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Cumbres

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Declaración Pre FOSPA exige el respeto a los derechos de los indígenas, el agua y los bosques de la Amazonía

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Por Articulación FOSPA Bolivia

Al cierre de cuatro días de reflexión sobre las problemáticas que amenazan a la Amazonía y sus pueblos, los participantes del Pre Foro Social Panamazónico emitieron una declaración de 29 puntos en los que articulan sus luchas y resistencias en favor de los derechos de los indígenas, los bosques, los ríos y todos los seres que habitan la región.

El Pre FOSPA se realizó en las poblaciones de Rurrenabaque y San Buenaventura, entre el 20 y 23 de julio, con la participación de 250 representantes de organizaciones indígenas originarias y campesinas de las tierras bajas y las tierras altas, instituciones de apoyo, académicos(as) y activistas quienes rechazan las actividades extractivas, como la minería, porque vulneran los derechos de los indígenas y sus territorios, contaminan los ríos y provocan la deforestación.

Saneamiento, titulación y autonomía de los territorios indígenas

La declaración del Pre FOSPA reconoce que los indígenas nacieron con territorio, por tanto, exigen que se concluya el proceso de saneamiento y titulación de todos los territorios indígenas y comunidades campesinas originarias del lugar y que desaloje los asentamientos ilegales.

“En particular, destacamos la situación de los pueblos indígenas altamente vulnerables a quienes la negación del derecho al territorio los ha puesto bajo un serio riesgo de etnocidio como los Esse Ejjas de Eyiyoquibo, los Tsimane del sector Yacamá, los Tacanas de los ríos Beni y Madre de Dios y otros territorios que no han recibido una respuesta oportuna”, señala el documento.

Los participantes del Pre FOSPA dieron su apoyo por escrito y con sus firmas a las demandas de los pueblos Esse Ejjas y Tsimane.

Por otra parte, denunciaron al INRA, ABT, AJAM y TAA por desconocer los derechos de los indígenas y por vulnerar su derecho ancestral a la propiedad colectiva territorial, al uso y aprovechamiento tradicional de los bosques y bienes naturales existentes en su hábitat.

Tomando en cuenta que la autonomía permite el ejercicio pleno de los derechos colectivos de los pueblos indígenas originarios campesinos para su autogobierno y libre determinación, demandan procesos más cortos y ágiles para la consolidación de las mismas y que los procedimientos y requisitos que el Estado exige no desconozcan la cultura y tradición de los pueblos.

Respeto a los derechos

“Denunciamos que a pesar del avance normativo en materia de derechos colectivos y el reconocimiento constitucional de igual jerarquía entre la Jurisdicción Indígena Originario Campesina (JIOC) …, persisten prácticas que subordinan y no otorgan la institucionalidad y garantías necesarias para el ejercicio efectivo de la JIOC. Los jueces deben conocer la realidad de los pueblos y respetar la decisión de las autoridades indígenas”, señala la declaración del Pre FOSPA. En ese marco, exigen sanciones para los administradores de justicia que no respeten la JIOC.

También, demandan que el Estado cumpla con las obligaciones asumidas en el marco de instrumentos de derechos humanos, el Convenio 169 y el Acuerdo de Escazú.

Piden que se garantice y sea vinculante la “consulta para el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas y comunidades campesinas”. “Los procesos de consulta deben realizarse con un enfoque de cuenca, consultando a todos los pueblos y territorios indígenas y campesinos unidos por el agua, y afectadas aguas arriba y abajo”, destaca puntualmente el documento.

Exigen sanción para las empresas privadas, cooperativas y personas responsables de los ecocidios y biocidios por vulnerar los derechos fundamentales de las personas y de la Naturaleza; así como indemnización para los afectados y reparación de los daños causados al medio ambiente y a las poblaciones.

Emergencia climática y agua

“Denunciamos que la Amazonía vive una emergencia climática porque pone en riesgo nuestra existencia y la de la Naturaleza. Bolivia es el tercer país del mundo en pérdida de bosques primarios debido a actividades extractivas de los grandes emprendimientos del agronegocio, la ganadería, la minería y de las políticas públicas que los incentivan”, señala el documento.

En ese contexto, rechazan las iniciativas de biocombustibles con base en la palma aceitera (africana), soya y otros cultivos promovidas por el Gobierno porque agudizarán la deforestación.

Y demandan que la transición energética no reproduzca el extractivismo y que el Estado garantice la soberanía energética basada en energías limpias y renovables que respeten los derechos humanos, a los pueblos indígenas y la Madre Tierra.

Tomando en cuenta que el agua es un derecho, exigen su acceso concreto y demandan normativa -creada con la participación de indígenas y campesinos- para preservar y conservar las nacientes y ojos de agua y la implementación de programas de monitoreo y gestión del agua, así como de reforestación y forestación.

Piden que se reconozca a los ríos Beni, Tuichi y de Tucabaca y a todas las cuencas, ríos, lagunas y vertientes de tierras altas y bajas como sujetos de derechos y a que se preserven los derechos del río, de su flora y fauna acuática y su biodiversidad, a vivir libre de contaminación y a no ser afectados y secados por actividades extractivas, carreteras, megaproyectos hidroeléctricos, actividades mineras y de remoción de materiales.

Amazonía libre de minería y mercurio

“Sostenemos enfáticamente que la lucha contra el uso del mercurio es la lucha por la vida. Buscamos avanzar hacia un plan de transición para una Amazonía libre de minería y mercurio”, destaca el documento.

Exigen la modificación de la Ley Minera -porque atenta contra la naturaleza y los pueblos- y la eliminación de cualquier autorización de la actividad minera en áreas protegidas. Se pone énfasis en la defensa del Madidi, rechazando el reconocimiento de derechos preconstituidos que “ilegalmente se dieron hasta 2015”.

Sobre la afectación con mercurio a los indígenas, demandan al Estado reconocer los estudios y la generación de evidencias de los territorios afectados por actividades extractivas llevados a cabo por monitores comunitarios, ONG y universidades. Y creación de un programa de salud gratuito, obligatorio y especializado para los afectados.

“Reclamamos el respeto de la tradicional actividad minera artesanal de los pueblos indígenas originarias campesinas”, señala la declaración.

Alternativas al extractivismo

De forma categórica rechazan los proyectos del Estado y los privados que promueven el modelo de desarrollo agro extractivista porque destruyen la Amazonía y vulneran los derechos fundamentales de las TIOC’s.

Demandan que se promuevan modelos de desarrollo productivos sostenibles, coherentes con la vocación de la tierra y acordes a la cosmovisión de los pueblos indígenas, basados en la agroecología y gestión integral de los territorios, como el turismo sostenible y comunitario

“Exigimos políticas públicas que incentiven la producción de los pueblos indígenas a través de la recuperación de los saberes ancestrales, e impulsen planes de restauración para rescatar especies nativas, maderables y no maderables, con el objetivo de promover el cuidado sostenible de los bosques garantizando a los pueblos indígenas originarios campesinos una economía familiar sustentable”, señala la declaración sobre este punto.

Respaldo a indígenas afectados por la minería

El Pre Foro se pronunció en respaldando la Acción Popular impulsada por la Central de Pueblos Indígenas de La Paz que busca garantizar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas afectados por la contaminación del mercurio.

Piden, además, la aplicación de las tres sentencias constitucionales del Ayllu San Agustín de Puñaca, Choro y Lago Uru, las cuales obligan a las autoridades nacionales, departamentales y municipales la inmediata atención a las comunidades afectadas por las actividades mineras.

El apoyo del Pre FOSPA también alcanzó a los procesos de Consulta Popular en el Yasuní para mantener el petróleo bajo tierra y prohibir las actividades mineras en el Choco Andino en Ecuador.

