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Declaración Pre FOSPA exige el respeto a los derechos de los indígenas, el agua y los bosques de la Amazonía

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Por Articulación FOSPA Bolivia

Al cierre de cuatro días de reflexión sobre las problemáticas que amenazan a la Amazonía y sus pueblos, los participantes del Pre Foro Social Panamazónico emitieron una declaración de 29 puntos en los que articulan sus luchas y resistencias en favor de los derechos de los indígenas, los bosques, los ríos y todos los seres que habitan la región.

El Pre FOSPA se realizó en las poblaciones de Rurrenabaque y San Buenaventura, entre el 20 y 23 de julio, con la participación de 250 representantes de organizaciones indígenas originarias y campesinas de las tierras bajas y las tierras altas, instituciones de apoyo, académicos(as) y activistas quienes rechazan las actividades extractivas, como la minería, porque vulneran los derechos de los indígenas y sus territorios, contaminan los ríos y provocan la deforestación.

Saneamiento, titulación y autonomía de los territorios indígenas

La declaración del Pre FOSPA reconoce que los indígenas nacieron con territorio, por tanto, exigen que se concluya el proceso de saneamiento y titulación de todos los territorios indígenas y comunidades campesinas originarias del lugar y que desaloje los asentamientos ilegales.

“En particular, destacamos la situación de los pueblos indígenas altamente vulnerables a quienes la negación del derecho al territorio los ha puesto bajo un serio riesgo de etnocidio como los Esse Ejjas de Eyiyoquibo, los Tsimane del sector Yacamá, los Tacanas de los ríos Beni y Madre de Dios y otros territorios que no han recibido una respuesta oportuna”, señala el documento.

Los participantes del Pre FOSPA dieron su apoyo por escrito y con sus firmas a las demandas de los pueblos Esse Ejjas y Tsimane.

Por otra parte, denunciaron al INRA, ABT, AJAM y TAA por desconocer los derechos de los indígenas y por vulnerar su derecho ancestral a la propiedad colectiva territorial, al uso y aprovechamiento tradicional de los bosques y bienes naturales existentes en su hábitat.

Tomando en cuenta que la autonomía permite el ejercicio pleno de los derechos colectivos de los pueblos indígenas originarios campesinos para su autogobierno y libre determinación, demandan procesos más cortos y ágiles para la consolidación de las mismas y que los procedimientos y requisitos que el Estado exige no desconozcan la cultura y tradición de los pueblos.

Respeto a los derechos

“Denunciamos que a pesar del avance normativo en materia de derechos colectivos y el reconocimiento constitucional de igual jerarquía entre la Jurisdicción Indígena Originario Campesina (JIOC) …, persisten prácticas que subordinan y no otorgan la institucionalidad y garantías necesarias para el ejercicio efectivo de la JIOC. Los jueces deben conocer la realidad de los pueblos y respetar la decisión de las autoridades indígenas”, señala la declaración del Pre FOSPA. En ese marco, exigen sanciones para los administradores de justicia que no respeten la JIOC.

También, demandan que el Estado cumpla con las obligaciones asumidas en el marco de instrumentos de derechos humanos, el Convenio 169 y el Acuerdo de Escazú.

Piden que se garantice y sea vinculante la “consulta para el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas y comunidades campesinas”. “Los procesos de consulta deben realizarse con un enfoque de cuenca, consultando a todos los pueblos y territorios indígenas y campesinos unidos por el agua, y afectadas aguas arriba y abajo”, destaca puntualmente el documento.

Exigen sanción para las empresas privadas, cooperativas y personas responsables de los ecocidios y biocidios por vulnerar los derechos fundamentales de las personas y de la Naturaleza; así como indemnización para los afectados y reparación de los daños causados al medio ambiente y a las poblaciones.

Emergencia climática y agua

“Denunciamos que la Amazonía vive una emergencia climática porque pone en riesgo nuestra existencia y la de la Naturaleza. Bolivia es el tercer país del mundo en pérdida de bosques primarios debido a actividades extractivas de los grandes emprendimientos del agronegocio, la ganadería, la minería y de las políticas públicas que los incentivan”, señala el documento.

En ese contexto, rechazan las iniciativas de biocombustibles con base en la palma aceitera (africana), soya y otros cultivos promovidas por el Gobierno porque agudizarán la deforestación.

Y demandan que la transición energética no reproduzca el extractivismo y que el Estado garantice la soberanía energética basada en energías limpias y renovables que respeten los derechos humanos, a los pueblos indígenas y la Madre Tierra.

Tomando en cuenta que el agua es un derecho, exigen su acceso concreto y demandan normativa -creada con la participación de indígenas y campesinos- para preservar y conservar las nacientes y ojos de agua y la implementación de programas de monitoreo y gestión del agua, así como de reforestación y forestación.

Piden que se reconozca a los ríos Beni, Tuichi y de Tucabaca y a todas las cuencas, ríos, lagunas y vertientes de tierras altas y bajas como sujetos de derechos y a que se preserven los derechos del río, de su flora y fauna acuática y su biodiversidad, a vivir libre de contaminación y a no ser afectados y secados por actividades extractivas, carreteras, megaproyectos hidroeléctricos, actividades mineras y de remoción de materiales.

Amazonía libre de minería y mercurio

“Sostenemos enfáticamente que la lucha contra el uso del mercurio es la lucha por la vida. Buscamos avanzar hacia un plan de transición para una Amazonía libre de minería y mercurio”, destaca el documento.

Exigen la modificación de la Ley Minera -porque atenta contra la naturaleza y los pueblos- y la eliminación de cualquier autorización de la actividad minera en áreas protegidas. Se pone énfasis en la defensa del Madidi, rechazando el reconocimiento de derechos preconstituidos que “ilegalmente se dieron hasta 2015”.

Sobre la afectación con mercurio a los indígenas, demandan al Estado reconocer los estudios y la generación de evidencias de los territorios afectados por actividades extractivas llevados a cabo por monitores comunitarios, ONG y universidades. Y creación de un programa de salud gratuito, obligatorio y especializado para los afectados.

“Reclamamos el respeto de la tradicional actividad minera artesanal de los pueblos indígenas originarias campesinas”, señala la declaración.

Alternativas al extractivismo

De forma categórica rechazan los proyectos del Estado y los privados que promueven el modelo de desarrollo agro extractivista porque destruyen la Amazonía y vulneran los derechos fundamentales de las TIOC’s.

Demandan que se promuevan modelos de desarrollo productivos sostenibles, coherentes con la vocación de la tierra y acordes a la cosmovisión de los pueblos indígenas, basados en la agroecología y gestión integral de los territorios, como el turismo sostenible y comunitario

“Exigimos políticas públicas que incentiven la producción de los pueblos indígenas a través de la recuperación de los saberes ancestrales, e impulsen planes de restauración para rescatar especies nativas, maderables y no maderables, con el objetivo de promover el cuidado sostenible de los bosques garantizando a los pueblos indígenas originarios campesinos una economía familiar sustentable”, señala la declaración sobre este punto.

Respaldo a indígenas afectados por la minería

El Pre Foro se pronunció en respaldando la Acción Popular impulsada por la Central de Pueblos Indígenas de La Paz que busca garantizar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas afectados por la contaminación del mercurio.

Piden, además, la aplicación de las tres sentencias constitucionales del Ayllu San Agustín de Puñaca, Choro y Lago Uru, las cuales obligan a las autoridades nacionales, departamentales y municipales la inmediata atención a las comunidades afectadas por las actividades mineras.

El apoyo del Pre FOSPA también alcanzó a los procesos de Consulta Popular en el Yasuní para mantener el petróleo bajo tierra y prohibir las actividades mineras en el Choco Andino en Ecuador.

Mujeres indígenas acuden al Tribunal de Ética

El último día, el 23 de julio, las mujeres indígenas presentaron al Tribunal Ético en defensa de los cuerpos y el territorio, el cual sesionó con cuatro miembros una de Brasil y tres de Bolivia, de seis naciones hicieron el preámbulo del evento con emotivas presentaciones de los casos al tribunal.

Se trata de siete casos que tienen que ver con vulneración de sus territorios por la actividad hidrocarburífera, minera, la crisis climática y los avasallamientos.

“Las mujeres cotidianamente sufrimos violaciones dentro y fuera de casa por el machismo que está presente en las corporaciones, en los proyectos que no nos representan. Cada una tiene una experiencia de resistencia y de lucha por eso apoyamos la campaña en defensa de nuestros cuerpos y nuestros territorios. La primera violación que sufrimos es sobre nuestros cuerpos”, manifestó Nilde Sousa, secretaria ejecutiva del FOSPA y miembro del Tribuna de Ética.

