Presentación de la CNAMIB ante la CEDAW

Las mujeres de pueblos indígenas somos víctimas de una política de colonización permanente desde el siglo XVI.  La agresión tuvo como fin la apropiación de nuestros territorios y la explotación de sus recursos naturales, a través de megaproyectos de minería, petróleo, gas, represas, carreteras; y el control gubernamental, expresado en la intervención y división de los sistemas de Gobierno indígena.

Los Derechos de las Mujeres Indígenas de Bolivia están reconocidos por la Ley Nº 3760 del 7 de noviembre de 2007 y la Constitución Política del Estado de 2009. El artículo 2 de la Constitución reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas, otorga el dominio ancestral sobre sus territorios y garantiza su libre determinación. El incumplimiento por el Estado Plurinacional de Bolivia a su deber de Consultar, cuando medidas administrativas y/o legislativas son susceptibles de afectar a los pueblos indígenas, motivó a la CNAMIB, la Confederación Nacional de los Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) la realización de la VIII Marcha Indígena de agosto de 2011, exigiendo el cumplimiento de sus derechos.

A pesar de los adelantos legislativos, el Gobierno -a través del Decreto Supremo Nº 2366 (20 de mayo de 2015) autorizó la exploración de gas y petróleo en áreas protegidas, que son también territorios indígenas (TIPNIS, Pilón Laja, Madidi, Aguaragüe y otros). La Agenda Patriótica a 2025 prevé la ampliación de la frontera agrícola en 13 millones de hectáreas. A la fecha el avance es de casi 3 millones, por lo que el desbosque por año deberá ser de un millón de hectáreas, lo cual pone en grave riesgo la existencia misma de los pueblos indígenas.

Nos preocupa la poca capacidad del Estado para administrar justicia en cumplimiento de los derechos de las mujeres indígenas, lo cual tiene relación con la falta de independencia del sistema judicial boliviano. Hay casos no resueltos: la intervención violenta a la Marcha Indígena del TIPNIS en Chaparina y la “violación colectiva” de 7 mujeres y 2 niñas indígenas Tacanas de la Comunidad El Retorno en el departamento de Pando. Señora Presidenta, solicitamos al Comité recomendar:

1. Al Comité, solicite al Estado Boliviano en su misión de erradicar la violación a los derechos de las mujeres indígenas, preste atención y cumpla con sus obligaciones asumidas al momento de suscribir el Convenio Nº 169 de la OIT y la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los derechos reconocidos en la Constitución de 2009
2. El Estado debe hacer todos los esfuerzos para que los casos judiciales que afecten a las mujeres indígenas de Bolivia sean resueltos con Justicia y no queden en la impunidad, garantizando la independencia del sistema judicial.
3. Solicitamos al Comité que recomiende al Estado boliviano, que el anteproyecto de ley de Derechos Sexuales y Reproductivos sea trabajado en ámbitos de diálogo con mujeres indígenas; los derechos sexuales y reproductivos pueden ejercerse ampliamente cuando estos son comprendidos en nuestros contextos culturales.
4. Solicitamos que el Comité recomiende al Estado Plurinacional de Bolivia que la información y las estadísticas nacionales tomen en cuenta datos desagregados con la población indígena, en particular datos de mujeres indígenas en las grandes temáticas como son: Salud, Educación, Acceso a la tierra, Violencia, Trata y prostitución, Acceso al empleo y otros.

“Las mujeres de pueblos indígenas en Bolivia”, por Judith Rivero Burgos, presidenta de la Confederación de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB)

(Presentación de declaración oral durante la 61º sesión de la CEDAW, en Julio de 2015)