Los agroindustriales se salieron con la suya

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La Revolución democrática cultural que encabeza el presidente Evo Morales consolidó su alianza con el empresariado agroindustrial del oriente boliviano, en desmedro de los movimientos sociales que llevaron al Movimiento Al Socialismo (MAS) al poder. La Cumbre Agropecuaria “Sembrando Bolivia”, cuyo eslogan fue “en busca de consensos para favorecer al sector productivo”, concluyó ayer con completa satisfacción para el empresariado de la tierra, el cual obtuvo lo que deseaba: expansión de la frontera agrícola y el compromiso de que la Asamblea Legislativa Plurinacional analice su propuesta de permitir el cultivo de algodón y maíz transgénicos, tal como ya se siembra soya transgénica desde hace 10 años. Los legisladores del MAS tendrán que viabilizar este y otros pedidos del sector que demostró ser quien realmente determina la economía y la política boliviana, más allá de lo que pudieran querer el Estado Plurinacional o las organizaciones sociales.

Este 22 de abril, Día Internacional de la Madre Tierra, el Gobierno nacional y el empresariado le regalaron la deforestación de cientos de miles de hectáreas para expandir monocultivos regados con agrotóxicos. Le regalaron la inminente deformación de sus semillas, para que ya no sean de ella ni de nadie que no pague la correspondiente patente.

En la Cumbre Agroindustrial no fue posible aprobar la legalización los cultivos transgénicos, como pretenden los empresarios nucleados en la CAO (Cámara Agropecuaria del Oriente), el presidente Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera. Contaban con la oposición de grupos de manifestantes afuera de la Fexpo, en la ciudad de Santa Cruz. Contaban con la oposición de las organizaciones sociales del Pacto de Unidad, que por primera vez en años se atrevieron a abrir la boca para oponerse a algún plan del Gobierno nacional. De todas maneras, las y los 25 dirigentes campesinos e indígenas aliados al MAS no pasaron de formar parte de la decoración del Salón Chiquitano, frente a los 50 agroindustriales y sus asesores que hicieron una Cumbre a su medida. La mayoría de los funcionarios de segunda línea del Gobierno nacional presentes también expresaban su desagrado ante la posibilidad de aprobar la introducción en Bolivia de semillas transgénicas, junto con los agroquímicos que van de la mano.

Esta oposición, sumado a la certeza de que caería definitivamente su máscara internacional de Defensor de la Madre Tierra, hizo que la dupla Linera-Morales optaran por patear la piedra hacia adelante. Ya la Asamblea Legislativa se encargará una de estas noches de satisfacer los deseos de la agroindustria. Para ello ya se cuentan con los votos positivos de la oposición de derecha, que ahora representa los mismos intereses del oficialismo.

“Seamos realistas: los alimentos de esta naturaleza tienen costos elevados y existe la posibilidad de que no podamos lograr abastecer el consumo interno”, dijo el Presidente. Quien recordó que cuando visitó el Canal de Panamá supo que enormes barcos trasladaban por ahí la soya boliviana. “En ese momento no pregunté si era transgénica o convencional, lo importante es que la producción local llega a diferentes partes del mundo”, dijo.

En la inauguración de esta Cumbre, el Presidente expresó su anhelo de que en 2020 el Producto Bruto Interno (PBI) del sector agropecuario sea de 10.000 millones de dólares. Actualmente, esta cifra se ubica en 3.000 millones de dólares.

“La forma moderna de aumentar la producción es con productividad. Es mejorando semillas, es mejorando riego, es introduciendo biotecnología. Esa es la forma moderna de mejorar la producción y aumentar los rendimientos a cuatro y en cinco toneladas por hectárea sobre los distintos productos”, dijo García Linera. Ir detrás de la modernidad por el simple hecho de que es moderna no es parte de ninguno de los postulados del modelo civilizatorio del Vivir Bien, tan livianamente cacareado y agregado como floritura en el texto de la actual Constitución.

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"Nosotros queremos producir mucho más, casi un 130 por ciento más de producción en apenas cinco años. Y lo podemos lograr, lo vamos a lograr con estos tres principios: equidad, distribución de la riqueza y protección de la Madre Tierra”, dijo el vicepresidente al clausurar este encuentro.