Mujeres indígenas acuden al Tribunal de Ética

El último día, el 23 de julio, las mujeres indígenas presentaron al Tribunal Ético en defensa de los cuerpos y el territorio, el cual sesionó con cuatro miembros una de Brasil y tres de Bolivia, de seis naciones hicieron el preámbulo del evento con emotivas presentaciones de los casos al tribunal.

Se trata de siete casos que tienen que ver con vulneración de sus territorios por la actividad hidrocarburífera, minera, la crisis climática y los avasallamientos.

“Las mujeres cotidianamente sufrimos violaciones dentro y fuera de casa por el machismo que está presente en las corporaciones, en los proyectos que no nos representan. Cada una tiene una experiencia de resistencia y de lucha por eso apoyamos la campaña en defensa de nuestros cuerpos y nuestros territorios. La primera violación que sufrimos es sobre nuestros cuerpos”, manifestó Nilde Sousa, secretaria ejecutiva del FOSPA y miembro del Tribuna de Ética.

Las siguientes organizaciones respaldan la declaración:

Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB), Bloque de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (BOCINAB), Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), Central de Mujeres Indígenas de La Paz (CMILAP), Organización Regional de Mujeres Indígenas Chiquitanas (ORMICH), Organización de Mujeres Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (OMINAB), Central Indígena de Pueblos Originarios de Pando (CIPOAP), Central de Mujeres Indígenas Guarayas – Regional (CEMIG-R), Pueblos Indígenas Lecos y Comunidades Originarias de Larecaja (PILCOL), Organización de Mujeres Indígenas Lecos (OMIL), Gran Consejo Chiman, Sub Consejo Tsimane’ Regional Y’acama, Comunidad Esse Ejja de Eiyoquibo (CEEE), Autonomía Indígena Originaria Campesina de C’halla, Federación de Campesinos de la Provincia Vaca Díez (FSUTCRVD), Comité de Género de la FEDECOR, Comunidad Suyku Pujio, Sacaba Cochabamba, Organización de Comunidades Indígenas de Rurrenabaque (OCIR), Central de Comunidades Indígenas de San Miguel (CCCISM), Asociación de Cabildos Indígenas de San Rafael de Velasco (ACISARV), Asociación de Cabildos Indígenas de San Ignacio de Velasco (ACISIV), Federación Regional Madre de Dios, Autonomía Indígena del Territorio Indígena Multiétnico (AIO TIM), Gran Cabildo Indígenas de San Ignacio de Mojos, Organización de Jóvenes Indígenas Mojeños (OJIM), Organización de Mujeres Indígenas Bella Selva, Asociación de Productores Agropecuarios de San Andrés (APASAD II), Organización de Mujeres Indígenas Originarias Chiquitanas de Concepción (OMIOCHC), Federación Regional de Campesinos de la provincia Ballivián Beni, Central Indígena Reivindicativa de la Provincia Ángel Sandóval (CIRPAS), Comunidad Motacusito del Pantanal, Central Indígena Chiquitana Amanecer Roboré (CICHAR), Subcentral del Territorio Indígena Mojeño Ignaciano (TIMI), Organización del Pueblo Indígena Moseten (OPIM), Organización de Mujeres Indígenas Mosetenes (OMIM), Organización de Mujeres Indígenas de Comunidades Chiquitanas de Roboré (OMCICH-R), Red de Defensores de Agua y Territorio (REDAT), Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL), Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA), Consejo Indígena de Mujeres Tacanas (CIMTA), Asamblea del Pueblo Guaraní Zona Cruz, Asamblea del Pueblo Guaraní Zona Bermejo, Asamblea del Pueblo Guaraní Tarija, GAIOC Kereimba Iyaambae, Coordinadora de Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba (CPITCO), Consejo Indígena del Sur (CONISUR-TIPNIS), Mancomunidad de Comunidades de los Ríos Beni, Tuichi y Quiquibey, Consejo del Pueblo de San José de Uchupiamonas (PISJU), Organización de Mujeres Indígenas de San José de Uchupiamonas (OMISJU), Consejo Regional Tsimane Mosetene (CRTM-PL), Puerto Yumai, Red Chimpu Warmi, Ayllu San Agustín de Puñaca, Suyu Jacha Karangas, Asociación de Usuarios de la Laguna Larati (AULL), Asociación Comunitaria de Productores Agropecuarios Lago Tumichucua (ACOPALT), Subcentral Larata, Red de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (RENAMAT), Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando (FSUTCP), Coordinadora en Defensa del Río Desaguadero y los lagos Uru Uru y Poopó (CORIDUP), Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de la Provincia Marbán (CSUTCPM), Organización de Mujeres Indígenas Kavineñas (ODEMIK), Comunidad de Zongo.

Con el apoyo

Centro de Comunicación y Desarrollo Andino-CENDA, Centro de Investigación y Promoción del Campesinado-CIPCA, Fundación Jubileo, Fundación TIERRA, Fundación Solón, Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia-GTCCJ, Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología Tierra-ISEAT, College des Bernardins, Programa NINA, Instituto Boliviano de Investigación Forestal (IBIF), Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social-UNITAS, Red Eclesial Panamazónica-REPAM, Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático-PBFCC, Proyecto Voces para la Acción Climática justa (VAC), Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica-IPDRS, Semilla Ecosocial, Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario CEDLA, Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón CESUUMSS, Parroquia de San Ignacio de Mojos, Centro de Estudios y Cooperación Internacional – CECI, Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), Centro de Ecología y Pueblos Andinos – CEPA, Red de Transición Energética Popular-REDTEP, Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Ambiente – CEDENMA y Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza – GARN.

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Bolivia: Mujeres indígenas plantearán acciones frente al Extractivismo y las crisis que afectan sus vidas y sus territorios

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En el marco del Foro Social Panamazónico 2024, las mujeres indígenas de Bolivia analizarán y plantearán acciones frente al extractivismo y las crisis que afectan sus vidas y sus territorios en un encuentro nacional que se desarrollará el 26 y 27 de junio en la población amazónica de Rurrenabaque.

Bajo el liderazgo de la Confederación de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB), en coordinación con varias instituciones de la sociedad civil, se reunirá a lideresas de diversos territorios indígenas, en su mayoría pertenecientes a las organizaciones de tierras bajas de la Amazonía, Chiquitanía y el Chaco.

El “Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas”, en el que participarán también mujeres indígenas de tierras altas, se realiza en un contexto mundial y Panamazónico donde la lucha tiene como principales protagonistas a las mujeres, quienes desde diferentes frentes asumen la defensa de la vida y el territorio y proponen a su vez alternativas que ayudan a sostener el vínculo con la tierra.

Uno de los objetivos del encuentro es generar un espacio de diálogo y reflexión donde se analizarán las problemáticas que afectan a los pueblos indígenas, en especial a las mujeres indígenas de tierras bajas y altas, en cuanto a los impactos de la crisis climática, actividades extractivas, la contaminación y la creación de planes de contingencia que contemplen roles estratégicos de las mujeres.

Una de las problemáticas principales que preocupa a las mujeres es el cuidado y la defensa del territorio, que implica no solo la titulación de las tierras sino también la soberanía de las mismas en el ejercicio pleno de sus autonomías, contemplando sus formas orgánicas de ejercer el gobierno y la justicia.

“Hoy vemos a nuestra madre tierra herida por las sequías e inundaciones, por la contaminación del aire y el desgaste de los suelos. Muchos de estos problemas territoriales y de agotamiento de la naturaleza son producto de las graves acciones de proyectos extractivistas que ignoran a los pueblos indígenas, sus maneras de trabajar y producir; proyectos que conllevan a la destrucción de fauna y flora, y a la extracción de minerales que desangran a la tierra y a sus hijos”, señala la convocatoria elaborada para el encuentro que tendrá como protagonistas a las mujeres indígenas.

