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“La Madre Tierra puede vivir sin la humanidad,
pero nosotros no podemos vivir sin ella”

Declaración Pre FOSPA exige el respeto a los derechos de los indígenas, el agua y los bosques de la Amazonía

Declaración Pre FOSPA exige el respeto a los derechos de los indígenas, el agua y los bosques de la Amazonía

Por Articulación FOSPA Bolivia

Al cierre de cuatro días de reflexión sobre las problemáticas que amenazan a la Amazonía y sus pueblos, los participantes del Pre Foro Social Panamazónico emitieron una declaración de 29 puntos en los que articulan sus luchas y resistencias en favor de los derechos de los indígenas, los bosques, los ríos y todos los seres que habitan la región.

El Pre FOSPA se realizó en las poblaciones de Rurrenabaque y San Buenaventura, entre el 20 y 23 de julio, con la participación de 250 representantes de organizaciones indígenas originarias y campesinas de las tierras bajas y las tierras altas, instituciones de apoyo, académicos(as) y activistas quienes rechazan las actividades extractivas, como la minería, porque vulneran los derechos de los indígenas y sus territorios, contaminan los ríos y provocan la deforestación.

Saneamiento, titulación y autonomía de los territorios indígenas

La declaración del Pre FOSPA reconoce que los indígenas nacieron con territorio, por tanto, exigen que se concluya el proceso de saneamiento y titulación de todos los territorios indígenas y comunidades campesinas originarias del lugar y que desaloje los asentamientos ilegales.

“En particular, destacamos la situación de los pueblos indígenas altamente vulnerables a quienes la negación del derecho al territorio los ha puesto bajo un serio riesgo de etnocidio como los Esse Ejjas de Eyiyoquibo, los Tsimane del sector Yacamá, los Tacanas de los ríos Beni y Madre de Dios y otros territorios que no han recibido una respuesta oportuna”, señala el documento.

Los participantes del Pre FOSPA dieron su apoyo por escrito y con sus firmas a las demandas de los pueblos Esse Ejjas y Tsimane.

Por otra parte, denunciaron al INRA, ABT, AJAM y TAA por desconocer los derechos de los indígenas y por vulnerar su derecho ancestral a la propiedad colectiva territorial, al uso y aprovechamiento tradicional de los bosques y bienes naturales existentes en su hábitat.

Tomando en cuenta que la autonomía permite el ejercicio pleno de los derechos colectivos de los pueblos indígenas originarios campesinos para su autogobierno y libre determinación, demandan procesos más cortos y ágiles para la consolidación de las mismas y que los procedimientos y requisitos que el Estado exige no desconozcan la cultura y tradición de los pueblos.

Respeto a los derechos

“Denunciamos que a pesar del avance normativo en materia de derechos colectivos y el reconocimiento constitucional de igual jerarquía entre la Jurisdicción Indígena Originario Campesina (JIOC) …, persisten prácticas que subordinan y no otorgan la institucionalidad y garantías necesarias para el ejercicio efectivo de la JIOC. Los jueces deben conocer la realidad de los pueblos y respetar la decisión de las autoridades indígenas”, señala la declaración del Pre FOSPA. En ese marco, exigen sanciones para los administradores de justicia que no respeten la JIOC.

También, demandan que el Estado cumpla con las obligaciones asumidas en el marco de instrumentos de derechos humanos, el Convenio 169 y el Acuerdo de Escazú.

Piden que se garantice y sea vinculante la “consulta para el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas y comunidades campesinas”. “Los procesos de consulta deben realizarse con un enfoque de cuenca, consultando a todos los pueblos y territorios indígenas y campesinos unidos por el agua, y afectadas aguas arriba y abajo”, destaca puntualmente el documento.

Exigen sanción para las empresas privadas, cooperativas y personas responsables de los ecocidios y biocidios por vulnerar los derechos fundamentales de las personas y de la Naturaleza; así como indemnización para los afectados y reparación de los daños causados al medio ambiente y a las poblaciones.

Emergencia climática y agua

“Denunciamos que la Amazonía vive una emergencia climática porque pone en riesgo nuestra existencia y la de la Naturaleza. Bolivia es el tercer país del mundo en pérdida de bosques primarios debido a actividades extractivas de los grandes emprendimientos del agronegocio, la ganadería, la minería y de las políticas públicas que los incentivan”, señala el documento.

En ese contexto, rechazan las iniciativas de biocombustibles con base en la palma aceitera (africana), soya y otros cultivos promovidas por el Gobierno porque agudizarán la deforestación.

