El Gobierno nacional puso de manifiesto una vez más que su vocación está en defender proyectos económicos empresariales y no así los derechos de los pueblos indígenas que lo llevaron al poder. En el conflicto por la construcción de la hidroeléctrica de Rositas, que afecta a 500 familias en el departamento de Santa Cruz, las autoridades del Órgano Ejecutivo enviaron a Tribunales de Cochabamba a una decena de abogados (entre ellos de la Procuradoría General del Estado) para poner trabas al avance de una Demanda de Acción Popular presentada por las y los afectados, de las provincias Cordillera y Vallegrande, quienes quieren evitar que se levante una represa y queden bajo el agua sus comunidades.

Como en todos los problemas que el Gobierno nacional tuvo con organizaciones sociales desde 2010, vuelve a usar el mismo manual: desgastar la lucha indígena, dividir a familias y comunidades, actuar con total frialdad, utilizando cualquier recurso para aislar a quienes exigen respeto a sus derechos. “No tenemos muy buenas noticias, porque el juez (Oscar Ortíz Vargas) ha determinado que no le corresponde a esta jurisdicción territorial resolver este caso, entonces lo ha derivado a la provincia Cordillera para poder accionar nuevamente allá. Nuestro abogado (Nelson Lamadrid) había dicho que todo lo que opera ENDE es desde acá, porque la oficina central está aquí en Cochabamba, pero igual los abogados de ENDE (Empresa Nacional de Electricidad) dijeron que la vulneración de derechos está allá en el territorio”, dijo la señora Ena Taborga, de la comunidad Tatarenda Nuevo.

“No estamos desanimados, tampoco es que hemos perdido. Estamos todavía siguiendo con la demanda, luego tendremos una audiencia otra vez. Además, estamos fortalecidos: han llegado hermanos de Vallegrande, que también van a ser afectados. Estuvo el alcalde de Vallegrande apoyándonos. Hay un pronunciamiento que está circulando en las redes sociales, de los hermanos afectados por las represas de El Bala y El Chepete, que está a favor nuestro. O sea que no estamos solos, estamos de manera conjunta haciendo esta acción popular”, dijo doña Ena, con su vestido tradicional Guaraní que lució en la audiencia.

“En Tatarenda somos 200 familias que vivimos como indígenas Guaraní, que vamos a ser afectados de manera directa. En nuestro entender, la afectación es para todo el TCO (Territorio Comunitario de Origen) Caaguazú, donde somos 24 comunidades. Porque de ese río se alimenta nuestro ganado. En época de sequía, las comunidades aledañas sacan agua de nuestra comunidad. Entonces la afectación va a ser para Caaguazú, para todo el municipio de Gutiérrez, por último para todos los bolivianos, porque el gobierno de turno está haciendo este trabajo con la plata prestada del gobierno chino. Esa plata tenemos que pagarla todos los bolivianos y bolivianas, entonces la afectación de Rositas es para todos los bolivianos”, explicó la mujer Guaraní.

Un ministro que llama a la confrontación

El martes pasado, en la ciudad de Santa Cruz, el ministro de Energía, Rafael Alarcón, opinó sobre esta Demanda de Acción Popular y convocó al “sentimiento cruceño a defender su proyecto, su sueño. El sueño de los viejos ancianos que concibieron este proyecto”. ¿Cómo pueden caer estas palabras, que llaman al enfrentamiento contra familias indígenas campesinas que solamente quieren que se respete su derecho a vivir en sus casas?

“Es una afrenta directa digo yo, como mujer nacida en la provincia Cordillera. Yo soy camba también, yo soy cruceña porque soy del departamento de Santa Cruz. Que un ministro hable en eso términos da mucho que pensar. No entiendo cómo un Gobierno nos dicen ‘hermanos’ cuando está discurseando, pero cuando se trata de querer defender nuestros derechos, ahí ellos llaman a las élites de la ciudad de Santa Cruz, porque ellas también se van a beneficiar de la hidroeléctrica, porque es un negocio para ellas”, dijo doña Ena.

“No vamos a permitir que nos representen nuestros malos dirigentes”

La comisión de afectados por Rositas estuvo ayer ante una decena de abogados de ENDE y del Estado. Ninguno de esos funcionarios representaba la “plurinacionalidad” que tanto pregona la propaganda ministerial. Todos de traje y corbata oscuros, con smartphones más grandes que sus manos, que no dejaban de hurgar porque seguramente allí figuraban las órdenes a seguir para que cientos de familias indígenas campesinas abandonen sus modos de vida tradicionales y sean obligadas a arreglárselas como puedan en la periferia de alguna áspera ciudad.

“Creemos que el juez recibió presiones para apartarse de la causa. De entrada el juez se ha parcializado y, en mi entender como ciudadana boliviana, creo que la Justicia tiene que ser imparcial. En este caso fue definitivamente parcial la Justicia. El juez ha dado cobertura amplia a ellos primeramente, antes que a nosotros los demandantes”, comentó la señora Ena.

“Nosotros cuestionamos que si no era competencia del Juez 5º de aquí, ¿por qué nos admitió la demanda? Nos tendría que haber dicho que no le correspondía, así dejábamos de volver. Nosotros volvimos con esa seguridad de que se nos iba a atender”, agregó.

En la mencionada conferencia de prensa en Santa Cruz, un directivo de ENDE sostuvo que quienes presentaron esta demanda “quieren compensación”, y puso en duda que realmente vivan en el territorio afectado por Rositas. Consultada sobre este tema, la representante de las comunidades afectadas dejó en claro que no quieren dinero a cambio de sus territorios. Solamente quieren seguir viviendo en sus territorios.

“Nosotros en ningún momento hemos hablado de que se nos indemnice ni que se nos pague, fundamentalmente porque sabemos cómo actúa el Estado en ese sentido, nunca dio una compensación justa a las comunidades afectadas por los hidrocarburos”, explicó. Y sostuvo que desde los territorios van a resistir a cualquier plan extractivista que destruya sus medios de vida y sus tradiciones, más allá de lo que el Gobierno pueda pactar con la máxima dirigencia de las organizaciones indígenas.

“Nosotros somos representantes de base, porque nuestro mburuvicha, nuestro representante nacional, bajo qué argumento o qué criterios se sienta también con ellos. Por eso ahora nosotros, las bases, donde sea que están queriendo realizar estos proyectos de hidroeléctricas, tanto en El Bala, El Chepete, en nuestra región, también en Tariquía, todos estamos unidos como gente de las comunidades. Hemos dicho que somos ‘Territorios en Resistencia’. Estamos diciendo que no vamos a permitir que nos representen nuestros malos dirigentes, porque están negociando nuestros derechos y los derechos en mi criterio no se negocian: se los hace cumplir. Para eso son puestos los dirigentes indígenas, o si no mejor que vayan a ser operadores del Estado”, sostuvo doña Ena.