Declaración
Declaración Pre FOSPA exige el respeto a los derechos de los indígenas, el agua y los bosques de la Amazonía
Por Articulación FOSPA Bolivia
Al cierre de cuatro días de reflexión sobre las problemáticas que amenazan a la Amazonía y sus pueblos, los participantes del Pre Foro Social Panamazónico emitieron una declaración de 29 puntos en los que articulan sus luchas y resistencias en favor de los derechos de los indígenas, los bosques, los ríos y todos los seres que habitan la región.
El Pre FOSPA se realizó en las poblaciones de Rurrenabaque y San Buenaventura, entre el 20 y 23 de julio, con la participación de 250 representantes de organizaciones indígenas originarias y campesinas de las tierras bajas y las tierras altas, instituciones de apoyo, académicos(as) y activistas quienes rechazan las actividades extractivas, como la minería, porque vulneran los derechos de los indígenas y sus territorios, contaminan los ríos y provocan la deforestación.
Saneamiento, titulación y autonomía de los territorios indígenas
La declaración del Pre FOSPA reconoce que los indígenas nacieron con territorio, por tanto, exigen que se concluya el proceso de saneamiento y titulación de todos los territorios indígenas y comunidades campesinas originarias del lugar y que desaloje los asentamientos ilegales.
“En particular, destacamos la situación de los pueblos indígenas altamente vulnerables a quienes la negación del derecho al territorio los ha puesto bajo un serio riesgo de etnocidio como los Esse Ejjas de Eyiyoquibo, los Tsimane del sector Yacamá, los Tacanas de los ríos Beni y Madre de Dios y otros territorios que no han recibido una respuesta oportuna”, señala el documento.
Los participantes del Pre FOSPA dieron su apoyo por escrito y con sus firmas a las demandas de los pueblos Esse Ejjas y Tsimane.
Por otra parte, denunciaron al INRA, ABT, AJAM y TAA por desconocer los derechos de los indígenas y por vulnerar su derecho ancestral a la propiedad colectiva territorial, al uso y aprovechamiento tradicional de los bosques y bienes naturales existentes en su hábitat.
Tomando en cuenta que la autonomía permite el ejercicio pleno de los derechos colectivos de los pueblos indígenas originarios campesinos para su autogobierno y libre determinación, demandan procesos más cortos y ágiles para la consolidación de las mismas y que los procedimientos y requisitos que el Estado exige no desconozcan la cultura y tradición de los pueblos.
Respeto a los derechos
“Denunciamos que a pesar del avance normativo en materia de derechos colectivos y el reconocimiento constitucional de igual jerarquía entre la Jurisdicción Indígena Originario Campesina (JIOC) …, persisten prácticas que subordinan y no otorgan la institucionalidad y garantías necesarias para el ejercicio efectivo de la JIOC. Los jueces deben conocer la realidad de los pueblos y respetar la decisión de las autoridades indígenas”, señala la declaración del Pre FOSPA. En ese marco, exigen sanciones para los administradores de justicia que no respeten la JIOC.
También, demandan que el Estado cumpla con las obligaciones asumidas en el marco de instrumentos de derechos humanos, el Convenio 169 y el Acuerdo de Escazú.
Piden que se garantice y sea vinculante la “consulta para el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas y comunidades campesinas”. “Los procesos de consulta deben realizarse con un enfoque de cuenca, consultando a todos los pueblos y territorios indígenas y campesinos unidos por el agua, y afectadas aguas arriba y abajo”, destaca puntualmente el documento.
Exigen sanción para las empresas privadas, cooperativas y personas responsables de los ecocidios y biocidios por vulnerar los derechos fundamentales de las personas y de la Naturaleza; así como indemnización para los afectados y reparación de los daños causados al medio ambiente y a las poblaciones.
Emergencia climática y agua
“Denunciamos que la Amazonía vive una emergencia climática porque pone en riesgo nuestra existencia y la de la Naturaleza. Bolivia es el tercer país del mundo en pérdida de bosques primarios debido a actividades extractivas de los grandes emprendimientos del agronegocio, la ganadería, la minería y de las políticas públicas que los incentivan”, señala el documento.
En ese contexto, rechazan las iniciativas de biocombustibles con base en la palma aceitera (africana), soya y otros cultivos promovidas por el Gobierno porque agudizarán la deforestación.
Y demandan que la transición energética no reproduzca el extractivismo y que el Estado garantice la soberanía energética basada en energías limpias y renovables que respeten los derechos humanos, a los pueblos indígenas y la Madre Tierra.
Tomando en cuenta que el agua es un derecho, exigen su acceso concreto y demandan normativa -creada con la participación de indígenas y campesinos- para preservar y conservar las nacientes y ojos de agua y la implementación de programas de monitoreo y gestión del agua, así como de reforestación y forestación.
Piden que se reconozca a los ríos Beni, Tuichi y de Tucabaca y a todas las cuencas, ríos, lagunas y vertientes de tierras altas y bajas como sujetos de derechos y a que se preserven los derechos del río, de su flora y fauna acuática y su biodiversidad, a vivir libre de contaminación y a no ser afectados y secados por actividades extractivas, carreteras, megaproyectos hidroeléctricos, actividades mineras y de remoción de materiales.
Amazonía libre de minería y mercurio
“Sostenemos enfáticamente que la lucha contra el uso del mercurio es la lucha por la vida. Buscamos avanzar hacia un plan de transición para una Amazonía libre de minería y mercurio”, destaca el documento.
