La resistencia a las hidroeléctricas y al gran monstruo del extractivismo

Movimientos de afectados por represas de Colombia y Brasil dialogaron con representantes de las comunidades que serían inundadas por los proyectos hidroeléctricos de Rositas, en Santa Cruz de la Sierra; y El Chepete-El Bala, en la región amazónica. Lourdes Miranda, dirigenta del pueblo Guaraní, estuvo en esta reunión que tuvo lugar la pasada semana en Tatarenda, donde ella vive. “Ha sido un encuentro muy beneficioso, para darnos cuenta además de cuán monstruoso y grande es el extractivismo en América latina. También nos da esperanza saber que hay muchos pueblos resistiendo, saber que no estamos tan solos”, expresó.

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“Necesitábamos escuchar otras voces. Y finalmente entendimos que, aunque nos cuenten historias bonitas, va a haber muerte acá”, dijo la mujer guaraní. ¿Será que doña Lourdes exagera? Haga usted, lectora o lector, el ejercicio de tipear “hidroeléctrica asesinato” en el buscador de Internet. Aparecen muchísimas noticias relacionadas al asesinato de la hondureña Berta Cáceres, el 3 de marzo de 2016. Ella fue defensora del territorio Lenca, amenazado por un proyecto hidroeléctrico de la empresa Desarrollos Energéticos, cuyos ejecutivos fueron detenidos el mes pasado acusados de tramar el crimen. Entre los 9 detenidos, también hay miembros del Ejército.

Más abajo en el buscador, aparece otra noticia de un caso ocurrido en Filipinas. El 2 de marzo de este año, Ricardo Mayumi, líder del Movimiento Campesino de Ifugao, fue atacado en su casa y asesinado de un balazo. En su organización sostienen que lo mataron por oponerse a un proyecto hidroeléctrico en la región, según Europa Press.

Últimamente ocurrieron casos similares en Brasil, Chile, Guatemala y México. Así que doña Lourdes no exagera.

“Los hermanos que nos visitaron tienen más años de experiencia en la resistencia. Nosotros recién estamos empezando y tenemos mucho que aprender todavía, sobre todo en cuestiones de seguridad”, dijo la líder guaraní. De esta reunión también participó la Mancomunidad de Comunidades de los Ríos Beni y Quiquibey, que será afectada por la represa de El Chepete-El Bala, inundando territorios del norte de La Paz y de Beni.

La semana pasada, representantes de las comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico Rositas presentaron en la ciudad de Cochabamba una Demanda de Acción Popular para detener esta megaobra, cuya construcción no fue consultada previamente en las comunidades, tal como establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “Creo que van a rechazar nuestra demanda, como han hecho el año pasado con el recurso de inconstitucionalidad. Aunque esté bien argumentada la Demanda de Acción Popular, ya sabemos en manos de quién está la Justicia”, remarcó Miranda. Las comunidades afectadas pretenden agotar todas las instancias judiciales en Bolivia, para luego recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde esperan que les brinden protección a las 500 familias que se pretende desplazar en las provincias Cordillera y Vallegrande.


Juan Pablo Soler Villamizar, del Movimiento Ríos Vivos de Colombia:

“En Colombia las hidroeléctricas fueron impuestas en década del 50. Yo vengo de zona de afectación de Hidroituango, en la actualidad el mayor proyecto hidroeléctrico que se construye en el país. Esta realidad impuesta nos ha llevado a estudiar lo que ha pasado hace 50 años atrás”, contó Soler. Y agregó: “El movimiento es una articulación de experiencias en resistencia por la permanencia en el territorio”.

“Una represa sobre un río ¿qué ocasiona? En todo el mundo: en Colombia, en China, en África, en Estados Unidos, donde sea que se implante una represa se ha constatado la extinción de peces, de fauna. Miles de especies de flora y de fauna de los ríos han desaparecido por las represas. Sumado a eso está el desplazamiento social forzado hacia las ciudades, otros centros urbanos. Las represas afectan a la productividad de todas las zonas, porque se cambia la humedad relativa. Eso implica que se altere la producción de cacao, café y cualquier cultivo. Por lo general tienden a disminuir, lo cual implica un aumento del costo de vida por la pérdida de producción, así como la pérdida de seguridad y de soberanía alimentaria en la región. Todo esto nos ha llevado a pensar y en construir alternativas”, aseguró. Y destacó que en América latina aún no se utilizan a gran escala la energía eólica y la solar, pese a que la región ofrece un enorme potencial en esta materia.

“Nosotros, como movimiento nacional, hemos mapeado la existencia de más de 130 proyectos hidroeléctricos en el país, de un potencial aproximado de 74 mil megavatios, de los cuales ya se han explotado 13.500. Hay gran potencial todavía en explotación, gran diversidad de proyectos instalados, hay nuevos proyectos”, explicó el activista en Santa Cruz, donde participó de los Diálogos Urbanos, organizados por el Programa Urbano de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo en Acción Social (UNITAS).

“Nosotros hemos venido a Bolivia con la intención de aprender un poco más sobre las estrategias de incidencia en términos de exigencia de derechos, de garantías, protección y respeto a los derechos”, dijo Soler.

(Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático)

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