Las indígenas buscan generar acciones de incidencia a nivel nacional y, especialmente, dentro sus propias organizaciones, por ello socializarán y visibilizarán las respuestas y alternativas económico/productivas que las mujeres indígenas originarias están implementando en los diferentes territorios.

Finalmente, las mujeres presentarán los casos de afectación a sus territorios y se formará el “Tribunal ético en defensa de los cuerpos y el territorio”, una iniciativa de acción que pretende dar una sentencia ética sobre un caso con el fin de visibilizarlo a nivel internacional en distintos espacios para conseguir apoyo para el pueblo afecto de tal manera que pueda hacer frente a la vulneración de la que son víctimas permanentes.

Pre FOSPA , en julio

El Comité Internacional del FOSPA eligió a Bolivia para ser Sede del XI FORO SOCIAL PANAMAZÓNICO a realizarse en 2024 en San Buenaventura y Rurrenabaque con la participación de organizaciones sociales, pueblos indígenas, comunidades campesinas, académicos/as y sociedad civil de los nueve países que pertenecen a la región amazónica.

En ese marco, desde diciembre de 2022, en Bolivia se han realizado actividades como el evento de lanzamiento del FOSPA, el Encuentro de Organizaciones para el desarrollo de la Agenda, Encuentro de Organizaciones para elaborar las propuestas para la Cumbre de Presidentes de la Amazonía, el Foro del Agua y el Foro Multiactor de Minería, entre otras.

Se trata de encuentros de reflexión y de generación de propuestas que dinamizan el proceso hacia el Pre-FOSPA Bolivia que se realizará del 20 al 23 de julio próximo en las poblaciones amazónicas de San Buenaventura y Rurrenabaque con la participación de representantes de los nueve países amazónicos.

El Pre-FOSPA tendrá cuatro ejes programáticos/temáticos: 1) Pueblos indígenas y territorialidades amazónicas, 2) Madre Tierra, 3) Extractivismos y alternativas y, 4) Mujeres, que serán abordados el viernes 21 de julio.

El 22 de julio, se visitarán siete comunidades indígenas de Rurrenabaque y San Buenaventura. El espacio de Mujeres tendrá su propia dinámica con una participación transversal en todas las áreas temáticas.

Las temáticas que serán abordadas responden a aquellas que han sido priorizadas por las organizaciones sociales en varios encuentros previos, incluyendo el Pre-Foro de Trinidad en 2020, el evento de lanzamiento y construcción de agenda que se realizó el pasado 30 de noviembre en Rurrenabaque y San Buenaventura, así como las reuniones presenciales en la ciudad de La Paz convocadas en el presente año. De la misma manera, los lugares de visita in situ han sido definidos por la Central de Pueblos Indígenas de La Paz y sus organizaciones territoriales.

Foro Social Panamazónico

El Foro Social Panamazónico (FOSPA) emerge del mandato del Foro Social Mundial del año 2000 para considerarse en un espacio de reflexión, intercambio de experiencias en defensa, denuncia, ejercicio, preservación y generación de propuestas de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas, población amazónica, de sus territorios y del medio ambiente de la Amazonía.

Su recorrido por 20 años ha profundizado en diversos temas que hacen a la problemática y realidad de la Amazonía, de las condiciones de vida las poblaciones amazónicas, principalmente de pueblos indígenas y comunidades campesinas, además de la población urbana.

Es un movimiento regional muy importante y referente que cuestiona fuertemente las políticas públicas de los gobiernos ya que estos impulsan y ejecutan desde la concepción de desarrollo de que la generación de recursos económicos deben provenir de los recursos naturales generando así una intervención despiadada para su extracción desmedida generando vulneración de derechos colectivos de las poblaciones que las habitan, ocupando sus territorios hasta el punto de expulsar a las poblaciones o reduciendo su espacios de desarrollo integral, y también dejando daños ambientales extremos con el efecto que en la actualidad se viven por el cambio climático y las modificaciones ambientales en todos los niveles.

La dinámica del FOSPA responde a esto y pretende luchar para exigir a los gobiernos el respeto por la Amazonía, su preservación y su manejo equilibrado para cuidar y proyectar las condiciones de vida no solo de las poblaciones que hoy la habitan sino del mundo.

PROGRAMA

LUNES 26 DE JUNIO

HORA ACTIVIDAD
8:00 a 9:30 Marcha desde San Buenaventura hasta Rurrenabaque

Acto místico y de inauguración
9:30 a 10:30 Compartir1

Situación de las mujeres en los territorios en cuanto al ejercicio de sus derechos individuales y colectivos (Titulación de la tierra, autogobiernos indígenas, gestión y control territorial y rol de las mujeres)
10:30 a 11:00 REFRIGERIO
11:00 a 12:00 Compartir1

Situación de las mujeres en los territorios en cuanto al ejercicio de sus derechos individuales y colectivos (Titulación de la tierra, autogobiernos indígenas, gestión y control territorial y rol de las mujeres)
12:00 a 14:30 ALMUERZO
14:30 a 16:30 Compartir 2

Situación de los territorios por los impactos de la crisis climática y sus afectaciones a la vida personal, familiar y comunal (sobre todo de las mujeres)
16:30 a 17:00 REFRIGERIO
17:00 a 18:00 Compartir 2

Situación de los territorios por los impactos de la crisis climática y sus afectaciones a la vida personal, familiar y comunal (sobre todo de las mujeres)
19:00 a 21:00 Noche cultural: danzas, poemas y otros.

 

MARTES 27 DE JUNIO

HORA ACTIVIDAD
8:00 a 10:30 Compartir 3

Impactos del modelo de desarrollo y el extractivismo en los territorios, formas de resistencia y acciones de articulación y coordinación de luchas.
10:30 a 11:00 REFRIGERIO
11:00 a 12:00 Compartir 3

Impactos del modelo de desarrollo y el extractivismo en los territorios, formas de resistencia y acciones de articulación y coordinación de luchas.
12:00 a 14:30 ALMUERZO
14:30 a  16:30 Compartir 4

Visibilizar alternativas y respuestas que las mujeres implementan en los diferentes territorios frente a los impactos del extractivismo y el cambio climático.
16:30 a 17:00 REFRIGERIO
17:00 a 18:00 Conclusiones

Elaboración del documento/carta final de incidencia desde la voz de las mujeres.
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FOSPA: Indígenas y campesinos de la Amazonía boliviana demandan acciones frente a los impactos de la minería del oro

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En el Marco del Foro Social Panamazónico Bolivia 2024, representantes indígenas y campesinos, hombres, mujeres y jóvenes provenientes de la Amazonía de Pando, La Paz, Beni, Cochabamba, y pueblos originarios de Oruro, e instituciones gubernamentales del nivel nacional, departamental y municipal, se reunieron para analizar la forma de resistir colectivamente el avance del extractivismo, denunciar los impactos de la minería del oro y plantear acciones urgentes frente a la problemática.

El encuentro denominado “Diálogo multiactor sobre minería” se desarrolló durante dos días, el 31 mayo y 1 junio 2023, en el municipio de San Buenaventura, con la asistencia de más de 60 personas, quienes hicieron conocer los problemas ambientales y sociales que atraviesan sus regiones debido a la expansión de la minería del oro a la Amazonía.

Una de las mayores críticas fue al Estado porque no cumple con su rol de controlar y hacer cumplir la normativa legal en materia ambiental y permite la actividad minera ilegal que está contaminando sus aguas y sus tierras y, peor aún, afectando la salud principalmente de indígenas y campesinos.

Tras los dos días del encuentro, los asistentes emitieron un pronunciamiento que en cinco puntos describe el impacto de la minería en las comunidades indígenas y campesinas, la vulneración de derechos y presiones, la demanda de regulaciones contundentes y presencia del Estado para hacer cumplir las normas legales.

