Posicionamiento del ESA frente al 7º Foro Social Panamazónico

El Espacio Social Alternativo (ESA) es una alianza de redes, colectivos, organizaciones de la sociedad civil boliviana, constituida el 11 de noviembre de 2016. Es una nueva articulación de convergencia de distintos actores, con la intención de visibilizar, denunciar y generar propuestas para la defensa de los derechos humanos, derechos de los pueblos y de la Madre Tierra; ante actividades extractivistas promovidas por el sistema capitalista. Este tejido social indignado ante estas actividades que vulneran derechos fundamentales, se articula para enfrentar las sistemáticas acciones de amedrentamiento, persecución y agresión a las organizaciones indígenas e instituciones que son parte de este Espacio.

ESA

 

En Bolivia, a pesar de que tenemos un Presidente de origen indígena, el Gobierno, bajo el amparo de políticas, planes y normativas, brinda un marco privilegiado de seguridad jurídica para las inversiones de empresas privadas extranjeras y nacionales y empresas estatales, despojando a comunidades de su territorio, envenenando los ríos y lagos, destrozando la tierra y los seres que en ella habitan, vulnerando derechos, poniendo en alto riesgo el bienestar de las futuras generaciones e incrementando las brechas de desigualdad.

A pesar de mantener un discurso “revolucionario, indígena y de defensa de la Madre Tierra”, que apela a ganar la simpatía de las izquierdas internacionales, hoy el gobierno de Bolivia se ha convertido en un gobierno de derecha, para las élites y las transnacionales, reconstituyendo el capitalismo salvaje en el país.

Particularmente en la Amazonía boliviana se concentran la mayoría de los mal llamados “proyectos de desarrollo”. Gigantescas inversiones para proyectos no rentables, para la extracción de riquezas y recursos, con altos impactos sociales, económicos y ambientales, donde un puñado de empresas se adjudica grandes negocios a costa del trabajo de las y los bolivianos.

Denunciamos:

• Deforestación y Agroindustria

La deforestación sistemática de los bosques de Bolivia es dramática. Desde 1975 hasta 2016 se perdieron 9,5 millones de hectáreas de bosque. Con las políticas neoliberales, que han fomentado los agronegocios de la soya para la exportación, la situación es de catástrofe. Los agronegocios han seguido el camino de la devastación, introduciendo sistemas de producción que utilizan grandes cantidades de agroquímicos, semillas con patentes y semillas transgénicas, aplicando ingentes cantidades de venenos tóxicos.

Durante estos últimos 10 años (2006-2016) ha continuado la deforestación, acabando con más de 2,65 millones de hectáreas de bosques ricos en biodiversidad. En 2016 se rompió el récord, llegando a deforestar 325 mil hectáreas de bosque. No por nada, durante este año se presentaron emergencias tanto por las sequías como por las plagas que azotaron la producción. Aun así, el modelo de los agronegocios arrogante quiere resolver estos desequilibrios con más deforestación y el uso de más venenos tóxicos.

• Hidrocarburos

La expansión de la frontera hidrocarburífera ha superado la cifra inédita de más de 30 millones de hectáreas, mediante la creación de nuevas áreas reservadas para la exploración y explotación, mayormente entregadas a transnacionales. Esta actividad extractiva avanza, afectando territorios indígenas y áreas protegidas, y su expansión viene acompañada de cambios en la regulación del sector, mediante la otorgación de incentivos para la exploración y explotación, flexibilización de la regulación ambiental y social (modificación del reglamento ambiental y de las formas de Consulta indígena-campesina), pisoteando los derechos de poblaciones afectadas y pueblos indígenas, establecidos en la Constitución Política del Estado y convenios internacionales.

• Minería

La extracción de minerales se ha expandido con más agresividad en territorios vulnerables, áreas protegidas de la Amazonía (ANMIN-Apolobamba, Madidi, Pilón Lajas, Tunari, Tucabaca, ANMI San Matías), reservas nacionales, cabeceras de cuenca y glaciares (Illimani). A más de dos años de la promulgación de la Ley 535 de Minería y Metalurgia, los niveles de contaminación se han incrementado, afectando a la población en todo el territorio nacional. En la Amazonía boliviana, el incremento de la minería ilegal no solo trae consigo problemas de contaminación por mercurio en los principales ríos de esa región, sino que está acompañado de explotación laboral infantil, explotación sexual y trata de personas.

