
Por este motivo, la CNAMIB, en el documento firmado junto a la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), exige a la CEDAW que “solicite al Estado Boliviano, en su misión de erradicar la violación a los derechos de las mujeres indígenas, preste atención y cumpla con sus obligaciones asumidas al momento de suscribir el Convenio Nº 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los derechos reconocidos en la Constitución vigente”. Las mujeres indígenas presentaron este informe acompañadas de la Coordinadora de la Mujer y la Comunidad de Derechos Humanos.
El Estado debe hacer todos los esfuerzos para que los casos judiciales que afecten a las mujeres indígenas de Bolivia sean resueltos con Justicia y no queden en la impunidad, garantizando la independencia del sistema judicial”, piden las mujeres indígenas de Bolivia. Ojalá este deseo se convierta en realidad y que los discursos bonitos de las autoridades se traduzcan en acciones, tan bonitas como necesarias.
Este informe sombra se encuentra completo en el sitio web: http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/BOL/INT_CEDAW_NGO_BOL_20845_S.pdf