Puntos del pronunciamiento:

  1. La expansión desmedida de la industria minera ha generado una crisis ambiental y social sin precedentes, amenazando la calidad de vida y la sostenibilidad de los pueblos y territorios. Denunciamos enérgicamente la grave problemática de la contaminación minera y sus impactos devastadores en los territorios, suelos productivos, fuentes de agua, ríos, lagos y la salud de los Pueblos Indígenas.
  2. Las comunidades indígenas, originarias y campesinas son víctimas directas de los efectos de la contaminación minera, que se extiende de forma silenciosa. La acumulación y contaminación por el uso de sustancias químicas tóxicas, el mercurio y otros metales, es una situación que despierta la preocupación de las comunidades indígenas, originarias y campesinas, que no están siendo atendidas por el Estado.
  3. La consolidación y delimitación de los territorios ya no es una garantía para los pueblos, que sufren constantemente de presiones y avasallamientos por parte de diferentes actores que explotan y extraen los recursos naturales, impulsados por la sed del oro. La explotación minera se realiza con violencia y promueve el despojo a través del extractivismo del oro.
  4. Es imperativo establecer regulaciones más estrictas que promuevan un alejamiento progresivo de la salvaje minería del oro. Es necesario consolidar y fortalecer la minería responsable y sostenible que busque disminuir los impactos. Se debe garantizar la realización de Estudios de evaluación de impacto ambiental que sean rigurosos, transparentes e independientes, para implementar mecanismos de fiscalización y sanción efectivos para las actividades obras o proyectos de operadores mineros. Llamamos a garantizar el respeto de las normas ambientales, considerando los procesos de participación de las comunidades indígenas, originarias y campesinas, respetando sus usos, costumbres y procedimientos propios.
  5. La consulta libre, previa e informada para el consentimiento de los pueblos indígenas debe tener un carácter vinculante. Se debe evitar toda forma de presión que pueda afectar la autodeterminación de los pueblos; formas que puedan promover y afectar el consentimiento a través de condiciones o prebendas. Los supuestos beneficios que se dan a cambio del consentimiento de los pueblos no son proporcionales a los impactos culturales, sociales y medioambientales que ejerce la minería.

Debate y testimonios de la depredación

Durante la primera jornada, 31 de mayo, también se desarrollaron dos presentaciones sobre la problemática que estuvo a cargo de dos investigadores, Héctor Córdova de la Fundación Jubileo y Alfredo Zaconeta del CEDLA, quienes corroboraron con datos las denuncias realizadas por indígenas y campesinos sobre los impactos de la minería del oro en la Amazonía.

«El 85% de las cooperativas no tienen licencia ambiental y el gobierno autoriza que operen de esa manera, por tanto, es responsable y cómplice de un delito», manifestó Héctor Córdova, investigador de la Fundación Jubileo.

Para Córdova, parte de la solución al problema es que el Estado cree fuentes de empleo sostenibles para quienes ahora están en las cooperativas mineras y que se implementen plantas procesadoras de minerales.

Por su parte, Alfredo Zaconeta, investigador del CEDLA, mostró las cifras del aporte del sector cooperativista aurífero, que actualmente ejerce un monopolio al extraer el 99% del oro. “En 2022, Bolivia alcanzó su mayor producción histórica: 53,3 toneladas de oro, con un valor de 3.026 millones de dólares, pero apenas generó una regalía de 63,2 millones de dólares”, resaltó el investigador.

Zaconeta sugiere que se defina una legislación específica que norme la explotación del oro y el rol de su operación y se deje sacar normas paliativas como sucede ahora.

Por su parte, indígenas y campesinos reiteraron su preocupación por la inoperancia de los niveles del Estado y las instituciones que deben controlar la actividad minera y hacer cumplir las normas legales.

“Estamos preocupados porque hay poca presencia de la AJAM en el río Madre de Dios y por eso la actividad ilegal de la extracción del oro sigue y se está profundizando”, manifestó Néstor Omar Max, miembro del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi, Pando.

La directora de Gestión Integral de la Madre Tierra de la Gobernación de Pando, Homali Flores, afirmó que tienen limitaciones para realizar el control por la falta de información y de coordinación con otros niveles del Estado, además de la falta de recursos para realizar los análisis y evidenciar la contaminación.

“La contaminación no solo afecta al medio ambiente sino también a la salud de los indígenas. Debemos tener coordinación los tres niveles del Estado para dar solución a la problemática de la minería y sus afectaciones a nuestras regiones”, expresó la autoridad de Pando.

En una de sus intervenciones, Alex Villca, indígena Uchupiamona, lamentó la inacción del Estado en el control de la actividad minera, pero también dijo: «Los indígenas parece que estamos adormecidos, no hemos activado mecanismos legales para defender nuestros derechos. La sociedad civil ha interpuesto acciones legales mientras los indígenas estamos peleando, estamos divididos porque así nos quiere el gobierno».

Por su parte, pobladores de comunidades de Oruro afectadas por la minería asistieron al encuentro para dar testimonio del impacto que generó la minería en su región. Eloy Flores, miembro de la CORIDUP de Oruro, dijo que las organizaciones, las comunidades, no son enemigos de las empresas mineras ni de las cooperativas, pero quieren que ese sector “contaminan sus aguas, las devuelvan de manera que puedan consumirlas».

MESAS DE DIÁLOGO

El diálogo multiactor, en su segundo día, el 1 de junio, analizó el tema de la minería sus implicaciones y también propuso algunas alternativas para enfrentar sus impactos en el marco de cuatro mesas de trabajo:

– Mesa de diálogo 1: ROL DE LOS ACTORES EN LA ACTIVIDAD MINERA EN LA AMAZONÍA

Los roles que tienen los actores sociales como el Estado, Cooperativistas, las comunidades, pueblos indígenas y población en general para consensuar sobre los impactos de la actividad minera en la población, el territorio y el medio ambiente con el fin de buscar soluciones e identificar los principales problemas y obtener propuestas que beneficien a todos.

– Mesa de diálogo 2: REGULACIÓN NORMATIVA A LA ACTIVIDAD MINERA

Los roles que tienen los actores sociales como el Estado, cooperativistas, las comunidades, pueblos indígenas y población en general para buscar acuerdos con respecto al cumplimiento y obligaciones que regulen la normativa de la actividad minera con la finalidad de que sea amigable con el medioambiente, los derechos humanos colectivos y territoriales, para que se convierta en una actividad que contribuya al desarrollo efectivo de la región amazónica.

– Mesa de diálogo 3: RIQUEZA GENERADA Y CONTRIBUCIONES MONETARIAS AL ESTADO BOLIVIANO

Los roles que tienen los actores sociales como el Estado, cooperativistas, las comunidades, pueblos indígenas y población en general para conocer a dónde va la riqueza generada por la actividad minera, asimismo llegar a un acuerdo del destino de las regalías, la transparencia y los beneficios que dejan a las regiones.

– Mesa de diálogo 4: IMPACTOS DE LA MINERÍA EN LOS DERECHOS HUMANOS, TERRITORIALES Y AMBIENTALES

Los roles que tienen los actores sociales como el Estado, cooperativistas, las comunidades, pueblos indígenas y población en general para tomar medidas que garanticen el cuidado de la Amazonía y eviten alteraciones por la actividad minera en los ciclos de vida de los recursos hídricos, el despoblamiento, la migración forzosa, la contaminación, el daño a la salud y el avasallamiento a los territorios que están sufriendo las comunidades indígenas, entre otros.

CONCLUSIONES

Tras la elaboración de conclusiones en cada una de las cuatro mesas de diálogo, en una plenaria se aprobaron las se hizo conocer en una plenaria las conclusiones, tras una serie de intervenciones de los participantes se realizaron algunas puntualizaciones y se aprobó el texto del Pronunciamiento.