Y demandan que la transición energética no reproduzca el extractivismo y que el Estado garantice la soberanía energética basada en energías limpias y renovables que respeten los derechos humanos, a los pueblos indígenas y la Madre Tierra.

Tomando en cuenta que el agua es un derecho, exigen su acceso concreto y demandan normativa -creada con la participación de indígenas y campesinos- para preservar y conservar las nacientes y ojos de agua y la implementación de programas de monitoreo y gestión del agua, así como de reforestación y forestación.

Piden que se reconozca a los ríos Beni, Tuichi y de Tucabaca y a todas las cuencas, ríos, lagunas y vertientes de tierras altas y bajas como sujetos de derechos y a que se preserven los derechos del río, de su flora y fauna acuática y su biodiversidad, a vivir libre de contaminación y a no ser afectados y secados por actividades extractivas, carreteras, megaproyectos hidroeléctricos, actividades mineras y de remoción de materiales.

Amazonía libre de minería y mercurio

“Sostenemos enfáticamente que la lucha contra el uso del mercurio es la lucha por la vida. Buscamos avanzar hacia un plan de transición para una Amazonía libre de minería y mercurio”, destaca el documento.

Exigen la modificación de la Ley Minera -porque atenta contra la naturaleza y los pueblos- y la eliminación de cualquier autorización de la actividad minera en áreas protegidas. Se pone énfasis en la defensa del Madidi, rechazando el reconocimiento de derechos preconstituidos que “ilegalmente se dieron hasta 2015”.

Sobre la afectación con mercurio a los indígenas, demandan al Estado reconocer los estudios y la generación de evidencias de los territorios afectados por actividades extractivas llevados a cabo por monitores comunitarios, ONG y universidades. Y creación de un programa de salud gratuito, obligatorio y especializado para los afectados.

“Reclamamos el respeto de la tradicional actividad minera artesanal de los pueblos indígenas originarias campesinas”, señala la declaración.

Alternativas al extractivismo

De forma categórica rechazan los proyectos del Estado y los privados que promueven el modelo de desarrollo agro extractivista porque destruyen la Amazonía y vulneran los derechos fundamentales de las TIOC’s.

Demandan que se promuevan modelos de desarrollo productivos sostenibles, coherentes con la vocación de la tierra y acordes a la cosmovisión de los pueblos indígenas, basados en la agroecología y gestión integral de los territorios, como el turismo sostenible y comunitario

“Exigimos políticas públicas que incentiven la producción de los pueblos indígenas a través de la recuperación de los saberes ancestrales, e impulsen planes de restauración para rescatar especies nativas, maderables y no maderables, con el objetivo de promover el cuidado sostenible de los bosques garantizando a los pueblos indígenas originarios campesinos una economía familiar sustentable”, señala la declaración sobre este punto.

Respaldo a indígenas afectados por la minería

El Pre Foro se pronunció en respaldando la Acción Popular impulsada por la Central de Pueblos Indígenas de La Paz que busca garantizar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas afectados por la contaminación del mercurio.

Piden, además, la aplicación de las tres sentencias constitucionales del Ayllu San Agustín de Puñaca, Choro y Lago Uru, las cuales obligan a las autoridades nacionales, departamentales y municipales la inmediata atención a las comunidades afectadas por las actividades mineras.

El apoyo del Pre FOSPA también alcanzó a los procesos de Consulta Popular en el Yasuní para mantener el petróleo bajo tierra y prohibir las actividades mineras en el Choco Andino en Ecuador.

Mujeres indígenas acuden al Tribunal de Ética

El último día, el 23 de julio, las mujeres indígenas presentaron al Tribunal Ético en defensa de los cuerpos y el territorio, el cual sesionó con cuatro miembros una de Brasil y tres de Bolivia, de seis naciones hicieron el preámbulo del evento con emotivas presentaciones de los casos al tribunal.

Se trata de siete casos que tienen que ver con vulneración de sus territorios por la actividad hidrocarburífera, minera, la crisis climática y los avasallamientos.

“Las mujeres cotidianamente sufrimos violaciones dentro y fuera de casa por el machismo que está presente en las corporaciones, en los proyectos que no nos representan. Cada una tiene una experiencia de resistencia y de lucha por eso apoyamos la campaña en defensa de nuestros cuerpos y nuestros territorios. La primera violación que sufrimos es sobre nuestros cuerpos”, manifestó Nilde Sousa, secretaria ejecutiva del FOSPA y miembro del Tribuna de Ética.