Exigen la modificación de la Ley Minera -porque atenta contra la naturaleza y los pueblos- y la eliminación de cualquier autorización de la actividad minera en áreas protegidas. Se pone énfasis en la defensa del Madidi, rechazando el reconocimiento de derechos preconstituidos que “ilegalmente se dieron hasta 2015”.
Sobre la afectación con mercurio a los indígenas, demandan al Estado reconocer los estudios y la generación de evidencias de los territorios afectados por actividades extractivas llevados a cabo por monitores comunitarios, ONG y universidades. Y creación de un programa de salud gratuito, obligatorio y especializado para los afectados.
“Reclamamos el respeto de la tradicional actividad minera artesanal de los pueblos indígenas originarias campesinas”, señala la declaración.
Alternativas al extractivismo
De forma categórica rechazan los proyectos del Estado y los privados que promueven el modelo de desarrollo agro extractivista porque destruyen la Amazonía y vulneran los derechos fundamentales de las TIOC’s.
Demandan que se promuevan modelos de desarrollo productivos sostenibles, coherentes con la vocación de la tierra y acordes a la cosmovisión de los pueblos indígenas, basados en la agroecología y gestión integral de los territorios, como el turismo sostenible y comunitario
“Exigimos políticas públicas que incentiven la producción de los pueblos indígenas a través de la recuperación de los saberes ancestrales, e impulsen planes de restauración para rescatar especies nativas, maderables y no maderables, con el objetivo de promover el cuidado sostenible de los bosques garantizando a los pueblos indígenas originarios campesinos una economía familiar sustentable”, señala la declaración sobre este punto.
Respaldo a indígenas afectados por la minería
El Pre Foro se pronunció en respaldando la Acción Popular impulsada por la Central de Pueblos Indígenas de La Paz que busca garantizar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas afectados por la contaminación del mercurio.
Piden, además, la aplicación de las tres sentencias constitucionales del Ayllu San Agustín de Puñaca, Choro y Lago Uru, las cuales obligan a las autoridades nacionales, departamentales y municipales la inmediata atención a las comunidades afectadas por las actividades mineras.
El apoyo del Pre FOSPA también alcanzó a los procesos de Consulta Popular en el Yasuní para mantener el petróleo bajo tierra y prohibir las actividades mineras en el Choco Andino en Ecuador.
Mujeres indígenas acuden al Tribunal de Ética
El último día, el 23 de julio, las mujeres indígenas presentaron al Tribunal Ético en defensa de los cuerpos y el territorio, el cual sesionó con cuatro miembros una de Brasil y tres de Bolivia, de seis naciones hicieron el preámbulo del evento con emotivas presentaciones de los casos al tribunal.
Se trata de siete casos que tienen que ver con vulneración de sus territorios por la actividad hidrocarburífera, minera, la crisis climática y los avasallamientos.
“Las mujeres cotidianamente sufrimos violaciones dentro y fuera de casa por el machismo que está presente en las corporaciones, en los proyectos que no nos representan. Cada una tiene una experiencia de resistencia y de lucha por eso apoyamos la campaña en defensa de nuestros cuerpos y nuestros territorios. La primera violación que sufrimos es sobre nuestros cuerpos”, manifestó Nilde Sousa, secretaria ejecutiva del FOSPA y miembro del Tribuna de Ética.
Las siguientes organizaciones respaldan la declaración:
Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB), Bloque de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (BOCINAB), Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), Central de Mujeres Indígenas de La Paz (CMILAP), Organización Regional de Mujeres Indígenas Chiquitanas (ORMICH), Organización de Mujeres Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (OMINAB), Central Indígena de Pueblos Originarios de Pando (CIPOAP), Central de Mujeres Indígenas Guarayas – Regional (CEMIG-R), Pueblos Indígenas Lecos y Comunidades Originarias de Larecaja (PILCOL), Organización de Mujeres Indígenas Lecos (OMIL), Gran Consejo Chiman, Sub Consejo Tsimane’ Regional Y’acama, Comunidad Esse Ejja de Eiyoquibo (CEEE), Autonomía Indígena Originaria Campesina de C’halla, Federación de Campesinos de la Provincia Vaca Díez (FSUTCRVD), Comité de Género de la FEDECOR, Comunidad Suyku Pujio, Sacaba Cochabamba, Organización de Comunidades Indígenas de Rurrenabaque (OCIR), Central de Comunidades Indígenas de San Miguel (CCCISM), Asociación de Cabildos Indígenas de San Rafael de Velasco (ACISARV), Asociación de Cabildos Indígenas de San Ignacio de Velasco (ACISIV), Federación Regional Madre de Dios, Autonomía Indígena del Territorio Indígena Multiétnico (AIO TIM), Gran Cabildo Indígenas de San Ignacio de Mojos, Organización de Jóvenes Indígenas Mojeños (OJIM), Organización de Mujeres Indígenas Bella Selva, Asociación de Productores Agropecuarios de San Andrés (APASAD II), Organización de Mujeres Indígenas Originarias Chiquitanas de Concepción (OMIOCHC), Federación Regional de Campesinos de la provincia Ballivián Beni, Central Indígena Reivindicativa de la Provincia Ángel Sandóval (CIRPAS), Comunidad Motacusito del Pantanal, Central Indígena Chiquitana Amanecer Roboré (CICHAR), Subcentral del Territorio Indígena Mojeño Ignaciano (TIMI), Organización del Pueblo Indígena Moseten (OPIM), Organización de Mujeres Indígenas Mosetenes (OMIM), Organización de Mujeres Indígenas de Comunidades Chiquitanas de Roboré (OMCICH-R), Red de Defensores de Agua y Territorio (REDAT), Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL), Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA), Consejo Indígena de Mujeres Tacanas (CIMTA), Asamblea del Pueblo Guaraní Zona Cruz, Asamblea del Pueblo Guaraní Zona Bermejo, Asamblea del Pueblo Guaraní Tarija, GAIOC Kereimba Iyaambae, Coordinadora de Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba (CPITCO), Consejo Indígena del Sur (CONISUR-TIPNIS), Mancomunidad de Comunidades de los Ríos Beni, Tuichi y Quiquibey, Consejo del Pueblo de San José de Uchupiamonas (PISJU), Organización de Mujeres Indígenas de San José de Uchupiamonas (OMISJU), Consejo Regional Tsimane Mosetene (CRTM-PL), Puerto Yumai, Red Chimpu Warmi, Ayllu San Agustín de Puñaca, Suyu Jacha Karangas, Asociación de Usuarios de la Laguna Larati (AULL), Asociación Comunitaria de Productores Agropecuarios Lago Tumichucua (ACOPALT), Subcentral Larata, Red de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (RENAMAT), Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando (FSUTCP), Coordinadora en Defensa del Río Desaguadero y los lagos Uru Uru y Poopó (CORIDUP), Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de la Provincia Marbán (CSUTCPM), Organización de Mujeres Indígenas Kavineñas (ODEMIK), Comunidad de Zongo.