En las conclusiones se destacan los varios problemas asociados con la minería, como la contaminación ambiental, la destrucción del bosque, el divisionismo en las comunidades y la afectación a la salud. Lo cual es exacerbado por la falta de regulación efectiva y la corrupción; además del impacto que se agrava por la prostitución, la desintegración familiar y la división comunitaria.

– La minería puede ofrecer beneficios como empleo, ingresos económicos y desarrollo de infraestructura. Sin embargo, el costo social y ambiental no tiene relación con los beneficios económicos que derivan de esa actividad. Además, el aporte económico al Estado de la minería del oro es ínfimo.

– Entre otros problemas, identificaron a la falta de una consulta y participación de las comunidades en la planificación y decisión de proyectos mineros, la ineficiencia en la regulación y fiscalización de la actividad por parte del Estado, la corrupción y falta de transparencia en la gestión de los contratos y permisos mineros; y el predominio del interés económico sobre la protección ambiental y el bienestar de las comunidades locales.

– Una de las demandas es que las comunidades deben ser plenamente informadas y tener la oportunidad de dar su consentimiento o rechazar las propuestas mineras, es necesario contar con mecanismos efectivos de consulta previa libre e informada, que debe ser multisectorial; implementar regulaciones y fiscalizaciones más estrictas, para ello se tiene que fortalecer las leyes y regulaciones que rigen la actividad minera, y asegurarse de que estas se apliquen y se hagan cumplir de manera eficaz. Esto también incluye combatir la corrupción y garantizar la transparencia en la actividad minera.

– Es necesario promover y desarrollar alternativas económicas sostenibles que podría incluir la minería responsable u otras alternativas a la utilización del mercurio, el turismo sostenible, la agricultura orgánica y otros emprendimientos basados en la conservación del medio ambiente.

– Las comunidades indígenas y campesinas reclaman porque han sido marginados, en contradicción en la misma Constitución Política del Estado, como un actor fundamental del modelo económico boliviano. Les preocupa la cantidad de leyes, decretos supremos y resoluciones ministeriales, que durante los últimos años han promovido al modelo cooperativista, olvidando la autodeterminación de los pueblos. Exigen que los derechos humanos y de la naturaleza, deben prevalecer sobre los derechos preconstituidos.

– Otras de sus conclusiones señala que es necesario garantizar un mayor control y apoyo del Estado para fiscalizar las actividades mineras en Áreas Protegidas, modificar la Ley 535 de Minería y Metalurgia y establecer una normativa integral y específica para las actividades auríferas. También demandan una moratoria a las autorizaciones mineras hasta la revisión de la normativa.

– Esperan que en todos los niveles del Estado se fortalezca e impulse la diversificación de la economía para salir de la dependencia extractivista; que el Estado exija un monto a los operadores mineros para un seguro de salud especializado para las personas que son afectadas en su salud por el mercurio, metal que debe ser eliminado de la minería a través de normativas específicas y su control efectivo.

– Demandan que los municipios y/o gobernaciones cuenten con equipos necesarios y recursos económicos para el monitoreo de los niveles de contaminación minera, tanto al ambiente como a la salud; así como la promoción de alternativas de biorremediación de esos impactos como son los sistemas agroforestales.

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Articulaciones de América Latina y el Caribe llaman a sumarse a la lucha por la Justicia Climática

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Por PBFCC

La crisis climática es innegable y los esfuerzos reales para detenerla no vienen de las grandes empresas ni estados, sino que de la mano de comunidades en resistencia que se han articulado ante el crítico momento.

En este panorama, entre el 22 y el 26 de mayo se llevó a cabo el Encuentro Regional de Justicia Climática de América Latina y el Caribe en Bogotá, Colombia. El objetivo fue encontrar por primera vez de forma presencial a las organizaciones que hacen parte de la Plataforma Latinoamérica y del Caribe por la Justicia Climática (PLACJC) y la Campaña Global para Exigir Justicia Climática (DCJ).

Así compartieron en encuentros y asambleas, donde también se levantó un Foro de Justicia Climática en la Universidad Nacional de Colombia. Las conclusiones de las jornadas llegaron a ratificar la «convicción sobre el origen sistémico de la crisis climática y civilizatoria, anclada estructuralmente al capitalismo, al extractivismo, al colonialismo, al desarrollismo, al racismo, al antropocentrismo, a la explotación de las trabajadoras y trabajadores y al patriarcado», como expresa su declaración conjunta.

Las articulaciones, que renovaron su compromiso, apuntan a reales y justas soluciones al cambio climático, como «dejar todos los combustibles fósiles bajo tierra, acabar con el modelo agro-industrial y eliminar la minería a gran escala».

A la vez, expresaron su «profunda desconfianza» frente a los espacios de negociación de la CMNUCC, los que, declaran, «se han convertido, a través de la captura corporativa y la complicidad de los gobiernos, en una farsa para perpetuar el sistema injusto y depredador mediante falsas soluciones como los esquemas de compensación, los mercados de carbono, la geoingeniería y la tecnociencia político-corporativa ensamblada por las multinacionales, entre otras».

La PLACJC, nacida en pandemia y la DCJ, nacida en 2012 pero que inaugura en pandemia su capítulo latinoamericano, aprovecharon la instancia para convocar a las organizaciones y movimientos sociales de América Latina y el Caribe a «sumarse a la lucha por la justicia climática y la justicia social, desde los territorios, en respeto de los derechos humanos y de la naturaleza».

También hicieron un llamado conjunto a «los actores de la ciencia, la educación, la política pública y la prensa a abandonar el discurso hegemónico del colapsismo y la tecnocracia que impide avanzar» y a las «organizaciones de mujeres, feministas decoloniales, populares, comunitarias y del Sur a unirse a la lucha por la justicia climática».

Ambas articulaciones definieron su total respaldo a las organizaciones ecuatorianas, en el marco de la próxima consulta popular del 20 de agosto para mantener definitivamente el petróleo bajo tierra en el bloque 43 del .

Puede leer la declaración aquí

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Bolivia será sede del XI Fospa en 2024, un encuentro para la defensa de la Amazonía

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Por PBFCC

El XI Foro Social Panamazónico (FOSPA) se realizará en Bolivia, en julio de 2024, en las ciudades de Rurrenabaque y San Buenaventura. El país recibirá a las delegaciones de Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Guayana Francesa y Surinam, que conforman la alianza de defensa y preservación de la Amazonía y de la vida.

El Comité Internacional seleccionó como sede a Bolivia para continuar con “un proceso que contribuya a fortalecer a las organizaciones indígenas y a la defensa, en los hechos, de los derechos de la Madre Tierra en la Amazonia boliviana, que repercuta sobre el conjunto de la región amazónica”.

Se valoró que la situación geopolítica permita al Comité Nacional elegido, con apoyo del Comité Internacional, posicionar las problemáticas y las agendas políticas de la cuenca, y garantizar la continuidad del trabajo articulado en los países amazónicos.

También se consideró que el país esté comprometido con la construcción de una agenda intersectorial donde la participación de las mujeres andino-amazónicas sea protagónica, y que cuente con alianzas importantes con instituciones cooperantes, condiciones logísticas y sólidas relaciones con organizaciones sociales.

El encuentro internacional se realizará en los municipios de Rurrenabaque (Beni) y San Buenaventura (La Paz), en el ingreso al Parque Madidi, una de las regiones más importantes del mundo por su biodiversidad.

La Amazonía lleva ese nombre por el imponente río Amazonas que recorre por nueve países del continente. Los bosques, los ríos, múltiples y únicas especies de flora y fauna, y los pueblos indígenas están bajo amenaza de contaminación y desaparición por efecto de actividades extractivas, por modelos de desarrollo en expansión que destruyen la naturaleza y ponen en riesgo sistemas de vida, con impacto incluso en otras regiones no amazónicas y en el conjunto del planeta.

En el caso de Bolivia y de otros países que comparten la cuenca amazónica, los bosques son los principales proveedores de lluvias que llegan a regiones del altiplano y los valles, y así proveen de agua para el consumo y la actividad productiva.

