Agua, Cambio Climático y Derechos

El problema del agua no sólo es de ahora, sino que data desde hace 20 años aproximadamente, donde científicos y estudiosos sobre gestión de recursos hídricos tanto nacionales como internacionales, alertaron y alertan sobre las futuras consecuencias en la escasez de agua y el deshielo de los glaciares, producto de la intervención de la mano del hombre en actividades como la deforestación, cambio de uso de suelo, concesiones mineras e hidrocarburíferas a gran escala, etc, etc,.

A ello se suma el cambio climático, cuyos efectos se perciben con mayor frecuencia e intensidad en nuestro cotidiano vivir, principalmente en el agua con inundaciones, sequías o granizadas acompañadas de tormentas eléctricas que ponen en peligro la vida de los seres humanos, y de los animales en las comunidades rurales.  También está afectando los ecosistemas, el medio ambiente y los sistemas productivos en comunidades del altiplano, valles, amazonia y chaco de nuestro país.

Las percepciones que se tiene en  poblaciones urbanas y rurales es que el aumento de temperatura, en algunas zonas, y la variabilidad climática están perturbando los ciclos hidrológicos; además existen alteraciones de periodicidad y duración de las precipitaciones pluviales.  El razonamiento de la sociedad civil es que hace años nuestras comunidades rurales disponían de fuentes de agua en abundancia que valían para los trabajos agrícolas, el consumo humano, animales y para uso de otras actividades. No obstante, en la actualidad se advierte que el líquido elemento está escaseando cada vez más que a futuro podría generar disputas por el control de este recurso hídrico.

El agua es vida y un derecho humano. Sin agua no se puede vivir, decía Evo Morales durante su mensaje en el Tercer Foro Mundial del Agua el año 2003 como dirigente cocalero y en representación de los pueblos indígenas de Bolivia.  En esa ocasión el actual mandatario del país estaba en contra que “las empresas mineras, forestales, eléctricas y municipales despojen del recursos hídrico a las comunidades campesinas e indígenas”. Además, hacía un llamado para defender ese derecho y luchar contra la contaminación del agua.

Sin embargo, años más tarde su gobierno aprobó una serie de normas nacionales que contradice la parte dogmática de la CPE, y deja de lado el Art. 373 sobre el derecho fundamentalísimo del agua.  Un ejemplo es la Ley de Minería Nº 535 aprobada el año 2014 en cuyo Art. 94–II reconoce y respeta el derecho pre-constituido de los mineros en cualquiera de sus modalidades, desconociendo la preexistencia ancestral de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos.

Al margen de esa norma minera existen obras que también impulsan la economía  extractiva orientada a vulnerar derechos individuales y colectivos de los habitantes de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, que para sobrevivir apelan al cambio de uso de suelo o, simplemente, cambian el rubro agrícola por el rubro minero por las facilidades que otorga el gobierno para convertirse en cooperativista minero y trabajar de manera artesanal en la explotación de una determinada área minera, aun en las condiciones más precarias laboralmente y sin la debida seguridad industrial.

AGUA Y ESPIRITUALIDAD

Las Naciones y pueblos indígenas originarios campesinos ancestralmente han practicado y respetado en el marco de los derechos, normas y procedimientos propios, conservando los valores como: Ayni, Mink’a, Wuake, Trueke y los principios de: unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común responsabilidad justicia social, distribución y de redistribución de los productos y bienes sociales, para el vivir bien, ofrenda a la pachamama, (k’oa).

En la relación espiritual y armoniosa hombre – naturaleza en las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, el agua constituye un elemento vital de la madre tierra.  Los principios de complementariedad y reciprocidad hacen que las fuentes de agua como ríos, riachuelos, lagos, lagunas, la lluvia, qhutañas y otros cuerpos sean consideradas como la representación de los seres míticos y deidades (achachilas, pachamama, mamacota)  que merecen ser honradas con ceremonias rituales pidiendo buena producción y agua en abundancia.

El territorio de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos es el espacio donde se encuentran los lugares sagrados ancestrales en Janaj Pacha, Alax Pacha, Kay Pacha (Aka pacha, Ukhu Pacha y Manqha Pacha).  Esos sitios se constituyen en patrimonio colectivo de las comunidades cuya administración se define en las normas y procedimientos propios de esa colectividad. Este espacio permite un dialogo espiritual y ritual de las familias con el elemento agua para invocar cambios en el comportamiento de la naturaleza, tomando en cuenta los bio-indicadores naturales para determinados tiempos del calendario andino.

AGUA Y DERECHOS COLECTIVOS

La interrelación entre seres vivos permite la complementariedad de toda la colectividad humana, también favorece a los patrones de cultivos  siembra y cosecha que tiene su propio y singular diálogo con el agua, como símbolo de productividad y fecundidad.

El recurso hídrico como derecho fundamentalísimo (art. 373 – 377 CPE), debe ser garantizado para el consumo humano y la producción agropecuaria. No obstante, los habitantes de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos aún no materializan ese derecho de manera individual y colectiva debido a la carencia y, en algunos casos, por su mala distribución. Este hecho también está siendo acompañado por  las carencias provocadas el cambio climático.

