La Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, una débil institucionalidad por el manejo colonial del Estado boliviano
La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) como instancia de coordinación de las organizaciones indígenas andinas de Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia, constituida el 17 de julio del 2006 en su Congreso Fundacional, realizado en Cusco, Perú, a través de su representante orgánico en Bolivia, se complace en presentar el presente documento de análisis sobre la debilidad institucional de la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, en la que la estructura de administración de justicia es inexistente (no hay “una judicatura” de la JIOC).
Se trata de un trabajo resumen de la experiencia jurídica de las autoridades originarias de tierras altas, que de manera sistemática sufren violaciones a sus derechos. Desde la década del 2000 los pueblos indígenas fueron los principales protagonistas en el proceso de transformaciones estructurales y fundacionales de este nuevo Estado, tanto así que en la Asamblea Constituyente lograron incluir en la Constitución boliviana propuestas históricas dentro del ordenamiento jurídico nacional.
Nuestro deseo es que el presente documento sea material de información para el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, acerca de la problemática inherente a la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina. Asimismo, sea material de análisis y de reflexión para las autoridades de nuestro Estado Plurinacional, que se constituyen en los principales garantes del cumplimiento para el ejercicio sin discriminación, ni subordinación de los derechos individuales y colectivos de las NyPIOCs.
Por lo tanto, se convoca a la necesidad de construirla y visibilizarla, puesto que la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina no tiene presupuesto nacional, no tiene leyes que sean positivizadas (lo que se escribe y se asienta como ley no tiene la misma cualidad que el de la Jurisdicción Ordinaria), pero que sí sientan jurisprudencia a través de sus actas que se constituyen en la base jurídica que establece el comportamiento desde sus “usos y costumbres” para regir la conducta individual y colectiva basadas en los principios supremos, los valores y principios consuetudinarios del vivir bien.