El presidente de la CAO, Julio Roda, está viendo la misma película que el Gobierno nacional. “El desconocimiento en algunos sectores genera una reacción u posición equivocada frente al uso de los transgénicos, siendo que los mismos ya vienen siendo consumidos por el pueblo boliviano”, dijo.

Por ello, la CAO solicitó que se realizaran estudios independientes sobre la peligrosidad o no de los transgénicos. Mientras tanto, pidió que se permita el cultivo de algodón transgénico. Roda dijo que en la Cumbre “había más posiciones ideológicas que técnicas. Por eso solicitamos que no se apruebe nada, porque entraríamos en conflicto. Vamos a hacer un trabajo técnico y vamos a demostrar, con argumentos, el uso de biotecnología. ¿Qué productos y qué eventos se van a emplear? Vamos a hacer un trabajo técnico de aquí en adelante”, dijo al finalizar la reunión, el martes a la noche.

“El algodón transgénico es para dar oportunidades a miles de pequeños productores ubicados en las zonas sur y este del departamento, donde no tienen alternativas de cultivos. Sin embargo, la industria nacional importa fibra de otros países y en muchos casos transgénica”, dijo la CAO en un comunicado público. Entonces, cuando el Presidente dice que se debe cultivar transgénicos para que no haya desabastecimiento de alimentos ¿quiere decir que nos comeremos el algodón?

Según Roda, si se legalizan los transgénicos, hasta 2025 se logrará un crecimiento del 132% en la superficie cultivada, pasando de 3,7 millones de hectáreas (ha) en esta gestión a 8,6 millones de ha en 2025. Mientras que en producción se estima alcanzar un incremento de 141%, pasando de 16,08 millones de toneladas (t) a 38,79 millones de t en los próximos diez años.

Los integrantes del Pacto de Unidad no podían ocultar sus carotas. Una vez más, las organizaciones habían sido utilizadas para agregar su sello en un documento que no les conviene ni los representa. Estas organizaciones, sumadas a decenas de agrupaciones de pequeños productores, habían llegado al encuentro con un documento firmado por todos ellos, en el cual dejaban claro su posicionamiento:

“Los precursores de la ‘revolución verde’ pretenden mantenernos en una situación de colonizados y dependientes permanentes de los intereses del lucro y poder, de las multinacionales de semillas, agroquímicos y transgénicos, ya que en los últimos años en Bolivia se incrementó en un 500% la importación de los mismos, provocando la erosión de la Agricultura Andina Amazónica y en consecuencia de nuestra Madre Tierra; por lo que exigimos la reversión inmediata de esta tecnología y el desarrollo y difusión de alternativas agroecológicas para contrarrestar los pasivos ambientales de los monocultivos”.

En otro párrafo de su pronunciamiento, manifestaron la necesidad de “consolidar el modelo social y comunitario inscrito en nuestra Constitución Política del Estado, potenciando la economía social comunitaria y la agricultura indígena originaria campesina, como el corazón de la soberanía alimentaria y pilar de la Agenda patriótica 2025, para eliminar la pobreza y el hambre, sin la dictadura del mercado capitalista”. De nada sirvió al Pacto de Unidad basar sus argumentos en el texto de la Constitución. Porque en ningún momento ni el Gobierno ni los agroindustriales invocaron el respeto a la Carta Magna. Al contrario, permanentemente recordaban que la Asamblea Legislativa está para legalizar lo que le diga el Órgano Ejecutivo.

“Si hay que cambiar leyes, hay que cambiarlas. Si hay que modificar decretos, hay que modificar los decretos. Si hay que ampliar la frontera agrícola, hay que ampliarla. Si hay que mejorar la tecnología, hay que hacerlo para el pequeño, mediano y gran productor, para asociaciones, cooperativas”, dijo Morales.

Por ello, el vicepresidente dijo en la clausura: “Los acuerdos de esta Cumbre son mandatos para el Gobierno”.

