El país más 'cool' de América comete los peores destrozos de todo el continente

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LOS HORRORES DE LA MINERÍA DE CANADÁ

Canadá lleva décadas labrándose la reputación de un país respetuoso con los derechos humanos y el medio ambiente. Sin embargo, el estado norteamericano acoge al 57% de las empresas mineras, cuya actividad se ha vinculado a violaciones sistemáticas en los países latinoamericanos. La pregunta, entonces, es qué responsabilidad tiene el país en esos conflictos, por acción u omisión.

Pascua Lama en la frontera de Argentina y Chile; Cajamarca en Perú; La Colosa en Colombia. Son apenas algunos ejemplos, los más emblemáticos, de algo que ha provocado la oposición popular con un guion repetido a lo largo de todo el subcontinente latinoamericano: contaminación de las fuentes de agua, impacto de las formas de vida tradicionales, incumplimiento del derecho a consulta de las poblaciones afectadas, criminalización de las resistencias y una legislación hecha a medida de los intereses de las empresas privadas. Tienen, además, otra cosa en común: las compañías que explotan esas grandes minas a cielo abierto tienen sede en Canadá, como el 57% de las corporaciones mineras del mundo; es más: el 70% de las acciones emitidas por el sector son administradas por la Bolsa de Toronto.

La minería es, probablemente, la actividad que genera más rechazo social por sus múltiples impactos sociales y ambientales; es la quintaesencia del llamado modelo extractivo, esto es, el auge de la exportación de materias primas que ha reprimarizado las economías latinoamericanas dejando a su paso desplazamientos forzosos, comunidades divididas y economías locales arrasadas. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina ha mapeado más de 200 conflictos en la región; y entre el 70 y el 90% de las empresas que están detrás de esos proyectos son canadienses.

Las compañías que explotan esas grandes minas a cielo abierto tienen sede en Canadá, como el 57% de las corporaciones mineras del mundo; es más: el 70% de las acciones emitidas por el sector son administradas por la Bolsa de Toronto
La pregunta, entonces, es qué responsabilidad le cabe al país norteamericano en esos conflictos, por acción u omisión. Eso es lo que han intentado responder siete organizaciones no gubernamentales latinoamericanas -entre ellas, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) de Colombia-, que en 2010 formaron un Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina. Documentaron 22 proyectos mineros canadienses en nueve países latinoamericanos, y expusieron sus conclusiones en el informe El impacto de la minería canadiense en América Latina, presentado en abril ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En estos días, la Comisión aborda por primera vez la cuestión, tan espinosa como urgente, de la responsabilidad del “estado de residencia”, es decir, si las corporaciones pueden ser procesadas en el país de origen por acciones realizadas en el extranjero. El principal argumento de las organizaciones sociales es que no se trata de excepciones ni manzanas podridas, sino de un proceder habitual y sistemático de estas corporaciones, que actúan con impunidad gracias a los favorables marcos legales que proporcionan los estados anfitriones, y que se benefician además del apoyo económico, político y diplomático que Ottawa brinda a sus empresas, así como de las limitaciones del sistema jurídico a la hora de investigar las denuncias contra estas empresas.

“Es un debate necesario, pero muy complicado, por las aristas que implica la extraterritorialidad, pero también por la responsabilidad que cabe imputar al resto de entidades privadas que forman parte de la cadena de producción, empezando por los bancos que financian esos proyectos”, explica Marcelo Saguier, investigador del Área Internacional de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). “Además, las legislaciones de los países no suelen estar tipificadas muchas situaciones que tienen que ver con la vulneración de los derechos ambientales o colectivos de las comunidades afectadas”, añade Saguier.

Pascua Lama en la frontera de Argentina y Chile; Cajamarca en Perú; La Colosa en Colombia. Son apenas algunos ejemplos, los más emblemáticos, de algo que ha provocado la oposición popular con un guion repetido a lo largo de todo el subcontinente latinoamericano: contaminación de las fuentes de agua, impacto de las formas de vida tradicionales, incumplimiento del derecho a consulta de las poblaciones afectadas, criminalización de las resistencias y una legislación hecha a medida de los intereses de las empresas privadas. Tienen, además, otra cosa en común: las compañías que explotan esas grandes minas a cielo abierto tienen sede en Canadá, como el 57% de las corporaciones mineras del mundo; es más: el 70% de las acciones emitidas por el sector son administradas por la Bolsa de Toronto.

La minería es, probablemente, la actividad que genera más rechazo social por sus múltiples impactos sociales y ambientales; es la quintaesencia del llamado modelo extractivo, esto es, el auge de la exportación de materias primas que ha reprimarizado las economías latinoamericanas dejando a su paso desplazamientos forzosos, comunidades divididas y economías locales arrasadas. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina ha mapeado más de 200 conflictos en la región; y entre el 70 y el 90% de las empresas que están detrás de esos proyectos son canadienses.