Las siguientes organizaciones respaldan la declaración:

Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB), Bloque de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (BOCINAB), Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), Central de Mujeres Indígenas de La Paz (CMILAP), Organización Regional de Mujeres Indígenas Chiquitanas (ORMICH), Organización de Mujeres Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (OMINAB), Central Indígena de Pueblos Originarios de Pando (CIPOAP), Central de Mujeres Indígenas Guarayas – Regional (CEMIG-R), Pueblos Indígenas Lecos y Comunidades Originarias de Larecaja (PILCOL), Organización de Mujeres Indígenas Lecos (OMIL), Gran Consejo Chiman, Sub Consejo Tsimane’ Regional Y’acama, Comunidad Esse Ejja de Eiyoquibo (CEEE), Autonomía Indígena Originaria Campesina de C’halla, Federación de Campesinos de la Provincia Vaca Díez (FSUTCRVD), Comité de Género de la FEDECOR, Comunidad Suyku Pujio, Sacaba Cochabamba, Organización de Comunidades Indígenas de Rurrenabaque (OCIR), Central de Comunidades Indígenas de San Miguel (CCCISM), Asociación de Cabildos Indígenas de San Rafael de Velasco (ACISARV), Asociación de Cabildos Indígenas de San Ignacio de Velasco (ACISIV), Federación Regional Madre de Dios, Autonomía Indígena del Territorio Indígena Multiétnico (AIO TIM), Gran Cabildo Indígenas de San Ignacio de Mojos, Organización de Jóvenes Indígenas Mojeños (OJIM), Organización de Mujeres Indígenas Bella Selva, Asociación de Productores Agropecuarios de San Andrés (APASAD II), Organización de Mujeres Indígenas Originarias Chiquitanas de Concepción (OMIOCHC), Federación Regional de Campesinos de la provincia Ballivián Beni, Central Indígena Reivindicativa de la Provincia Ángel Sandóval (CIRPAS), Comunidad Motacusito del Pantanal, Central Indígena Chiquitana Amanecer Roboré (CICHAR), Subcentral del Territorio Indígena Mojeño Ignaciano (TIMI), Organización del Pueblo Indígena Moseten (OPIM), Organización de Mujeres Indígenas Mosetenes (OMIM), Organización de Mujeres Indígenas de Comunidades Chiquitanas de Roboré (OMCICH-R), Red de Defensores de Agua y Territorio (REDAT), Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL), Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA), Consejo Indígena de Mujeres Tacanas (CIMTA), Asamblea del Pueblo Guaraní Zona Cruz, Asamblea del Pueblo Guaraní Zona Bermejo, Asamblea del Pueblo Guaraní Tarija, GAIOC Kereimba Iyaambae, Coordinadora de Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba (CPITCO), Consejo Indígena del Sur (CONISUR-TIPNIS), Mancomunidad de Comunidades de los Ríos Beni, Tuichi y Quiquibey, Consejo del Pueblo de San José de Uchupiamonas (PISJU), Organización de Mujeres Indígenas de San José de Uchupiamonas (OMISJU), Consejo Regional Tsimane Mosetene (CRTM-PL), Puerto Yumai, Red Chimpu Warmi, Ayllu San Agustín de Puñaca, Suyu Jacha Karangas, Asociación de Usuarios de la Laguna Larati (AULL), Asociación Comunitaria de Productores Agropecuarios Lago Tumichucua (ACOPALT), Subcentral Larata, Red de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (RENAMAT), Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando (FSUTCP), Coordinadora en Defensa del Río Desaguadero y los lagos Uru Uru y Poopó (CORIDUP), Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de la Provincia Marbán (CSUTCPM), Organización de Mujeres Indígenas Kavineñas (ODEMIK), Comunidad de Zongo.

Con el apoyo

Centro de Comunicación y Desarrollo Andino-CENDA, Centro de Investigación y Promoción del Campesinado-CIPCA, Fundación Jubileo, Fundación TIERRA, Fundación Solón, Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia-GTCCJ, Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología Tierra-ISEAT, College des Bernardins, Programa NINA, Instituto Boliviano de Investigación Forestal (IBIF), Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social-UNITAS, Red Eclesial Panamazónica-REPAM, Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático-PBFCC, Proyecto Voces para la Acción Climática justa (VAC), Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica-IPDRS, Semilla Ecosocial, Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario CEDLA, Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón CESUUMSS, Parroquia de San Ignacio de Mojos, Centro de Estudios y Cooperación Internacional – CECI, Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), Centro de Ecología y Pueblos Andinos – CEPA, Red de Transición Energética Popular-REDTEP, Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Ambiente – CEDENMA y Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza – GARN.

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