Con el apoyo
Centro de Comunicación y Desarrollo Andino-CENDA, Centro de Investigación y Promoción del Campesinado-CIPCA, Fundación Jubileo, Fundación TIERRA, Fundación Solón, Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia-GTCCJ, Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología Tierra-ISEAT, College des Bernardins, Programa NINA, Instituto Boliviano de Investigación Forestal (IBIF), Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social-UNITAS, Red Eclesial Panamazónica-REPAM, Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático-PBFCC, Proyecto Voces para la Acción Climática justa (VAC), Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica-IPDRS, Semilla Ecosocial, Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario CEDLA, Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón CESUUMSS, Parroquia de San Ignacio de Mojos, Centro de Estudios y Cooperación Internacional – CECI, Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), Centro de Ecología y Pueblos Andinos – CEPA, Red de Transición Energética Popular-REDTEP, Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Ambiente – CEDENMA y Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza – GARN.
Sociedad civil busca la aprobación de una ley de emergencia climática
Por PBFCC
Representantes de un grupo de organizaciones e instituciones de la sociedad civil participaron en el taller de socialización y complementación del “Proyecto de Ley de Emergencia Climática” que se realizó el 23 de junio en Cochabamba, del cual emergió una declaración conjunta que principalmente apoya la aprobación de esa propuesta de ley.
Los participantes -representantes de CIPCA, Fundación Gaia Pacha, Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia (GTCCJ), Plataforma Boliviana de Acción frente al Cambio Climático (PBACC), Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón (CESU-UMSS), Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático (PBFCC), Fundación Jubileo, Acción Ambiental Metropolitana- trabajaron en tres mesas analizando cada uno de los artículos de la Propuesta de Ley de Emergencia Climática construida colectivamente.
Los asistentes analizaron la situación de profundización de los impactos climáticos sobre población nacional y retroalimentaron la norma propuesta que busca dar respuesta al problema.
Entre los diez planteamientos de su declaración destacan el reconocimiento de la emergencia climática traducida los impactos ya sentidos principalmente por los sectores más vulnerables y el tratamiento de una ley de emergencia climática.
10 Planteamientos
- Reconocer colectivamente la situación de emergencia climática y ambiental y su impacto sobre comunidades y población en general, especialmente a los sectores más vulnerables.
- Exigir el tratamiento de la propuesta de Ley de Emergencia Climática y su pronta promulgación e implementación.
- Exigir la elaboración de planes inmediatos de emergencia climática sectoriales para atender urgentemente la gestión de cuencas y recursos hídricos, fortalecimiento de la seguridad y soberanía alimentaria de sistemas productivos campesinos indígenas, gestión sostenible de los bosques y ecosistemas, crear acciones urgentes para la transición energética justa e inclusiva
- Demandar que el Estado, en sus diferentes niveles, elabore y gestione políticas y programas multisectoriales orientados a mejorar las capacidades de resiliencia y adaptación en los ámbitos urbano y rural.
- Profundizar en el análisis y gestión de nuevas alternativas al desarrollo, enmarcados en la gestión sostenible de los recursos naturales, en especial el agua, suelo y biodiversidad; el fortalecimiento de sistemas productivos de base campesino indígena, que a través de sus usos, costumbres y conocimientos son custodios de la biodiversidad; la gobernanza integral y sustentable de los bosques y la transición hacia el uso de energías limpias y sustentables.
- Exigir la integración del clima, la transición energética, la transición agroecológica en procesos de planificación en diferentes niveles; nacional, departamental y regional.
- Priorizar la gestión de financiamiento a través del TGN, la Cooperación Internacional y el Fondo Plurinacional de la Madre Tierra para atender a programas y proyectos de emergencia climática en todos los niveles, nacional, departamental y regional.
- Desarrollar programas de educación y campañas de comunicación y de sensibilización sobre los efectos del cambio climático; generando espacios plurales, interculturales y democráticos para la formulación de respuestas oportunas e integrales, priorizando la participación de jóvenes y mujeres.
- Asignar fondos e impulsar procesos de investigación encaminados a gestionar información y conocimiento que acompañe y fortalezca las respuestas frente a la emergencia climática.