Sin duda, Bolivia es un país que está sumergido en un modelo de extracción de minerales perverso que no le está dejando nada bueno y, al contrario, está destrozando sociedades en todos sus niveles: social, económico, ambiental y cultural. Es un modelo de muerte que debe parar.

• Megarepresas

Ante una crisis del precio y la producción de los hidrocarburos, el Gobierno boliviano pregona constantemente la promesa de convertir a “Bolivia en el corazón energético de Latinoamérica”, por lo cual las autoridades bolivianas impulsan megaproyectos hidroeléctricos con una astronómica inversión de recursos. Sin embargo, estas propuestas -en supuesto estudio y sin mercado asegurado- triplicarán la deuda externa del país.

Estas mega infraestructuras tendrán grandes impactos socio ambientales, vulneran los derechos fundamentales y los derechos colectivos otorgados por la Constitución Política del Estado, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre pueblos indígenas, como ser el derecho de las naciones indígenas a la Consulta Previa, Libre, Informada y de Buena Fe y el respeto a sus Tierras Comunitarias de Origen. Afectarán a miles de familias que van a perderlo todo, impactarán a las prácticas culturales y los modos de vida de los pueblos de la región, golpeando fuertemente la biodiversidad y los ecosistemas de la Amazonía boliviana y aportando al Cambio Climático a través de emisiones de metano por la enorme extensión de las áreas de bosque a ser inundadas.

• Cambio Climático

Las políticas del Gobierno y su lógica extractiva y de depredación, arrasa y destruye, comprometiendo la sostenibilidad de la vida, la diversidad y las funciones ambientales de la Amazonía y otros ecosistemas nacionales e incluso Áreas Protegidas. El incremento de los eventos climáticos en los últimos años, en frecuencia y magnitud, las variaciones de los patrones de precipitación, variaciones en temperaturas y la cada vez mayor escasez de agua, son manifestaciones de los desequilibrios climáticos que se están viviendo, y alertan sobre la insostenibilidad de los actuales patrones de desarrollo, de producción y consumo, impactando en los medios y sistemas de vida de la Amazonía y otros ecosistemas nacionales.

El cambio del uso de suelo es responsable de cerca del 65% de la generación de los gases de efecto invernadero en Bolivia. Estos impactos podrían generar que para 2025 el país alcance la mayor pérdida relativa en el PIB por el Cambio Climático, cifra que alcanzaría al 7,3 %, siendo el más afectado el sector agropecuario, que representó entre 2013 y 2014 el 61.73% del total de daños y pérdidas a nivel nacional. A finales del año pasado y los primeros meses de 2017, la sequía no sólo agravó la situación en las zonas productivas del país, sino que afectó también a los centros urbanos, donde se concentra la mayor cantidad de población del país.

Lo cierto es que las temperaturas a nivel global siguen subiendo y, junto a ello, todo el proceso de extracción de combustibles fósiles pone en serio peligro la vida en los territorios.

Proponemos:

Articular y fortalecer el trabajo de los colectivos y organizaciones para construir un nuevo modelo económico, que encare verdaderamente la transición productiva y energética hacia alternativas productivas armónicas con la naturaleza y el respeto a los derechos fundamentales; el desarrollo de energías renovables, limpias, descentralizadas, democratizadoras y de gestión autónoma; una gestión del agua como elemento vital que asegure el acceso de la población y que proteja las nacientes y cabeceras de cuenca, asimismo vele por un uso racional de éste bien, evitando su contaminación y derroche; la ejecución de una política agropecuaria sostenible que garantice la seguridad y soberanía alimentaria con productos de calidad, que elimine el agronegocio, el latifundio y los transgénicos.

Asumimos el compromiso de promover y expandir estas luchas y de demostrar solidaridad con las acciones de resistencia de los colectivos impactados y amenazados en la región y en el mundo. Nos negamos a permanecer indiferentes frente a estas políticas de despojo, destrucción de la vida, exigimos coherencia en las políticas públicas que internalicen la crisis climática y ambiental, así como el compromiso por el respeto de los derechos de la Madre Tierra, y exigimos acabar con la persecución y la criminalización de la protesta.

Llamamos a la población a sumarse a esta iniciativa, convocamos asimismo a la solidaridad internacional a defender la Amazonía, denunciando el giro a la derecha del gobierno de Evo Morales.

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