Las compañías que explotan esas grandes minas a cielo abierto tienen sede en Canadá, como el 57% de las corporaciones mineras del mundo; es más: el 70% de las acciones emitidas por el sector son administradas por la Bolsa de Toronto
La pregunta, entonces, es qué responsabilidad le cabe al país norteamericano en esos conflictos, por acción u omisión. Eso es lo que han intentado responder siete organizaciones no gubernamentales latinoamericanas -entre ellas, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) de Colombia-, que en 2010 formaron un Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina. Documentaron 22 proyectos mineros canadienses en nueve países latinoamericanos, y expusieron sus conclusiones en el informe El impacto de la minería canadiense en América Latina, presentado en abril ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En estos días, la Comisión aborda por primera vez la cuestión, tan espinosa como urgente, de la responsabilidad del “estado de residencia”, es decir, si las corporaciones pueden ser procesadas en el país de origen por acciones realizadas en el extranjero. El principal argumento de las organizaciones sociales es que no se trata de excepciones ni manzanas podridas, sino de un proceder habitual y sistemático de estas corporaciones, que actúan con impunidad gracias a los favorables marcos legales que proporcionan los estados anfitriones, y que se benefician además del apoyo económico, político y diplomático que Ottawa brinda a sus empresas, así como de las limitaciones del sistema jurídico a la hora de investigar las denuncias contra estas empresas.

“Es un debate necesario, pero muy complicado, por las aristas que implica la extraterritorialidad, pero también por la responsabilidad que cabe imputar al resto de entidades privadas que forman parte de la cadena de producción, empezando por los bancos que financian esos proyectos”, explica Marcelo Saguier, investigador del Área Internacional de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). “Además, las legislaciones de los países no suelen estar tipificadas muchas situaciones que tienen que ver con la vulneración de los derechos ambientales o colectivos de las comunidades afectadas”, añade Saguier.

Canadá: no estamos "obligados" a exigir responsabilidades

El informe presentado al CIDH acusa al Gobierno canadiense de conocer las denuncias de las organizaciones y las pruebas presentadas y no haber hecho nada al respecto, pese a la crudeza de las denuncias: criminalización de los movimientos sociales, hostigamiento y amenazas a los opositores de los proyectos mineros, e incluso muertes: según la ONG canadiense Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa, al menos 50 personas han muerto y 300 han sido heridas en el marco de conflictos mineros vinculados a empresas canadienses. Las empresas aseguran que no tienen nada que ver con tales hechos, pero comunidades afectadas en países como Guatemala, Honduras, México y Colombia coinciden en señalar que la violencia en sus territorios aumentó tras la llegada de los proyectos mineros.

Pero tal vez la acusación más grave tiene que ver con los riesgos de las puertas giratorias: no por casualidad muchos exministros del país trabajan como abogados o asesores para compañías mineras
En su comparecencia ante la Comisión en octubre, las autoridades canadienses negaron su responsabilidad, al afirmar que Canadá cuenta con “uno de los marcos legales y regulatorios más fuertes del mundo”; en realidad, en 2009 el país norteamericano optó por un marco institucional que, coherente con los principios de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), se limita a pedir a las empresas que cumplan con códigos éticos de carácter voluntario. Ante la CIDH, la representación canadiense se escudó en que su país no está “legalmente obligado” a exigir responsabilidades a las empresas, e instó a que los problemas se resuelvan en las fronteras nacionales de los países que acogen las inversiones.

El problema es que muchas veces estos países cuentan con instituciones fallidas y alta penetración de los intereses empresariales, lo que deja inermes a las poblaciones. Así lo expresó la relatora de la CIDH por los derechos de os pueblos indígenas, Rose-Marie Antonie: “Tenemos que ir más allá de lo legalista si realmente nos preocupan los derechos humanos”. Lo cierto es que, en una sesión especial del Tribunal Permanente de los Pueblos dedicada a la minería, el tribunal ético concluyó que cinco mineras canadienses, entre ellas Barrick Gold, incurren en “la violación de los derechos humanos” en sus emprendimientos en México, Chile, Honduras y Guatemala; vulneran, en concreto, los derechos a la vida, la alimentación, la salud, el agua, la vivienda, la libertad e integridad de las personas y su derecho a un medio ambiente sano y protegido.

Las puertas giratorias: los exministros 'mineros'

Pero la responsabilidad de Canadá no es únicamente por omisión. El auge de la minería canadiense en América Latina se enmarca, creen las organizaciones autoras del informe, en “la actual política exterior del Gobierno de Canadá hacia los países en desarrollo” y en una “nueva política de utilización de los mecanismos de cooperación internacional como un instrumento de fomento al avance de las mineras canadienses”, que obtienen del Estado “respaldo financiero y político”. En 2011, la Export Development Canada (EDC, en sus siglas en inglés) proporcionó al sector extractivo 17.000 millones de dólares canadienses en financiación y seguros

Tomado de: http://www.elconfidencial.com/mundo/2014-12-01/el-pais-mas-cool-de-america-comete-los-peores-destrozos-de-todo-el-continente_511900/

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