Justicia climática y transición justa, perspectivas para y desde las comunidades de un pais en “vias de desarrollo”

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La crisis climática es la expresión más evidente del fracaso de un modelo de organización económica y política profundamente injusto, que a través del consumo sin límites de recursos naturales y de la explotación de las personas tiene como único fin la concentración de riqueza en una minoría. Es un reflejo de la crisis civilizatoria en la cual las élites y corporaciones, a través de los estados y el multilateralismo, han logrado un status-quo donde se concibe al crecimiento económico como única forma de lograr “desarrollo”, impulsando así un agresivo extractivismo, una acelerada ‘industrialización” y un mercantilismo opresor que, en los hechos, está empujando al planeta a un escenario de inhabitabilidad, y a las grandes mayorías de la humanidad a la miseria.

Desgraciadamente, las tendencias en emisiones globales continúan su trayectoria por el peor escenario y los impactos que ya se están experimentando, sumados al sobre-consumo de recursos y la polución, por el extractivismo y el sistema económico, se están materializando en una rápida pérdida de biodiversidad y degradación de ecosistemas, en la reducción de la disponibilidad en cantidad y la calidad de fuentes de agua y la reducción de la capacidad de generación de alimentos, ocasionando daños irreversibles en el medio ambiente y a los derechos de las personas.

Lamentablemente, la tendencia de respuesta ante esta crisis sistémica pasa por el establecimiento de gobiernos conservadores o nacional populistas, que continúan impulsando políticas centradas en el crecimiento económico y en el comercio internacional de bienes y servicios, donde en ambos casos se está experimentando una degradación de los sistemas democráticos, acompañados de tendencias de imposición de regímenes autoritarios.

Los subsidios a la producción, la condonación de impuestos, la desregulación de la gestión territorial y ambiental, la flexibilización laboral, el desconocimiento del derecho a la Consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, la criminalización de la protesta e, incluso, la intervención a estructuras de organización social, así como la adquisición de deuda externa, sujeta siempre a condiciones y garantías, son las principales políticas para la  promoción de las Inversiones Extranjeras.

Estas políticas, lejos de ser económicamente y ambientalmente sostenibles o socialmente justas, lejos de reducir la pobreza, consolidan el poder de las élites y corporaciones, aumentan la concentración de la riqueza, consolidan las relaciones coloniales, aumentan la burocracia y la corrupción. Pero, principalmente, incrementan las emisiones de Gases de Efecto Invernadero y los impactos directos a las comunidades, que en primera línea soportan las consecuencias de las desigualdades estructurales. Y que, ante el eventual recrudecimiento de las condiciones climáticas, quedarán con una mayor vulnerabilidad.

A pesar de que existen responsabilidades históricas de los “países”, que deben ser reconocidas, es importante desarrollar a su vez una visión más amplia y compleja de las responsabilidades estructurales del Cambio Climático, que visualice el hecho de que detrás de las emisiones de los países, se ocultan los intereses de las corporaciones y las responsabilidades de los Estados en el establecimiento de sus políticas internas de desarrollo.

Límites de los estados y del multilateralismo

Las negociaciones de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático para lograr compromisos reales que estabilicen la temperatura por debajo de 1.5°C y evitar un cambio irreversible y catastrófico, están al borde del fracaso. Principalmente, porque en las discusiones no se aborda la problemática desde sus causas estructurales, ni se apunta limitar las actividades de las corporaciones responsables de las emisiones, ni se establecen mecanismos para dejar el 80% de las reservas probadas de combustibles fósiles bajo tierra, ni cómo se impulsará una transición energética justa para las comunidades y poblaciones más afectadas. Por el contrario, se ha convertido en un espacio que impulsa la misma lógica que ha destruido al mundo. Las discusiones giran en torno a abrir nuevas oportunidades para el financiamiento de proyectos o inversiones, promover falsas soluciones como los mercados de carbono, la agricultura climáticamente inteligente o la geoingeniería.