Las siguientes organizaciones respaldan la declaración:

Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB), Bloque de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (BOCINAB), Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), Central de Mujeres Indígenas de La Paz (CMILAP), Organización Regional de Mujeres Indígenas Chiquitanas (ORMICH), Organización de Mujeres Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (OMINAB), Central Indígena de Pueblos Originarios de Pando (CIPOAP), Central de Mujeres Indígenas Guarayas – Regional (CEMIG-R), Pueblos Indígenas Lecos y Comunidades Originarias de Larecaja (PILCOL), Organización de Mujeres Indígenas Lecos (OMIL), Gran Consejo Chiman, Sub Consejo Tsimane’ Regional Y’acama, Comunidad Esse Ejja de Eiyoquibo (CEEE), Autonomía Indígena Originaria Campesina de C’halla, Federación de Campesinos de la Provincia Vaca Díez (FSUTCRVD), Comité de Género de la FEDECOR, Comunidad Suyku Pujio, Sacaba Cochabamba, Organización de Comunidades Indígenas de Rurrenabaque (OCIR), Central de Comunidades Indígenas de San Miguel (CCCISM), Asociación de Cabildos Indígenas de San Rafael de Velasco (ACISARV), Asociación de Cabildos Indígenas de San Ignacio de Velasco (ACISIV), Federación Regional Madre de Dios, Autonomía Indígena del Territorio Indígena Multiétnico (AIO TIM), Gran Cabildo Indígenas de San Ignacio de Mojos, Organización de Jóvenes Indígenas Mojeños (OJIM), Organización de Mujeres Indígenas Bella Selva, Asociación de Productores Agropecuarios de San Andrés (APASAD II), Organización de Mujeres Indígenas Originarias Chiquitanas de Concepción (OMIOCHC), Federación Regional de Campesinos de la provincia Ballivián Beni, Central Indígena Reivindicativa de la Provincia Ángel Sandóval (CIRPAS), Comunidad Motacusito del Pantanal, Central Indígena Chiquitana Amanecer Roboré (CICHAR), Subcentral del Territorio Indígena Mojeño Ignaciano (TIMI), Organización del Pueblo Indígena Moseten (OPIM), Organización de Mujeres Indígenas Mosetenes (OMIM), Organización de Mujeres Indígenas de Comunidades Chiquitanas de Roboré (OMCICH-R), Red de Defensores de Agua y Territorio (REDAT), Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL), Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA), Consejo Indígena de Mujeres Tacanas (CIMTA), Asamblea del Pueblo Guaraní Zona Cruz, Asamblea del Pueblo Guaraní Zona Bermejo, Asamblea del Pueblo Guaraní Tarija, GAIOC Kereimba Iyaambae, Coordinadora de Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba (CPITCO), Consejo Indígena del Sur (CONISUR-TIPNIS), Mancomunidad de Comunidades de los Ríos Beni, Tuichi y Quiquibey, Consejo del Pueblo de San José de Uchupiamonas (PISJU), Organización de Mujeres Indígenas de San José de Uchupiamonas (OMISJU), Consejo Regional Tsimane Mosetene (CRTM-PL), Puerto Yumai, Red Chimpu Warmi, Ayllu San Agustín de Puñaca, Suyu Jacha Karangas, Asociación de Usuarios de la Laguna Larati (AULL), Asociación Comunitaria de Productores Agropecuarios Lago Tumichucua (ACOPALT), Subcentral Larata, Red de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (RENAMAT), Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando (FSUTCP), Coordinadora en Defensa del Río Desaguadero y los lagos Uru Uru y Poopó (CORIDUP), Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de la Provincia Marbán (CSUTCPM), Organización de Mujeres Indígenas Kavineñas (ODEMIK), Comunidad de Zongo.

Con el apoyo

Centro de Comunicación y Desarrollo Andino-CENDA, Centro de Investigación y Promoción del Campesinado-CIPCA, Fundación Jubileo, Fundación TIERRA, Fundación Solón, Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia-GTCCJ, Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología Tierra-ISEAT, College des Bernardins, Programa NINA, Instituto Boliviano de Investigación Forestal (IBIF), Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social-UNITAS, Red Eclesial Panamazónica-REPAM, Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático-PBFCC, Proyecto Voces para la Acción Climática justa (VAC), Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica-IPDRS, Semilla Ecosocial, Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario CEDLA, Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón CESUUMSS, Parroquia de San Ignacio de Mojos, Centro de Estudios y Cooperación Internacional – CECI, Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), Centro de Ecología y Pueblos Andinos – CEPA, Red de Transición Energética Popular-REDTEP, Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Ambiente – CEDENMA y Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza – GARN.

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Bolivia: La titulación territorial, la anulación de normas extractivistas y la autonomía están entre las 16 demandas de las mujeres indígenas

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30 de junio de 2023.- La titulación de los territorios, la anulación de las normas que promueven el extractivismo, la agilización de las autonomías, una ley de emergencia climática y el respeto a sus derechos están entre las 16 demandas plasmadas en la Declaración del “Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia” que se realizó el 26 y 27 de junio, en la población amazónica de Rurrenabaque, en el marco del XI FOSPA.

“Queremos que esta declaración nos permita generar acciones de incidencia a nivel local, subnacional, nacional e internacional, para la garantía del ejercicio de nuestros derechos como mujeres y pueblos indígenas”, señala parte del documento.

Las mujeres indígenas iniciaron su encuentro con una marcha que recorrió calles de San Buenaventura hasta llegar a la plaza de Rurrenabaque.

Durante los dos días, más de 80 lideresas de pueblos indígenas de la Amazonía, el Chaco, Chiquitanía, Pantanal y tierras altas, lideradas por la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB), analizaron diversos problemas que están afectando a sus territorios y que amenazan sus medios de vida, como son los avasallamientos y la contaminación por las actividades extractivas; a la par, propusieron alternativas para enfrentarlos.

“…desde la voz y perspectiva de nosotras las mujeres indígenas: como madres, dueñas, defensoras y herederas del territorio ancestral, como protagonistas de las luchas históricas. Pudimos analizar, reflexionar y proponer desde la teoría y la vida cotidiana lo que hoy acontece, desde nuestro rol y con la construcción de alternativas sostenibles actuales y a futuro para hacer frente a estos escenarios complejos”, señala el documento surgido del encuentro.

Cuatro ejes centrales

Durante la primera jornada, las mujeres indígenas analizaron diversos temas agrupados en dos ejes centrales. El primero, se centró en la situación de las mujeres en los territorios en cuanto al ejercicio de sus derechos individuales y colectivos.

Manifestaron que entre sus principales preocupaciones están el cuidado y la defensa de su territorio, una demanda prioritaria es la titulación de la tierra con soberanía, por eso critican la burocracia estatal en el proceso de obtención de sus autonomías.

Afirman que están vulnerando sus derechos individuales y colectivos, porque se restringe el acceso a la soberanía, autonomía, autogobierno y la libre determinación.

El segundo, giró en torno a la situación de los territorios y el impacto de la crisis climática a su vida personal, familiar y comunal. A través de sus testimonios hicieron conocer que las inundaciones, sequias, incendios y heladas están impactando sus áreas productivas agrícolas. Debido a la pérdida de sus cultivos está en riesgo la seguridad alimentaria y la salud de las familias.

Durante la segunda jornada, se centraron en el análisis de los impactos del modelo de desarrollo y el extractivismo en los territorios y las formas de resistencia.

Manifestaron su preocupación por los proyectos que se implementan en sus territorios y áreas protegidas que implican la extracción de recursos naturales porque están destruyendo los ecosistemas y obligando a un desplazamiento forzoso.

Las lideresas identifican que muchos de estos problemas territoriales y de agotamiento de la naturaleza son producto del accionar de proyectos extractivistas, que ignoran a los pueblos indígenas y sus formas propias de trabajar y producir.

Las mujeres denunciaron que sus territorios son avasallados tanto en tierras bajas como en tierras altas.

“Frente al avasallamiento de los territorios de los pueblos indígenas originarios, el despojo de los recursos naturales de nuestra ‘Casa Grande’ por actividades extractivas agroindustriales, forestales, mineras, petroleras, proyectos de mega infraestructuras y la ampliación de la frontera agrícola con asentamientos humanos ilegales impulsados por políticas públicas desde el Estado; exigimos el cumplimiento de la seguridad jurídica de nuestros territorios colectivos y áreas protegidas, el derecho como pueblos indígenas originarios campesinos y principalmente como mujeres que están consagrados en la Constitución Política del Estado (CPE)…”, señalan en parte de su Declaración.

Finalmente, en el cuarto eje del encuentro se visibilizaron las alternativas y respuestas que implementan en los diferentes territorios frente a los impactos del extractivismo y el cambio climático.

Mostraron los proyectos que están implementando y una variedad de productos que elaboran con los recursos que obtienen en sus bosques y territorios. Por ejemplo, las mujeres de CIMTA elaboran jabones de arroz, producen chocolate criollo y aceites naturales; en San Buenaventura, otro grupo tiene una planta de procesamiento para producir harina de plátano un buen alimento para los niños que ya lo usamos en el desayuno escolar.

Se exhibieron artesanías hechas con semillas, joyerías, tejidos en telares de hilo, carteras. En Pilón Lajas, por ejemplo, tienen un emprendimiento para la elaboración de techos de jatata. Las mujeres indígenas de tierras altas explicaron cómo obtienen la lana de oveja para hacer chompas, polainas y bufandas.