Es hogar de pueblos indígenas amenazados por la expansión agrícola y agropecuaria, y por la actividad de explotación aurífera. De la región provienen frutos amazónicos del bosque y plantas vitales para la medicina, entre muchos otros servicios ambientales.

El Foro Social Panamazónico se inició hace 20 años y tiene un camino recorrido por iniciativas de acción como el FOSPA en movimiento, el Comité Internacional FOSPA y las alianzas internacionales como el Foro Social Mundial (FSM), la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), la Red Eclesial Panamazónica (REPAM) y la Asamblea Mundial por la Amazonía (AMA).

“Iniciamos entonces, con la guía de las y los hermanos bolivianos, el proceso de empalme, proyección y materialización de las apuestas FOSPA contenidas en nuestras recientes cartas y declaraciones como proceso, los cuales son base fundamental del camino rumbo a Rurrenabaque y San Buenaventura, donde pronto nos volveremos a abrazar”, señala el comunicado oficial de FOSPA Internacional.

 

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COP27: La Conferencia Climática, cada vez más una negociación sobre los impactos actuales de la Crisis Climática

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Por Marcos Nordgren*

A pocos días del inicio la COP 27 o “Conferencia de la Implementación o Acción Climática” llamada así por el gobierno anfitrión de Egipto, se avizora un escenario con muchos obstáculos, entre los que destacan las discusiones y consensos que permitan devolver al mundo la esperanza sobre nuestra capacidad colectiva y recuperar un optimismo genuino, a los desgastados discursos de Salvataje y Justicia Climática.

Cargadas de impotencia global por la inacción de los gobiernos, las nubes se ponen oscuras sobre Sharm el Sheij, Egipto, donde este año se realizará la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, pese a las voces críticas que han cuestionado al anfitrión, el represivo régimen egipcio instaurado engañosamente después la llamada revolución árabe.

Sin embargo, pese a estas señales preliminares de mal augurio, no podemos desestimar el efecto sobre las negociaciones de los recientes desastres y cataclismos climáticos en lugares como Pakistán, donde ocho semanas de lluvia ininterrumpida, entre julio y agosto de este año, causaron las peores inundaciones registradas cubriendo una tercera parte del país en agua, produciendo la muerte de al menos 1500 personas y desplazando de sus hogares destruidos a más de 33 millones, o casi tres veces la población boliviana.

Ese evento quedará marcado sin duda en la historia de la Crisis Climática, y me temo que no como uno de sus peores desastres, sino como el inicio del colapso de la estabilidad del sistema climático global, el cual -según la ciencia- aún estamos a tiempo de evitar en sus peores versiones.

El tiempo se agota

Pero el tiempo se agota y nos quedan siete años para literalmente transformar el mundo y evitar el aumento de temperaturas por encima de los 1.5 °C, límite critico señalado por expertos del cual ya hemos subido 1.1 °C hasta 2022.

Pese a las súplicas y demandas de apoyo por parte del gobierno paquistaní, que se suman a las de otros países, la situación para las negociaciones durante la Conferencia Climática (la segunda realizada en situación de Pandemia), será muy difícil, por la combinación de los efectos de la invasión y guerra entre Rusia y Ucrania.

El suceso bélico ha sacudido las relaciones diplomáticas multilaterales, golpeado el mercado global de energía y ha dado la excusa perfecta para obstaculizar el plan de “transición energética” programado por los países desarrollados. No suficiente con esto, surgen las amenazas de conflictos armados en sureste de Asia entre China, Taiwán, Corea del Norte y Estados Unidos, y un panorama económico global en claro declive, nido de mayores tensiones y conflictos.

Bolivia tampoco quedó libre de los efectos de la guerra. Este año ha visto golpeada su economía por un incremento sin precedentes a la subvención de combustibles debido a la escalada de precios internacionales, propiciando mayores incentivos para la exploración petrolera y la puesta en marcha del proyecto de agrocombustibles gubernamental, que viene en combo con la deforestación de millones hectáreas adicionales para liberar suelos agrícolas.

Todas estas acciones, dicho de paso, son contrarias a los Compromisos Climáticos presentados oficialmente a inicios de este mismo año por el propio gobierno boliviano (NDC actualizado).

Pese al complejo panorama descrito líneas arriba, la confluencia de los impactos climáticos cada vez más medibles y presente en nuestras propias experiencias, también dejan el escenario de emergencia más claro. Con el transcurrir de la crisis climática, las conferencias climáticas han pasado de ser eventos donde se discutía el futuro del mundo, a ser espacios donde cada vez más se discute el presente: la Crisis Climática está ocurriendo HOY y ya no solo se limita a un futuro incierto.

Financiación y daños y pérdidas

En esa dirección, la Conferencia Climática promete ser centro de batalla de un importante tema en la agenda de negociación: Daños y Pérdidas, y Financiamiento para la Acción Climática.

Precisamente en referencia a estos impactos ya visibles, el punto de agenda de negociación de “Daños y Pérdidas” de la COP27, ha empezado a tener más protagonismo debido a las demandas de países vulnerables y más afectados por la crisis climática.

En términos concretos, este punto trata del reconocimiento de los costos económicos, como también los no monetizables (vidas humanas o daños a los ecosistemas p.ej.), por parte de los principales causantes de la Crisis Climática, para reparar o de alguna manera compensar a las principales víctimas de estos impactos. En otras palabras, se trata de la responsabilidad del mundo desarrollado sobre los impactos climáticos adicionales en el mundo en vías de desarrollo.

Si bien este tema ha sido propuesto en las negociaciones climáticas desde prácticamente su inicio por parte de los principales afectados, esta COP promete ser un espacio donde la discusión se concrete y el lugar donde las demandas de países en vías de desarrollo severamente impactados, se unan exigiendo un fondo o mecanismo de compensación dedicado específicamente a subsanar los Daños y Pérdidas ocurridos.

Incluso el gobierno anfitrión, Egipto ha levantado las expectativas sobre lo que debería ser una COP27 centrada en proveer el financiamiento para la acción climática y Daños y Pérdidas y ha mostrado la intención de promover un debate en la dirección de lograr resultados concretos sobre este mecanismo de compensación y otras fuentes de financiamiento para la acción climática.

No obstante, el condenado accionar de Egipto en el campo de los derechos humanos, podría ser una piedra en el zapato para todo el mundo en desarrollo, incluyendo sus esfuerzos por excluir y limitar a organizaciones de la sociedad civil egipcia en esta cumbre climática, probablemente temeroso de que se convierta en un espacio utilizado para denunciar las violaciones a los derechos humanos que ocurren en su territorio.

Para Bolivia solamente se estiman daños ya ocurridos por 3.3 mil millones de dólares por costos de desastres climáticos desde 1990 y un cálculo global de los Daños y Pérdidas ocurridos en los 20 países con ingresos bajos y medios en el mundo, entre los que encontramos Bolivia, coloca el precio de 590 mil millones de dólares a los daños ocurridos solamente en las últimas dos décadas.

Globalmente se trata de montos muy importantes que sin duda alguna transformarán la economía mundial si se logran incluir en acuerdos internacionales, y que como el propio informe de Expertos Climáticos de Naciones Unidas sobre adaptación (AR6WII) reconoce, deben sumarse a esfuerzos internacionales más amplios para conseguir una redistribución de los recursos económicos globales, en dirección a financiar la reforma del sistema energético mundial y preparar a las sociedades humanas y ecosistemas para los cambios que de todas maneras ocurrirán, incluyendo las transiciones en los sistemas agrícolas y la mejor gestión de bosques y ecosistemas con la participación de Pueblos Indígenas y comunidades locales.

