Hacia una nueva política agropecuaria con justicia social, sin transgénicos

Por: Juan Carlos Alarcón Reyes*

El 7 de mayo, en plena cuarentena por la crisis sanitaria por el coronavirus (Covid-19), por ello tal vez es más sensato, decir que, aprovechando de ello, el Gobierno aprobó el Decreto supremo N°4232 que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad procedimientos abreviados en 10 días, para la evaluación de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya genéticamente modificados en sus diferentes eventos destinados al abastecimiento de consumo interno y de comercialización externa.

Inmediatamente, varios sectores de pequeños productores, organizaciones indígenas campesinas, instituciones de desarrollo, colectivos de medioambientalistas y muchos sectores, han manifestado un rotundo rechazo y se han articulado plataformas de lucha vía redes sociales, sobre todo.

Al parecer, frente a ello, en fecha 14 de mayo con el nuevo Decreto Supremo N° 4238, se amplía el plazo de 40 días calendario, tiempo en el que el Comité de Bioseguridad deberá aprobar el procedimiento abreviado y elevar su informe al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Por tanto, al parecer sólo han optado de dejar un poco más de tiempo para continuar, pero también será tiempo para articular mejor la lucha contra los transgénicos.

Desde la caída de los precios de petroleo en los años anteriores, se intenta potenciar al sector agropecuario, para que se pueda compensar con los ingresos al Producto Interno Bruto (PIB); dicha propuesta al parecer es coherente y que requiere una discusión amplia, pero la respuesta será necesariamente incorporando transgénicos?

Sabiendo que con ello se va generar grandes impactos sociales, económicos, ambientales y culturales; algunas de ellas: se va envenenar el suelo, aire y agua y con ello dañar la salud de las personas; atentar con la biodiversidad; atentar a la producción diversificada y generar producción de monocultivos, lo que aumentará la malnutrición que ya es alarmante; generación de dependencia; pérdida de la diversidad genética; expulsión de productores campesinos indígenas; acaparamiento de tierras, ampliación de frontera agrícola, desmonte, deforestación y muchas más… Pero sobre todo va generar un modelo productivo altamente inequitativo.

Entonces, si queremos discutir en serio una nueva política agropecuaria, debemos partir de intentar cerrar las brechas de desigualdad estructurales, una de ellas es que el 95% de productores sólo tienen acceso al 40% de superficie cultivable, mientras que un 5% ocupa el 60% de la tierra cultivada, es decir estamos hablando de 828.325 unidades productivas frente a 43.596, siendo estos últimos pertenecientes a la agroindustria, que actualmente demanda la incorporación de los transgénicos.

Sector que históricamente está acostumbrado a recibir los beneficios y subvenciones de parte del Estado. Desde sus inicios siempre fue favorecida y aliada de las élites políticas, y muchos líderes políticos estuvieron y están vinculados a la agroindustria, esto le garantizó al sector contar siempre con respaldo financiero.

Ya en la década de los sesenta, la política pública más exitosa fue la “marcha al Oriente” que el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) tomó del Plan Bohan y la convirtió en realidad con la construcción de la carretera Cochabamba -Santa Cruz (F. Tierra: 2018).

Así comenzó la articulación caminera que favoreció mayormente a este sector. Empezó a implementar el modelo agroindustrial: primero fue la caña de azúcar, luego el algodón, que demandaba una gran cantidad de mano de obra, que era llevado de los valles y altiplano del país; pero desde los años noventa se amplió a las oleaginosas y al ganado vacuno.

La tenencia de la tierra no necesariamente corresponde al mercado de tierras sino a favores políticos de los Gobiernos dictatoriales de los años 70. Que posteriormente, con la reforma agraria y el saneamiento de tierras que comenzó en 1996 con la ley INRA, que tenía por objetivo revertir el minifundio y a la vez recortar las grandes propiedades latifundiarias.

A la actualidad no se alcanzó la medianización de la propiedad rural, más al contrario se ha profundizado el minifundio o la parcelación, y más al contrario a consolidado el latifundio sobre todo las tierras bajas a favor de la agroindustria.

Entonces, si queremos platear una nueva política agropecuaria en serio, necesariamente tenemos que ver respuestas y alternativas a estas desigualdades en la tenencia de la propiedad de la tierra, lo que posiblemente nos lleve a planificar un nuevo referéndum para acabar con el latifundio.

También, efectivamente tenemos que discutir la productividad y los rendimientos de la diversidad de productos, para ello es necesario la fertilidad de los suelos, semillas y agua, hay que avanzar en la transformación productiva de secano a bajo riego; promoviendo un plan nacional de riego que optimice las condiciones productivas.

Proteger la estructura productiva familiar indígena originaria campesina, que es la que cría la vida. Pero también, tenemos que discutir en la reactivación de la pequeña agricultura y diseñar un plan estratégico para redefinir la agroexportación boliviana.

Por tanto, incorporar los transgénicos más allá de resolver alguno de estos planteamientos, lo que va generar es ampliar dichas problemáticas, pero sobre todo va ahondar las desigualdades sociales y económicas entre la mayoría de los pequeños productores frente a una minoría de agroindustriales.

Finalmente, antes de agilizar y tomar decisiones unilaterales es urgente generar procesos de debate y análisis y se tomen decisiones colectivas para una producción agropecuaria sustentable económica y ambientalmente con justicia social y justicia climática.

* Miembro de la PBFCC

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