- Desarrollar instrumentos de participación efectiva de la sociedad civil para la gobernanza de los recursos naturales contribuyendo a procesos de transición justa, sustentable e inclusiva que permita enfrentar la emergencia climática.
Las organizaciones e instituciones de la sociedad civil que participaron en el encuentro señalaron que realizarán un control social a la aprobación, promulgación y aplicación de la «ley de emergencia climática».
Los encuentros se replicarán en las ciudades de Santa Cruz y La Paz.
X FOSPA declara emergencia climática en la Amazonía y traza acciones frente al extractivismo en los territorios indígenas
Por: PBFCC
4 de agosto, 2022.- El X Foro Social Panamazónico (FOSPA), realizado en Belém do Pará (Brasil) entre el 28 y 31 de julio, presentó la DECLARACIÓN PANAMAZÓNICA DE BELÉM, documento en el cual los participantes exponen en siete puntos los problemas que enfrentan la Amazonía y sus habitantes, principalmente frente al extractivismo y la crisis climática.
“Declarar Estado de Emergencia Climática en la Panamazonía y su cumplimiento permanente para permitir su restauración activa y la protección de su biodiversidad en coordinación con los pueblos amazónicos y avanzar hacia un nuevo paradigma de relacionamiento con la naturaleza”, señala la primera de las 13 acciones planteadas en la Declaración Panamazónica de Belém.
Walter Limache, coordinador Nacional del Programa NINA, explicó que con la declaración de emergencia se busca llamar la atención de los gobiernos de los países amazónicos sobre el peligro en que se encuentra la Amazonía. “Es un llamado a que los gobiernos reflexionen sobre el proceso de desarrollo que están impulsando para generar recursos económicos. Tienen que pensar en otras opciones porque está en juego la Amazonía no sólo para los pueblos de los países amazónicos sino para todo el mundo”, dijo Limache.
Los asistentes al X FOSPA -entre ellos indígenas, campesinos, activistas y organizaciones de la sociedad civil organizada de Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y Guayana Francesa- analizaron en diferentes eventos la problemática que enfrenta la Amazonía y sus habitantes ante las políticas extractivistas de los gobiernos.
Tras cuatro días de análisis y debates elaboraron un documento de conclusiones que contiene 35 puntos: los primeros siete puntos describen la situación actual de la Amazonía, en la segunda parte plantean una propuesta política de 15 puntos y en la tercera parte presentan 13 acciones para evitar el saqueo de los recursos de la Amazonía y los territorios indígenas por parte de los Estados, así como la vulneración de los derechos humanos de los pueblos amazónicos.
“Hoy, la Amazonía está en su peor momento, devastada por gobiernos para quienes la naturaleza es una mercancía, y los derechos de los pueblos no tienen validez. Hasta hoy ningún gobierno ha garantizado el pleno ejercicio de los derechos de los pueblos amazónicos por la defensa de la madre naturaleza”, señala el punto 2 del documento “Declaración Panamazónica de Belém”. Por tal razón, hacen un llamado a los movimientos sociales a aprender de los errores y seguir luchando.
Una de las demandas de los participantes del X FOSPA plantea que los gobiernos implementen medidas contra la crisis climática y los derechos de la Madre Tierra frenando la deforestación, principalmente. Además, exigen que los gobiernos de los países de la Amazonía cumplan los compromisos asumidos en el plano internacional en el marco del problema del cambio climático.
Por su parte, Juan Carlos Alarcón, Secretario Técnico de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC), señaló que es necesario que los gobiernos reconozcan la situación de emergencia y crisis que se vive en la Amazonía. “Se tiene restaurar la Amazonía, para eso necesitamos políticas públicas específicas y recursos económicos para las acciones de recuperación”, expresó Alarcón.
En el caso de Bolivia, el Secretario Técnico de la PBFCC puntualizó que se tiene que parar la deforestación, generar la recuperación de los bosques y fortalecer la agricultura familiar. “Pero sin la gestión de bosques que hacen los indígenas no será posible recuperar la Amazonía”, enfatizó.
Por otra parte, exigen que se respete los derechos de los pueblos indígenas y que se aplique la consulta libre e informada. “Rechazamos las políticas públicas extractivistas de los gobiernos que atentan contra la vida y la naturaleza. Exigimos que se firme, ratifique, respete e implemente el derecho a la consulta libre, previa e informada, que incluye el derecho de veto por objeción de conciencia cultural en el marco de la libre determinación de los pueblos y demandamos mantener los hidrocarburos en el subsuelo y una Amazonía libre de minería”, describe el documento.
Wilma Mendoza, presidente de la CNAMIB, lee la Declaración del X FOSPA.
La delegación boliviana que participó en el X FOSPA en Belém estuvo conformada por más de 40 personas en representación de organizaciones indígenas y campesinas de la Amazonía Norte y Amazonía Sur, y organizaciones de la sociedad civil: la PBFCC (Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático), CIPCA, CENDA, Programa NINA, Fundación Solón, WWF Bolivia, Fundación Jubileo, REPAM Bolivia, IPDRS, CNAMIB (Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia), We Effec, Red UNITAS, AJORA y PROCESO, entre otras.
Descargue el documento en español aquí
La PBFCC aboga por el diálogo y la concertación más allá de los resultados de las elecciones generales
Por PBFCC
17 de octubre de 2020.- Desde la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (BFCC) estamos convencidos de que la verdadera democracia requiere alimentarse de diálogo y negociación.
