Un grupo de la sociedad civil organizada elabora una propuesta de “ley de emergencia climática”

Por PBFCC

Ante el recrudecimiento de los impactos del cambio climático en el mundo y en Bolivia, un grupo de instituciones y organizaciones de la sociedad civil organizada trabajó una propuesta de “ley de emergencia climática, la misma se encuentra en la etapa final de aportes en la revisión y ajustes del texto.

Desde 2021, con el liderazgo de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC), el Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia, el Programa de Acción Ambiental de la Fundación Jubileo, la Plataforma Boliviana de Acción frente al Cambio Climático, CIPCA, la Fundación Gaia Pacha, Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA), CESU y Alianza Compromisos por el Clima – Bolivia han trabajo en la elaboración del “Proyecto de Ley de Emergencia Climática” cuyo objetivo es promover la formulación de una nueva estrategia climática nacional, tomando en cuenta el contexto de urgencia y las necesidades de desarrollo de Bolivia.

El proyecto de ley identifica cinco ejes concretos que permitirán mejorar las políticas de emergencia para enfrentar la crisis climática en Bolivia abordando las siguientes áreas estratégicas: Agua, Agricultura y ganadería, Bosques y ecosistemas, Energía y Salud.

Para finalizar y presentar oficialmente esta propuesta ante autoridades nacionales, se desarrollarán tres talleres de socialización y complementación final del “Proyecto de Ley de Emergencia Climática” entre junio y julio, en las ciudades de Cochabamba, Santa Cruz y La Paz.

Los objetivos son difundir el borrador de la propuesta de ley, recoger insumos para la complementación de la propuesta y promover la movilización de la sociedad civil en el marco de la priorización de la agenda climática en el contexto actual.

Estado de situación en Bolivia

Cada año que pasa el país se ve más afectado por los efectos del cambio climático como lo demuestran los impactos ocurridos desde 2016, pero los informes más recientes del Panel de Expertos de Cambio Climático de Naciones Unidas y otros reportes sobre la profundización de la inseguridad hídrica global proyectan para Bolivia un escenario adicional de desestabilización e incertidumbre climática que demanda de una aceleración en la implementación de acciones nacionales de respuesta urgentes.

Frente a este cada vez más crítico escenario nacional y regional es imprescindible reconocer la emergencia sin precedentes que enfrentaremos los siguientes años e incorporar en la política nacional mecanismos ágiles y efectivos de preparación y respuesta estructural a los diversos impactos en cascada que ya se producen y se profundizarán sobre todos los sectores del país y su economía.

En 2022, el Atlas de Glaciares y  Aguas Andinas de la Unesco reportó la desaparición de hasta 70% del volumen de hielo de varios glaciares representativos de la Cordillera Real de Bolivia y estudios académicos han confirmado el derretimiento superior al 42% de la superficie total de los glaciares tropicales andinos en toda la región, lo que implica consecuencias socioeconómicas y ambientales sobre sistemas productivos y ecosistemas, además de daños y pérdidas por la afectación de caminos, servicios básicos y otra infraestructura pública y privada nacional, de la que además no se tiene registros detallados.

Adicionalmente y de manera paralela a la crisis climática, los impactos de la minería, la ampliación de la frontera agrícola, la contaminación de cuerpos de agua producto de la actividades industriales y desechos domésticos -elementos todos del Plan Nacional de Desarrollo- aceleran el deterioro de las principales funciones ambientales en el país, generando impactos negativos adicionales sobre la población y profundizando los embates del cambio climático.

La situación de crisis profundizada por diferentes frentes requiere consecuentemente de abordajes más estructurales que respondan integralmente a la necesidad de mejorar y reformular los modelos de desarrollo nacionales, armonizándolos con la necesidad de responder a las necesidades insatisfechas de la población y restaurar, ampliar y gestionar sosteniblemente los valiosos ecosistemas del país y sus principales funciones socio ecológicas.

Si bien el fenómeno del cambio climático global es el resultado de un modelo de desarrollo injusto promovido y liderado por los países industrializados, basado en el uso de grandes cantidades de combustibles fósiles, además de la continua ampliación de las fronteras agropecuarias, y el consumo de cada vez más bienes y servicios por parte de las poblaciones del mundo, los aportes a la problemática local, regional desde nuestro país y, principalmente, la urgencia de atender las amenazas estructurales justifican plenamente la necesidad del debate de una nueva política nacional que asuma nuestros propios desafíos nacionales y que este a la altura de la situación.