Existen varios instrumentos internacionales refrendados por el Estado boliviano sobre la protección a los derechos humanos de las personas. Uno de esos derechos está referido al uso, protección y control de los recursos hídricos en el marco de su auto determinación de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, refrendada por el Art. 2 de la CPE.

Los derechos colectivos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos sobre el acceso, uso, goce  y disfrute del recurso hídrico, están reflejados en las normas y procedimientos propios (estatutos) como un instrumento jurídico, político, cultural, económico y administrativo que garantice su distribución de manera equitativa, sustentable, preservando las fuentes sagradas para que las generaciones futuras tengan agua segura y de calidad.

Mientras la población boliviana, fundamentalmente en el área rural, no tienen agua para el consumo humano y menos para el riego y la producción, porque viven de la cosecha de agua, las cooperativas y las transnacionales mineras mal aprovechan y gastan millones de litros de agua contribuyendo a la erosión de los  suelos, agravando los impactos sobre la producción agrícola azotada, además, por los granizos, heladas y falta de agua.

ACCESO AL AGUA Vs. AGUA POTABLE

Entendiendo que el respeto a la dignidad e institucionalidad de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos fortalece la cultura andina, el Estado boliviano no respalda esos principios por privilegiar otro tipo de derechos a favor de sectores afines al gobierno, que desplaza las formas tradicionales de vida de las comunidades indígenas, que ancestralmente desarrollan prácticas  agrícolas para la provisión de alimentos.

Rescatando los valores ancestrales mitos y ritualidades que son ineludibles en la vida de los pueblos indígenas originarios campesinos, éstos actuaban y planificaban en el tiempo y espacio las formas de garantizar el uso y acceso al agua para el consumo humano, el riego de la chacra y las áreas de forraje para los animales. Para ello acudían a las fuentes de agua como los ríos, lagos, lagunas, riachuelos y construían pequeños reservorios de agua de lluvia (Qhutañas).  Esas aguas no eran ni son tratadas para ser consideradas como agua potable, tal como señala el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016 – 2020, que la cobertura de agua potable llegará al 95% en el área urbana y al 80% en el área rural. Lo que no dice ese plan gubernamental es cómo lograra esa cobertura.

En este contexto es preciso aclarar que para tener agua potable es necesario contar con estructuras, equipos, accesorios e instalaciones que transformen la calidad del agua y transportarla desde la fuente de abastecimiento hasta los puntos de consumo (domicilios) en condiciones adecuadas de calidad, cantidad y presión, aspectos que no se ven no solo en las comunidades rurales, sino en los barrios periurbanos y de la periferia de ciudades capitales, donde la mayoría de los ciudadanos se aprovisionan de carros aguateros que transportan agua que no reúne las características organolépticas, físico-químicas, radioactivas y microbiológicas para el consumo humano. ¿Qué agua toman esas personas?.

Lo que tiene que quedar claro, es distinto consumir agua potable (agua tratada en planta potabilizadora), que agua proveniente de ríos, lagos, riachuelos, acequias o curiches que no tienen instalaciones ni equipos convenientemente dispuestos para llevar a cabo procesos y operaciones unitarias que permitan obtener aguas de calidad aptas para consumo y uso humano. Consecuentemente esas fuentes de agua son susceptibles de contaminación por acciones humanas y reducción por desequilibrios climáticos.

El derecho humano al agua y, principalmente, “el derecho al agua como fuente de vida y Don para todos” como dice la Carta Pastoral del año 2003 de la CEB, está en la agenda política mundial vinculado a la gestión del agua; en cambio, en nuestro país estos asuntos parecen no ser estratégicos y prioritarios para nuestros gobernantes, porque aún existen muchos problemas que no terminan por resolverse y muchos avances que aún resta por implementarse.

En la actualidad la sociedad civil urbana y rural evidencia que la cantidad y calidad del agua está cada vez más limitada, y urge la necesidad de un uso eficiente del recurso hídrico.  Actualmente es de imperiosa necesidad repensar y gestionar con una mirada integral, sociocultural y ambiental, para prevenir los riesgos eventuales y la pérdida de los ecosistemas tanto en tierras altas como en tierras bajas. Lo evidente es que se advirtió en las visitas a las comunidades que existe una menor recarga de los acuíferos y, las comunidades están siendo azotadas por sequías, heladas y granizos; además, acompañados por la contaminación de suelos y agua que afecta directamente a los cultivos.

Tomando en cuenta todos estos aspectos se sugiere asumir una responsabilidad compartida entre todos para mejorar el uso sostenible y equilibrado del recurso agua, asumiendo conciencia ciudadana sobre la variabilidad climática que está alterando los bio-indicadores naturales en las comunidades rurales.  Debemos abordar el cambio climático de manera seria para comprender el problema al que nos enfrentaremos en futuro inmediato con el aumento de la temperatura y las olas de calor más frecuentes e intensas.

Escrito por: Mario Laura Huallpa (PBFCC)