Los hombres-corcho y sus megaproyectos en Bolivia

 

En estos días, Bolivia sufre una avanzada como nunca se ha visto sobre sus territorios indígenas y parques naturales. Ya sean mega represas, carreteras, extracción de hidrocarburos, minerales y bosques, en todo rincón del país las poblaciones afectadas se organizan para intentar frenar la intromisión de empresas transnacionales apañadas y acompañadas por el Gobierno nacional.

yumao

 

 

Este ataque sobre los territorios, que hace años se gesta y articula desde las capas empresario-gubernamentales, tiene una pata fundamental en el rol de las dirigencias sociales, en su gran mayoría sospechosamente alineadas con las políticas públicas de despojo y destrucción de las riquezas naturales y culturales del país. Empresarios, autoridades de gobierno y dirigentes sociales venales conforman una formidable triada de insensibilidad, trampa y acumulación capitalista, que en nada puede beneficiar a quienes viven en los territorios, a quienes mantienen los árboles de pie y a los ríos corriendo todavía con algunos peces dentro, aunque estén algo contaminados por los químicos nocivos que permanentemente derrama el mencionado trío.

Pasado el extractivismo, una vez la tierra quede devastada, con familias sobre todo indígenas que deberán ir a encajar como puedan a las ciudades, es de suponer que tanto empresarios, autoridades gubernamentales y dirigentes vendidos irán a disfrutar de sus millonadas a otros paraísos artificiales por el resto de sus días. A las y los comunarios ni siquiera les quedará la satisfacción de que a alguno en ese trío le pese en la consciencia por haber contribuido a acabar con la vida en este mundo.

A Roberto Arlt le debemos la categorización del “hombre-corcho”. Es esa clase de persona que “nunca se hunde, sean cuales sean los acontecimientos turbios en que está mezclado”. En torno a los conflictos originados en todos los puntos del país por la intención de construir megaobras, se detectan varios personajes que permanecerán flotando cuando las aguas hayan cubierto a decenas de comunidades indígenas campesinas, animales, campos de cultivo, sistemas de vida. Es el caso de Rositas en el departamento de Santa Cruz; también El Bala y El Chepete en el norte Amazónico de La Paz. Por no hablar del Territorios Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) una vez más amenazado por una carretera que uniría comercialmente a los océanos Atlántico y Pacífico.

Hombres-corcho son los mismos dirigentes y autoridades públicas que ofrendan las comunidades de Tariquía, en Tarija, en aras de las trasnacionales ávidas por sorber el petróleo y los hidrocarburos de esas tierras megadiversas, ricas en agua, montes y fauna. Cuando nada quede para salvar ni para destruir, cuando las familias de las comunidades tengan que vivir de mendigos o de un salario por debajo del mínimo, esos hombres-corcho seguirán sencillamente flotando, y así ascendiendo en la escala social.

“Yo no conozco sujeto más peligroso que ese individuo que, cuando viene a ha­blaros de su asunto, os dice: -Yo salí absuelto de culpa y cargo de ese proceso con la constancia de que ni mi buen nombre ni mi honor quedaron afectados”, describe el escritor argentino. “Bueno, cuando malandra de esta o de cualquier otra categoría os di­ga que ‘su buen nombre y honor no quedan afectados por el proceso’, pónganse las manos en los bolsillos y abran bien los ojos, porque si no les ha de pesar más tarde”, aconseja Arlt.

Hombres-corcho son esos mismos dirigentes sociales que a cambio de venderse reciben un asiento en la Asamblea Legislativa, una Alcaldía, al menos una Concejalía. “Y tanto va y viene, y da vueltas, y trama combinaciones, que al fin de cuentas el hombre-corcho los ha embarullado a todos, y no hay Cristo que se entienda. Y el ganancioso, el único ganancioso, es él. Todos los demás ¡van muertos!”, escribe Arlt en una de sus Aguafuertes Porteñas.

Tapados por el agua 

Las comunidades afectadas por las mega represas y el extractivismo se hundirán/desaparecerán con sus nombres, hitos históricos y paisajes. Antes de que ello suceda, es necesario detenerse a escuchar a quienes todavía viven en esos territorios cuyos días están contados, cuya destrucción solo requiere que un grupo de corchos acuerde levantar la mano.

Pocas organizaciones indígenas se mantienen hoy de pie. Una de ellas es la Alianza de Mujeres Indígenas de Bolivia, conformada por la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB), el Consejo de Mama T’allas del CONAMAQ (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu) y la Red de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra.

Marita Zardán es comunaria de Yumao, una comunidad campesina y guaraní de la capitanía Kaagusu, en Santa Cruz, que teóricamente será cubierta por el agua del proyecto hidroeléctrico de Rositas. Su testimonio y su angustia es la de su familia, también la de tantas familias que deberán abandonar sus hogares porque la dirigencia indígena regaló mansamente el territorio bajo el eslogan de convertir a Bolivia en “corazón energético de Sudamérica”.