Metas globales

Si bien, la COP27 abordará una complejidad mucho mayor de temáticas que incluyen las metas globales de mitigación para el cumplimiento de la meta de 1.5 grados de calentamiento, los objetivos de adaptación, la deforestación y agricultura, mercados de carbono y muchos otros más, el avance previsible en las negociaciones a decir de la mayoría de analistas en el tema, en su generalidad, no parece prometer demasiados progresos y su aporte más relevante podría ser el permitir la confluencia de las demandas de países en vías de desarrollo para ampliar considerablemente la disponibilidad de financiamiento climático que permita inversiones sustantivas en la transición hacia sociedades sostenibles en términos generales, especialmente en cuanto a los Daños y Pérdidas ya ocurridos.

*Marcos Nordgren es técnico de la PBFCC.

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X FOSPA declara emergencia climática en la Amazonía y traza acciones frente al extractivismo en los territorios indígenas

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Por: PBFCC

4 de agosto, 2022.- El X Foro Social Panamazónico (FOSPA), realizado en Belém do Pará (Brasil) entre el 28 y 31 de julio, presentó la DECLARACIÓN PANAMAZÓNICA DE BELÉM, documento en el cual los participantes exponen en siete puntos los problemas que enfrentan la Amazonía y sus habitantes, principalmente frente al extractivismo y la crisis climática.

“Declarar Estado de Emergencia Climática en la Panamazonía y su cumplimiento permanente para permitir su restauración activa y la protección de su biodiversidad en coordinación con los pueblos amazónicos y avanzar hacia un nuevo paradigma de relacionamiento con la naturaleza”, señala la primera de las 13 acciones planteadas en la Declaración Panamazónica de Belém.

Walter Limache, coordinador Nacional del Programa NINA, explicó que con la declaración de emergencia se busca llamar la atención de los gobiernos de los países amazónicos sobre el peligro en que se encuentra la Amazonía.  “Es un llamado a que los gobiernos reflexionen sobre el proceso de desarrollo que están impulsando para generar recursos económicos. Tienen que pensar en otras opciones porque está en juego la Amazonía no sólo para los pueblos de los países amazónicos sino para todo el mundo”, dijo Limache.

Los asistentes al X FOSPA -entre ellos indígenas, campesinos, activistas y organizaciones de la sociedad civil organizada de Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y Guayana Francesa- analizaron en diferentes eventos la problemática que enfrenta la Amazonía y sus habitantes ante las políticas extractivistas de los gobiernos.

Tras cuatro días de análisis y debates elaboraron un documento de conclusiones que contiene 35 puntos: los primeros siete puntos describen la situación actual de la Amazonía, en la segunda parte plantean una propuesta política de 15 puntos y en la tercera parte presentan 13 acciones para evitar el saqueo de los recursos de la Amazonía y los territorios indígenas por parte de los Estados, así como la vulneración de los derechos humanos de los pueblos amazónicos.

“Hoy, la Amazonía está en su peor momento, devastada por gobiernos para quienes la naturaleza es una mercancía, y los derechos de los pueblos no tienen validez. Hasta hoy ningún gobierno ha garantizado el pleno ejercicio de los derechos de los pueblos amazónicos por la defensa de la madre naturaleza”, señala el punto 2 del documento “Declaración Panamazónica de Belém”. Por tal razón, hacen un llamado a los movimientos sociales a aprender de los errores y seguir luchando.

Una de las demandas de los participantes del X FOSPA plantea que los gobiernos implementen medidas contra la crisis climática y los derechos de la Madre Tierra frenando la deforestación, principalmente. Además, exigen que los gobiernos de los países de la Amazonía cumplan los compromisos asumidos en el plano internacional en el marco del problema del cambio climático.

Por su parte, Juan Carlos Alarcón, Secretario Técnico de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC), señaló que es necesario que los gobiernos reconozcan la situación de emergencia y crisis que se vive en la Amazonía. “Se tiene restaurar la Amazonía, para eso necesitamos políticas públicas específicas y recursos económicos para las acciones de recuperación”, expresó Alarcón.

En el caso de Bolivia, el Secretario Técnico de la PBFCC puntualizó que se tiene que parar la deforestación, generar la recuperación de los bosques y fortalecer la agricultura familiar. “Pero sin la gestión de bosques que hacen los indígenas no será posible recuperar la Amazonía”, enfatizó.

Por otra parte, exigen que se respete los derechos de los pueblos indígenas y que se aplique la consulta libre e informada. “Rechazamos las políticas públicas extractivistas de los gobiernos que atentan contra la vida y la naturaleza. Exigimos que se firme, ratifique, respete e implemente el derecho a la consulta libre, previa e informada, que incluye el derecho de veto por objeción de conciencia cultural en el marco de la libre determinación de los pueblos y demandamos mantener los hidrocarburos en el subsuelo y una Amazonía libre de minería”, describe el documento.

Wilma Mendoza, presidente de la CNAMIB, lee la Declaración del X FOSPA.

La delegación boliviana que participó en el X FOSPA en Belém estuvo conformada por más de 40 personas en representación de organizaciones indígenas y campesinas de la Amazonía Norte y Amazonía Sur, y organizaciones de la sociedad civil: la PBFCC (Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático), CIPCA, CENDA, Programa NINA, Fundación Solón, WWF Bolivia, Fundación Jubileo, REPAM Bolivia, IPDRS, CNAMIB (Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia),  We Effec, Red UNITAS, AJORA y PROCESO, entre otras.

Descargue el documento en español aquí

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Pre Foro Social Panamazónico de Bolivia emite 10 desafíos en defensa de los derechos colectivos y de la Amazonía

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Por: PBFCC

Trinidad, Beni.- El Pre Foro Social Panamazónico (FOSPA), realizado en Beni, concluyó con la Carta de Trinidad que expone 10 desafíos, entre los que destaca la demanda por la modificación de la Ley Minera 535, la Ley Forestal 1700, así como la abrogación de la Ley 969 que permite la construcción de la carretera por el TIPNIS, por atentar contra la vida.

“Demandamos la revisión y modificación de todas las normas que atentan contra la vida en la Amazonia y todos los seres humanos y no humanos que allí habitamos. En particular exigimos la modificación de la Ley Minera, la Ley Forestal Nº 1700 y la abrogación de la Ley 969 que permite la construcción de la carretera por el TIPNIS, la Ley del Plan de Uso de Suelo del Beni porque legalizan un sistema de despojo y destrucción de la Amazonia y de nuestros territorios”, señala el punto ocho de la Carta de Trinidad.

La Carta de Trinidad reúne las conclusiones a las que arribaron cada una de las cuatro casas en las que trabajaron los más 160 representantes de organizaciones indígenas y campesinas en la ciudad de Trinidad, entre el  1 y 3 de junio, donde presentaron sus casos referidos al uso y aprovechamiento de los bienes comunes, la autonomía y la jurisdicción indígena, el estado del ejercicio de los derechos de las mujeres y su participación en la defensa de la Amazonía y los derechos de la naturaleza y las alternativas de desarrollo.

En el evento participaron más de 160 representantes de las organizaciones indígenas, campesinas y de la sociedad civil de la Amazonía Norte y Sur, la Chiquitanía y el Chaco de Bolivia.

El documento hace referencia, entre otros, al extractivismo y el avasallamiento del que son presa los territorios y las áreas protegidas, acciones que van en desmedro de sus derechos como pueblos indígenas y anteponen el “saqueo de los recursos naturales” y la consiguiente destrucción de las áreas protegidas.

“Queremos un desarrollo que tome en cuenta a nuestra casa común, que respete los territorios y los derechos de los pueblos indígenas y campesinos, los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, quienes avasallan nuestros territorios, queman miles de hectáreas, contaminan los ríos, expanden el narcotráfico deben ser sancionados con severidad, así como las autoridades e instituciones que autorizan y permiten que estas violaciones a la vida se consumen”, expresan sobre el extractivismo y el avasallamiento.