Las 16 demandas

  1. Al gobierno central, a través del INRA, el cumplimiento de la titulación de tierras demandadas, seguridad jurídica de territorios titulados (TCO) y el respeto por la ancestralidad del mismo.
  2. Que, ante la burocracia y ausencia de voluntad política del gobierno central que impide el acceso real a una autonomía indígena originaria campesina, por ende, exigimos procedimientos y plazos claros que garantice el ejercicio de nuestros derechos al autogobierno.
  3. Que el gobierno central reconozca y respete: las normas y procedimientos propios, planes de vida de los pueblos indígenas, nuestras formas propias de organización política y jurídica para el ejercicio de la gestión territorial indígena en el marco del cumplimiento del ejercicio de los derechos colectivos reconocidos en la CPE.
  4. Exigimos garantía de nuestra participación política como mujeres en espacios orgánicos y políticos, con voz, capacidad de decisión y voto para que nuestras propuestas se incluyan en las políticas públicas y planes de vida. Así como también, que el Estado y nuestras organizaciones nos garanticen que nuestra participación orgánica y política sea libre de acoso, toda forma de violencia y discriminación.
  5. La consulta libre previa e informada con consentimiento y de buena fe, sea de carácter obligatorio y vinculante las decisiones asumidas en espacios orgánicos, garantizando la participación de las mujeres en la toma de decisiones en los procesos de implementación de megaproyectos de infraestructura, concesiones mineras, petroleras, agroindustria que afectan la vida en los territorios de poblaciones indígenas.
  6. Nosotras las mujeres de los pueblos indígenas, exigimos, que nuestros hijos gocen del mismo derecho en el acceso a la educación y salud en igualdad de condiciones. Pero también respetando nuestra identidad cultural.
  7. Las mujeres indígenas de Bolivia, nos declaramos en emergencia ante los diferentes casos de violencia sexual, físicas, psicológicas, desapariciones e infanticidio de niños, niñas y adolescentes en las áreas urbanas y rurales. Por ende, exigimos al gobierno central y autoridades competentes una normativa penal clara para la protección de las víctimas con una sanción ejemplificadora.
  8. Exigimos normativa clara y contundente, para dar fin a la continua violencia física hacia las mujeres que lleva a desapariciones forzadas y feminicidios, con penas progresivas y ejemplificadoras para los agresores.
  9. Exigimos redireccionar el enfoque de los medios de vida de naciones indígenas a través de actividades productivas sostenibles a cargo de mujeres.
  10. Exigimos la abrogación de normativas y políticas públicas que promueven y permiten la expansión de la frontera agrícola, ganadera, maderera, hidroeléctricas, concesiones mineras, petrolera en los territorios indígenas y áreas protegidas.
  11. De igual manera exigimos la aprobación de los proyectos de ley de emergencia climática y la Ley marco de agua para la vida, que contemplen medidas y protocolos específicos de atención para los pueblos indígenas.
  12. Atención prioritaria e inmediata a las comunidades indígenas frente a los impactos de los desastres naturales producto de la crisis climática, basada en la aplicación de un modelo económico extractivista.
  13. Exigimos la realización de investigaciones y/o estudios de carácter científico independientes del Estado ya sea nacionales e internacionales que, nos permita conocer el nivel contaminación por metales pesados utilizados en la explotación minera en agua, suelo y nuestros cuerpos. A través de la implementación de laboratorios in situ, para el continuo monitoreo del estado de salud de los habitantes de comunidades indígenas en los territorios.
  14. Exigimos que se creen políticas públicas accesibles que favorezcan y prioricen los emprendimientos económicos alternativos y sostenibles (artesanías, ecoturismo, huertos familiares, medicina tradicional entre otras) con comercio justo, que desarrollamos en nuestros territorios de manera amigable con nuestra madre tierra.
  15. Queremos que nuestras voces sean escuchadas y llamamos a todos los que quieren unirse como aliados estratégicos para la incidencia y difusión de esta declaración, que busca la defensa de la vida y los territorios.
  16. Solicitamos se nos garantice la participación efectiva en todos los espacios a nivel nacional e internacional, para que nuestras voces y casos de vulneración de derechos sean socializados en los diferentes espacios del camino al XI Fospa Bolivia 2024, y en otras instancias nacionales e internacionales de exigibilidad de derechos.

Organizaciones indígenas participantes

En el Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia, que se realizó durante el 26 y 27 de junio, en Rurrenabaque participaron lideresas de:

  1. Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB)
  2. Subcentral de Mujeres Indígenas Movima (SMIM)
  3. Gran Consejo Tsimane (GCTs)
  4. Organización de Mujeres Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (OMINAB)
  5. Organización de Mujeres Indígenas Cavineñas (ODMIC)
  6. Central Indígena de Mujeres Amazónicas de Pando (CIMAP)
  7. Central de Mujeres Indígenas del Norte de La Paz (CMILAP)
  8. Organización de Mujeres Indígena Lecas (OMIL)
  9. Organización de Mujeres Indígenas Mosetén (OMIM)
  10. Consejo Indígena de Mujeres Tacanas (CIMTA)
  11. Organización de Mujeres Indígenas de San José de Uchupiamonas (OMISJU)
  12. Consejo Regional Tsimane Mosetén Pilón Lajas (CRTM -PL)
  13. Subcentral de Mujeres del Territorio Indígena Multiétnico (TIM)
  14. Gran Cabildo Indigenal de San Ignacio de Mojos
  15. Organización de Jóvenes Indígenas Mojeños (OJIM)
  16. Central de Mujeres Indígenas Guarayas (CEMIG REGIONAL)
  17. Organización Regional de Mujeres Indígenas Chiquitanas (ORMICH)
  18. Organización de Mujeres Indígenas Originarias Chiquitanas de Concepción (OMIOCH-C)
  19. Organización de Mujeres Indígenas Chiquitanas de San Ignacio de Velasco (OMICH-SIV)
  20. Central Indígena de Comunidades de la Organización de Lomerío (CICOL)
  21. Organización de Mujeres Indígenas Paikonecas (OMIP-SJ)
  22. Organización de Mujeres Indígenas Monkox+ de Lomerío (OMIML)
  23. Asociación de Mujeres Indígenas Santo Corazón de San Matías (AMSC)
  24. Central Indígena Chiquitana Amanecer Roboré (CICHAR)
  25. Organización de Mujeres de Comunidades Indígenas Chiquitanas -Roboré (OMCICH-R)
  26. Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de la Provincia Marbán
  27. Comunidad Indígena Bella Selva de San Andrés de la Provincia Marbán
  28. Capitanía Guaraní ZONA CRUZ –APG Zona Bermejo – APG Tarija
  29. Capitanía Alto Isoso CAI Charagua Iyambae
  30. Organización de Capitanías Weehnayek y Tápiate (ORCAWETA)
  31. Suyu Jacha Karangas
  32. Consejo Jóvenes Jacha Suyu Pacajaqi
  33. Red Chimpu Warmi
  34. Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (RENAMAT)

Puede leer la Declaración completa AQUÍ

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La PBFCC inicia el cuarto Programa de Formación en Derechos dirigido a mujeres indígenas

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Por PBFCC

Con la participación de medio centenar de lideresas indígenas de tierras altas y bajas de Bolivia, la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC) comenzó la cuarta versión del Programa de Capación en Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) dirigido a mujeres indígenas.

El programa se realiza en un contexto en que la crisis climática y sus efectos plantean fortalecer capacidades de información, análisis y debate multidimensional (económico, social, cultural y ambiental) más integral y propositiva con mayor participación de las organizaciones de mujeres de pueblos indígenas originarios.

La Plataforma Boliviana Frente al cambio Climático, entre 2019 y 2022, en coordinación con la CNAMIB y organizaciones de base de tierras altas, ha implementado el programa de formación fortaleciendo capacidades en DESCA a 150 mujeres indígenas en tres versiones. Y se ha planteado continuar con el mismo durante la presente gestión, para fortalecer las capacidades de 50 lideresas y líderes.

El objetivo del programa de capacitación es contribuir al fortalecimiento de capacidades de lideresas indígenas originarias de tierras bajas y tierras altas para la participación activa en el análisis y debate sobre la Crisis Climática a través de la incidencia política y pública y en el ejercicio individual y colectivo de los DESCA, frente a las amenazas e impactos de la crisis climática, con justicia y equidad social.

Un programa de cuatro módulos

El programa de formación toma en cuenta el conjunto de temas a las crisis que son síntomas de problemas estructurales más grandes (biodiversidad, crisis climática y sus afectaciones, desigualdades e injusticias de género, colonialismo y avasallamiento del territorio y los cuerpos, y el sistema económico) que estará distribuido en cuatro módulos que se desarrollarán de junio a octubre de la presente gestión.

Módulo 1: Crisis climática y crisis del modelo de desarrollo (virtual)
  1. La importancia de hablar sobre la crisis climática
  2. ¿Qué es el cambio climático?
  3. Consecuencias del cambio climático
  4. ¿Cómo afecta a las poblaciones en Bolivia y cómo hacer frente al cambio climático?
  5. Mitigación y adaptación al cambio climático
  6. Pueblos indígenas y cambio climático
Módulo 2: Derechos Humanos, Derechos de pueblos indígenas y derechos de las mujeres indígenas (virtual)

¿Quiénes son los pueblos indígenas?

¿Por qué los pueblos indígenas enfrentan amenazas del cambio climático?

Situación actual del apoyo a los derechos y políticas públicas

La importancia de los pueblos indígenas para la resiliencia climática

Los Pueblos Indígenas como protectores del Cambio Climático

Marco normativo nacional e internacional referido a los pueblos y naciones indígenas

Compromisos fundamentales recientes suscritos a nivel internacional en relación con el cambio climático y los derechos de los pueblos indígenas

Módulo 3: Alternativas a los impactos del cambio climático y modelo de desarrollo (virtual)

Protección social, creación de empresas sostenibles y generación de medios de vida dirigidos a pueblos indígenas.