El cambio que se necesita para evitar el colapso climático es tan radical que significa un riesgo muy alto para las economías nacionales y afectaría directamente a las ganancias de las corporaciones y empresas privadas que operan en todos los países del mundo. Por el contrario, las políticas nacionales de desarrollo y de Cambio Climático acaban asegurando los negocios de las corporaciones y las élites, que condicionan de antemano a los Estados antes de que ellos puedan sentarse en la mesa de negociación.

Bajo este escenario resulta imposible esperar que las negociaciones brinden alguna esperanza para evitar la crisis climática, o que promuevan una transición justa para las comunidades y poblaciones más vulnerables.

Esquema 1: Enfoque de Justicia Climática, intenta visibilizar la problemática estructural del cambio climático, cómo se potencia e impacta a las poblaciones más empobrecidas y permite el flujo de ganancias hacia las corporaciones y élites, así como el rol de los estados para la perpetuación del sistema.

Transición justa

Tomando en cuenta la urgencia, las responsabilidades históricas, el rol de las corporaciones, las políticas de desarrollo, los límites de las negociaciones, las tendencias de desarrollo de los Estados y la enorme amenaza que acecha sobre las poblaciones más pobres en el mundo, la dimensión de Transición Justa no puede ser limitada únicamente a la exigencia del reconocimiento de la deuda histórica de los países desarrollados hacia los países en desarrollo, para la provisión de recursos financieros, transferencia de tecnología y desarrollo de capacidades en el marco de la CMNUCC.

El reporte “After Paris, Inequality, fair shares and the climate emergency” [1], resalta acertadamente que para una transición justa y efectiva en el contexto de las necesidades globales se debe tomar especial atención no sólo a la inequidad entre los países, sino también a la desigualdad al interior de los países, entre los ricos y las mayorías pobres, si queremos limitar el incremento de la temperatura en 1.5° C”. Señala, en ese sentido, que “los ricos (individuos y compañías) en todas las naciones deben tomar grandes acciones para reducir sus propias emisiones y apoyar la transición global”. Y que “las elites globales no deben pasar su responsabilidad a los individuos más pobres y vulnerables.”

Sin embargo, una transición justa no significa de ninguna manera que los “países en vías de desarrollo tengan el derecho a continuar incrementando sus emisiones con el pretexto de salir de la pobreza y de su derecho al desarrollo” [2]. Los países en desarrollo, al tiempo de exigir la reparación de la deuda histórica, deben empezar inmediatamente una transformación profunda y gradual que, en el mediano plazo, cambie sus matrices económicas, energéticas y productivas fortaleciendo enfoques de en pequeña escala y bajo control de las comunidades.

La realidad es que el mundo se enfrentará al peor escenario climático y es altamente posible que el colapso del sistema de regulación térmica planetaria suceda antes de lo esperado. Así, las comunidades enfrentarán los peores impactos y no existe voluntad real de los gobiernos de hacer los cambios necesarios. En este escenario, lo urgente es reducir los factores que incrementan la vulnerabilidad de las poblaciones al interior de los países. Frenar las industrias extractivas, luchar contra el poder de las corporaciones y las élites, lograr una real redistribución de la riqueza, eliminar las desigualdades sociales, lograr economías libres de la dependencia mercantil global, mejorar la salud de los sistemas democráticos, exigir un efectivo el ejercicio de Derechos de las comunidades y un cambio en la orientación de las políticas de desarrollo es lo más urgente, necesario y posiblemente lo más efectivo ante la crisis que se avecina.

La Transición Justa, es la que vamos a hacer desde las calles, los barrios, las organizaciones y las comunidades, defendiendo los territorios y denunciado el atropello a los derechos, la imposición de proyectos extractivos y el daño a la Madre Tierra, construyendo solidaridad de acción estratégica entre los movimientos y las comunidades que sistemáticamente son atacadas por el poder.

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