Resultados de la COP1 del Acuerdo de Escazú

Por: Juan Carlos Alarcón*

Del 20 al 22 de abril, tuvo lugar en Santiago de Chile, la Primera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, donde han participado delegados de los Estados Parte, representantes del público y de las organizaciones de la región.

El Acuerdo tiene como objetivo brindar acceso a la información ambiental, a participar de procesos de toma de decisiones y a la justicia en temas relacionados con el ambiente, en América Latina y el Caribe. Además de otorgar una protección específica a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.

Antecedentes del acuerdo

El acuerdo tuvo una larga historia hasta el momento de su firma, de hecho, la iniciativa multilateral comenzó su negociación en 2012, después del desarrollo de la Cumbre Río+20, la cual fijó los 20 años de vida de la Cumbre de Naciones Unidas por el Desarrollo Sostenible celebrada en Río de Janeiro.

La Cumbre de Río acordó un plan de acción a través de la Declaración de Río Sobre Medio Ambiente y Desarrollo. En ella se encuentra el Principio 10, que tiene como objetivo garantizar el acceso a la información, la participación en las decisiones sobre temas ambientales y la justicia ambiental.

Este principio fue la inspiración para el Acuerdo de Escazú, consecuentemente resulta evidente que el acuerdo nacido a partir del Principio 10 obtuviera como ejes centrales de su accionar estos mismos ejes al garantizar el acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.

No obstante, una de las provisiones más novedosas y valiosas es que el Acuerdo reconoce y garantiza la protección de los defensores del medio ambiente. Esto es de especial relevancia en una región donde los defensores del medio ambiente sufren constantes acosos, violencia e incluso son víctimas de asesinato.

El año pasado ha entrado en vigencia el Acuerdo habiéndose alcanzado, el pasado 22 de enero de 2021, las ratificaciones necesarias, de acuerdo con las condiciones requeridas en el artículo 22.

Cabe mencionar que hasta el momento son 12 países los que han completado el proceso de ratificación de este tratado ambiental latinoamericano: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Cristóbal y Nevis, Santa Lucía y Uruguay.

Resultados de la primera Conferencia de Parte (COP 1)

Debido a la pandemia de la Covid19, de alguna forma, se ha limitado la participación; sin embargo, según registro de la CEPAL, en total han participado 780 delegados de países, organismos internacionales y regionales, panelistas y representantes de la sociedad civil, ya sea presencial o virtualmente en los tres días de la reunión.

Aquí resaltamos los resultados principales a los que se ha logrado llegar de forma consensuada, aunque de momentos con debates acaloradas:

• Se han aprobado dos reglamentos de procedimiento claves para el funcionamiento del acuerdo, por un lado las Reglas de Procedimiento de la Conferencia de las Partes (COP), es decir se ha definido las reglas de cómo funcionarán las siguientes COPs de Escazú, es importante resaltar que habrá participación prioritaria de la sociedad civil de la región. Por otra parte, se ha aprobado el reglamento de forma de Composición y Funcionamiento del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento, que estará compuesto por representantes de los Estados Parte y representantes de la sociedad civil.

• Presencia de Pueblos Indígenas y Jóvenes en la directiva de la COP: Una de las propuestas de los pueblos indígenas fue la incorporación de un representante indígena en la Mesa Directiva de la COP, la inclusión de un representante indígena en la Mesa Directiva permitiría a los pueblos articular, exigir y demandar la agenda indígena en la política de los gobiernos, de alguna forma la voz de los pueblos sería presentada de manera directa. Así mismo, los jóvenes plantearon un enfoque intergeneracional al Plenario. Entre las propuestas que se planteó es la inclusión de dos representantes de los jóvenes en la Mesa Directiva de la COP y en el Comité de Apoyo al Cumplimiento.

• Se aprobó la creación de un Grupo de Trabajo ad hoc de composición abierta con personalidades y expertos, sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en asuntos ambientales que tendrá a cargo la elaboración de un Plan de Acción en la materia de defensa de derechos de defensores de derechos, para ser presentado en la COP2.
• En materia de financiamiento, se acordó que el Fondo de Contribuciones Voluntarias será conformado como un fondo fiduciario y estará administrado por la CEPAL. Sin embargo, quedó pendiente avanzar en cómo se logrará financiar el funcionamiento de las estructuras que requiere el Acuerdo, será uno de los principales temas a tratar en la COP extraordinaria en Argentina a desarrollarse en abril del 2023.

• Finalmente, el segundo día de las negociaciones, la delegación del Gobierno de Bolivia ha retrasado por unas horas el avance, cuando ha propuesto eliminar la inclusión del público en la Mesa Directiva del Acuerdo de Escazú, argumentando que no era necesaria para el cumplimiento del tratado.

Sin embargo, la propuesta ha sido rechazado por todos los Estados y sociedad civil, argumentando que dicha propuesta retrocedía el acuerdo al año 2014, cuando aún no se consideraba indispensable la participación activa de la ciudadanía en el Acuerdo.

Si bien, según opinión de los participantes de la sociedad civil, se ha logrado las mínimas condiciones requeridas, pero seguirá siendo un reto la efectiva aplicación del acuerdo en los diferentes Estados.

*Juan Carlos Alarcón es director de la PBFCC