Reconocimiento de derecho y promoción de actividades a la igualdad de género y creación

Competencias y conocimientos únicos para la generación de alternativas

Saberes ancestrales e influencia en la iniciativa sobre cambio climático

Experiencias de proyectos sustentables en pueblos y naciones indígenas.

Módulo 4: Uso de tecnología y medio de información, locución y formación de voceros (presencial)

¿Qué son las TICs?

otencialidades del uso de TICs como instrumentos transformadores

TICs característicos, principales aplicaciones y programas

Experiencias de uso de TICs en programas de adaptación, mitigación al cambio climático.

 

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Bolivia: Mujeres indígenas plantearán acciones frente al Extractivismo y las crisis que afectan sus vidas y sus territorios

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En el marco del Foro Social Panamazónico 2024, las mujeres indígenas de Bolivia analizarán y plantearán acciones frente al extractivismo y las crisis que afectan sus vidas y sus territorios en un encuentro nacional que se desarrollará el 26 y 27 de junio en la población amazónica de Rurrenabaque.

Bajo el liderazgo de la Confederación de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB), en coordinación con varias instituciones de la sociedad civil, se reunirá a lideresas de diversos territorios indígenas, en su mayoría pertenecientes a las organizaciones de tierras bajas de la Amazonía, Chiquitanía y el Chaco.

El “Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas”, en el que participarán también mujeres indígenas de tierras altas, se realiza en un contexto mundial y Panamazónico donde la lucha tiene como principales protagonistas a las mujeres, quienes desde diferentes frentes asumen la defensa de la vida y el territorio y proponen a su vez alternativas que ayudan a sostener el vínculo con la tierra.

Uno de los objetivos del encuentro es generar un espacio de diálogo y reflexión donde se analizarán las problemáticas que afectan a los pueblos indígenas, en especial a las mujeres indígenas de tierras bajas y altas, en cuanto a los impactos de la crisis climática, actividades extractivas, la contaminación y la creación de planes de contingencia que contemplen roles estratégicos de las mujeres.

Una de las problemáticas principales que preocupa a las mujeres es el cuidado y la defensa del territorio, que implica no solo la titulación de las tierras sino también la soberanía de las mismas en el ejercicio pleno de sus autonomías, contemplando sus formas orgánicas de ejercer el gobierno y la justicia.

“Hoy vemos a nuestra madre tierra herida por las sequías e inundaciones, por la contaminación del aire y el desgaste de los suelos. Muchos de estos problemas territoriales y de agotamiento de la naturaleza son producto de las graves acciones de proyectos extractivistas que ignoran a los pueblos indígenas, sus maneras de trabajar y producir; proyectos que conllevan a la destrucción de fauna y flora, y a la extracción de minerales que desangran a la tierra y a sus hijos”, señala la convocatoria elaborada para el encuentro que tendrá como protagonistas a las mujeres indígenas.

Las indígenas buscan generar acciones de incidencia a nivel nacional y, especialmente, dentro sus propias organizaciones, por ello socializarán y visibilizarán las respuestas y alternativas económico/productivas que las mujeres indígenas originarias están implementando en los diferentes territorios.

Finalmente, las mujeres presentarán los casos de afectación a sus territorios y se formará el “Tribunal ético en defensa de los cuerpos y el territorio”, una iniciativa de acción que pretende dar una sentencia ética sobre un caso con el fin de visibilizarlo a nivel internacional en distintos espacios para conseguir apoyo para el pueblo afecto de tal manera que pueda hacer frente a la vulneración de la que son víctimas permanentes.

Pre FOSPA , en julio

El Comité Internacional del FOSPA eligió a Bolivia para ser Sede del XI FORO SOCIAL PANAMAZÓNICO a realizarse en 2024 en San Buenaventura y Rurrenabaque con la participación de organizaciones sociales, pueblos indígenas, comunidades campesinas, académicos/as y sociedad civil de los nueve países que pertenecen a la región amazónica.

En ese marco, desde diciembre de 2022, en Bolivia se han realizado actividades como el evento de lanzamiento del FOSPA, el Encuentro de Organizaciones para el desarrollo de la Agenda, Encuentro de Organizaciones para elaborar las propuestas para la Cumbre de Presidentes de la Amazonía, el Foro del Agua y el Foro Multiactor de Minería, entre otras.

Se trata de encuentros de reflexión y de generación de propuestas que dinamizan el proceso hacia el Pre-FOSPA Bolivia que se realizará del 20 al 23 de julio próximo en las poblaciones amazónicas de San Buenaventura y Rurrenabaque con la participación de representantes de los nueve países amazónicos.

El Pre-FOSPA tendrá cuatro ejes programáticos/temáticos: 1) Pueblos indígenas y territorialidades amazónicas, 2) Madre Tierra, 3) Extractivismos y alternativas y, 4) Mujeres, que serán abordados el viernes 21 de julio.

El 22 de julio, se visitarán siete comunidades indígenas de Rurrenabaque y San Buenaventura. El espacio de Mujeres tendrá su propia dinámica con una participación transversal en todas las áreas temáticas.

Las temáticas que serán abordadas responden a aquellas que han sido priorizadas por las organizaciones sociales en varios encuentros previos, incluyendo el Pre-Foro de Trinidad en 2020, el evento de lanzamiento y construcción de agenda que se realizó el pasado 30 de noviembre en Rurrenabaque y San Buenaventura, así como las reuniones presenciales en la ciudad de La Paz convocadas en el presente año. De la misma manera, los lugares de visita in situ han sido definidos por la Central de Pueblos Indígenas de La Paz y sus organizaciones territoriales.

Foro Social Panamazónico

El Foro Social Panamazónico (FOSPA) emerge del mandato del Foro Social Mundial del año 2000 para considerarse en un espacio de reflexión, intercambio de experiencias en defensa, denuncia, ejercicio, preservación y generación de propuestas de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas, población amazónica, de sus territorios y del medio ambiente de la Amazonía.

Su recorrido por 20 años ha profundizado en diversos temas que hacen a la problemática y realidad de la Amazonía, de las condiciones de vida las poblaciones amazónicas, principalmente de pueblos indígenas y comunidades campesinas, además de la población urbana.

Es un movimiento regional muy importante y referente que cuestiona fuertemente las políticas públicas de los gobiernos ya que estos impulsan y ejecutan desde la concepción de desarrollo de que la generación de recursos económicos deben provenir de los recursos naturales generando así una intervención despiadada para su extracción desmedida generando vulneración de derechos colectivos de las poblaciones que las habitan, ocupando sus territorios hasta el punto de expulsar a las poblaciones o reduciendo su espacios de desarrollo integral, y también dejando daños ambientales extremos con el efecto que en la actualidad se viven por el cambio climático y las modificaciones ambientales en todos los niveles.

La dinámica del FOSPA responde a esto y pretende luchar para exigir a los gobiernos el respeto por la Amazonía, su preservación y su manejo equilibrado para cuidar y proyectar las condiciones de vida no solo de las poblaciones que hoy la habitan sino del mundo.

PROGRAMA

LUNES 26 DE JUNIO

HORA ACTIVIDAD
8:00 a 9:30 Marcha desde San Buenaventura hasta Rurrenabaque

Acto místico y de inauguración
9:30 a 10:30 Compartir1

Situación de las mujeres en los territorios en cuanto al ejercicio de sus derechos individuales y colectivos (Titulación de la tierra, autogobiernos indígenas, gestión y control territorial y rol de las mujeres)
10:30 a 11:00 REFRIGERIO
11:00 a 12:00 Compartir1

Situación de las mujeres en los territorios en cuanto al ejercicio de sus derechos individuales y colectivos (Titulación de la tierra, autogobiernos indígenas, gestión y control territorial y rol de las mujeres)
12:00 a 14:30 ALMUERZO
14:30 a 16:30 Compartir 2

Situación de los territorios por los impactos de la crisis climática y sus afectaciones a la vida personal, familiar y comunal (sobre todo de las mujeres)
16:30 a 17:00 REFRIGERIO
17:00 a 18:00 Compartir 2

Situación de los territorios por los impactos de la crisis climática y sus afectaciones a la vida personal, familiar y comunal (sobre todo de las mujeres)
19:00 a 21:00 Noche cultural: danzas, poemas y otros.

 

MARTES 27 DE JUNIO

HORA ACTIVIDAD
8:00 a 10:30 Compartir 3

Impactos del modelo de desarrollo y el extractivismo en los territorios, formas de resistencia y acciones de articulación y coordinación de luchas.
10:30 a 11:00 REFRIGERIO
11:00 a 12:00 Compartir 3

Impactos del modelo de desarrollo y el extractivismo en los territorios, formas de resistencia y acciones de articulación y coordinación de luchas.
12:00 a 14:30 ALMUERZO
14:30 a  16:30 Compartir 4

Visibilizar alternativas y respuestas que las mujeres implementan en los diferentes territorios frente a los impactos del extractivismo y el cambio climático.
16:30 a 17:00 REFRIGERIO
17:00 a 18:00 Conclusiones

Elaboración del documento/carta final de incidencia desde la voz de las mujeres.
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FOSPA: Indígenas y campesinos de la Amazonía boliviana demandan acciones frente a los impactos de la minería del oro

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En el Marco del Foro Social Panamazónico Bolivia 2024, representantes indígenas y campesinos, hombres, mujeres y jóvenes provenientes de la Amazonía de Pando, La Paz, Beni, Cochabamba, y pueblos originarios de Oruro, e instituciones gubernamentales del nivel nacional, departamental y municipal, se reunieron para analizar la forma de resistir colectivamente el avance del extractivismo, denunciar los impactos de la minería del oro y plantear acciones urgentes frente a la problemática.