Si bien las elecciones generales que se realizarán este domingo 18 de octubre son especiales, por la crisis política que vive Bolivia desde hace un año y la crisis sanitaria derivada de la pandemia por la Covid-19, son una oportunidad más de profundizar esas capacidades de respeto mutuo y diálogo y en ese espíritu construir un renovado y más justo futuro para todas y todos.
Tras varias dificultades y en un ambiente de polarización entre diferentes sectores, así como enrarecido por una crisis sanitaria, económica y ambiental, este domingo elegiremos en las urnas al nuevo presidente de Bolivia.
Desde la PBFCC confiamos en que este será un proceso altamente participativo y que las profundas diferencias políticas entre unos y otros, se podrán resolver en el marco institucional y las normas establecidas como es el caso de las elecciones.
Lo exigimos
La Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático, una red conformada por 44 organizaciones, instituciones, colectivos y activistas, cuyo objetivo es la lucha por la justicia climática y un futuro vivible en nuestro propio país y mundo; exige:
– Que las diferentes organizaciones políticas participantes de las elecciones del 18 de octubre, en el marco de las reglas democráticas respeten los resultados y los asuman con responsabilidad y compromiso.
– Que exista una cultura de paz, y actitud constructiva para resolver las tensiones y diferencias, sin persecución ni estigmatización y el proceso de instalación del nuevo gobierno transcurra en el marco de la independencia de poderes y la institucionalidad.
– Evitar cualquier tipo de violencia que se pueda gestar en el marco de las elecciones; y en caso necesario emplear mecanismos de diálogo y persuasión antes que la represión.
– Que, si bien la mayor parte de la atención social se ha concentrado en las elecciones nacionales, es necesario resolver este ejercicio democrático con agilidad para poder ocuparnos como sociedad boliviana de otras urgentes tareas pendientes como los incendios forestales que amenazan superar los ocurridos en 2019 y la construcción de un país más resiliente y justo frente a la cada vez más presente crisis climática y sus impactos sobre toda la población nacional.
Petición de la Sociedad Civil Boliviana para el incremento de la Ambición Climática de Bolivia
La advertencia de la ciencia es clara. Si no dejamos los combustibles fósiles bajo tierra y preservamos los ecosistemas marinos y los bosques, el sistema de regulación térmica planetaria colapsará de manera irreversible.
Bolivia es un país altamente vulnerable a los impactos del cambio climático e históricamente no es uno de los mayores responsables de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Sin embargo, la escala de la emergencia climática planetaria requiere repensar de manera urgente el modelo de desarrollo nacional, el cual -hasta hoy- ha estado basado en el extractivismo, la agroindustria y el deterioro de los recursos naturales, agrediendo y socavando los derechos y la vida de los pueblos indígenas, originarios y campesinos.
Los incendios que, en los últimos años, han azotado las regiones de la Chiquitanía, el Chaco, la Amazonía boliviana y los Valles Cruceños, son un ejemplo de la aplicación de políticas de desarrollo que benefician a unos pocos en detrimento de las mayorías, causando daños irreversibles a la Madre Tierra, y las poblaciones, especialmente a los pueblos indígenas.
De seguir en este camino desenfrenado, guiado por un modo de desarrollo capitalista con base en el extractivismo, diseñado para proteger y promover las actividades contaminantes y la acumulación de ganancias de corporaciones transnacionales y de élites nacionales oligárquicas, no solo aumentarán las emisiones de GEI, sino que incrementarán las desigualdades económicas y sociales, degradando los medios de vida, y dejándonos más vulnerables y desprotegidos ante los, cada vez más frecuentes, intensos e impredecibles impactos climáticos.
Las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDCs, por sus siglas en inglés) son compromisos que los países miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) han aportado voluntariamente, tras la firma del Acuerdo de París, con el objetivo de reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Estos compromisos deben ser planteados de manera participativa, acorde a las realidades nacionales, y se deben centrar en acciones de mitigación, además de incluir compromisos en adaptación, financiamiento e innovación tecnológica de modelos económicos y sociales.
La comunidad científica ha alertado que con todas las contribuciones que los países han comprometido, hasta ahora, no se logrará el objetivo definido en el Acuerdo de París de evitar que el incremento de la temperatura media global del planeta supere los 2ºC respecto a los niveles preindustriales y promover esfuerzos adicionales que hagan posible que el calentamiento global no supere los 1,5ºC.
Las NDCs deberían expresar un real compromiso de los Estados para detener el incremento de la temperatura a través de soluciones reales y efectivas que, en corto plazo, signifiquen una reducción en las emisiones de GEI y, al mismo tiempo, contribuyan a reducir las desigualdades y a lograr una transición justa con las comunidades más vulnerables.
La política nacional guiada bajo la consigna de “Convertir a Bolivia en el centro energético de Sudamérica”, además de ser inviable, está vinculada al poder de las grandes transnacionales, la construcción de megarepresas en la Amazonía y el impulso de la producción de etanol y biodiesel, vinculada a la ampliación de la frontera agrícola, la destrucción de bosques y su biodiversidad, para el impulso de monocultivos de caña, soya y sorgo, que son falsas soluciones al cambio climático.
La apertura del mercado chino para la exportación de carne y la política agropecuaria del país, brinda desproporcionados beneficios y subvenciones estatales, a la agroindustria vinculada a capitales extranjeros, que es responsables de la mayor parte de la deforestación, del acaparamiento de tierras y del desplazamiento de comunidades locales e indígenas. El sector agropecuario es el principal responsable de las emisiones de GEIs del país por el cambio de uso del suelo.
