El Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza (TIDN) presentó su sentencia por el caso de los múltiples derechos de los pueblos indígenas vulnerados por la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos a través del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Como sanción al gobierno de Bolivia, el Tribunal dispuso “la paralización inmediata y definitiva” de la construcción de esta vía. Asimismo, exigió la “elaboración y promulgación de una ley que garantice la conservación y protección del TIPNIS, prohíba la construcción de una carretera que atraviese su zona núcleo, a la vez que respete los derechos de los pueblos indígenas que ahí habitan”. La sentencia también pide detener el avance de la colonización dentro del territorio, así como la anulación de los proyectos petroleros.

El documento presentado esta mañana también solicita “la identificación y sanción de los responsables de las violaciones a los Derechos Humanos en el año 2011 en Chaparina”, cuando la Octava Marcha Indígena fue cruelmente reprimida por la Policía Nacional en coordinación con otros organismos del Estado. En este sentido, pidieron al gobierno boliviano que deje a un lado “las presiones para disciplinar y controlar a los movimientos sociales, sobre todo a las organizaciones indígenas, lo que afecta gravemente su capacidad de organización y autonomía, afectando su potencialidad para defender la Madre Tierra”. Además, reclamaron que el presidente Evo Morales pida públicamente disculpas, por el daño causado a las organizaciones sociales en los últimos años.

Esta sentencia fue elaborada a partir del recorrido que una comisión del TIDN realizó en agosto del año pasado en el país. Tres integrantes de este Tribunal y una de sus secretarias estuvieron en Beni, La Paz y Cochabamba durante una semana, conociendo de primera mano los testimonios de comunarias y comunarios afectados. Estuvieron tres días en el TIPNIS, donde percibieron la belleza cautivante de esa parte de la Amazonía boliviana. Luego, intentaron acudir a una invitación del Consejo Indígena del Sur (CONISUR) para conocer el Polígono Siete: la parte del territorio invadida por la colonización y la producción descontrolada de hoja de coca y sus derivados. El poderío y control territorial que efectúan los grupos de cocaleros fue demostrado en la población de Isinuta, donde esta comisión internacional, más una veintena de periodistas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil, fue retenida durante 6 horas, bajo el sol quemante de El Chapare y rodeados del hostigamiento de las y los locales. Finalmente se dio la orden de liberarlos y permitirles que se vayan, sin haber podido presenciar la situación de las comunidades indígenas oprimidas por los negocios de los cocaleros.

Este carácter de “Micro Estado” que rige en El Chapare quedó una vez más al descubierto en marzo de este año, cuando una patrulla antidroga de la Policía fue baleada y amenazada por comunarios involucrados en el negocio narco.

Droga en el TIPNIS

En su sentencia, el Tribunal cita un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), según el cual “entre 2015 y 2016 se ha producido un aumento del 43% de las plantaciones de coca en el Polígono Siete. Para el año 2017, este organismo reveló la existencia de 1.109 hectáreas de cultivos de hoja de coca, cifra que representa 709 hectáreas más de las 400 oficialmente reportadas por el Gobierno boliviano”, dice el documento.

En este sentido, la sentencia detalla que “el Tribunal ha considerado documentación del Ministerio de Medioambiente y Agua, y del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), entre otros, que revelan vínculos entre la producción de hoja de coca en el Polígono Siete y actividades de narcotráfico”.

Además del narcotráfico, otras actividades ilegales y depredatorias tienen lugar en este territorio indígena y área protegida, con la aquiescencia del Gobierno. “El área norte del TIPNIS se encuentra seriamente amenazada por la colonización y la deforestación. Ésta área, colindante con el denominado Bosque de Chimanes, muestra una preocupante presión por parte de explotadores ilegales de madera y asentamientos de colonizadores”, evidenció el Tribunal.

Como resultado de su recorrido, la comisión del TIDN emitió un informe, en el cual detecta severas amenazas al TIPNIS. “De forma específica, señalan amenazas a los derechos a la Vida y a Existir, a ser respetada; al Agua como fuente de vida, la regeneración de su biocapacidad, continuación de sus ciclos y procesos vitales libres de alteraciones humanas; a mantener su identidad e integridad como seres diferenciados, auto-regulados e interrelacionados; y los derechos de los pueblos indígenas y de los defensores de la naturaleza”, según se lee en la sentencia.

En su documento, el Tribunal argumenta desde las mismas leyes de Bolivia, que están vigentes pero en muchos casos no se cumplen. En el caso del TIPNIS se estarían vulnerando varios artículos de la Constitución Política del Estado, la ley 1333 de Medio Ambiente, la Ley 071 de los Derechos de la Madre Tierra, la Ley 300 de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, el Decreto Supremo 24781 de Reglamento General de Áreas Protegidas y el Decreto Supremo 25983 de constitución del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, además de la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, la cual el presidente Morales se había comprometido a incluir en la legislación boliviana.

Este Tribunal concluyó que “el Estado Plurinacional de Bolivia ha violado los Derechos de la Naturaleza y de los pueblos indígenas del TIPNIS en calidad de defensores de la Madre Tierra, a la vez que ha incumplido con su obligación de respetar, proteger y garantizar los Derechos de la Madre Tierra según lo establecido en el propio marco jurídico nacional y la normativa internacional relacionada”.

Sobre el Tribunal por los Derechos de la Naturaleza

El TIDN es integrado por 26 expertas y expertos en temáticas relacionadas a la protección y respeto de la Naturaleza. Fue creado a partir de la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, aprobada por la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, realizada en Bolivia en 2010 con la participación de representantes de 142 países. Como este Tribunal fue creado por el movimiento social global que se reunió en Tiquipaya, el alcance de sus sentencias es solamente ético. Paradójicamente, el presidente Morales impulsó la aprobación de esta Declaración, que hoy prefiere hacer de cuenta que no existe.

El Tribunal Ético por los Derechos de la Naturaleza y la Madre Tierra está integrado por Alberto Acosta, economista y ex presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador; Blanca Chancoso, lideresa kichwa y educadora de Cotacachi, Ecuador; Cormac Cullinan, abogado e integrante de Earth Democracy Coop, Sudáfrica; Tom Goldtooth, Dine’/Dakota director de la Indigenous Environmental Network de Minnesota, EEUU; Julio César Trujillo, abogado constitucionalista representante de Yasunidos, Ecuador; Elsie Monge, activista de Derechos Humanos y Presidenta de CEDHU y FIDH, Ecuador; Atossa Soltani, fundadora y directora de Amazon Watch, EEUU; Enrique Viale, abogado ambientalista y activista de Argentina; y Tantoo Cardinal, actriz y activista contra las arenas bituminosas, Canadá, entre otros.