El encuentro denominado “Diálogo multiactor sobre minería” se desarrolló durante dos días, el 31 mayo y 1 junio 2023, en el municipio de San Buenaventura, con la asistencia de más de 60 personas, quienes hicieron conocer los problemas ambientales y sociales que atraviesan sus regiones debido a la expansión de la minería del oro a la Amazonía.

Una de las mayores críticas fue al Estado porque no cumple con su rol de controlar y hacer cumplir la normativa legal en materia ambiental y permite la actividad minera ilegal que está contaminando sus aguas y sus tierras y, peor aún, afectando la salud principalmente de indígenas y campesinos.

Tras los dos días del encuentro, los asistentes emitieron un pronunciamiento que en cinco puntos describe el impacto de la minería en las comunidades indígenas y campesinas, la vulneración de derechos y presiones, la demanda de regulaciones contundentes y presencia del Estado para hacer cumplir las normas legales.

Puntos del pronunciamiento:

  1. La expansión desmedida de la industria minera ha generado una crisis ambiental y social sin precedentes, amenazando la calidad de vida y la sostenibilidad de los pueblos y territorios. Denunciamos enérgicamente la grave problemática de la contaminación minera y sus impactos devastadores en los territorios, suelos productivos, fuentes de agua, ríos, lagos y la salud de los Pueblos Indígenas.
  2. Las comunidades indígenas, originarias y campesinas son víctimas directas de los efectos de la contaminación minera, que se extiende de forma silenciosa. La acumulación y contaminación por el uso de sustancias químicas tóxicas, el mercurio y otros metales, es una situación que despierta la preocupación de las comunidades indígenas, originarias y campesinas, que no están siendo atendidas por el Estado.
  3. La consolidación y delimitación de los territorios ya no es una garantía para los pueblos, que sufren constantemente de presiones y avasallamientos por parte de diferentes actores que explotan y extraen los recursos naturales, impulsados por la sed del oro. La explotación minera se realiza con violencia y promueve el despojo a través del extractivismo del oro.
  4. Es imperativo establecer regulaciones más estrictas que promuevan un alejamiento progresivo de la salvaje minería del oro. Es necesario consolidar y fortalecer la minería responsable y sostenible que busque disminuir los impactos. Se debe garantizar la realización de Estudios de evaluación de impacto ambiental que sean rigurosos, transparentes e independientes, para implementar mecanismos de fiscalización y sanción efectivos para las actividades obras o proyectos de operadores mineros. Llamamos a garantizar el respeto de las normas ambientales, considerando los procesos de participación de las comunidades indígenas, originarias y campesinas, respetando sus usos, costumbres y procedimientos propios.
  5. La consulta libre, previa e informada para el consentimiento de los pueblos indígenas debe tener un carácter vinculante. Se debe evitar toda forma de presión que pueda afectar la autodeterminación de los pueblos; formas que puedan promover y afectar el consentimiento a través de condiciones o prebendas. Los supuestos beneficios que se dan a cambio del consentimiento de los pueblos no son proporcionales a los impactos culturales, sociales y medioambientales que ejerce la minería.

Debate y testimonios de la depredación

Durante la primera jornada, 31 de mayo, también se desarrollaron dos presentaciones sobre la problemática que estuvo a cargo de dos investigadores, Héctor Córdova de la Fundación Jubileo y Alfredo Zaconeta del CEDLA, quienes corroboraron con datos las denuncias realizadas por indígenas y campesinos sobre los impactos de la minería del oro en la Amazonía.

«El 85% de las cooperativas no tienen licencia ambiental y el gobierno autoriza que operen de esa manera, por tanto, es responsable y cómplice de un delito», manifestó Héctor Córdova, investigador de la Fundación Jubileo.

Para Córdova, parte de la solución al problema es que el Estado cree fuentes de empleo sostenibles para quienes ahora están en las cooperativas mineras y que se implementen plantas procesadoras de minerales.

Por su parte, Alfredo Zaconeta, investigador del CEDLA, mostró las cifras del aporte del sector cooperativista aurífero, que actualmente ejerce un monopolio al extraer el 99% del oro. “En 2022, Bolivia alcanzó su mayor producción histórica: 53,3 toneladas de oro, con un valor de 3.026 millones de dólares, pero apenas generó una regalía de 63,2 millones de dólares”, resaltó el investigador.

Zaconeta sugiere que se defina una legislación específica que norme la explotación del oro y el rol de su operación y se deje sacar normas paliativas como sucede ahora.

Por su parte, indígenas y campesinos reiteraron su preocupación por la inoperancia de los niveles del Estado y las instituciones que deben controlar la actividad minera y hacer cumplir las normas legales.

“Estamos preocupados porque hay poca presencia de la AJAM en el río Madre de Dios y por eso la actividad ilegal de la extracción del oro sigue y se está profundizando”, manifestó Néstor Omar Max, miembro del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi, Pando.

La directora de Gestión Integral de la Madre Tierra de la Gobernación de Pando, Homali Flores, afirmó que tienen limitaciones para realizar el control por la falta de información y de coordinación con otros niveles del Estado, además de la falta de recursos para realizar los análisis y evidenciar la contaminación.

“La contaminación no solo afecta al medio ambiente sino también a la salud de los indígenas. Debemos tener coordinación los tres niveles del Estado para dar solución a la problemática de la minería y sus afectaciones a nuestras regiones”, expresó la autoridad de Pando.

En una de sus intervenciones, Alex Villca, indígena Uchupiamona, lamentó la inacción del Estado en el control de la actividad minera, pero también dijo: «Los indígenas parece que estamos adormecidos, no hemos activado mecanismos legales para defender nuestros derechos. La sociedad civil ha interpuesto acciones legales mientras los indígenas estamos peleando, estamos divididos porque así nos quiere el gobierno».

Por su parte, pobladores de comunidades de Oruro afectadas por la minería asistieron al encuentro para dar testimonio del impacto que generó la minería en su región. Eloy Flores, miembro de la CORIDUP de Oruro, dijo que las organizaciones, las comunidades, no son enemigos de las empresas mineras ni de las cooperativas, pero quieren que ese sector “contaminan sus aguas, las devuelvan de manera que puedan consumirlas».

MESAS DE DIÁLOGO

El diálogo multiactor, en su segundo día, el 1 de junio, analizó el tema de la minería sus implicaciones y también propuso algunas alternativas para enfrentar sus impactos en el marco de cuatro mesas de trabajo:

– Mesa de diálogo 1: ROL DE LOS ACTORES EN LA ACTIVIDAD MINERA EN LA AMAZONÍA

Los roles que tienen los actores sociales como el Estado, Cooperativistas, las comunidades, pueblos indígenas y población en general para consensuar sobre los impactos de la actividad minera en la población, el territorio y el medio ambiente con el fin de buscar soluciones e identificar los principales problemas y obtener propuestas que beneficien a todos.

– Mesa de diálogo 2: REGULACIÓN NORMATIVA A LA ACTIVIDAD MINERA

Los roles que tienen los actores sociales como el Estado, cooperativistas, las comunidades, pueblos indígenas y población en general para buscar acuerdos con respecto al cumplimiento y obligaciones que regulen la normativa de la actividad minera con la finalidad de que sea amigable con el medioambiente, los derechos humanos colectivos y territoriales, para que se convierta en una actividad que contribuya al desarrollo efectivo de la región amazónica.

– Mesa de diálogo 3: RIQUEZA GENERADA Y CONTRIBUCIONES MONETARIAS AL ESTADO BOLIVIANO

Los roles que tienen los actores sociales como el Estado, cooperativistas, las comunidades, pueblos indígenas y población en general para conocer a dónde va la riqueza generada por la actividad minera, asimismo llegar a un acuerdo del destino de las regalías, la transparencia y los beneficios que dejan a las regiones.

– Mesa de diálogo 4: IMPACTOS DE LA MINERÍA EN LOS DERECHOS HUMANOS, TERRITORIALES Y AMBIENTALES

Los roles que tienen los actores sociales como el Estado, cooperativistas, las comunidades, pueblos indígenas y población en general para tomar medidas que garanticen el cuidado de la Amazonía y eviten alteraciones por la actividad minera en los ciclos de vida de los recursos hídricos, el despoblamiento, la migración forzosa, la contaminación, el daño a la salud y el avasallamiento a los territorios que están sufriendo las comunidades indígenas, entre otros.

CONCLUSIONES

Tras la elaboración de conclusiones en cada una de las cuatro mesas de diálogo, en una plenaria se aprobaron las se hizo conocer en una plenaria las conclusiones, tras una serie de intervenciones de los participantes se realizaron algunas puntualizaciones y se aprobó el texto del Pronunciamiento.

En las conclusiones se destacan los varios problemas asociados con la minería, como la contaminación ambiental, la destrucción del bosque, el divisionismo en las comunidades y la afectación a la salud. Lo cual es exacerbado por la falta de regulación efectiva y la corrupción; además del impacto que se agrava por la prostitución, la desintegración familiar y la división comunitaria.

