La PBFCC rechaza el decreto que autoriza el uso de semillas transgénicas porque atenta contra la agrobiodiversidad

Por: PBFCC

La Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC) rechaza la intención de gobierno transitorio de introducir, mediante decreto, nuevas semillas transgénicas porque amenazan la agrobiodiversidad del país y la independencia de la agricultura familiar que abastece a las ciudades con alimentos.

Cabe recordar que Bolivia produce soya transgénica desde el año 2004 y con el Decreto 4232 se autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, algodón, trigo, caña de azúcar y soya genéticamente modificados en sus diferentes eventos. Esto amenaza a la agrobiodiverdidad de Bolivia, principalmente al maíz. Bolivia es centro de biodiversidad del maíz.

Bolivia centro de origen del maíz

“No solo amenaza a la agrobiodiversidad del país, sino que además sucede en el momento en que se corre el peligro de que se repitan los grandes incendios en la Amazonía y la Chiquitania”, explicó Marcos Nordgren, técnico de la PBFCC.

Esto sucederá cuando se amplíe la frontera agrícola para la introducción de las nuevas semillas transgénicas, las cuales están diseñadas para recibir mayores cantidades de herbicidas como el glifosato.

“Es profundizar los impactos del modelo agroindustrial en pleno inicio de una década que va a ser marcada por la crisis climática. Es profundizar las causas mismas del caos que estamos viviendo”, acotó Nordgren.

La PBFCC observa también que los nuevos eventos de transgénicos solo estarán dirigidos a la exportación y no al abastecimiento. “Viendo cómo está la economía mundial, con los precios volátiles, no es ninguna solución ni para generar ingresos ni para sostener la alimentación en el país”, afirmó Teresa Hosse, coordinadora de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático.

Para Hosse con esta decisión no se está pensando en la pequeña unidad familiar “que en este tiempo de pandemia ha ido sosteniendo la alimentación de los bolivianos”.

Contra los productores familiares

El decreto también es ilegal e ilegítimo. “Ha sido una lucha de los productores el no permitir los transgénicos y ahora en el contexto de una presidenta transitoria, cuyo único fin era llamar a elecciones, más bien genera la profundización de este aparato productivo de ampliación de la frontera agrícola”, afirmó Juan Carlos Alarcón, técnico de la PBFCC, quien alertó que lo más grave es el caso del maíz porque Bolivia tiene gran variedad de maíz.

Alarcón alertó sobre otros impactos como la degradación de los suelos y, sobre todo, la dependencia de las grandes trasnacionales que manejan todo el paquete productivo de los transgénicos. “Además, están los impactos sociales de relegar cada vez más a los productores familiares”, dijo.

En el contexto que se vive con la pandemia porque hemos alterado los ecosistemas, hoy parece que queremos alterar más los ecosistemas, parece que no estamos aprendiendo nada de la pandemia. “Es solo un discurso cuando el Gobierno dice que quiere cuidar la vida, porque si introducimos transgénicos vamos a matar a otros seres vivos que dan vida a la humanidad”, complementó Alarcón.

Contra los derechos indígenas

El decreto también vulnera los derechos de los indígenas porque al introducir nuevas semillas transgénicas la biodiversidad biológica se ve afectada, las semillas se van contaminando.

Por ello, la PBFCC considera que esta política, del Gobierno transitorio, responde a los intereses de los grandes empresarios vinculados a los intereses del capital transnacional que también vulnera a los pequeños productores poniéndolos en una peor situación.

“En vez de seguir el camino lógico que debería ser la agricultura campesina en pequeña escala, o esos sistemas silvopastoriles o la agricultura orgánica se está impulsando un modelo que no va solucionar el problema del abastecimiento de comida y más bien va a generar lo contrario”, remarcó Martin Vilela, técnico de la PBFCC.

Por las razones expuestas, la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático rechaza rotundamente el Decreto Supremo 4232 y exige su abrogación.

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