Los compromisos realizados por Bolivia ponen en riesgo la vitalidad de los ecosistemas en todo el territorio nacional, aumentarán las emisiones nacionales, generarán más injusticias económicas y sociales e incrementarán la vulnerabilidad de las comunidades locales que ya enfrentan los impactos directos de estas actividades.
Bolivia, al mismo tiempo de seguir exigiendo el pago de la deuda histórica a los países desarrollados, debe comprometerse a que cualquier recurso proveniente del pago de esta deuda sólo pueda ser empleado para enfrentar las desigualdades sociales históricas en el país, lo que significa:
- Asumir la responsabilidad de proteger los ecosistemas, particularmente los bosques, evitando el acaparamiento privado de la tierra y los peligrosos mecanismos de mercado e integrando las propuestas de las comunidades que enfrentan los impactos de las políticas extractivas y del cambio climático.
- Asumir que la restauración y/o recuperación de los territorios devastados por los incendios de 2019 y 2020, deben ser objeto de un diálogo abierto con participación de actores locales y científicos nacionales para la definición de acciones en beneficio de las comunidades afectadas y, en particular, de los pueblos indígenas de la región. Estas poblaciones están en riesgo de desaparición al haber perdido sus medios de vida.
- Generar y potenciar nuevos enfoques y modos de desarrollo que permitan adaptar e innovar procesos productivos de base agroecológica y tecnologías apropiadas tanto en comunidades de tierras altas como de tierras bajas que sufren los impactos del cambio climático y de actividades extractivas, orientada a la agricultura familiar cómo base de la seguridad y soberanía alimentaria del país.
- Impulsar una transición energética justa y democrática con transformación de la matriz energética a energías limpias y sustentables, de escala local, centrada en la satisfacción de las necesidades locales y con modelos de gestión y gobernanza participativa.
- Incorporar el enfoque de protección de los derechos humanos y la perspectiva de género en la formulación de la política climática.
- Impulsar la justicia de Género y generacional como base de las alternativas territoriales en campo y ciudad.
Por esta razón, las organizaciones abajo firmantes exigimos:
Se inicie un proceso de construcción participativa y transparente de nuevas Contribuciones Determinadas a nivel Nacional que sean el reflejo de un nuevo modelo energético y productivo que, al mismo tiempo, promueva la justicia social económica y el equilibrio con la Madre tierra.
El Estado debe asumir políticas de protección de Derechos individuales y colectivos, de conservación efectiva de ecosistemas y la promoción de alternativas locales y con administración local recuperando los conocimientos y reconociendo el legado ancestral de las culturas de la región andina, oriente, chaco y Amazonía de Bolivia.
Octubre, 2020
Lea la petición en el siguiente enlace:
ORGANIZACIONES FIRMANTES:
- Agrecol Andes
- AOPEB
- Asociación Sucrense de Ecología (ASE)
- Asociación Inti Illimani
- Bases Juveniles
- CEADL
- CEEDI
- Centro de Iniciativas y Acción para el Desarrollo Local (CIADS)
- CEJIS
- CENDA
- CEPA
- CERDET
- Centro de Estudios Superiores Universitarios – Universidad Mayor de San Simón (CESU-UMSS)
- Ch´aska Friend
- CIMAR
- CIPCA
- Ciudadanía
- CNAMIB
- Colectivo CASA
- Colectivo Lucha por la Amazonia Boliviana
- Consejo Juvenil por la Madre Tierra (CJMT)
- Desafío ODS – Juventud en construcción
- FIDES
- Fridays For Future Bolivia (FFFB)
- Fundación Jubileo
- Fundación Gaia Pacha
- GTCCJ
- Instituto de Capacitación del Oriente (ICO)
- INCADE
- Cámara Júnior Internacional (JCI )
- Juventud Ecologista en Acción (JEA2.0)
- Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA)
- Programa de Asistencia Agrobioenergética al Campesino (PAAC )
- Plataforma Agrobolsas Surtidas
- Plataforma Boliviana de Acción Frente al Cambio Climático (PBACC)
- Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático
- Asociación Pro Defensa de la Naturaleza (PRODENA)
- PROGRAMA NINA
- PROGRAMA URBANO
- Soluciones Prácticas
- Salvaginas
- UNITAS
- Red Chiquitana y Guaraya
- Red Juvenil de Economía Circular (Red JEC)
- Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (RENAMAT)
- Sociedad Potosina de Ecología (SOPE)
- Vida Verde Tarija (VIVE)
Con el apoyo de:
- 11.11.11
- Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)
- Campaña Reactivación Transformadora
- Christian AID
- Observatorio Latinoamericano para la Acción Climática (OLAC)
- OXFAM
- We Effect
Posicionamiento de la PBFCC sobre el estado situación de la pandemia de COVID-19
La crisis de la pandemia del coronavirus (COVID-19) tiene una estrecha relación con la crisis climática, está directamente relacionada con el comportamiento incorrecto de las personas, incluido el comercio ilegal de especies silvestres controladas y, en general, el impacto del hombre que ha generado la destrucción de ecosistemas naturales.
COP 25: Declaración de la Cumbre de los Pueblos
Entre el 2 y el 7 de diciembre de 2019, centenares de organizaciones, hombres, mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes, comunidades migrantes, campesinos, campesinas, trabajadores, trabajadoras, jóvenes, niñas y niños provenientes de Chile, América Latina y el mundo hemos sido parte del hito principal de la Cumbre de los Pueblos, en la Universidad de Santiago de Chile.