– La minería puede ofrecer beneficios como empleo, ingresos económicos y desarrollo de infraestructura. Sin embargo, el costo social y ambiental no tiene relación con los beneficios económicos que derivan de esa actividad. Además, el aporte económico al Estado de la minería del oro es ínfimo.

– Entre otros problemas, identificaron a la falta de una consulta y participación de las comunidades en la planificación y decisión de proyectos mineros, la ineficiencia en la regulación y fiscalización de la actividad por parte del Estado, la corrupción y falta de transparencia en la gestión de los contratos y permisos mineros; y el predominio del interés económico sobre la protección ambiental y el bienestar de las comunidades locales.

– Una de las demandas es que las comunidades deben ser plenamente informadas y tener la oportunidad de dar su consentimiento o rechazar las propuestas mineras, es necesario contar con mecanismos efectivos de consulta previa libre e informada, que debe ser multisectorial; implementar regulaciones y fiscalizaciones más estrictas, para ello se tiene que fortalecer las leyes y regulaciones que rigen la actividad minera, y asegurarse de que estas se apliquen y se hagan cumplir de manera eficaz. Esto también incluye combatir la corrupción y garantizar la transparencia en la actividad minera.

– Es necesario promover y desarrollar alternativas económicas sostenibles que podría incluir la minería responsable u otras alternativas a la utilización del mercurio, el turismo sostenible, la agricultura orgánica y otros emprendimientos basados en la conservación del medio ambiente.

– Las comunidades indígenas y campesinas reclaman porque han sido marginados, en contradicción en la misma Constitución Política del Estado, como un actor fundamental del modelo económico boliviano. Les preocupa la cantidad de leyes, decretos supremos y resoluciones ministeriales, que durante los últimos años han promovido al modelo cooperativista, olvidando la autodeterminación de los pueblos. Exigen que los derechos humanos y de la naturaleza, deben prevalecer sobre los derechos preconstituidos.

– Otras de sus conclusiones señala que es necesario garantizar un mayor control y apoyo del Estado para fiscalizar las actividades mineras en Áreas Protegidas, modificar la Ley 535 de Minería y Metalurgia y establecer una normativa integral y específica para las actividades auríferas. También demandan una moratoria a las autorizaciones mineras hasta la revisión de la normativa.

– Esperan que en todos los niveles del Estado se fortalezca e impulse la diversificación de la economía para salir de la dependencia extractivista; que el Estado exija un monto a los operadores mineros para un seguro de salud especializado para las personas que son afectadas en su salud por el mercurio, metal que debe ser eliminado de la minería a través de normativas específicas y su control efectivo.

– Demandan que los municipios y/o gobernaciones cuenten con equipos necesarios y recursos económicos para el monitoreo de los niveles de contaminación minera, tanto al ambiente como a la salud; así como la promoción de alternativas de biorremediación de esos impactos como son los sistemas agroforestales.

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foro jsuticia ambiental chiquitana Cipca

Indígenas chiquitanas y guarayas construyen una agenda ambiental con justicia climática y de género

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Por Isabel Mamani y Vanessa Cortez/CIPCA*

En el municipio de San Ignacio de Velasco, se llevó a cabo el foro sobre Justicia ambiental con enfoque de género denominado “re politizar la vida y defender los cuerpos y territorios”, el 5 de mayo del presente año.

Este espacio tuvo como objetivo generar un diálogo plural con actores públicos y organizaciones de mujeres indígenas chiquitanas y guarayas, para la construcción de una agenda ambiental que permita promover medidas de protección de los sistemas de vida con resguardo y protección de los derechos de las mujeres.

El evento fue organizado en alianza con el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB), Central de Mujeres Indígenas Guarayas (CEMIG-R), Organización Regional de Mujeres Indígenas Chiquitanas (ORMICH), Organización de Mujeres Indígenas Chiquitanas (OMICH), Organización de Mujeres Indígenas Originarias Chiquitanas de Concepción (OMIOCHC) del departamento de Santa Cruz todas ellas vinculadas a la gestión y gobernanza ambiental en sus territorios.

Asimismo, estuvieron presentes instituciones y actores públicos a nivel nacional, departamental y municipal como ser la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz (GAD-SC), Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio de Velasco (GAMSIV) y Gobierno Autónomo de Concepción (GAMC); quienes expusieron sus políticas públicas orientadas a contribuir en la disminución de los efectos del cambio climático con enfoque de género.

Durante la jornada se realizaron diferentes exposiciones de lideresas indígenas reconocidas como: Wilma Mendoza, Presidenta de la CNAMIB y Lourdes Miranda, Secretaria de Género de la Asamblea del Pueblo Indígena Guaraní (APG). A la vez, las instituciones públicas presentaron sus lineamientos de trabajo referente a la justicia climática ambiental con enfoque de género.

También se trabajaron mesas técnicas donde se abordaron tres líneas estratégicas agua, tierra y bosques, donde las y los participantes debatieron propuestas y acciones en torno a las problemáticas identificadas en los lineamientos estratégicos, resaltando los siguiente:

– Conformación de defensoras medioambientales en los distintos territorios.

– Socializar y posicionar agenda climática de las organizaciones de mujeres en los espacios orgánicos de las organizaciones mixtas e instancias públicas de los niveles regionales, departamentales y nacionales.

– Creación de áreas protegidas municipales y departamentales, para la protección de los medios de vida de los pueblos indígenas.

-Retomar la construcción de nueva ley de bosque, agua y tierra.

Desde la CNAMIB, Wilma Mendoza manifestaba lo siguiente “a las mujeres nunca nos hablaron de los objetivos del milenio y cuando se hacen las agendas nacionales no somos tomadas en cuenta en las políticas nacionales. Es por ello que desde la CNAMIB planteamos construir nuestra agenda propia a partir de nuestros propios diálogos y desde nuestro territorio, nuestra casa común y desde ahí construir nuestra agenda, porque los funcionarios públicos y autoridades no viven en las comunidades, no conocen de las problemáticas, ellos viven en las ciudades en el área urbana, donde no le falta el agua, no le falta la luz. Pero, las mujeres indígenas vivimos en las comunidades en los territorios donde el impacto del cambio climático es más fuerte. Pero les digo a las autoridades, el kilo de arroz o la azúcar, no solucionan el impacto. Necesitamos que las autoridades nos entiendan y escuchen para poder ayudar. Además, un tema pendiente es la restauración de bosques”.

Un estudio de CIPCA ha permitido identificar los impactos diferenciados percibidos por las mujeres, relacionados con la pérdida de los bosques y de sus sistemas agroforestales, porque sus ingresos dependen de la recolección y transformación de los productos y frutos de los bosques, y la producción a pequeña escala; por la falta de acceso, uso y control de los recursos naturales; por la falta de participación efectiva en la toma de decisiones que afecten a sus medios de vida.

Con respecto a esto, Lourdes Miranda manifestaba “que tan participativo somos nosotros como territorios indígenas en la construcción de normativas en el país, realmente estamos aportando desde nuestras organizaciones, creo que estamos adormecidos como autoridades indígenas. Tenemos que empezar desde nuestras organizaciones, dejemos de ser partidarios políticos, porque lo que importa es nuestro territorio, cuando nos demos cuenta, no vamos a tener agua, tierra y hasta territorio”.

A nivel regional, las mujeres dependen más de los recursos naturales, pero tienen menos acceso a ellos. El acceso a la tierra, agua, bosques y biodiversidad en general, es más restringido para las mujeres que para los hombres; el uso y aprovechamiento de los recursos naturales está condicionado por la división sexual del trabajo. La falta de acceso, también es un factor importante que limita la participación política de las mujeres en la toma de decisiones sobre los recursos naturales, la formulación de propuestas, planes y fiscalización, todo esto tiene un impacto en sus cuerpos y en sus territorios.

Desde CIPCA consideramos que las mujeres suelen ser las primeras en responder y buscar mecanismos de adaptación, mitigación y resiliencia a los impactos medioambiental y efectos del cambio climático, por lo que es importante contribuir a fortalecer la participación política y la inclusión de las mujeres en la toma de decisiones para enfrentar el calentamiento global y frenar la deforestación. Para las organizaciones de mujeres indígenas de la Chiquitania y Guarayos, es importante seguir construyendo un horizonte despatriarcalizador, que incluya justicia ambiental y justicia de género, contribuyendo a una sociedad que viva en relaciones de igualdad de género con entornos ambientales seguros, cuidados y protegidos, con un sistema democrático paritario e intercultural que permite la participación de hombres y mujeres en toda su diversidad en la toma de decisiones en la gestión ambiental con responsabilidad compartida para el cuidado y preservación de los bienes comunes.

Lea el artículo completo aquí

*CIPCA es miembro de la PBFCC

Foto: CIPCA

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Pueblos indígenas originarios de tierras altas y bajas denunciaron violación de derechos ante la CIDH

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Por CENDA*

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), instaló dos audiencias públicas con diferentes pueblos indígenas originarios campesinos y organizaciones, quienes denunciaron la violación de sus derechos. Las dos audiencias se realizaron en la ciudad de Cochabamba, el 29 de marzo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) es la instancia encargada de la promoción y protección de los Derechos Humanos en el Continente Americano. Este año la comisión agendó una visita «in loco» al Estado Plurinacional de Bolivia (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Sucre), audiencias en las que se recoge información de la situación de vulneraciones de derechos humanos.

