Tribunal internacional pide sancionar al Gobierno boliviano por el caso TIPNIS

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La Comisión de investigación del Tribunal Internacional en Defensa de los Derechos de la Naturaleza, que visitó el año pasado Bolivia, mediante una conferencia de prensa virtual en los salones de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, presentó su informe sobre el caso TIPNIS, un territorio indígena y parque nacional seriamente afectado por actividades humanas, y amenazado por la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Esta comisión concluye en su informe que “el Estado Boliviano ha incumplido con su obligación de respeto, protección y conservación de la Madre Tierra, según lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra y en el propio marco jurídico nacional”. Por este motivo, exhortó al Tribunal “a sancionar al Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia por las reiteradas violaciones a los Derechos de la Madre Tierra y a otros cuerpos jurídicos que la reconocen como sujeto de derechos”.

El informe de 34 páginas de la Comisión del Tribunal comienza con una cita, paradójicamente del mismo el presidente Evo Morales, quien sostuvo que “Para garantizar los Derechos Humanos es necesario reconocer y aplicar efectivamente los Derechos de la Madre Tierra”, en su discurso inaugural de la Conferencia Mundial de los Pueblos realizada en Tiquipaya, Cochabamba, en 2010. Esta forma de argumentar es una constante en el documento del Tribunal. Al poner en la cara del acusado su propio discurso, no puede echar la culpa a otro, ni decir que lo sacaron de contexto.

En otros tramos, el documento se sustenta en citas del Papa Francisco, así como menciones a informes del Sernap (Servicio Nacional de Áreas Protegidas), en años en los cuales -evidentemente- su labor ni su independencia estaban tan silenciadas y politizadas como ahora.

La carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos ya está en construcción. Está completo el tramo 1, que llega hasta Isinuta, en una de las puertas del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) -puerta que da a la parte más oscura, dominada por colonizadores y el cultivo de coca con fines no sagrados. A esta localidad la comisión del Tribunal acudió invitada por la organización indígena local. Pero con nadie pudo entrevistarse, porque aquí fue secuestrada de manera infame durante 6 horas, bajo amenazas de sindicatos de minibuseros, en una zona liberada de la Policía y el Estado.

La construcción de esta carretera depara la muerte de tres culturas, de tres pueblos. En el documento del Tribunal Intenacional citan este párrafo de un informe del Sernap de 2011: “El TIPNIS es una región que fue ocupada bajo la dinámica de producción de hoja de coca y dicha producción tiene vínculos fuertes con la producción ilícita de cocaína. Ya en los años de 1990 el centro de acopio de hoja de coca en Isinuta se convierte en el foco más importante de concentración de hoja de coca en el Chapare”.

“Esto ha generado una situación extremadamente crítica de sobrevivencia cultural, que pasa por la mimetización de los indígenas en la dinámica de producción de la hoja de coca y su afiliación al sindicato por un lado; por el otro, la venta de mano de obra en condiciones de trabajo desigual o la migración de las familias indígenas a otras áreas donde pueden reproducir plenamente sus formas de vida”, indica el informe de la Comisión, conformada por el ecuatoriano Alberto Acosta, el argentino Enrique Viale, la estadounidense Shannon Biggs y la sueca Hana Begovic.

Según esta Comisión: “Aquí se confrontan el modelo de desarrollo dominante, que pretende ser impuesto como indiscutible (…) La imposición del desarrollo ha socavado y seguirá socavando las bases mismas del modo de vida de los pueblos indígenas porque alterará significativamente su entorno y los expondrá/presionará a asumir otros patrones económicos/culturales”.

Y sostienen que en el caso del TIPNIS son afectados los siguientes derechos de la Madre Tierra: “Derecho a la vida y a existir, a ser respetada”; “Derecho al Agua como fuente de vida”, porque consideran que con la expansión de la colonización en el Polígono Siete se constatan graves afectaciones a los ecosistemas, en especial a las fuentes de agua y su capacidad de regeneración. Asimismo, el “Derecho a la regeneración de su biocapacidad y continuación de sus ciclos y procesos vitales libres de alteraciones humanas”; así como el derecho de los Pueblos Indígenas “a mantener su identidad e integridad como seres diferenciados, auto-regulados e interrelacionados”. En este sentido, evidenciaron que el derecho a la Consulta previa, libre e informada “se vio gravemente afectado, ya que se incumplieron todos los estándares internacionales que garantizan que dicha participación sea efectiva y tenga la posibilidad de incidir en las decisiones que arroje el proceso”.

El Tribunal se define como “una instancia de carácter ético que tiene como objetivo investigar y dictaminar sobre violaciones a los Derechos de la Naturaleza, sea por la infracción de responsabilidades por parte de organizaciones internacionales, Estados, personas jurídicas privadas o públicas o individuos, en aplicación de lo establecido en dicha Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra aprobada en 2010 en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra realizada en Tiquipaya, Cochabamba, Bolivia”.

En su informe, la Comisión cita relatos de quienes viven en el TIPNIS, recopilados en la comunidad de Trinidacito en agosto de 2018. “Lo que existe en este suelo no lo malgastamos, lo cuidamos; él (el presidente Morales) si nos quiere hacer la construcción de la carreta por el corazón de nuestro territorio, yo les digo que va a venir otra gente. Esta gente son también hermanos nuestros, son también creados por Dios, pero tienen otra forma de trabajar que es distinto al que tenemos nosotros. Ellos van al cultivo de coca; nosotros sabemos cuidar (la tierra) sabemos también utilizarla honradamente, con respeto”, según el testimonio de don Francisco Temo.

“Estamos acostumbrados a vivir en esta naturaleza que ustedes están viendo. No queremos que el día de mañana seamos trabajadores de los cocaleros. Esa carretera siguen trabajando. Esa carretera no nos va a beneficiar a los pueblos indígenas. Esa carretera es para los cocaleros, porque ellos nos van a avasallar ¿Dónde vamos a vivir nosotros? ¿Dónde van a vivir nuestros hijos? ¿Dónde van a vivir nuestros nietos?”, se preguntó ante la Comisión doña Matilde Noza.

Además del solicitar al Tribunal en Defensa de los Derechos de la Naturaleza , sugiere al Gobierno boliviano la paralización definitiva del proyecto de carretera por el TIPNIS, la anulación de los planes de expansión petroleros y mineros, así como la identificación y sanción de los responsables de las violaciones a los Derechos Humanos en la represión a la marcha indígena en 2011 en Chaparina.

Este informe fue presentado al gobierno boliviano mediante su representación diplomática en la república del Ecuador y será puesta a consideración al Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, que emitirá su veredicto final sobre este caso en los próximos meses.

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