En medio de una ciudad y un país en estado de rebeldía frente a un sistema neoliberal injusto y depredador, y frente a un Estado violento y abusador, la Universidad pública, cumpliendo a cabalidad su rol, nos ha abierto las puertas para debatir en torno a la crisis planetaria y sus múltiples expresiones sociales y ambientales, nacionales o territoriales, a compartir nuestras luchas, nuestras denuncias y demandas, y a imaginar juntas y juntos otro mundo posible.
Más de 40 actividades en sala -paneles, talleres, cabildos, conversatorios y otros formatos- autogestionadas por las organizaciones participantes, dos espacios permanentes -la Carpa de las Mujeres y la Aldea de la Paz-, actividades artístico-culturales y los paneles y plenarias centrales de la Cumbre de los Pueblos acogieron la activa participación de alrededor de 1500 compañeras y compañeros acreditadxs.
A partir de la fraterna experiencia vivida y compartida durante estos 5 días, las organizaciones de la Cumbre de los Pueblos declaramos lo siguiente:
1. Reiteramos nuestro compromiso con los pueblos de Chile y otros países latinoamericanos que se han levantado contra las injusticias estructurales, la usurpación y privatización de bienes comunes, la precarización social, la violencia estructural contra las mujeres, el racismo sistémico, y la vulneración de derechos del sistema neoliberal; y exigimos justicia en los casos de muertes y violaciones de derechos humanos con que los Estados han respondido ante estas movilizaciones.
2. Respaldamos la demanda de los movimientos sociales y las asambleas territoriales que exigen en Chile una verdadera Asamblea Constituyente, conformada íntegramente por ciudadanos y ciudadanas sin privilegios para los partidos políticos, que considere paridad de género y cupos significativos para pueblos indígenas.
3. No concebimos un proceso constituyente generado según las reglas de un sistema político-electoral que ha sido uno de los pilares del modelo neoliberal chileno, y cuya clase política ha dado una nueva demostración de subordinación a los intereses empresariales, al aprobar en la Cámara de Diputados la llamada ley “anti-saqueo”, que incluye artículos que criminalizan abiertamente la legítima protesta social.
4. Apoyamos las aspiraciones de las organizaciones y comunidades de Chile de instaurar una constitución política dotada de los principios de la plurinacionalidad, el feminismo, y el reconocimiento de los derechos de la naturaleza.
5. En el marco de las negociaciones climáticas en la COP25 de Madrid:
- Condenamos la mantención de la presidencia de la COP en manos del Gobierno de Piñera, responsable de asesinatos, torturas, violaciones, mutilaciones, heridas, vejámenes, detenciones arbitrarias y otras violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado.
- Rechazamos el impulso de falsas soluciones al cambio climático, que profundizan la crisis y robustecen el modelo que la genera, como los mercados de carbono, la hidroelectricidad y otras energías de base corporativa, los sumideros a base de monocultivos de árboles y agrocombustibles, la energía industrial a partir de biomasa forestal, la incineración, la geoingeniería y la fractura hidráulica o fracking.
- Demandamos la toma de medidas efectivas para evitar la captura corporativa de las negociaciones, así como para que las grandes corporaciones y países más contaminantes reduzcan de manera radical sus emisiones de gases de efecto invernadero y paguen por los daños y perjuicios causados, fundamentalmente en los territorios más vulnerables.
- Llamamos a dar mayor visibilidad a la migración climática y promover políticas migratorias con enfoque de derechos humanos.
- Llamamos a impulsar de manera efectiva la transición justa y las soluciones verdaderamente sustentables, fuera de los mercados y el extractivismo, basadas en la soberanía territorial, en las prácticas, culturas y economías locales, en condiciones de trabajo y vida dignas, así como en el intercambio solidario entre pueblos y comunidades.
6. Rechazamos el impulso del extractivismo por parte de los gobiernos y organismos internacionales, en colusión con el poder corporativo, que concibe todos los territorios como potenciales zonas de sacrificio, y avanza destruyendo ecosistemas, desplazando comunidades o afectando sus estilos de vida y economías locales; incluyendo el fomento y el subsidio a la minería metálica o no metálica, las plantaciones forestales, la agroindustria y la ganadería convencional, la que carga también con una gran dosis de crueldad hacia los animales.
7. Reivindicamos y hacemos nuestras las demandas de pueblos indígenas y afro-descendientes, especialmente por la desmilitarización de sus territorios -en particular del Wallmapu-, la devolución de sus tierras ancestrales y el ejercicio pleno de sus derechos políticos, sociales y culturales.
8. Citando a la declaración de la Carpa de las Mujeres, “reivindicamos la economía feminista como una estrategia de resistencia y transformación para la vida de las mujeres y sus comunidades, como una forma de reconocer y valorizar los saberes, el trabajo doméstico y de cuidados que sustentan la vida y que, en este sistema capitalista, recae en las mujeres.”
9. Celebramos la fortaleza y participación activa de jóvenes, niñas y niños en los espacios de la Cumbre y reconocemos el rol protagónico que han asumido en denunciar la crisis y en promover cambios estructurales.
10. Demandamos la desprivatización del agua en Chile, la protección efectiva e integral de los glaciares, la recuperación de tierras para los y las campesinas y el impulso en los territorios y en las políticas públicas de modelos agroecológicos, libres de transgénicos y pesticidas químicos, basados en la soberanía alimentaria y en la recuperación e intercambio de productos y semillas, así como priorizando la conservación, regeneración y restauración ecosistémica.
11. Demandamos políticas y promovemos iniciativas comunitarias orientadas a generar ciudades más justas y amables, armonizando la relación ciudad-campo, desprivatizando los servicios básicos, impulsando una planificación territorial ampliamente participativa, implementando modelos de basura cero y sistemas de movilidad urbana sustentable.