En la primera audiencia se trató el caso de la Construcción de la carretera por medio del TIPNIS donde Pueblos Indígenas del Territorio Indígena Multiétnico (TIM), Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS) y Consejo Indígena del Sur (CONISUR), denunciaron la construcción ilegal de la carretera, que afecta y vulnera los derechos de los habitantes de dicho territorio.

En una segunda audiencia, la sociedad civil presentó más de 30 casos de violación de derechos humanos, colectivos y territoriales ante la comisión de la CIDH. Entre los casos atendidos están las denuncias sobre:

  • Avasallamiento de Territorios de pueblos Indígena Originario Campesinos
  • Contaminación del medio ambiente principalmente en territorios indígenas
  • Persecución política a Defensores de Derechos
  • Desmedro a la Jurisdicción indígena Originaria Campesina
  • Justicia imparcial y corrupta
  • Tráfico de tierras en complicidad del INRA nacional y los niveles del Estado.
  • Violencia a la mujer y feminicidio
  • Discriminación a la población afroboliviana
  • Salud
  • Comunidad LGTB

Los Pueblos Indígenas Originarios Campesinos presentes enfatizaron que son la “población menos atendida por el Estado”, siendo estos los más afectados por la implementación de políticas de desarrollo extractivistas en desmedro de su integridad territorial, degradando y contaminando sus territorios, violando sus derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, por ejemplo, el derecho a la libre determinación y autogobierno, con los que los pueblos indígenas deciden libremente la estructura política, jurídica, económica, cultural y social más idónea para su territorio (Art. 2 C.P.E.), además, denunciaron el permanente incumplimiento de su derecho a la consulta previa libre e informada (Art. 30 y 403 C.P.E.).

Casos emblemáticos de vulneración de derechos en Bolivia presentados ante la CIDH

Poopó: “Queremos que se nos restituyan nuestros derechos”

El Ayllu San Agustín de Puñaca, del departamento de Oruro, denunció ante la CIDH que el “Estado boliviano prioriza la atención de demandas del sector minero por sobre las demandas de los pueblos originarios”. Las empresas mineras están vulnerando sus derechos; de acceso al agua en calidad y cantidad, a una alimentación sana y saludable, a un medio ambiente sano.

Durante años han pedido la restitución de derechos en instancias municipales, departamentales y nacionales, al no tener respuesta a sus demandas en noviembre del 2022 demandaron al Estado boliviano la restitución de sus derechos a través de una Acción Popular ante el Tribunal Departamental de Justicia de Oruro que negó la tutela.

Actualmente su situación de vulneración de derechos al agua, medio ambiente sano, entre otros, no ha cambiado y están decididos a acudir a instancias Internacionales, una vez el Tribunal Constitucional emita su sentencia respecto al caso.

“La contaminación nos está haciendo sufrir mucho, la tierra está contaminada, ya no produce nada, ya no hay agua, no hay alimentación, queremos que el Estado nos escuche, que restituya nuestros derechos, no escucha a los Pueblos Indígenas”.

 “¡No a la carretera por medio del tipnis!”

Pueblos Indígenas del Territorio Indígena Multiétnico (TIM), Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS) y Consejo Indígena del Sur (CONISUR), a través de sus autoridades indígenas, denunciaron ante la CIDH tres puntos principales:

1) Rechazo unánime a la construcción de la carretera por medio del TIPNIS,

2) Avasallamientos al Territorio Indígena por los interculturales,

3) Incumplimiento absoluto de compromisos, obras y proyectos.

“Pedimos a la CIDH, que exija al presidente de Bolivia que cumpla los procedimientos constitucionales, convenios internacionales, tratados de los derechos internacionales de los derechos de los pueblos indígenas”.

“Con tanto avasallamiento que tenemos dentro el TIPNIS, ¿por qué hemos rechazado la carretera?, porque habrá más avasallamientos, aunque sin camino sigue habiendo avasallamientos, queremos que nos respeten los interculturales, si bien somos vecinos, pedirles respeto”.

El TIPNIS, TIM y CONISUR enfatizaron el avasallamiento permanente que sufren en su territorio por parte de los denominados ‘interculturales’, acción que vulnera su derecho a Tierra y Territorio, sus derechos colectivos. Los interculturales “responden a intereses sectoriales, desconociendo el voto resolutivo de rechazo a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos”.

En una asamblea del CONISUR, en diciembre del 2022, y en el Encuentro de Corregidores llevada a cabo del 7 al 9 de marzo de 2023, en San José de Acosta, los corregidores en representación de las tres naciones (Yuracaré, Chimán y Moxeños Trinitarios) dicen: “¡No a la carretera por el corazón del TIPNIS!”.  Los gobiernos departamentales de Cochabamba y Beni, ignoran esta decisión unánime y siguen insistiendo con la construcción de la carretera.

“…nosotros decidimos ‘¡No a la carretera!’, y queremos que respeten nuestros derechos, queremos que respeten nuestros votos resolutivos de las tres organizaciones que conformamos el TIPNIS”.

La carretera “no beneficiará a los pueblos Indígenas”, indicaron las autoridades, representantes del TIPNIS, también expresaron su sentir sobre la vulneración de sus derechos al territorio, pero también la persecución política que sufren por defender la naturaleza, “la casa grande” intentando silenciar la voz de las familias que viven en el territorio con amenazas, amedrentado a los defensores de derechos y del territorio.

En las audiencias realizadas se vio un pedido común ante la CIDH: los pueblos Indígenas Originarios de tierras altas y tierras bajas piden que a través de la Comisión se exija al Estado boliviano el cumplimiento los procedimientos constitucionales, convenios internacionales, tratados internacionales de los derechos de los pueblos indígenas y los considere en la toma de decisiones respecto a su territorio.

CIDH: “PIOC’s grupo en situación de alta vulnerabilidad”

La CIDH, identifica como “grupo en situación de vulnerabilidad a los pueblos indígenas” y considera importante el reconocimiento “plurinacional; multiplicidad de lenguas, culturas y la estructura de gobierno”.

“Uno espera una posición de prioridad e importancia de desarrollo de los pueblos indígenas, … Bolivia tiene una estructura jurídica, política que puede ser una respuesta a estas necesidades”.

Miembros de la Comisión también reconocen la participación de los pueblos indígenas realizando las denuncias y confirmando que las leyes no resuelven problemáticas y que todas las denuncias recogidas por esta comisión serán tomadas en cuenta en el informe de país

“Las leyes no son mágicas, sabemos que no resuelven las cosas, pero nos alegra que hagan la denuncia, una profunda preocupación de la contaminación de agua, que es fuente de vida que cuando está contaminada es fuente de muerte”.

*CENDA es miembro de la PBFCC

Fotos: Cenda

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La Confederación de Mujeres Indígenas denunció al Estado boliviano ante la CIDH por la vulneración de sus derechos

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Por PBFCC

La presidenta de la CNAMIB, Wilma Mendoza Miro, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al Estado Plurinacional de Bolivia por vulnerar sistemáticamente los derechos individuales y colectivos de las mujeres indígenas y de sus pueblos a través de la implementación de un Plan Nacional de Desarrollo Económico con una perspectiva puramente extractivista.

La presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB) participó en la audiencia de la CIDH realizada en la ciudad de Santa Cruz, el 30 de marzo, donde explicó que el Estado vulnera los derechos de las indígenas permitiendo la aprobación de leyes y políticas públicas para las actividades mineras, petroleras, la ampliación de la frontera agrícola y ganadera en territorios indígenas y áreas protegidas sin la fiscalización de la legalidad, el cumplimiento de los procesos de la consulta previa, licencia ambiental o protocolos para prevenir impactos ambientales a las comunidades y la naturaleza.

“Esa agenda de reactivación económica extractivista está atentando contra la seguridad jurídica de nuestros territorios, nuestro modo de vida, nuestra seguridad física, nuestra biodiversidad, la seguridad alimentaria, el acceso al agua, economía y la libre determinación para decidir sobre el desarrollo local propio”, dijo Wilma Mendoza.

La presidenta de la CNAMIB también entregó un informe de casos de vulneración de derechos donde se describe los hechos, los derechos vulnerados e incumplimiento de las normativas que los protegen y las acciones de denuncia que han realizado las organizaciones indígenas y defensoras de derechos humanos y ambientales y que hasta el momento no han recibido la respuesta del Estado.

Autonomías

En la audiencia también estuvieron presentes el presidente de la Central Indígena de Comunidades Originaras de Lomerío (CICOL), Anacleto Peña Supayabe, y la Secretaria de Organización de la Subcentral del Territorio Indígenas Multiétnico (TIM), Rosalía Matene, quienes denunciaron la retardación del proceso para la consolidación de la autonomía indígena de sus territorios.

La demanda de autonomía lleva más de diez años y se ha vuelto un camino largo y tortuoso para el autogobierno y para poder atender con sus propios recursos las necesidades prioritarias como la salud y educación.

La Asambleísta Departamental Suplente por el pueblo chiquitano, Nélida Faldín, denunció la discriminación que sufren como mujer indígena al momento de ejercer su derecho de participación política en los espacios de decisión y que no puede incluir propuestas en beneficio de sus comunidades desde la perspectiva de sus planes de vida.