Pero respecto a los transgénicos no hubo un mandato. Quedaron dos posiciones antagónicas que serán resueltas más adelante. La primera postura apunta a una coexistencia entre producción transgénica y orgánica: “1.1 Introducción temporal de algodón, soya y maíz transgénico con un periodo de cinco años con criterios de zonificación de pisos agroecológicos promoviendo la coexistencia de sistemas transgénico y orgánico. 1.2 Desarrollo de la normativa de bioseguridad. 1.3 Activación del comité nacional de bioseguridad. 2.1 Evaluación de los eventos transgénicos de la soya previa autorización del uso de nuevos transgénicos, monitoreo de los efectos socioeconómicos en salud humana del evento autorizado”.

La segunda opción es mantener la prohibición de los transgénicos: “2.2 No se debe utilizar los transgénicos en consistencia con las normas actuales. 2.3 Sanción para los que emplean maíz transgénico porque están contra la normativa”.

En caso de que no se pudiera dirimir esta cuestión, hay consenso en ir a un referéndum para que la población boliviana decida si permite o no que los agroindustriales contaminen los alimentos de consumo humano.

FES o no FES

Otro de los puntos importantes que trató la reunión refirió al cumplimiento de la Función Económica Social (FES) en las propiedades agropecuarias. Allí se determinó la “ampliación del Plazo de la verificación de la FES de dos (2) hasta cinco (5) años, en las propiedades medianas y empresariales, acompañada de producción e inversión, que en caso de incumplimiento será sancionada bajo lo establecido por las Leyes Nos. 1715 y 3545, (conforme acuerdo realizado en el encuentro plurinacional en Cochabamba)”.

“Ellos pedían para 10 años (el plazo de verificación). Se hizo un debate profundo y, tras varias discusiones, quedamos para cinco años. Pido a los empresarios producir y trabajar en conjunto”, dijo en la Cumbre Juanita Ancieta, de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia ‘Bartolina Sisa’ (CNMCIOB-‘BS’).

“Nosotros propusimos que la FES sea ampliada a 10 años, pero ante la oposición de los sectores sociales decidimos acordar que esta llegue a 5 años, tiempo que de todas maneras nos complace porque el ciclo productivo ganadero es a largo plazo (5 años) y el estar rindiendo exámenes cada dos años ante el Gobierno no permite conseguir créditos bancarios para realizar grandes inversiones", explicó Roda.

Como concesión para las organizaciones campesinas, se les permitió extender el desmonte para actividades agropecuarias de cinco a 20 hectáreas.

En Bolivia hay 48.8 millones de hectáreas de tierras saneadas y tituladas. De esta cifra, 5.8 millones de ha están destinadas a las actividades agropecuarias. Hay 17.5 millones de ha que son parques y reservas fiscales, mientras son 38 millones de ha en proceso de saneamiento. En la Cumbre, agroindustriales e indígenas campesinos consensuaron repartirse esta tierra para beneficio mutuo.

El Presidente aprovechó para deslizar una amenaza a los pueblos indígenas que cuentan con grandes extensiones en sus Tierras Comunitarias de Origen (TCO). “Estoy muy preocupado porque algunos hermanos de las TCO están vendiendo o están alquilando (las tierras). No es para eso. Es para que los hermanos trabajen, exploten su tierra”, sostuvo.

Tata Cancio Rojas, arquiri apu mallku del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) Orgánico, no avaló con su presencia lo acordado en esta Cumbre. “Dicen que van a hacer este referéndum sobre transgénicos. Pero el Gobierno y los agroindustriales tienen todas las armas a su favor. Eso ya lo han evaluado: tienen a su disposición el Tribunal Electoral, los medios de comunicación. Pueden hacer campañas para tergiversar, elaborar las preguntas a su antojo. Por ello, ahora depende de nosotros, como organizaciones sociales independientes, trabajar en la socialización de lo que son los transgénicos, los riesgos que realmente implican. Las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones de los pueblos indígenas debemos unirnos y movilizarnos”, consideró.

“El Gobierno es cómplice de esta situación. Lo único que quiere es que haya ingresos económicos -como en la minería y los hidrocarburos- para manejar a la gente”, agregó la autoridad originaria.

“Ya está comprobado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que los agrotóxicos vinculados a los transgénicos provocan cáncer. Pero hay un contubernio entre los empresarios y Monsanto para enfermar a la gente y seguir llenando los bolsillos de las empresas farmacológicas”, dijo.

(Equipo de Comunicación Indígena Originario)

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