La Carta también menciona el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, como un tema ligado al futuro de la Amazonía. En los puntos referidos al tema, las organizaciones indígenas rechazan la “excesiva burocratización de los procesos autonómicos y el intento de autoridades y funcionarios públicos de frenar la materialización de nuestros sistemas de gobierno”.

En lo referido a la minería, las organizaciones demandaron la modificación de la Ley Minera y la Ley Forestal, además de la abrogación de la Ley de protección y desarrollo en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure y el Plan de Uso del Suelo (PLUS) del Beni, debido a que permiten el despojo y destrucción de la Amazonía y los territorios indígenas.

Participación de mujeres

“Reconocemos el camino andado en la lucha por los derechos de las mujeres y lo que aún falta por recorrer para erradicar la violencia hacia nuestros cuerpos y nuestros territorios. La causa de las mujeres en resistencia de la Amazonía debe ser asumida corresponsablemente por nuestros hermanos varones: la lucha por la no violencia, la demanda por una educación sexual y la participación política en igualdad de condiciones. Las mujeres no somos objetos de reproducción, sino sujetos con derechos que tienen una relación particular con la tierra y el territorio. Desde la lucha que empieza en nuestras casas nos posicionamos y proyectamos a nuestras organizaciones y a nivel nacional e internacional en la defensa de la tierra, el territorio y la vida”, indican en lo referido a la participación de las mujeres indígenas.

La Carta de Trinidad exige al Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia cumplir con los compromisos asumidos a nivel internacional y a actuar con transparencia, garantizando la participación de los pueblos indígenas, campesinos, mujeres y jóvenes en todas las políticas, planes y proyectos para la Amazonía y el país.

“Estamos llegando a un punto de no retorno en la Amazonía por la pérdida de (los) ecosistemas y los bosques. Si no paramos ahora, mañana será la muerte para esta región que es vital para frenar el calentamiento global del planeta”, mencionan.

La Carta de Trinidad será llevada al X Foro Social Panamazónico que se desarrollará en Belem do Para, en julio próximo, donde se prevé la participación de los nueve países que comparten la cuenca amazónica.

El Pre FOSPA de Bolivia fue organizado por organizaciones indígenas de la Amazonía Norte y Amazonía Sur de Bolivia, Chaco, junto a organizaciones de la sociedad civil – PBFCC (Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático), CIPCA, CENDA, CEJIS, Programa NINA, Fundación Solón, Fundación Tierra, WWF Bolivia, Fundación Jubileo, Repam Bolivia, IPDRS, CNAMIB (Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia),  Red UNITAS y PROCESO.

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Resultados de la COP1 del Acuerdo de Escazú

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Por: Juan Carlos Alarcón*

Del 20 al 22 de abril, tuvo lugar en Santiago de Chile, la Primera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, donde han participado delegados de los Estados Parte, representantes del público y de las organizaciones de la región.

El Acuerdo tiene como objetivo brindar acceso a la información ambiental, a participar de procesos de toma de decisiones y a la justicia en temas relacionados con el ambiente, en América Latina y el Caribe. Además de otorgar una protección específica a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.

Antecedentes del acuerdo

El acuerdo tuvo una larga historia hasta el momento de su firma, de hecho, la iniciativa multilateral comenzó su negociación en 2012, después del desarrollo de la Cumbre Río+20, la cual fijó los 20 años de vida de la Cumbre de Naciones Unidas por el Desarrollo Sostenible celebrada en Río de Janeiro.

La Cumbre de Río acordó un plan de acción a través de la Declaración de Río Sobre Medio Ambiente y Desarrollo. En ella se encuentra el Principio 10, que tiene como objetivo garantizar el acceso a la información, la participación en las decisiones sobre temas ambientales y la justicia ambiental.

Este principio fue la inspiración para el Acuerdo de Escazú, consecuentemente resulta evidente que el acuerdo nacido a partir del Principio 10 obtuviera como ejes centrales de su accionar estos mismos ejes al garantizar el acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.

No obstante, una de las provisiones más novedosas y valiosas es que el Acuerdo reconoce y garantiza la protección de los defensores del medio ambiente. Esto es de especial relevancia en una región donde los defensores del medio ambiente sufren constantes acosos, violencia e incluso son víctimas de asesinato.

El año pasado ha entrado en vigencia el Acuerdo habiéndose alcanzado, el pasado 22 de enero de 2021, las ratificaciones necesarias, de acuerdo con las condiciones requeridas en el artículo 22.

Cabe mencionar que hasta el momento son 12 países los que han completado el proceso de ratificación de este tratado ambiental latinoamericano: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Cristóbal y Nevis, Santa Lucía y Uruguay.

Resultados de la primera Conferencia de Parte (COP 1)

Debido a la pandemia de la Covid19, de alguna forma, se ha limitado la participación; sin embargo, según registro de la CEPAL, en total han participado 780 delegados de países, organismos internacionales y regionales, panelistas y representantes de la sociedad civil, ya sea presencial o virtualmente en los tres días de la reunión.

Aquí resaltamos los resultados principales a los que se ha logrado llegar de forma consensuada, aunque de momentos con debates acaloradas:

  • Se han aprobado dos reglamentos de procedimiento claves para el funcionamiento del acuerdo, por un lado las Reglas de Procedimiento de la Conferencia de las Partes (COP), es decir se ha definido las reglas de cómo funcionarán las siguientes COPs de Escazú, es importante resaltar que habrá participación prioritaria de la sociedad civil de la región. Por otra parte, se ha aprobado el reglamento de forma de Composición y Funcionamiento del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento, que estará compuesto por representantes de los Estados Parte y representantes de la sociedad civil.
  • Presencia de Pueblos Indígenas y Jóvenes en la directiva de la COP: Una de las propuestas de los pueblos indígenas fue la incorporación de un representante indígena en la Mesa Directiva de la COP, la inclusión de un representante indígena en la Mesa Directiva permitiría a los pueblos articular, exigir y demandar la agenda indígena en la política de los gobiernos, de alguna forma la voz de los pueblos sería presentada de manera directa. Así mismo, los jóvenes plantearon un enfoque intergeneracional al Plenario. Entre las propuestas que se planteó es la inclusión de dos representantes de los jóvenes en la Mesa Directiva de la COP y en el Comité de Apoyo al Cumplimiento.
  • Se aprobó la creación de un Grupo de Trabajo ad hoc de composición abierta con personalidades y expertos, sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en asuntos ambientales que tendrá a cargo la elaboración de un Plan de Acción en la materia de defensa de derechos de defensores de derechos, para ser presentado en la COP2.
  • En materia de financiamiento, se acordó que el Fondo de Contribuciones Voluntarias será conformado como un fondo fiduciario y estará administrado por la CEPAL. Sin embargo, quedó pendiente avanzar en cómo se logrará financiar el funcionamiento de las estructuras que requiere el Acuerdo, será uno de los principales temas a tratar en la COP extraordinaria en Argentina a desarrollarse en abril del 2023.
  • Finalmente, el segundo día de las negociaciones, la delegación del Gobierno de Bolivia ha retrasado por unas horas el avance, cuando ha propuesto eliminar la inclusión del público en la Mesa Directiva del Acuerdo de Escazú, argumentando que no era necesaria para el cumplimiento del tratado.

Sin embargo, la propuesta ha sido rechazado por todos los Estados y sociedad civil, argumentando que dicha propuesta retrocedía el acuerdo al año 2014, cuando aún no se consideraba indispensable la participación activa de la ciudadanía en el Acuerdo.

Si bien, según opinión de los participantes de la sociedad civil, se ha logrado las mínimas condiciones requeridas, pero seguirá siendo un reto la efectiva aplicación del acuerdo en los diferentes Estados.

 

*Juan Carlos Alarcón es director de la PBFCC

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