Esta participación es parte de la agenda trabajo de la CNAMIB para la defensa de los derechos humanos de las mujeres indígenas, próximamente se presentará un Informe de Casos de Vulneración de Derechos Humanos de Mujeres Indígenas de Tierras Bajas y Tierras Altas de Bolivia.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita «in loco» a Bolivia, para lo cual agendó audiencias con una amplia gama de representantes de la sociedad civil y víctimas de violaciones de derechos humanos en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Sucre, en las mismas recogió información de la situación de vulneraciones de derechos humanos en el país. También agendó reuniones con autoridades del Estado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) es la instancia encargada de la promoción y protección de los Derechos Humanos en el Continente Americano.

 

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Mario

Sociedad civil, indígenas y jóvenes elaboran agenda de trabajo conjunto frente a la Emergencia Climática

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Por PBFCC

Tras dos días de análisis y debate sobre los problemas que se enfrentan en Bolivia a causa del cambio climático, los más de 80 representantes de la sociedad civil y organizaciones sociales, de jóvenes y de indígenas, construyeron una agenda de trabajo conjunto que fue plasmada en un documento cuyo contenido reproducidos a continuación:

Lea también: La PBFCC realiza un laboratorio para plantear una ruta de acción frente al cambio climático en Bolivia

Más allá de los discursos globales y las agendas organizacionales de nuestras co-partes y aliados, coincidimos en que el momento de transformación y deterioro crítico de las condiciones básicas de lluvias y temperaturas, entre otras características, no es ordinario y representa una amenaza que demanda nuestra articulación en una coalición más amplia para evitar su empeoramiento y simultáneamente preparar las respuestas estructurales y organizadas de nuestra sociedad.

Para ello proponemos una agenda mínima con un esquema simple, pero al mismo tiempo ambiciosa que ponga en el centro de nuestras acciones el reconocimiento y las respuestas a una genuina Emergencia Climática que debe ser considerada la principal amenaza emergente de una crisis estructural del modelo de desarrollo actual , pero también una importante oportunidad de reconducir nuestras sociedades en una ruta y dirección de sostenibilidad y justicia inclusiva que históricamente hemos buscado desde nuestras luchas por la defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas originario campesino, las Mujeres, los y las jóvenes, los esfuerzos por la protección de los ecosistemas y la naturaleza, el consumo y producción saludable y en términos más generales el de un país y mundo posible con espacio y oportunidades para todas y todos.

Estamos conscientes de la necesidad de desarrollar una estrategia coherente, digna y legítima, que parta desde las acciones concretas a nivel individual y familiar, que contribuya a la reducción de emisiones, la huella hídrica y protección de nuestros ecosistemas, pero también el trabajo colectivo de desarrollar propuestas de políticas y normativas para exigir a las instancias públicas locales, departamentales, nacionales e internacionales para que cumplan con el compromiso del acuerdo de París entre otros acuerdo internacionales suscritos.

Frente a esta situación hemos dejado claro que es “hora de actuar” y proponemos una agenda conjunta con equidad de género, intergeneracional, justicia climática, interculturalidad, y centrada en dos elementos:

1. Estrategia de Incidencia política con 4 objetivos

a. Posicionar la noción y mensaje de la “Emergencia Climática”, materializada en la crisis del agua este 2023 y eventos climáticos adversos, entre otras consecuencias en la agricultura, el bosque, la alimentación y seguridad hídrica, entre otros.

b. Presentar de manera comprensible y didáctica la necesidad de una normativa nacional de reconocimiento y respuesta ante la emergencia climática.

c. Terminar de elaborar nuestra propuesta de Ley de Emergencia Climática hasta finales del primer semestre del año, y lanzarla como propuesta nacional junto a aliados en un evento nacional adicional. Por otra parte, avanzar con el desarrollo y/o aprobación de leyes de emergencia climática a nivel municipal y departamental.

4. Generar una alianza abierta de con actores de la sociedad civil, instancias públicas, fabriles, gremiales, transportistas, productores, agroindustriales, entre otros, para la definición de una agenda de mediano a largo plazo en cambio climático y el seguimiento de los compromisos nacionales (NDC, ACE Escazú, otros), con autoridades tradicionales, locales, departamentales y nacionales.

Para la ejecución de estos objetivos se creará la comisión de incidencia política, constituida por representantes de organizaciones y redes presentes en este evento con equidad de género generacional.

2. Estrategia comunicacional en la que buscará incidir desde los medios de comunicación tradicionales y no tradicionales:

  1. Campaña mediática nacional multiplataforma con acciones de comunicación de cada miembro de nuestra coalición a niveles locales, regionales, nacional e internacional con el objetivo de visibilizar y posicionar la noción de Emergencia Climática:

a. Entrevistas en radios locales

b. Participación en Programas de televisión

c. Artículos de opinión

d. Publicaciones en redes sociales

e. Cine debate y teatro.

f. Marchas y movilizaciones.

g. Red de comunicación climática

  1. Elaboración de un paquete de apoyo comunicacional mediático para comunicadores y otros actores, que contenga herramientas audio visuales como artes, memes, hojas con datos interesantes relevantes sobre la crisis del agua, u otros temas de la emergencia climática.
  2. Elaborar y distribuir información de relevancia y necesidad sobre una ley y estrategia nacional para reconocer y enfrentar la Emergencia Climática.
  3. Diseño e implementación de un programa de replicadores de información de emergencia climática, con contenido espontáneo y continuidad en el tiempo, producido desde comunidades y ciudades del país.

Para la ejecución de estos objetivos se creará la comisión de comunicación interdisciplinaria, que será constituida por delegados de cada organización de la coalición de emergencia climática con equidad de género y generacional, promoviendo la participación de jóvenes y mujeres.

Cerrando el evento en Cochabamba realizado el 3 y 4 de febrero, es importante valorar el potencial que nuestra coalición de jóvenes, mujeres, pueblos indígenas originarios campesinos, instituciones de desarrollo, entre otras, tiene para guiar y promover la participación activa de la sociedad civil en el debate de la crisis climática, a puertas de la profundización de los impactos de este desafío de la humanidad y especialmente de Bolivia.

Suscribimos y aprobamos esta agenda en común los presentes participantes del 1º Laboratorio de análisis sobre las acciones e incidencia política frente a la emergencia climática.

FIRMAN

Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC)

Plataforma Boliviana de Acción Frente al Cambio Climático (PBACC) de La Paz, Tarija, Santa Cruz, Oruro, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca, Pando

Confederación de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB)

Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL)

Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA)

CAOI

CONACH

Comunidad en Acción

Fundación Jubileo

Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia (GTCCJ)

Inti Illimani

Instituto de Investigación Cultural para Educación Popular (INDICEP)

Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS)

JSP Jóvenes

JARAÑA Oruro

Nación Jacha Suyu Paca Jaqi

Programa Nina de Unitas

RED POLINIZAR

Sub Central de Mujeres Indígenas-TIPNIS

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La PBFCC inicia un laboratorio para plantear una ruta de acción frente al cambio climático en Bolivia

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Por PBFCC

En el marco del proyecto “Acción climática inclusiva, con justicia intergeneracional y equidad de género”, la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC), en alianza con la Plataforma Boliviana de Acción Frente al Cambio Climático (PBACC), inicia hoy el “1er laboratorio participativo de políticas públicas sobre cambio climático: Análisis sobre las acciones de la sociedad civil frente a la crisis climática” en el que participarán cerca de 90 representantes de la sociedad civil, jóvenes e indígenas, principalmente.

El objetivo del laboratorio, que se desarrollará durante dos días en Cochabamba, es analizar la coyuntura y elaborar conjuntamente una ruta de trabajo en torno al área de la emergencia climática (agua, bosques y agricultura) a nivel nacional y subnacionales, vinculadas a la incidencia a nivel internacional en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Tomando en cuenta los problemas climáticos que actualmente se vive en el país, como la aguda sequía de los últimos meses que ha ocasionado pérdidas en la producción agrícola y frente a lo que se pronostica para este 2023: un año más caliente debido al fenómeno de El Niño, se hace urgente tomar acciones.

Lea también: ¡Respondamos a la Emergencia Climática hoy, mañana será tarde!

Por ejemplo, hasta fines de enero, en La Paz las reservas de agua apenas alcanzan un 40 % cuando deberían estar prácticamente llenas porque es época de lluvias, pero eso no ha ocurrido. “Lo descrito no significa otra cosa que la emergencia climática es una realidad que tiene que ser enfrentada con urgencia”, señaló Marcos Nordgren, técnico de Incidencia de la PBFCC.

En ese marco, desde la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático se (PBFCC) se ha insistido en la necesidad de adelantarnos a esta situación y trabajar en una re-priorización de la agenda política nacional, remarcó Nordgren.

“Este espacio será un gran paso para que organizaciones de todo Bolivia, jóvenes, dirigentes pueblos indígenas de tierras altas y bajas analicemos como nos afecta la crisis climática en los diferentes contextos, para contribuir con acciones y propuestas con las que se puedan incidir en la política nacional y hacer frente a esta problemática desde la sociedad civil”, destacó María Fernanda Zeballos, técnico Socio Ambiental de la PBACC.

El programa del laboratorio contempla una presentación sobre la “Crisis climática en el contexto internacional, nacional y local”, el Foro debate: “La sociedad civil frente a la crisis climática” y la presentación de propuestas de acción nacional y local.

Durante los dos días del evento, se obtendrán insumos de los participantes para robustecer el posicionamiento y estrategia conjunta para la toma de acciones frente a la crisis climática.

¡Respondamos a la Emergencia Climática hoy, mañana será tarde!

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