“Nosotros, como comunidad, nos resistimos a que esto proceda, porque ENDE (la Empresa Nacional de Electricidad) siempre vino con engaños, con imposición, con agresividad. Vinieron como si no valiera nada la persona indígena campesina que vive en el lugar. Vinieron técnicos de ENDE diciendo: ‘Hay un proyecto que se va a venir y es prioridad del Estado. Ustedes tienen que salir de acá’. Nuestra preocupación nació ahí. El ENDE no nos quería facilitar informes ni mapas ni nada”, afirmó la comunaria.

Desde hace 4 años, las comunidades afectadas mantienen reuniones donde intercambian información y se unen ante los embates de quienes pretenden dividirlos para avanzar con el proyecto de esta mega represa. Diputados y concejales del oficialismo también apoyan partidariamente la construcción en una zona que, según Zardán, padece constantemente pequeños sismos que harían peligrar la integridad de una estructura de cemento tan grande. Este riesgo no deja dormir a comunarias y comunarios.

Para intentar convencerles, las autoridades gubernamentales sostienen que con la represa habrá más agua para riego. Pero según un informe de la Universidad Gabriel René Moreno, esas aguas son muy salinas y no son aptas para el riego de cultivos.

“En una reunión, nos dijeron: ‘Tienen que desalojar porque vamos a hacer que se dé la compensación que corresponde, no queda más’. Fue muy fuerte esa reunión, había personas de tercera edad, jóvenes, dando sus discursos en llanto, con la voz quebrada, con ese sentido de pertenencia que uno tiene con su tierra, con su lugar, con su producción, con su estilo de vida”, comentó Zardán.

La familia

“En las familias de la comunidad hay una depresión bárbara. Dicen: ‘¿Para qué voy a sembrar, si nos vamos a ir de acá? ¿Para qué voy a levantar un muro, si sé que nos van a desalojar?’ Los proyectos de vida, de seguir adelante, de mejorar su estilo de vida han quedado restringidos por este proyecto. Hablando de mi familia, mi padre está sobre la tercera edad. Él hizo su casa en el lugar pensando en su vejez; hizo perforar un pocito de agua pensando también en su vejez, porque es muy difícil acudir a los ríos o al pueblo por agua. También están los animales… Por más de 30 años mi padre invierte y vive ahí. Ahora está pues decepcionado, estresado, deprimido”, dijo la comunaria de Yumao.

“Queremos parar toda esta actividad que el Gobierno quiere imponer. Y esto sucede en todo el territorio boliviano, no es solamente en Rositas. Porque igual está la situación con los hermanos de El Bala. En la construcción de las hidroeléctricas, en la actividad de las empresas petroleras, igual se ve la explotación no solamente de hidrocarburos, sino también de las y los trabajadores. Es explotación en el sentido de que sufren presión en sus trabajos, son bajos los sueldos, no son beneficiados como indica la ley. Las mujeres igual, porque tienen que asumir responsabilidades como madre, como mujer, mientras el marido se va y deja en descuido su huerto. La verdad, no pensábamos estar en esta situación, sin ninguna consulta, padeciendo imposiciones, amenazas y estar angustiados por todo esto que se espera”.

El caso de Marita Zardán se replica en miles de jóvenes y también adultos que nunca habían tenido participación política, hasta que fueron obligados a ponerse de pie para defender su casa. “Es la primera vez que acudo a esta organización, a estos encuentros. Por eso casi como que me cuesta un poco llegar y agarrar y llenarme de fuerza y decir: ‘Esto pasa en mi comunidad’, porque no estoy acostumbrada. Pero la situación me impone y me llena de fuerza para que yo difunda lo que siento, lo que pasa; para que yo difunda la problemática de mi gente, porque Yumao es mi familia, ya sea indígena guaraní, ya sea indígena campesino es mi familia. Como territorio le debo mucho a esa tierra, porque de ella salieron los recursos para que mis padres me mandaran a estudiar, me dio de comer, me dio de vestir. Y es por eso que estoy aquí”.

Es evidente que no importa cuánta sangre, sudor y lágrimas haya costado la aprobación de una ley. Hoy tenemos el ejemplo de la Ley 180 de protección del TIPNIS, borrada con el codo por el oficialismo. Se deben unir las fortalezas y las mentes que, como Marita Zardán, luchan por el verdadero Vivir Bien. Que no es ese Vivir Bien que postula la clase corcha, ese Vivir Bien que solamente sirve para que el sol le pegue en la barriga a unos pocos.

(Por Sebastián Ochoa, de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático) 

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