12. Demandamos la transformación radical de los modelos energéticos, con criterios de soberanía, suficiencia y solidaridad, mediante sistemas de generación distribuida basados en fuentes limpias y diversas de base comunitaria.
13. Rechazamos la firma de tratados de libre comercio e inversión que benefician a las corporaciones, vulneran derechos sociales y atentan contra las economías locales y la soberanía alimentaria. Demandamos el retiro definitivo del TPP11 del parlamento.
14. Llamamos a construir movimientos y articulaciones latinoamericanas e internacionales, integrando organizaciones de justicia ecológica y climática, feministas, pueblos indígenas y afrodescendientes, migrantes, campesinos trabajadores, jóvenes, niños y niñas, para detener el modelo privatizador de bienes comunes y levantar paradigmas alternativos como el buen vivir y otras que surgen desde las cosmovisiones de los pueblos.
15. Finalmente, citando la declaración de la Aldea de la Paz, “nos invitamos a la cocreación colectiva de una forma de relacionarnos con la naturaleza y también de una forma consciente y amorosa de relacionarnos entre nosotros mismos. (…) Entendimos la necesidad de incorporar los derechos de la naturaleza y de todos los seres vivos que sustentan el tejido planetario, como constituyentes de nuestras vidas y de las leyes de los pueblos”.
CUMBRE DE LOS PUEBLOS 2019
Santiago, 7 de diciembre de 2019
“SALVEMOS LA TIERRA, CAMBIEMOS EL SISTEMA”
foto portada: Delegación de Bolivia
Los NDCs son analizados en un evento paralelo a la COP 25
En un evento paralelo a la cumbre de cambio climático de las Naciones Unidas, COP 25, que se realiza en Madrid, España, organizaciones de Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia analizaron los compromisos asumidos por sus gobiernos y que están plasmados en las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDCs por sus siglas en inglés).
Tras el análisis de los NDCs de los cuatro países, Martín Vilela, miembro de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBCC), manifestó que los retos son diferentes en los cuatro países.
En el caso de Bolivia, Vilela explicó que los NDC no miden las emisiones de gases de efecto invernadero y que no responden al objetivo del Acuerdo de París (bajar las emisiones de gases de efecto invernadero) porque las acciones y metas planteadas más bien incrementarán las emisiones y afectarán a las poblaciones más pobres, entre otros impactos.
Como los países deben actualizar sus compromisos en 2020, la PBCC junto a otras organizaciones como CIPCA, CEJIS, Fundación Milenio, Soluciones Prácticas, Inti Illimani y el Colectivo Casa, entre otras, están impulsando una petición para que el Gobierno, sobre todo, el que sea elegido en las elecciones generales del próximo año, eleve su ambición climática y cambie los NDC.
Las organizaciones firmantes piden que Bolivia actualice sus NDC y que asuma la responsabilidad de proteger los ecosistemas, particularmente los bosques, evitando el acaparamiento privado de la tierra y peligrosos mecanismos de mercado e integrando las propuestas de las comunidades que enfrentan los impactos de las políticas extractivas y del cambio climático.
¿Qué son los NDCs?
Las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) son compromisos que los países miembros de la Conferencia de las Partes han aportado voluntariamente tras la firma del Acuerdo de París con el objetivo de reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Estos retos están realizados con base en sus respectivas situaciones y capacidades realistas, y se centran en acciones de mitigación, pero también incluyen compromisos en adaptación, financiación o innovación tecnológica.
Invitan a otras organizaciones a sumarse a la petición ingresando a: https://www.compromisosporelclimabolivia.org/
Bolivian Platform on Climate Change declaration about the political crisis in Bolivia
Bolivia is going through one of the darkest episodes in its history. The complex political crisis that we are experiencing today is the result of extreme social polarization that has resulted in rising levels of hate and intolerance. As a consequence, Bolivia has been convulsed by violent civil clashes and an unjustifiable increase of state violence that already has resulted in the deaths of dozens of people, hundreds more wounded, and numerous violations of the human rights of the Bolivian people.
Despite the political agreements reached to date, we still have a long way to go. There is still the dangerous possibility that clashes could reignite that would close the roads to restore peace and democracy, and foreclosing any hope of addressing the underlying structural issues, along with the possibility of healing the Bolivian social fabric.
We demand that the transitional government provide an inclusive and transparent electoral process as soon as possible, which guarantees the political rights and inclusion of all sectors of Bolivian society. We affirm that this crisis can only be overcome through observing strict respect for Human Rights and compliance with the Political Constitution of the State.
We also demand the annulment of Supreme Decree 4078, which grants military personnel deployed to assist police immunity from prosecution for their actions. We demand greater efforts to seek and promote an inclusive dialogue, as well as transparent investigations to bring the intellectual and material authors of violence committed in this crisis to justice.
We reaffirm our commitment to the promotion and defense of Human Rights, in addition to continuing to denounce the abuses to them, especially the collective rights of indigenous populations and local communities, and to face the extractive policies and projects that only sow misery for the people and Destruction of Nature that benefits a few.
We reaffirm our commitment to continue building an alternative to the development model with social justice and in balance with Nature, together with the peoples and territorial organizations independently of political or economic powers.
Change the System not the Climate!.
The Bolivian platform on Climate Change is a network of grassroots indigenous and peasant organizations, activist groups, and non-governmental organizations working to oppose the imposition of extractivist policies, and the capture of the state by private and transnational interests.